José Alberto Araiza Molina

Expediente 68/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
68/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • José Alberto Araiza Molina

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese al presente cuaderno de antecedentes para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, del que se advierte acusa recibo del diverso con el que se remitió los autos originales del presente juicio de amparo indirecto e informa que se avoca al conocimiento del mismo; radicándolo con el número 115/2022, de su índice. Consecuentemente, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo en cita, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el presente asunto este Juzgado declaró la incompetencia para conocer del juicio; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 6, fracción II, 21 y 24 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, procédase a la destrucción de este juicio de amparo, para posteriormente remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como previa generación de los documentos que establece el artículo 22 del referido Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual solicita se envié la demanda de amparo origen del presente juicio, a fin de proveer sobre la aceptación o no de la competencia planteada en este asunto; en su atención remítase sin mayores dilaciones la demanda aludida a fin de que dicho órgano jurisdiccional este en aptitud de proveer lo conducente en el juicio de amparo 115/2022-V, de su índice. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 13/2022 (orden 32/2022), librado en este expediente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de veinticuatro de enero del año en curso; lo que así ocurrió el veintiocho siguiente; por tanto, se le tiene por notificado de dicho acuerdo. Sin necesidad de acusar recibo, en razón de que el mismo fue generado una vez enviada la comunicación oficial por vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en mención, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Olga Alarcón Hernández, en representación de José Alberto Araiza Molina, Theo Christian Gutiérrez Valencia y Daniel García Corona, contra actos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, y otras autoridades; regístrese en el libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 68/2022, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Declinación de competencia al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte impetrante de amparo contiene ejecución material en la Ciudad de México, pues refieren se encuentra recluidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, en el caso, manifiestan que les indicaron que serían trasladados a otro centro de reclusión destino al en que actualmente se encuentran, esto es, omiten especificar el lugar a donde, en su caso, se les trasladará y serán recluidos; de modo que, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, carece de competencia legal, por cuestión de territorio, para conocer de este juicio de amparo. En efecto, el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la interpretación del dispositivo trascrito se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Por otra parte, también se pueden distinguir tres rubros principales de competencia: por materia, por territorio, por cuantía. En el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se considera aplicable en este asunto, por lo siguiente: La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea la distribución territorial de la competencia entre diversos órganos de competencia; por lo que, se estima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere dicho precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, se estima que dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En apoyo a lo anterior, se invoca la Jurisprudencia 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 107, del Tomo I, Junio de 1995, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." De la demanda de amparo, específicamente en el capítulo relativo al acto reclamado, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden o intento de traslado de su lugar de reclusión (Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México), a otro centro penitenciario de manera ilegal (sin establecer específicamente a cuál), es decir, sin definir el lugar al cual, en su caso, serán trasladados y recluidos. Así, insístase, de la lectura de la demanda, no se advierten datos que lleven a la convicción de que la orden del futuro traslado, deba materializarse en este distrito judicial, pues la parte quejosa esencialmente aduce desconocer el lugar a dónde se realizará el traslado. En consecuencia, como el único elemento objetivo con el que se cuenta, es el lugar de reclusión de la parte quejosa, este órgano jurisdiccional considera que, en el caso, debe decirse que el acto reclamado trata de ejecutarse en la Ciudad de México; es decir, fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional; de ahí que, se considere que el acto reclamado se materializará fuera de la demarcación territorial de este Juzgado. Es así pues, insístase, de la lectura de la demanda, no se advierten datos que lleven a la convicción de que la orden de futuro traslado, deba materializarse en este ámbito territorial, pues la parte quejosa se pronuncia en el sentido de desconocer el lugar a donde se realizará el traslado, pues refiere que vive con el temor fundado de ser trasladado. Por tanto, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por la parte quejosa, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer sobre su admisión, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remítase la referida demanda. Asimismo, solicítese de la manera más atenta al juez de Distrito, al que corresponda conocer de la demanda, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Sirve de apoyo, la Tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como, la Jurisprudencia 183/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 778, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento" No pasa inadvertida, la Jurisprudencia 35/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO"; sin embargo, se considera que en el caso particular no resulta aplicable, toda vez que aquélla dilucida un punto jurídico de competencia que tiene como sustento el tracto sucesivo que caracteriza a las órdenes de traslado ya ejecutadas y, en el caso, como se ha establecido, el acto reclamado es una orden futura de traslado que trata de ejecutarse en la Ciudad de México, Entidad Federativa en el cual se encuentra el Centro de Internamiento en el que el quejoso se encuentra recluido, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano de control Constitucional. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias pertinentes. No se decreta suspensión de plano. Ahora bien, conforme a los artículos 20 y 48 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en los que se determine carecer de competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto, el Juez de Distrito se debe limitar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden de ideas, analizado el escrito de demanda, en el caso, se advierte que la parte quejosa señala como responsables a diversas autoridades administrativas y les reprochan como actos reclamados, la posible orden de traslado y su ejecución, emitida por las responsables para trasladarlo a un penal diverso. Al respecto, debe decirse que cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, y únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, en esos supuestos el traslado que se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se consideraba dicho acto como emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, actualmente la persona privada de su libertad cuenta con la Ley de Ejecución Penal -ley especial-, que prevé los medios de defensa que puede hacer valer con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto; por lo que, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, la anterior concepción -acto fuera de juicio- ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que la parte quejosa ahora deberá sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento, esto es, no ha lugar a decretar una suspensión de plano en la presente demanda de amparo, pues la orden de traslado reclamada, se trata de un acto emitido dentro de procedimiento. Sirve de apoyo, la Tesis 1a. XXI/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1760, tomo II, mayo de 2021, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, materia penal común, registro 2023063, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso el que citan en su demanda de amparo, por tanto, toda vez que manifiesta encontrarse recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2° y el diverso 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese de inmediato atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado y de no tener inconveniente legal alguno, ordene a quien corresponda, se constituya en el referido centro carcelario y, notifique con carácter de urgente, el contenido de este acuerdo a los quejosos José Alberto Araiza Molina, Theo Christian Gutiérrez Valencia y Daniel García Corona. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley de Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad del servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese como está ordenado.

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