José Alberto López Enríquez
Expediente 661/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 34 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Alberto López Enríquez
- coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo, en la que se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; no obstante estar debidamente notificadas para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. ???????????? No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento y negado el amparo, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente Juicio de Amparo. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 18 del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo de la Justicia Federal; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la depuración del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 18 del Acuerdo General antes citado. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la depuración del presente expediente de amparo, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 18 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). se autoriza a la Secretario y/o Actuaria Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo.
- Principal
Vista la razón de veintiséis de abril de dos mil veintidós, levantada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la cual asentó la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 6877 dirigido a la responsable "AEI ****, AGENTE ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 1231", en virtud que dicha autoridad ya causó baja de la referida agencia; en consecuencia, se le deja de tener como autoridad responsable en este juicio.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 661/2020, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el veintitrés de octubre de dos mil veinte (fojas 2 a 9), a quien por turno le correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, **************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Gobernador del Estado de Oaxaca y otras autoridades, a quienes les reclamó: ".IV. ACTO RECLAMADO. Los ataques a mi persona, a mi integridad personal, a mi dignidad y a mi seguridad jurídica, atentando con ello en contra de garantías individuales y derechos humanos." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. El quejoso narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó esencialmente como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1 y 20, apartado B, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 7). TERCERO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte (fojas 62 a 67), se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 661/2020, y se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y también se le dio vista de los actos de tortura aducidos por el quejoso; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal el día de hoy (veinticinco de febrero de dos mil veintidós), tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por tratarse de un acto atribuido a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Atento a lo anterior, del análisis de la demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, con independencia de las manifestaciones o calificativos que se realizan, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama de las autoridades responsables: La tortura emocional y psicológica que atribuye al Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, ubicado en Tanivet, Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca (foja 80); Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (foja 77); Subsecretario de Prevención y Reinserción Social (foja 75); Director General de Reinserción Social del Estado de Oaxaca dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (fojas 76); Fiscal General del Estado de Oaxaca (foja 91); Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (foja 96); Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (foja 74); los dos Agentes del Ministerio Público que conocen de la carpeta de investigación número ****/***/***/****, adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General Del Estado (fojas 95 y 120); Jefe de Grupo de Investigación de Desaparición de Personas, adscrito a la Coordinación de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (foja 97); los agentes Estatales de Investigación con número de identificación 079, 736 y 725, todos adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones y Comisionados en el Grupo de Investigaciones de Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado, que conocen de la carpeta de investigación número *****/***/***/****(foja 81 y 97); asimismo, los Agentes Estatales de Investigación con números de identificación 293, 083, 365, 1197, 1231, 1111, 369 y 0833, todos adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones y comisionados en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que conocen de la carpeta de investigación número *****/****/***/****(foja 92), al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclama. Sin embargo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe presentar un informe justificado en el que establezca las razones y fundamentos sobre su postura respecto del acto reclamado, así en el caso concreto, al tratarse el acto reclamado de la tortura que refirió el quejoso sufrió los días ocho y nueve de octubre de dos mil veinte dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, sede Tanivet, Oaxaca; las autoridades responsables tienen la obligación de acreditar su afirmación, por ello se considera que en términos generales es insuficiente que dichas responsables a quien se imputa dicha violación niegue los hechos para tenerlos por no acreditados, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a éstas para demostrar su constitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones la tesis CLXXV/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 392, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, Volumen 60, Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". No obstante lo anterior, en el caso, no se estima tener por presuntivamente cierto el acto reclamado a las citadas autoridades responsables, en atención a la naturaleza de las atribuciones que tiene cada una de ellas; pues únicamente cuentan con facultades y atribuciones de carácter administrativo, como se evidencia a continuación: Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca (artículos 79 y 80 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca); Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca); Subsecretario de Prevención y Reinserción Social (artículo 59 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca); Director General de Reinserción Social del Estado de Oaxaca dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (artículo 66 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca); Fiscal General del Estado de Oaxaca (artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca). Así las cosas, del contenido de los artículos de referencia, se advierte que las citadas autoridades responsables únicamente cuentan con facultades y atribuciones de carácter administrativo, y no tienen prevista alguna relativa a tener contacto directo con los internos den los centros penitenciarios del Estado de Oaxaca, y en concreto con el aquí quejoso. Por su parte, respecto a las autoridades responsables Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado; Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones; Agentes los dos del Ministerio Público que conocen de la carpeta de investigación número *****/****/***/****, adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General Del