José Alberto Dorantes León
Expediente 1059/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Alberto Dorantes León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de enero de dos mil diecinueve (fojas 42 a 48), en la que se decretó sobreseer el amparo en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Asimismo, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento aportado por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Agréguese sin mayor proveído. Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por la autorizada de la parte quejosa Araceli San Martin Aguilar, mediante el cual solicita se sobresea el presente Juicio de Amparo; lo anterior es así, toda vez que el diez de enero de dos mil diecinueve (fojas 42 a 48) se dictó la sentencia respectiva. En lo que respecta a la devolución de los documentos que anexó a su demanda de amparo, dígasele que una vez que se resuelva el destino final del presente asunto, se proveerá lo conducente, ello de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.
- Principal
Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho fojas 2 a 4, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, José Alberto Dorantes León solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje el Estado de Tlaxcala, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la registró con el número 1059/2018-I y la admitió a trámite; asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, se ordenó emplazar con el carácter de terceros interesados a Municipio de Tlaxcala y/o Ayuntamiento de Tlaxcala y Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; al igual se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional fojas 5 a 9. Finalmente la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO III COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del año dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados emanan de un tribunal ubicado en esta entidad federativa. IV FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la responsable: La omisión de acordar la solicitud realizada en diligencia de requerimiento de pago y embargo de uno de octubre de dos mil dieciocho dentro del expediente laboral 58/2013-B, del índice del Tribunal responsable, así como su notificación. V INEXISTENCIA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. No obstante que el Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia Tlaxcala, Tlaxcala, al rendir su informe con justificación, señaló que es cierto el acto reclamado que se le atribuye, consistente en la omisión de la notificación del acuerdo recaído a las peticiones de la parte quejoso que se dicte en el expediente laboral 58/2013-B, del índice de la aludida junta (foja 31 y 32); para efectos del presente juicio de amparo es inexistente. Lo anterior se considera, pues no se le puede exigir a dicha autoridad responsable que efectúe o realice algo que se encuentra imposibilitado de hacer, pues como se advierte del diverso informe justificado que rindió el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia Tlaxcala, Tlaxcala, en dicho juicio laboral a la fecha de la presentación de la demanda de garantías aún no se dictaba el auto de mérito. Atento a lo anterior, no se le puede reclamar a dicha autoridad responsable el cumplimiento de un deber que no está facultado aun para realizar en el ámbito de su respectiva competencia, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste como una consecuencia al dictado de resolución en forma de laudo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.. VI CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Así pues, debe tenerse por cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por así haberlo reconocido al rendir sus informes justificados fojas 29 y 30, lo que se corrobora con las constancias que remitió consistentes en copias certificadas del juicio laboral 58/2013-B; las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. VII OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA El acto reclamado tienen el carácter de omisivo, por tanto, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsista la omisión, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo quince días. VIII CAUSAS DE IMPROCEDENCIA No se estudiará el fondo del asunto respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer la petición formulada en diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada el uno de diciembre de dos mil dieciocho realizada por la aquí quejosa, para el cumplimiento de ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 58/2013-B. Lo anterior, porque se actualiza una causa de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 164/2008-SS, determinó: La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la situación jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia no es sólo paralización del acto, sino también la ociosidad de examinar su constitucionalidad si ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de una sentencia protectora. La improcedencia está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que se exija. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 59/99 al analizar la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada del mismo contenido que la fracción XXI, del numeral 61 del ordenamiento vigente estableció que su actualización requiere no sólo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Ahora, como quedó precisado, la quejosa reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tlaxcala, la omisión de proveer la petición formulada en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de uno de octubre de dos mil dieciocho solicitada por la aquí quejosa, para el cumplimiento de ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 58/2013-B. