José Alberto Dorantes León

Expediente 889/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
889/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • José Alberto Dorantes León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del quince de octubre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al archivo, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo; por haberse concedido la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Estado de Tlaxcala; quince de octubre de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional determinó por un lado sobreseer y por otro conceder el amparo en el presente juicio de amparo a José Alberto Dorantes León. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en el que el Tribunal de Alzada, mediante ejecutoria dictada el cuatro de junio de dos mil veinte, en el recurso de revisión 59/2020 de su índice, dictó los puntos resolutivos estableciendo lo siguiente: ".PRIMERO. En la materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Alberto Dorantes León, respecto del acto y autoridad precisados en el inciso b), del considerando III, de la sentencia recurrida, bajo los argumentos expuestos en el diverso IV de la misma. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a José Alberto Dorantes León, contra el acto precisado en el inciso a), atribuido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dado lo razonado en el considerando VIII de la sentencia recurrida, para los efectos fijados en el numeral IX de este fallo." Siendo los efectos siguientes: Deje sin efectos el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 58/2013-B, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Dicte otro, en el que se pronuncie favorablemente respecto a las solicitudes realizadas por la parte quejosa, en las diligencias de uno de octubre de dos mil dieciocho y veintiséis de junio de dos mil diecinueve, para el efecto de que: Haga efectivas las medidas de apremio con la que se apercibió al referido Ayuntamiento en autos de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (foja 133) y veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 154), por siete y cincuenta unidades de medida de actualización, respectivamente, debiendo girar los oficios correspondientes para su efectivo cumplimiento. En la inteligencia que la multa que se imponga deberá estar dirigida al servidor o servidores públicos que sean responsables de dar cumplimiento al laudo emitido el tres de octubre de dos mil diecisiete, en autos del juicio laboral 58/2013-B, del índice del tribunal responsable, a efecto de que dicha medida de apremio sea cubierta con su propio peculio y no con el del órgano de gobierno en cita. Requiera nuevamente a la parte demandada dentro del plazo que se estime prudente, dicte los acuerdos necesarios, realice las gestiones correspondientes y los trámites administrativos respectivos, para que se haga la creación de una partida presupuestal destinada específicamente para el pago de las prestaciones condenadas en el laudo laboral de tres de octubre de dos mil trece, emitido en el expediente de origen, en los términos precisados en esta sentencia. En el entendido de que podrá ordenar vincular al cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen, al Presidente Municipal, Síndico y Regidores, todos del Ayuntamiento de Tlaxcala, y proceda realizar los requerimientos respectivos. El plazo que se concede a la autoridad responsable, obedece a que el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo permite considerar un tiempo prudente para que se ejecuten las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, pues señala que siempre que "la naturaleza del acto lo permita" se lleven a cabo dentro de la temporalidad de tres días, lo que significa, en sentido contrario, que si la naturaleza del asunto requiere un mayor esfuerzo, podrá concederse discrecionalmente un plazo superior a las tres días; de ahí que se justifique que en el presente caso, ante la naturaleza del acto, la autoridad responsable cuente con tres días para cumplir, a partir de que cause ejecutoria este fallo constitucional, considerando además que ha sido injustificado el retardo de impartición de justicia en el juicio laboral 58/2013-B. Por lo que se requirió el cumplimiento respectivo, así mediante oficios 909/2020 de nueve de octubre, 1198/2020 de veintiséis de noviembre y 1216/2020 de treinta de noviembre, todos de dos mil veinte, recibidos en proveídos de catorce de octubre, seis de noviembre, treinta de noviembre y dos de diciembre, todos de dos mil veinte, el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se ordenó dar vista a las partes por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la responsable, para que de esta forma estuviera en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene cumplida la sentencia de amparo. La autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del proveído de siete de octubre de dos mil veinte, del que derivó el oficio TCA/859/2020; asimismo, a través del oficio 1198/2020, remitió el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, cuyas constancias este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. De las mismas se aprecia que, en cumplimiento al fallo protector, dicha autoridad, realizó lo siguiente: En acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte dictado en el expediente laboral 58/2013-B, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dejó sin efectos el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve. Asimismo, en el citado acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte, se pronunció favorablemente respecto a las solicitudes realizadas por la parte quejosa, en las diligencias de uno de octubre de dos mil dieciocho y veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Hizo efectivo el apercibimiento decretado el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, consistente en una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, la cual debería ser cubierta con el propio peculio de los encargados de la administración municipal y no con la del órgano de gobierno municipal, por