Estado; Jefe de Grupo de Investigación de Desaparición de Personas, adscrito a la Coordinación de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado; los agentes Estatales de Investigación con número de identificación 079, 736 y 725, todos adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones y Comisionados en el Grupo de Investigaciones de Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado, que conocen de la carpeta de investigación número *****/****/***/****; Agentes Estatales de Investigación con números de identificación 293, 083, 365, 1197, 1231, 1111, 369 y 0833, todos adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones y comisionados en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que conocen de la carpeta de investigación número *****/****/***/****; si bien es cierto entre sus funciones se encuentran las de buscar, presentar datos y elementos de prueba que acrediten la participación de los imputados en los hechos que las leyes señalen como delito; dirigir las actuaciones de las policías; procurar que los juicios en materia penal se sigan con regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedir la imposición de las penas; e intervenir en todos los asuntos que la ley determine; así como tiene a su cargo ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad en general y, de conformidad con las disposiciones aplicables, de la víctima u ofendido del delito. Sin embargo, del contenido de la demanda de amparo, así como de los respectivos informes, no se advierte participación alguna de dichas responsables al tratarse el acto reclamado de la tortura que refirió el quejoso sufrió los días ocho y nueve de octubre de dos mil veinte dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, sede Tanivet, Oaxaca; razón por la cual, no podría presumirse cierto el acto respecto a las autoridades en cuestión, pues no se advierte que tenga injerencia directa dentro de las instalaciones del referido centro de reclusión donde el quejoso dice ocurrieron los hechos. Con base en lo anterior, y sin prueba alguna en contrario, que acredite que efectivamente las autoridades responsables tienen la facultad o atribución de participar directamente en el acto combatido en esta instancia constitucional, debe estimarse inexistente el acto reclamado a dichas autoridades responsables, únicamente por cuanto hace a este juicio de amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, sólo por lo que hace a las referidas autoridades responsables, por los motivos expuestos. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Varonil con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca (foja 159), al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclama. Por su parte, la autoridad responsable Jefe de Custodios del módulo 2 del Centro Penitenciario Varonil con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, fue omiso en rendir su respetivo informe justificado, a pesar de haber sido legalmente notificado el veinticuatro (foja 70). En ese sentido, como ya se dijo en el apartado anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe presentar un informe justificado en el que establezca las razones y fundamentos sobre su postura respecto del acto reclamado, máxime que en el caso al tratarse el acto reclamado de la tortura que refirió el quejoso sufrió los días ocho y nueve de octubre de dos mil veinte dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, sede Tanivet, Oaxaca; las autoridades responsables tienen la obligación de acreditar su afirmación, por ello se considera que en términos generales es insuficiente que dichas responsables a quien se imputa dicha violación nieguen los hechos para tenerlos por no acreditados, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a éstas para demostrar su constitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones la tesis XXII.P.A.70 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1049, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado consistente en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es a aquéllas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así, porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el Juez en la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que, por el hecho de que las responsables negaron el acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica alegada, correspondía a las responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada. No obstante lo anterior, toda vez que la existencia o no de la tortura es justamente la materia del fondo del asunto, dependerá de lo que se exponga a continuación. Sirve de apoyo, por igualdad de razón, la Jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, y este órgano constitucional no advierte que se actualice alguna de oficio. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es más que suficiente que se le dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio del asunto. En el presente asunto, el acto reclamado consistente en la tortura emocional y psicológica que el quejoso afirma le han realizado autoridades del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, ubicado en Tanivet, Oaxaca. En ese sentido, debe dejarse asentado que el quejoso tiene reconocido a su favor el derecho fundamental de que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos como medios para lograr la reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, mismo que se encuentra protegido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación internacional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXCII/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXX, Noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación." Por ello, es oportuno citar los artículos 1o. y 18 constitucionales, mismos que establecen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto (...)" Por su parte, el artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en sus artículos 7 y 10, que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), prevé en su artículo primero que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. También, cabe citar para lo que el caso precisa, el quinto principio básico para el tratamiento de reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa, que establece: "5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas". De conformidad con los artículos transcritos, toda persona tiene derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. Esto, puesto que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona, y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 37/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 633 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época, que señala: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada". Al respecto, importa precisar que en cuanto al tema de tortura, es pertinente invocar lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 6724/2016, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el cual, si bien no constituye obligatoriedad, en lo que nos interesa, consideró: La tortura, constituye una categoría de especial relevancia en razón de su gravedad, ya que su actualización no sólo implica una vulneración al derecho humano de integridad personal, sino que también es empleada como medio para la obtención de pruebas que permitan someter a una persona a cualquier tipo de procedimiento, aunque en la mayoría de los casos se presenta en aquellos asuntos de naturaleza penal. Atento a lo anterior, las consecuencias y efectos de la tortura impactan en dos vertientes: a) como violación de derechos humanos en el debido proceso y, b) como