Josafat Vasquez Luna
Expediente 380/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Josafat Vasquez Luna
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la determinación de veintiséis de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 21, inciso a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la destrucción del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21 del Acuerdo General de mérito. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Finalmente, se autoriza a la Secretaria y/o Actuario de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente asunto. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio DDU/0609/2021 recibido vía correo electrónico correspondiente al Jefe de Departamento de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, con un anexo, mediante el cual rinde su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de darse cuenta con las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, del contenido del informe que rindió la autoridad responsable y, su anexo, se advierte que en el caso concreto se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" Así como la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro es "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Lo anterior es así, en el caso concreto, en consideración a que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Jefe de Departamento de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, la omisión de acordar o dar respuesta por escrito a la petición formulada por escrito de doce de febrero del dos mil veintiuno y, presentado ante la autoridad responsable el trece siguiente, así como la omisión de notificar el acuerdo recaído a dicha petición, por medio del cual solicitó que no se autorizara ningún alineamiento respecto de una calle que colinda con un bien que refiere es de su propiedad ubicado en calle sin nombre, colonia Santa Teresa, Huajuapan de León, Oaxaca, actualmente Colonia San Mateo, Huajuapan de León, Oaxaca; y que para el caso de que exista alguna autorización de alineación a favor de Guadalupe Gerarda Ramírez Cruz, le fuera expedida copia certificada de dicha autorización, así como los anexos relacionados; destacándose que mediante oficio DDU/0608/2021, de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Jefe de Departamento de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, la citada responsable, proveyó lo conducente en relación al escrito de doce de febrero del año en curso, en el sentido que esa autoridad no ha autorizado trámite alguno respecto a algún alineamiento a favor de la señora Guadalupe Gerarda Ramírez Cruz; por lo que, no existe alguna autorización; circunstancia que sin prejuzgar sobre su legalidad, fue notificado a la citada parte quejosa, por conducto de su autorizado, y dada la inexistencia de autorización, tampoco existe copia por expedir de dicha autorización; lo anterior, según se advierte de las documentales que anexó dicha responsable como apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 93, fracción II, 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º. En tales condiciones, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad señalada como responsable procediera a emitir el acuerdo correspondiente a su promoción doce de febrero del dos mil veintiuno y, presentado ante la autoridad responsable el trece siguiente, así como la omisión de notificar el acuerdo recaído a dicha petición, por medio del cual solicitó que no se autorizara ningún alineamiento respecto de una calle que colinda con un bien que refiere es de su propiedad ubicado en calle sin nombre, colonia Santa Teresa, Huajuapan de León, Oaxaca, actualmente Colonia San Mateo, Huajuapan de León, Oaxaca; y, como de las constancias anexas al oficio de cuenta, se advierte que ello ya aconteció e incluso le fue notificado su contenido a la parte quejosa, por conducto de su autorizado; se estima ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley, sin que en el caso concreto se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, pues éste fue por la omisión de contestación, lo cual cesó, e incluso la materia de la contestación por la autoridad, fue en el sentido negativo; es decir, que no ha autorizado trámite alguno respecto a algún alineamiento a favor de la señora Guadalupe Gerarda Ramírez Cruz, de tal manera que no se advierte, como se expone, la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado. Apoya lo anterior, por sus consideraciones esenciales, la jurisprudencia 136/2011, aprobada en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA." Igualmente, sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. De igual forma dicha determinación no trasgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la misma señalada para las trece horas con catorce minutos del veintidós de junio del año en curso. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al caso, cobra vigencia por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, se autoriza a la secretaria y/o actuario judicial a firmas los oficios que deriven de este auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la autoridad responsable y, por lista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se estima, no puede llevarse a cabo, ya que a la fecha, la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, no ha rendido su informe justificado correspondiente. Asimismo, se encuentra trascurriendo el plazo de quince días, al que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que dicha la autoridad responsable, rinda su referido informe de ley. Ello es así, virtud a que de la página oficial de internet de la empresa "ESTAFETA MEXICANA" Sociedad Anónima de Capital Variable, http://www.estafeta.com/rastreo/resultados/ se advierte fue notificada del oficio con el que se le requirió su informe de ley, el doce de mayo del año en curso; por lo que, dicho plazo trascurre del trece de mayo al dos de junio e la presente anualidad. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. Tiene aplicación la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Josafat Vásquez Luna, por propio derecho, contra actos de la Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca; regístrese en libro de gobierno de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 380/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Aquí, se estima dable precisar que en el presente asunto, el acto reclamado lo constituye, la omisión de acordar o dar respuesta por escrito a la petición formulada por escrito de doce de febrero del dos mil veintiuno y, presentado ante la autoridad responsable el trece de febrero siguiente, así como la omisión de notificar el acuerdo recaído a dicha petición. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión relativo por no haber sido solicitado expresamente y no existir motivo para el trámite de oficio. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días; y, en caso de ser cierto el acto reclamado, remitan a este Juzgado de Distrito: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite; lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, y 64, ambas de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal para justificar el incumplimiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117, en relación con el diverso 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente, esto es, equivalente $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, cero centavos, moneda nacional). En la inteligencia de que los salarios mínimos aludidos en el presente acuerdo, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor es de $89.62 (ochenta y nueve pesos, sesenta y dos centavos, moneda nacional), en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 50 23701, al cual también, en su caso, pueden mandar sus informes vía fax, sin que resulte necesario reiterarlo por otra vía. Se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes. En ese sentido, no habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2013, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido, que de persistir la contingencia de salud pública derivado del virus COVID-19, para la fecha señalada para la audiencia constitucional, la misma se celebrara sin presencia física de las partes. Empero, se les comunica que en caso de que sea deseo de alguna de las partes comparecer a la celebración de la audiencia, ello únicamente será posible por videoconferencia, a través de la plataforma Cisco Webex, por lo que, será necesario que proporcionen un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios, a saber, Windows 7 o superior 32/64 bits o Mac OS X 10.13 o superior. Los requisitos mínimos de sistema Windows CPU de doble núcleo a 2 GHz, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores. Mientras que los requisitos mínimos de sistema Mac OS X son, Arquitectura de CPU Intel, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores, Oracle Java 6 a Oracle Java 8. En ambos casos, utilizar Chrome como navegador, Cámara y micrófono, y Conexión a internet con velocidad mínima de subida de 300 kbps. O en su caso, a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta), en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings", lo cual podrá realizar a través de la PlayStore para Android o AppStore para Apple, utilizar equipos con pantalla de resolución media de 320 x 240 píxeles, cámara, micrófono y altavoces. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva, de lo contrario, la audiencia se celebrará sin la presencia de las partes y por ende no se realizará la videograbación de la audiencia de mérito sólo obrara el acta por escrito respectiva. Así, hágase saber a las partes, que en su caso podrán formular alegatos, siempre que se exhiban de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, o físicamente ya sea en la Oficialía de Partes Común en un horario vespertino de las quince a las diecinueve horas o en la Oficina de Correspondencia Común, la cual prestará auxilio a las oficialías de partes, conforme al artículo 10, fracción VIII, inciso a), del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, hágase del conocimiento del representante social de la Federación, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la actuaría de este juzgado, por lo que se ordena darle la intervención que legalmente le corresponde, y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto, y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". REQUERIMIENTO A LAS PARTES De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Acorde con lo previsto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia del mismo. Robustece lo anterior, el criterio sustentado en la tesis XXVII.9K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1131 del Tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece bajo el rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5°., FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que el ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos, asimismo, se tiene por autorizados para tal efecto a las personas que menciona en el proemio del escrito de demanda. Ahora, respecto de la solicitud de que se autorice como medio para recibir notificaciones, el correo electrónico que para tal efecto indica en el escrito de cuenta; al efecto se provee: Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el correo electrónico bertinhilario1@hotmail.com, es por lo que no ha lugar de acordar de conformidad su petición respecto de que se realicen notificaciones por dicho medio. Ahora, por cuanto hace al número telefónico que pone a disposición para realizar las debidas notificaciones, dígasele que no es procedente acordar de conformidad sus petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, ha determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. No obstante lo anterior, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona y número telefónico, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. TRANSPARENCIA Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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