lo que, ordenó girar el oficio TCA/859/2020 solicitando a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, que con el carácter de crédito fiscal aplicara la sanción impuesta, a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento citado. Y, por lo que corresponde a hacer efectiva la medida de apremio con la que se apercibió al referido Ayuntamiento en auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, por siete unidades de medida de actualización, informó que a través del oficio D.I.R. 23/05/2019/317, la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, a través del Director de Ingresos y Fiscalización, le informó que la entidad pública demandada dio cumplimiento a la sanción impuesta antes descrita, anexando recibo oficial de derechos, productos y aprovechamientos con clave SPF-1813538, del que se advierte que fue pagada dicha multa por la cantidad de ochocientos cincuenta y seis pesos. Requirió nuevamente a la parte demandada dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación correspondiente al Ayuntamiento de Tlaxcala, para que acreditara la creación dentro de su presupuesto de egresos de una partida etiquetada o destinada para el pago de la condena obtenida por José Alberto Dorantes León, mediante laudo de tres de octubre de dos mil diecisiete y en caso de no existir o que la misma se encuentre agotada o no cubra la totalidad del crédito laboral, debería emprender los procedimientos administrativos contundentes, necesarios, idóneos y eficientes que culminen con la creación y/o ampliación, según sea el caso concreto, de una partida presupuestal destinada al pago de la sentencia de mérito. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a José Alberto Dorantes León, y el Ayuntamiento de Tlaxcala, celebrando convenio para dar cumplimiento al laudo de tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que el citado quejoso reiteró su voluntad y conformidad con la cantidad que le fue entregada de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N), cantidad que recibió a través del título de crédito 0001136 de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, a través de título de crédito 1136 de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, liberado por la Institución crediticia, Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por lo que el quejoso de referencia, dio por satisfechas las prestaciones demandadas y liquidadas y expresó su consentimiento en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano constitucional. Con base a lo anterior, se estima que la ejecutoria dictada en el presente juicio, se encuentra cabalmente cumplida, porque la autoridad responsable se ajustó a los efectos restitutorios de la misma. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Reserva archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno: Apizaco, Estado de Tlaxcala; quince de octubre de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional determinó por un lado sobreseer y por otro conceder el amparo en el presente juicio de amparo a José Alberto Dorantes León. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en el que el Tribunal de Alzada, mediante ejecutoria dictada el cuatro de junio de dos mil veinte, en el recurso de revisión 59/2020 de su índice, dictó los puntos resolutivos estableciendo lo siguiente: ".PRIMERO. En la materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Alberto Dorantes León, respecto del acto y autoridad precisados en el inciso b), del considerando III, de la sentencia recurrida, bajo los argumentos expuestos en el diverso IV de la misma. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a José Alberto Dorantes León, contra el acto precisado en el inciso a), atribuido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dado lo razonado en el considerando VIII de la sentencia recurrida, para los efectos fijados en el numeral IX de este fallo." Siendo los efectos siguientes: Deje sin efectos el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 58/2013-B, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Dicte otro, en el que se pronuncie favorablemente respecto a las solicitudes realizadas por la parte quejosa, en las diligencias de uno de octubre de dos mil dieciocho y veintiséis de junio de dos mil diecinueve, para el efecto de que: Haga efectivas las medidas de apremio con la que se apercibió al referido Ayuntamiento en autos de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (foja 133) y veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 154), por siete y cincuenta unidades de medida de actualización, respectivamente, debiendo girar los oficios correspondientes para su efectivo cumplimiento. En la inteligencia que la multa que se imponga deberá estar dirigida al servidor o servidores públicos que sean responsables de dar cumplimiento al laudo emitido el tres de octubre de dos mil diecisiete, en autos del juicio laboral 58/2013-B, del índice del tribunal responsable, a efecto de que dicha medida de apremio sea cubierta con su propio peculio y no con el del órgano de gobierno en cita. Requiera nuevamente a la parte demandada dentro del plazo que se estime prudente, dicte los acuerdos necesarios, realice las gestiones correspondientes y los trámites administrativos respectivos, para que se haga la creación de una partida presupuestal destinada específicamente para el pago de las prestaciones condenadas en el laudo laboral de tres de octubre de dos mil trece, emitido en el expediente de origen, en los términos precisados en esta sentencia. En el entendido de que podrá ordenar vincular al cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen, al Presidente Municipal, Síndico y Regidores, todos del Ayuntamiento de Tlaxcala, y proceda realizar los requerimientos respectivos. El plazo que se concede a la autoridad responsable, obedece a que el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo permite considerar un tiempo prudente para que se ejecuten las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, pues señala que siempre que "la naturaleza del acto lo permita" se lleven a cabo dentro de la temporalidad