delito. La presunta víctima de tortura, en múltiples ocasiones conlleva la afectación de otros derechos humanos, como la libertad o la defensa adecuada, entre otros. Que el núcleo objetivo y fin último de la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, es la tutela de un derecho fundamental de mayor espectro: la integridad personal (física, psíquica y moral), derivado de la dignidad humana, ya que los derechos fundamentales son reconocidos a todas las personas por el simple hecho de serlo. En tales condiciones, la obligación de la autoridad que conozca del asunto de iniciar una investigación en casos de tortura, se actualiza ante la denuncia y/o existencia de indicios de ésta, ya sea en el contexto genérico de delito o cometida contra persona sujeta a cualquier tipo de procedimiento penal por atribuírsele que cometió un delito. Dicha obligación, recae tanto en autoridades administrativas (agentes de cuerpos de seguridad pública y el Ministerio Público) como en autoridades judiciales de primera y segunda instancia, que durante la tramitación de un proceso penal tengan conocimiento de una denuncia o adviertan la existencia de evidencia razonable o tengan razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura contra el inculpado, y también recae a los órganos de control constitucional, en el ámbito de sus competencias, al conocer de un juicio de amparo indirecto o directo cuando tengan información sobre la comisión de un hecho de tortura. Así entonces, cuando una autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura, deberá inmediatamente y de oficio dar vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente con la finalidad de procesar a las personas responsables derivado de la afectación a la integridad personal de la víctima. En los casos en que se omita la investigación de la tortura por parte de la autoridad a la que se le hizo de su conocimiento, se actualiza una hipótesis de violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 173 de la Ley Amparo, dado que la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tutela el derecho fundamental a la integridad personal, siendo que en este caso se pueden presentar dos hipótesis siguientes: - La primera se patentiza cuando se tiene por demostrada la tortura al actualizarse la violación referida, lo cual hace innecesaria la reposición del procedimiento penal, pues quedará excluida la presunción de la comisión de dicha violación, dado que ya está comprobada la vulneración al derecho humano de integridad personal por actos de tortura. - La segunda hipótesis, se presenta cuando la autoridad judicial omite investigar la denuncia de tortura y sus efectos, pues al no estar demostrada la violación al correspondiente derecho fundamental, la autoridad judicial tendrá la obligación de investigarla, ya que en caso de comprobarse la tortura es evidente que impactará en el derecho humano a un debido proceso al incidir en la licitud de los medios de prueba que sean factibles de sustentar la situación jurídica del inculpado en el proceso penal. En este caso, procederá la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema procesal tradicional, ello, a fin de que pueda tener lugar la práctica de los exámenes periciales correspondientes que determinen la existencia o no de los actos tortura. Además, en cualquiera de los supuestos antes señalados, en el caso de la denuncia de tortura en su vertiente de delito, ante la omisión del juez de primera instancia o de la autoridad que conozca del asunto, o bien, de percatarse de manera oficiosa de la posible existencia de tortura, se asume inmediatamente la obligación de hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Por otra parte, en aquellos casos en que el inculpado hubiese señalado ser objeto de tortura, pero sin que exista confesión o algún acto de autoincriminación, no resultará necesaria la reposición del procedimiento, ya que el tema sobre la violación a derechos humanos derivada de tortura, carece de trascendencia en el proceso, pues no tendría impacto en el proceso penal. En caso de verificarse la existencia de tortura, ya sea como delito o como violación al derecho humano de debido proceso, se debe excluir todo medio de convicción que se hubiese obtenido directamente o que deriva de ésta, lo cual comprende declaraciones, confesiones y toda clase de información incriminatoria resultado de éstas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXII/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 234, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. Así como la diversa tesis CCVI/2014, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 562, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el quejoso reclama, esencialmente, la tortura emocional y psicológica que asegura le han realizado en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de las instalaciones de dicho centro de reclusión. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. Así, se está frente a un caso de tortura cuando: a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; b) infligidas intencionalmente; y, c) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. De ahí que, se estime que la anterior manifestación no puede pasarse por alto para efectos de la posible comisión de delito, pues sus consecuencias pueden impactar en sus dos vertientes como violación a derechos humanos en un procedimiento por el debido proceso, y como delito, por lo que surge la obligación de las autoridades de practicar la investigación ministerial respectiva. En ese tenor, los órganos jurisdiccionales de amparo, en cumplimiento a sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos y garantías de los gobernados, se encuentran obligados a investigar dichas violaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la tortura; en ese sentido, el asunto debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura señalada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Así, en el caso, de las constancias existentes en el presente juicio de amparo, de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, como las pruebas recabadas por este órgano jurisdiccional, se considera no existe base razonable para tener por acreditada la tortura emocional y psicológica que refiere haber sufrido el quejoso, por parte de autoridades del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, ubicado en Tanivet, Oaxaca; ello, únicamente por cuanto hace al presente juicio de amparo. Cabe recordar que el quejoso en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, manifestó que fue vinculado a proceso el dieciocho de junio del dos mil veinte, por el delito de secuestro agravado, por lo que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que se encontraba interno en el Centro Varonil de Reinserción Social de Tanivet, Oaxaca. Asimismo indicó que en este asunto reclamaba la tortura emocional y psicológica que le han realizado el Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, toda vez, que los custodios lo sacaron del módulo 2B donde se encontraba alojado, el día ocho de octubre del dos mil veinte aproximadamente a las ocho de la noche, y el nueve de ese mismo mes y año, aproximadamente, a las diez con cuarenta minutos de la noche, bajo el engaño de que iría a una audiencia en el área técnica, recorriendo diversas áreas, donde lo trasladaron por los pasillos de ese centro penitenciario hasta llegar al lugar donde fue interrogado, amenazado y torturado en su integridad física y psicológica por el Director de ese Centro Penitenciario. Por su parte, y para acreditar su dicho, el quejoso exhibió los originales de los acuses