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por dicha autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se advierte que la autoridad responsable en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dio respuesta a la petición formulada por la quejosa, manifestándole en esencia, lo siguiente: .Por cuanto hace a la primera petición, se le hace saber que, no ha lugar acordar favorable, en virtud que, la Ley de la Materia, así como el Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, no establece que esta autoridad laboral, cuente con dicha facultad. Referente a su segunda solicitud, resulta se le hace saber que, aún no se han agotado todos los medidas de apremio contempladas en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por tanto una vez que están fenezcan, se procederá a atender las solicitudes del apoderado legal del actos, consistentes en: Requerir al municipio mencionado realizar ajustes presupuestales, modificaciones, ampliaciones y adecuaciones con cargo al presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Apercibir a la entidad pública que, en caso de incumplimiento, se solicitará la ampliación de la partida del capítulo 1000, partida genérica 1520, para el pago de laudos, en la cual se incluya al actor, remitiendo copia certificada al Congreso del Estado para su aprobación; Iniciar el procedimiento, a fin que la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Consejería Jurídica del Estado, paguen las prestaciones pecuniarias, a las que fue condenado el ayuntamiento, y proveer lo conducente para que la entidad enjuiciada realice el pago, utilizando la reserva contemplada en el artículo 59 del Presupuesto de Egresos, Exhortar al Congreso del Estado de Tlaxcala, para que apruebe como obligación contraída, por el municipio de Tlaxcala, a fin de estar en condiciones de ordenar la retención de las participaciones fiscales, que correspondan al ente municipal, para el pago de las obligaciones contraídas a través de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, Ordenar a la entidad pública enjuiciada que, autorice el pago de las sentencias laborales definitivas, con los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición. Aprobar el incremento de la asignación global de servicios personales aprobada en el presupuesto de egresos para el pago de sentencias laborales. Ordenar al municipio que, autorice el pago de sentencias laborales con los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición. Las medidas que cuenta el H. Ayuntamiento de Tlaxcala, Tlaxcala, para dar cumplimiento al laudo de mérito. Por otra parte, en relación con sus manifestaciones que, el ayuntamiento demandado de cumplimiento al laudo dentro de las setenta y dos horas, se le hace saber que, tal como se desprende a foja 462 de autos, se concedió el -término a la entidad pública. Asimismo, esta autoridad laboral, ha dictado auto de requerimiento de pago y embargo, apercibiendo a dicho ente público que, en caso de incumplimiento se hará acreedor a una medida de apremio, y como se observa a fojas 480 y 481, que dicha entidad no pagó ni señaló bienes para embargo, en el presente acuerdo, se le hicieron efectivos los apercibimientos consistente en multa de siete unidades de medida y actualización. Notifíquese. Personalmente a las partes. Atento a lo anterior, tal circunstancia sobrevenida a la presentación de la demanda de amparo, torna improcedente el juicio pues la omisión de proveer la petición formulada en diligencia de requerimiento de pago y embargo de uno de octubre de dos mil dieciocho formulada por la aquí quejosa, para el cumplimiento de ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 58/2013-B quedó cesada, ya que al margen del resultado obtenido, la omisión reclamada al citado Presidente del Tribunal quedó insubsistente. En las relatadas consideraciones, se actualiza la causa de improcedencia invocada, es decir, la prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, por lo que procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia. No se desconoce que la representación social formuló alegatos el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; sin embargo, este órgano jurisdiccional se abstiene de realizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia, lo que no acontece en la especie; lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 23/93. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 31, titulada: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 74, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1059/2018, promovido por José Alberto Dorantes León, respecto de los actos precisados en el punto IV, bajo los argumentos expuestos en los diversos V y VII de esta sentencia.
- Principal
Informes justificados Agréguense los oficios, el primero con anexo, signados, respectivamente, por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Actuario adscrito al mismo; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Con el contenido del informe de mérito y anexo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas De igual forma, se tiene por ofrecida la documental que anexa el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en copia certificada de algunas constancias que integran el expediente 58/2013-B de su índice, misma que el Actuario adscrito a dicho Tribunal hace suyas, la cual será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, para su mejor manejo y estudio, las mismas correrán por cuerda separada debidamente identificadas como ANEXO I, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Delegados y domicilio Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala a los profesionistas que indican; y por lo que hace al domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones, dígaseles que en términos del artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, éstas se harán en el domicilio de sus oficinas principales. Se difiere audiencia constitucional En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior y de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
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