de tres días, lo que significa, en sentido contrario, que si la naturaleza del asunto requiere un mayor esfuerzo, podrá concederse discrecionalmente un plazo superior a las tres días; de ahí que se justifique que en el presente caso, ante la naturaleza del acto, la autoridad responsable cuente con tres días para cumplir, a partir de que cause ejecutoria este fallo constitucional, considerando además que ha sido injustificado el retardo de impartición de justicia en el juicio laboral 58/2013-B. Por lo que se requirió el cumplimiento respectivo, así mediante oficios 909/2020 de nueve de octubre, 1198/2020 de veintiséis de noviembre y 1216/2020 de treinta de noviembre, todos de dos mil veinte, recibidos en proveídos de catorce de octubre, seis de noviembre, treinta de noviembre y dos de diciembre, todos de dos mil veinte, el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se ordenó dar vista a las partes por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la responsable, para que de esta forma estuviera en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene cumplida la sentencia de amparo. La autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del proveído de siete de octubre de dos mil veinte, del que derivó el oficio TCA/859/2020; asimismo, a través del oficio 1198/2020, remitió el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, cuyas constancias este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. De las mismas se aprecia que, en cumplimiento al fallo protector, dicha autoridad, realizó lo siguiente: En acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte dictado en el expediente laboral 58/2013-B, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dejó sin efectos el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve. Asimismo, en el citado acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte, se pronunció favorablemente respecto a las solicitudes realizadas por la parte quejosa, en las diligencias de uno de octubre de dos mil dieciocho y veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Hizo efectivo el apercibimiento decretado el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, consistente en una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, la cual debería ser cubierta con el propio peculio de los encargados de la administración municipal y no con la del órgano de gobierno municipal, por lo que, ordenó girar el oficio TCA/859/2020 solicitando a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, que con el carácter de crédito fiscal aplicara la sanción impuesta, a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento citado. Y, por lo que corresponde a hacer efectiva la medida de apremio con la que se apercibió al referido Ayuntamiento en auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, por siete unidades de medida de actualización, informó que a través del oficio D.I.R. 23/05/2019/317, la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, a través del Director de Ingresos y Fiscalización, le informó que la entidad pública demandada dio cumplimiento a la sanción impuesta antes descrita, anexando recibo oficial de derechos, productos y aprovechamientos con clave SPF-1813538, del que se advierte que fue pagada dicha multa por la cantidad de ochocientos cincuenta y seis pesos. Requirió nuevamente a la parte demandada dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación correspondiente al Ayuntamiento de Tlaxcala, para que acreditara la creación dentro de su presupuesto de egresos de una partida etiquetada o destinada para el pago de la condena obtenida por José Alberto Dorantes León, mediante laudo de tres de octubre de dos mil diecisiete y en caso de no existir o que la misma se encuentre agotada o no cubra la totalidad del crédito laboral, debería emprender los procedimientos administrativos contundentes, necesarios, idóneos y eficientes que culminen con la creación y/o ampliación, según sea el caso concreto, de una partida presupuestal destinada al pago de la sentencia de mérito. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a José Alberto Dorantes León, y el Ayuntamiento de Tlaxcala, celebrando convenio para dar cumplimiento al laudo de tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que el citado quejoso reiteró su voluntad y conformidad con la cantidad que le fue entregada de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N), cantidad que recibió a través del título de crédito 0001136 de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, a través de título de crédito 1136 de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, liberado por la Institución crediticia, Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por lo que el quejoso de referencia, dio por satisfechas las prestaciones demandadas y liquidadas y expresó su consentimiento en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano constitucional. Con base a lo anterior, se estima que la ejecutoria dictada en el presente juicio, se encuentra cabalmente cumplida, porque la autoridad responsable se ajustó a los efectos restitutorios de la misma. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Reserva archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dos de diciembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, dos de diciembre de dos mil veinte. Se da vista a las partes Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidente y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que la parte quejosa celebró convenio con el Ayuntamiento de Tlaxcala, a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado el tres de octubre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 58/2013-B, de su índice. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días computados legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del informe rendido por dicha autoridad, debiendo correrles traslado con el oficio de mérito y anexo remitido por la autoridad responsable en cita, apercibidos que de no hacerlo este juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector.

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