de recibo respecto de los escritos dirigidos al Titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (fojas 18 a 24), Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (fojas 25 a 30), Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (fojas 31 a 35), así como el escrito dirigido al Juez de Control adscrito al Circuito de Valles Centrales con sede en Tanivet, dirigido a la causa penal 809/2019, sin que se vea el sello de recepción (fojas 10 a 17). Tales medios de convicción gozan de valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°; sin embargo, con dichas documentales únicamente se advierte que la parte quejosa hizo del conocimiento de las autoridades referidas los acontecimiento de ocho de octubre de dos mil veinte, mismos que expresó en su demanda de amparo. Por su parte, respecto al disco compacto que anexó (foja 35 Bis), que en su interior contiene las grabaciones de dos llamadas telefónicas que refiere haber realizado con su defensor particular cuya transcripción se encuentra asentada en la demanda de amparo (fojas 4 a 7), se considera que resulta imprescindible atender al avance actual de los conocimientos científicos y tecnológicos, pues los datos, imágenes, palabras o signos ya no constan solamente en documentos en papel, sino que pueden fácilmente contenerse en aparatos electrónicos; es por ello que, dada la facilidad que proporcionan para acudir a su contenido, estos medios se equiparan en su desahogo a un documento, ya que ilustran sobre los hechos captados mediante sonidos y, en consecuencia, pueden ser llevados ante un Juez para formar en él una convicción sobre determinados hechos. Sin embargo, el contenido de los audios ofrecidos son útiles para constituir un indicio, a fin de esclarecer los hechos necesarios para resolver el conflicto; pero, al no ser corroborado, como podría ser con la fe pública o con otros elementos de prueba, de que su contenido corresponde a hechos ocurridos en un lugar y tiempo determinado, no puede producir convicción plena de que lo contenido en dicho medio electrónico corresponde a lo que pretende probar la parte quejosa. Aunado a que del contenido de dichos audios únicamente se advierte la existencia de una conversación que se llevó en los términos que se plantearon en la demanda de amparo; sin que en sí mismos demuestren los hechos de tortura aducidos por el quejoso Ilustra a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 18/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de JUSTICIA de la Nación, visible en la página 5, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y, POR TANTO, PUEDEN SER OFRECIDAS POR LAS PARTES EN AQUÉL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en forma contradictoria en torno a si una videograbación se debe considerar como prueba documental para efectos del incidente de suspensión en el juicio de amparo y, en consecuencia, si procede su admisión como medio probatorio. Criterio jurídico: Las videograbaciones constituyen una prueba documental, pues independientemente del soporte en el que consten y se aporten al incidente de suspensión, cuentan con la capacidad de registrar datos de interés procesal y, además, pueden desahogarse por su propia naturaleza y sin necesidad de una diligencia especial, siempre que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, el oferente de la prueba lo aporte. Justificación: Esta interpretación resulta acorde con los artículos 1o. y 14 de la Constitución General, al ser más protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades esenciales que lo conforman está la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. En este sentido, el artículo 143 de la Ley de Amparo establece que en el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial y, tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de ese ordenamiento, la prueba testimonial. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el avance de las tecnologías de la información supone un importante cambio en el ámbito judicial lo que, desde luego, incide en la fase probatoria de un procedimiento; de ahí que para determinar la naturaleza de una videograbación se debe partir de que, jurídicamente, un documento es cualquier instrumento con capacidad para registrar datos o información, donde lo principal es su capacidad de registro y, lo secundario, el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. Además, si el legislador federal hizo énfasis en la finalidad protectora de la suspensión, e incluso facultó al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva, válidamente se puede concluir que las partes pueden ofrecer una videograbación contenida en un medio electrónico como prueba documental en el incidente de suspensión para que el juzgador pueda obtener certeza sobre hechos relevantes y, de ser el caso, otorgarle cierto valor probatorio, siempre que ello no comprometa la celeridad que debe imperar en dicho incidente. Al respecto, no pasa inadvertido que, dependiendo del soporte en el que se ofrezca la prueba en cuestión, se requiere un medio técnico para su reproducción; sin embargo, ello no amerita una diligencia especial que retrase la impartición de justicia, sino únicamente que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, podrá aportarlo el oferente de la prueba." Ahora bien, en cumplimiento a la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, dentro de la queja 110/2021, en la que ordenó se proveyera en relación con la admisión de la prueba ofrecida por el quejoso, consistente en las videograbaciones obtenidas a través de las cámaras ubicadas en el interior del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en los días y horas a que hizo referencia; este juzgado de Distrito, en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, requirió al Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, remitiera las video grabaciones de las cámaras de los días ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, solicitadas por el quejoso. Sin embargo, la autoridad responsable informó que después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva no era posible remitir las grabaciones solicitadas, ya que no se encontraban disponibles en el sistema de almacenamiento y gestión de video, pues lo servidores virtuales guardan las grabaciones de un periodo de quince días en promedio, por lo que a la fecha del requerimiento ya había transcurrido ese término (fojas 260 a 269). No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional, en atención a la naturaleza del acto reclamado, consideró adecuado allegarse de las documentales consistentes en copias certificadas del expediente clínico o médico a nombre del quejoso, que obran en dicho centro penitenciario (fojas 274 y 275), de las cuales se observa su estado de salud, el cual se considera adecuado, sin que se evidencie algún rasgo o vestigio de tortura psicológica. También se solicitó las constancias de las que se advierta las actividades desarrolladas, así como las visitas que tuvo el quejoso los días de referencia -ocho y nueve de octubre de dos mil veinte-; informando la autoridad que, en ese centro penitenciario no se lleva una bitácora diaria de actividades que realiza cada uno de los internos, pero envió copia certificada del libro de visitas, respecto de los días solicitados, sin que se advierta que el quejoso de referencia haya recibido alguna (fojas 293 a 299). Además, de las documentales exhibidas por el quejoso, recibidas en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se advierte que se dedica a la impartición de clases a nivel medio superior y superior dentro del centro penitenciario donde se encuentra recluido (fojas 125 a 144); de las que incluso, se advierte que desarrolló actividades que evidencian la estabilidad psicológica y estabilidad emocional, ello, pues ha fungido en su carácter de catedrático para los demás internos del centro de reclusión. Aunado a ello, mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se recibió el oficio de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, mediante el cual informó que el aquí quejoso, se encuentra a su disposición dentro de la causa penal número 809/2019 instruida en su contra, como probable responsable del delito de secuestro agravado cometido en agravio de la persona de iniciales E.V.M.; además, señaló que el día veintidós de diciembre del dos mil veintiuno, recibió un escrito del aquí quejoso, que fue acordado el día veintidós de diciembre siguiente en el sentido que ordenó al Director del Centro de internamiento que de ser cierto los actos, de inmediato deberían proceder a tomar las medidas pertinentes para que cesen, en caso contrario, se daría vista al ministerio público, con independencia de que ante el juez de ejecución de penas pudiera ordenar lo correspondiente (fojas 300 a 304). Por tanto, de las pruebas que obran en los presentes autos, relativas a las aportadas por el quejoso, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables penitenciarias, así como las recabadas por este órgano jurisdiccional, en este momento, no se advierte exista base razonable para tener por acreditada la tortura, ello, únicamente por lo que hace al presente juicio de amparo; pues lo único que se tiene es el dicho, no corroborado, del quejoso en ese sentido; en consecuencia, lo procedente es negarle el amparo y protección de la justicia federal. No obstante lo anterior, se debe destacar que en el presente juicio de amparo, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esa institución ministerial investigue los hechos relativos a la tortura de que se trata; incluso, en atención a dicha vista, el agente del Ministerio Publico de la Unidad Especial de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, informó que dentro de la carpeta de investigación 33159/FEDH/FCTO/2020, se está investigando los mismos hechos que se hicieron de su conocimiento, derivados del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones la tesis XXII.P.A.70 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1049, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado consistente en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es a aquéllas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así, porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el Juez en la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que, por el hecho de que las responsables negaron el acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica alegada, correspondía a las responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *************, respecto de los actos reclamados, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **************, contra el acto reclamado indicado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJO EL 19/04/2022. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 661/2020, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el veintitrés de octubre de dos mil veinte (fojas 2 a 9), a quien por turno le correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, **************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Gobernador del Estado de Oaxaca y otras autoridades, a quienes les reclamó: ".IV. ACTO RECLAMADO. Los ataques a mi persona, a mi integridad personal, a mi dignidad y a mi seguridad jurídica, atentando con ello en contra de garantías individuales y derechos humanos." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. El quejoso narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó esencialmente como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1 y 20, apartado B, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 7). TERCERO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte (fojas 62 a 67), se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 661/2020, y se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y también se le dio vista de los actos de tortura aducidos por el quejoso; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal el día de hoy (veinticinco de febrero de dos mil veintidós), tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por tratarse de un acto atribuido a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Atento a lo anterior, del análisis de la demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, con independencia de las manifestaciones o calificativos que se realizan, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama de las autoridades responsables: La tortura emocional y psicológica que atribuye al Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, ubicado en Tanivet, Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca (foja 80); Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (foja 77); Subsecretario de Prevención y Reinserción Social (foja 75); Director General de Reinserción Social del Estado de Oaxaca dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (fojas 76); Fiscal General del Estado de Oaxaca (foja 91); Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (foja 96); Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (foja 74); los dos Agentes del Ministerio Público que conocen de la carpeta de investigación número ****/***/***/****, adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General Del Estado (fojas 95 y 120); Jefe de Grupo de Investigación de Desaparición de Personas, adscrito a la Coordinación de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (foja 97); los agentes Estatales de Investigación con número de identificación 079, 736 y 725, todos adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones y Comisionados en el Grupo de Investigaciones de Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado, que conocen de la carpeta de investigación número *****/***/***/****(foja 81 y 97); asimismo, los Agentes Estatales de Investigación con números de identificación 293, 083, 365, 1197, 1231, 1111, 369 y 0833, todos adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones y comisionados en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que conocen de la carpeta de investigación número *****/****/***/****(foja 92), al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclama. Sin embargo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe presentar un informe justificado en el que establezca las razones y fundamentos sobre su postura respecto del acto reclamado, así en el caso concreto, al tratarse el acto reclamado de la tortura que refirió el quejoso sufrió los días ocho y nueve de octubre de dos mil veinte dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, sede Tanivet, Oaxaca; las autoridades responsables tienen la obligación de acreditar su afirmación, por ello se considera que en términos generales es insuficiente que dichas responsables a quien se imputa dicha violación niegue los hechos para tenerlos por no acreditados, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a éstas para demostrar su constitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones la tesis CLXXV/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 392, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, Volumen 60, Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". No obstante lo anterior, en el caso, no se estima tener por presuntivamente cierto el acto reclamado a las citadas autoridades responsables, en atención a la naturaleza de las atribuciones que tiene cada una de ellas; pues únicamente cuentan con facultades y atribuciones de carácter administrativo, como se evidencia a continuación: Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca (artículos 79 y 80 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca); Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca); Subsecretario de Prevención y Reinserción Social (artículo 59 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca); Director General de Reinserción Social del Estado de Oaxaca dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (artículo 66 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca); Fiscal General del Estado de Oaxaca (artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca). Así las cosas, del contenido de los artículos de referencia, se advierte que las citadas autoridades responsables únicamente cuentan con facultades y atribuciones de carácter administrativo, y no tienen prevista alguna relativa a tener contacto directo con los internos den los centros penitenciarios del Estado de Oaxaca, y en concreto con el aquí quejoso. Por su parte, respecto a las autoridades responsables Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado; Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones; Agentes los dos del Ministerio Público que conocen de la carpeta de investigación número *****/****/***/****, adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General Del Estado; Jefe de Grupo de Investigación de Desaparición de Personas, adscrito a la Coordinación de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado; los agentes Estatales de Investigación con número de identificación 079, 736 y 725, todos adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones y Comisionados en el Grupo de Investigaciones de Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado, que conocen de la carpeta de investigación número *****/****/***/****; Agentes Estatales de Investigación con números de identificación 293, 083, 365, 1197, 1231, 1111, 369 y 0833, todos adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones y comisionados en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que conocen de la carpeta de investigación número *****/****/***/****; si bien es cierto entre sus funciones se encuentran las de buscar, presentar datos y elementos de prueba que acrediten la participación de los imputados en los hechos que las leyes señalen como delito; dirigir las actuaciones de las policías; procurar que los juicios en materia penal se sigan con regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedir la imposición de las penas; e intervenir en todos los asuntos que la ley determine; así como tiene a su cargo ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad en general y, de conformidad con las disposiciones aplicables, de la víctima u ofendido del delito. Sin embargo, del contenido de la demanda de amparo, así como de los respectivos informes, no se advierte participación alguna de dichas responsables al tratarse el acto reclamado de la tortura que refirió el quejoso sufrió los días ocho y nueve de octubre de dos mil veinte dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, sede Tanivet, Oaxaca; razón por la cual, no podría presumirse cierto el acto respecto a las autoridades en cuestión, pues no se advierte que tenga injerencia directa dentro de las instalaciones del referido centro de reclusión donde el quejoso dice ocurrieron los hechos. Con base en lo anterior, y sin prueba alguna en contrario, que acredite que efectivamente las autoridades responsables tienen la facultad o atribución de participar directamente en el acto combatido en esta instancia constitucional, debe estimarse inexistente el acto reclamado a dichas autoridades responsables, únicamente por cuanto hace a este juicio de amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, sólo por lo que hace a las referidas autoridades responsables, por los motivos expuestos. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Varonil con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca (foja 159), al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclama. Por su parte, la autoridad responsable Jefe de Custodios del módulo 2 del Centro Penitenciario Varonil con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, fue omiso en rendir su respetivo informe justificado, a pesar de haber sido legalmente notificado el veinticuatro (foja 70). En ese sentido, como ya se dijo en el apartado anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe presentar un informe justificado en el que establezca las razones y fundamentos sobre su postura respecto del acto reclamado, máxime que en el caso al tratarse el acto reclamado de la tortura que refirió el quejoso sufrió los días ocho y nueve de octubre de dos mil veinte dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, sede Tanivet, Oaxaca; las autoridades responsables tienen la obligación de acreditar su afirmación, por ello se considera que en términos generales es insuficiente que dichas responsables a quien se imputa dicha violación nieguen los hechos para tenerlos por no acreditados, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a éstas para demostrar su constitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones la tesis XXII.P.A.70 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1049, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado consistente en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es a aquéllas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así, porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el Juez en la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que, por el hecho de que las responsables negaron el acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica alegada, correspondía a las responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada. No obstante lo anterior, toda vez que la existencia o no de la tortura es justamente la materia del fondo del asunto, dependerá de lo que se exponga a continuación. Sirve de apoyo, por igualdad de razón, la Jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, y este órgano constitucional no advierte que se actualice alguna de oficio. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es más que suficiente que se le dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio del asunto. En el presente asunto, el acto reclamado consistente en la tortura emocional y psicológica que el quejoso afirma le han realizado autoridades del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, ubicado en Tanivet, Oaxaca. En ese sentido, debe dejarse asentado que el quejoso tiene reconocido a su favor el derecho fundamental de que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos como medios para lograr la reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, mismo que se encuentra protegido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación internacional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXCII/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXX, Noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación." Por ello, es oportuno citar los artículos 1o. y 18 constitucionales, mismos que establecen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto (...)" Por su parte, el artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en sus artículos 7 y 10, que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), prevé en su artículo primero que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. También, cabe citar para lo que el caso precisa, el quinto principio básico para el tratamiento de reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa, que establece: "5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas". De conformidad con los artículos transcritos, toda persona tiene derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. Esto, puesto que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona, y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 37/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 633 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época, que señala: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada". Al respecto, importa precisar que en cuanto al tema de tortura, es pertinente invocar lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 6724/2016, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el cual, si bien no constituye obligatoriedad, en lo que nos interesa, consideró: La tortura, constituye una categoría de especial relevancia en razón de su gravedad, ya que su actualización no sólo implica una vulneración al derecho humano de integridad personal, sino que también es empleada como medio para la obtención de pruebas que permitan someter a una persona a cualquier tipo de procedimiento, aunque en la mayoría de los casos se presenta en aquellos asuntos de naturaleza penal. Atento a lo anterior, las consecuencias y efectos de la tortura impactan en dos vertientes: a) como violación de derechos humanos en el debido proceso y, b) como delito. La presunta víctima de tortura, en múltiples ocasiones conlleva la afectación de otros derechos humanos, como la libertad o la defensa adecuada, entre otros. Que el núcleo objetivo y fin último de la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, es la tutela de un derecho fundamental de mayor espectro: la integridad personal (física, psíquica y moral), derivado de la dignidad humana, ya que los derechos fundamentales son reconocidos a todas las personas por el simple hecho de serlo. En tales condiciones, la obligación de la autoridad que conozca del asunto de iniciar una investigación en casos de tortura, se actualiza ante la denuncia y/o existencia de indicios de ésta, ya sea en el contexto genérico de delito o cometida contra persona sujeta a cualquier tipo de procedimiento penal por atribuírsele que cometió un delito. Dicha obligación, recae tanto en autoridades administrativas (agentes de cuerpos de seguridad pública y el Ministerio Público) como en autoridades judiciales de primera y segunda instancia, que durante la tramitación de un proceso penal tengan conocimiento de una denuncia o adviertan la existencia de evidencia razonable o tengan razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura contra el inculpado, y también recae a los órganos de control constitucional, en el ámbito de sus competencias, al conocer de un juicio de amparo indirecto o directo cuando tengan información sobre la comisión de un hecho de tortura. Así entonces, cuando una autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura, deberá inmediatamente y de oficio dar vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente con la finalidad de procesar a las personas responsables derivado de la afectación a la integridad personal de la víctima. En los casos en que se omita la investigación de la tortura por parte de la autoridad a la que se le hizo de su conocimiento, se actualiza una hipótesis de violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 173 de la Ley Amparo, dado que la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tutela el derecho fundamental a la integridad personal, siendo que en este caso se pueden presentar dos hipótesis siguientes: - La primera se patentiza cuando se tiene por demostrada la tortura al actualizarse la violación referida, lo cual hace innecesaria la reposición del procedimiento penal, pues quedará excluida la presunción de la comisión de dicha violación, dado que ya está comprobada la vulneración al derecho humano de integridad personal por actos de tortura. - La segunda hipótesis, se presenta cuando la autoridad judicial omite investigar la denuncia de tortura y sus efectos, pues al no estar demostrada la violación al correspondiente derecho fundamental, la autoridad judicial tendrá la obligación de investigarla, ya que en caso de comprobarse la tortura es evidente que impactará en el derecho humano a un debido proceso al incidir en la licitud de los medios de prueba que sean factibles de sustentar la situación jurídica del inculpado en el proceso penal. En este caso, procederá la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema procesal tradicional, ello, a fin de que pueda tener lugar la práctica de los exámenes periciales correspondientes que determinen la existencia o no de los actos tortura. Además, en cualquiera de los supuestos antes señalados, en el caso de la denuncia de tortura en su vertiente de delito, ante la omisión del juez de primera instancia o de la autoridad que conozca del asunto, o bien, de percatarse de manera oficiosa de la posible existencia de tortura, se asume inmediatamente la obligación de hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Por otra parte, en aquellos casos en que el inculpado hubiese señalado ser objeto de tortura, pero sin que exista confesión o algún acto de autoincriminación, no resultará necesaria la reposición del procedimiento, ya que el tema sobre la violación a derechos humanos derivada de tortura, carece de trascendencia en el proceso, pues no tendría impacto en el proceso penal. En caso de verificarse la existencia de tortura, ya sea como delito o como violación al derecho humano de debido proceso, se debe excluir todo medio de convicción que se hubiese obtenido directamente o que deriva de ésta, lo cual comprende declaraciones, confesiones y toda clase de información incriminatoria resultado de éstas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXII/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 234, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. Así como la diversa tesis CCVI/2014, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 562, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el quejoso reclama, esencialmente, la tortura emocional y psicológica que asegura le han realizado en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de las instalaciones de dicho centro de reclusión. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. Así, se está frente a un caso de tortura cuando: a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; b) infligidas intencionalmente; y, c) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. De ahí que, se estime que la anterior manifestación no puede pasarse por alto para efectos de la posible comisión de delito, pues sus consecuencias pueden impactar en sus dos vertientes como violación a derechos humanos en un procedimiento por el debido proceso, y como delito, por lo que surge la obligación de las autoridades de practicar la investigación ministerial respectiva. En ese tenor, los órganos jurisdiccionales de amparo, en cumplimiento a sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos y garantías de los gobernados, se encuentran obligados a investigar dichas violaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la tortura; en ese sentido, el asunto debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura señalada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Así, en el caso, de las constancias existentes en el presente juicio de amparo, de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, como las pruebas recabadas por este órgano jurisdiccional, se considera no existe base razonable para tener por acreditada la tortura emocional y psicológica que refiere haber sufrido el quejoso, por parte de autoridades del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil, ubicado en Tanivet, Oaxaca; ello, únicamente por cuanto hace al presente juicio de amparo. Cabe recordar que el quejoso en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, manifestó que fue vinculado a proceso el dieciocho de junio del dos mil veinte, por el delito de secuestro agravado, por lo que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que se encontraba interno en el Centro Varonil de Reinserción Social de Tanivet, Oaxaca. Asimismo indicó que en este asunto reclamaba la tortura emocional y psicológica que le han realizado el Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, toda vez, que los custodios lo sacaron del módulo 2B donde se encontraba alojado, el día ocho de octubre del dos mil veinte aproximadamente a las ocho de la noche, y el nueve de ese mismo mes y año, aproximadamente, a las diez con cuarenta minutos de la noche, bajo el engaño de que iría a una audiencia en el área técnica, recorriendo diversas áreas, donde lo trasladaron por los pasillos de ese centro penitenciario hasta llegar al lugar donde fue interrogado, amenazado y torturado en su integridad física y psicológica por el Director de ese Centro Penitenciario. Por su parte, y para acreditar su dicho, el quejoso exhibió los originales de los acuses de recibo respecto de los escritos dirigidos al Titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (fojas 18 a 24), Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (fojas 25 a 30), Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (fojas 31 a 35), así como el escrito dirigido al Juez de Control adscrito al Circuito de Valles Centrales con sede en Tanivet, dirigido a la causa penal 809/2019, sin que se vea el sello de recepción (fojas 10 a 17). Tales medios de convicción gozan de valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°; sin embargo, con dichas documentales únicamente se advierte que la parte quejosa hizo del conocimiento de las autoridades referidas los acontecimiento de ocho de octubre de dos mil veinte, mismos que expresó en su demanda de amparo. Por su parte, respecto al disco compacto que anexó (foja 35 Bis), que en su interior contiene las grabaciones de dos llamadas telefónicas que refiere haber realizado con su defensor particular cuya transcripción se encuentra asentada en la demanda de amparo (fojas 4 a 7), se considera que resulta imprescindible atender al avance actual de los conocimientos científicos y tecnológicos, pues los datos, imágenes, palabras o signos ya no constan solamente en documentos en papel, sino que pueden fácilmente contenerse en aparatos electrónicos; es por ello que, dada la facilidad que proporcionan para acudir a su contenido, estos medios se equiparan en su desahogo a un documento, ya que ilustran sobre los hechos captados mediante sonidos y, en consecuencia, pueden ser llevados ante un Juez para formar en él una convicción sobre determinados hechos. Sin embargo, el contenido de los audios ofrecidos son útiles para constituir un indicio, a fin de esclarecer los hechos necesarios para resolver el conflicto; pero, al no ser corroborado, como podría ser con la fe pública o con otros elementos de prueba, de que su contenido corresponde a hechos ocurridos en un lugar y tiempo determinado, no puede producir convicción plena de que lo contenido en dicho medio electrónico corresponde a lo que pretende probar la parte quejosa. Aunado a que del contenido de dichos audios únicamente se advierte la existencia de una conversación que se llevó en los términos que se plantearon en la demanda de amparo; sin que en sí mismos demuestren los hechos de tortura aducidos por el quejoso Ilustra a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 18/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de JUSTICIA de la Nación, visible en la página 5, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y, POR TANTO, PUEDEN SER OFRECIDAS POR LAS PARTES EN AQUÉL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en forma contradictoria en torno a si una videograbación se debe considerar como prueba documental para efectos del incidente de suspensión en el juicio de amparo y, en consecuencia, si procede su admisión como medio probatorio. Criterio jurídico: Las videograbaciones constituyen una prueba documental, pues independientemente del soporte en el que consten y se aporten al incidente de suspensión, cuentan con la capacidad de registrar datos de interés procesal y, además, pueden desahogarse por su propia naturaleza y sin necesidad de una diligencia especial, siempre que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, el oferente de la prueba lo aporte. Justificación: Esta interpretación resulta acorde con los artículos 1o. y 14 de la Constitución General, al ser más protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades esenciales que lo conforman está la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. En este sentido, el artículo 143 de la Ley de Amparo establece que en el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial y, tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de ese ordenamiento, la prueba testimonial. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el avance de las tecnologías de la información supone un importante cambio en el ámbito judicial lo que, desde luego, incide en la fase probatoria de un procedimiento; de ahí que para determinar la naturaleza de una videograbación se debe partir de que, jurídicamente, un documento es cualquier instrumento con capacidad para registrar datos o información, donde lo principal es su capacidad de registro y, lo secundario, el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. Además, si el legislador federal hizo énfasis en la finalidad protectora de la suspensión, e incluso facultó al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva, válidamente se puede concluir que las partes pueden ofrecer una videograbación contenida en un medio electrónico como prueba documental en el incidente de suspensión para que el juzgador pueda obtener certeza sobre hechos relevantes y, de ser el caso, otorgarle cierto valor probatorio, siempre que ello no comprometa la celeridad que debe imperar en dicho incidente. Al respecto, no pasa inadvertido que, dependiendo del soporte en el que se ofrezca la prueba en cuestión, se requiere un medio técnico para su reproducción; sin embargo, ello no amerita una diligencia especial que retrase la impartición de justicia, sino únicamente que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, podrá aportarlo el oferente de la prueba." Ahora bien, en cumplimiento a la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, dentro de la queja 110/2021, en la que ordenó se proveyera en relación con la admisión de la prueba ofrecida por el quejoso, consistente en las videograbaciones obtenidas a través de las cámaras ubicadas en el interior del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en los días y horas a que hizo referencia; este juzgado de Distrito, en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, requirió al Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, remitiera las video grabaciones de las cámaras de los días ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, solicitadas por el quejoso. Sin embargo, la autoridad responsable informó que después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva no era posible remitir las grabaciones solicitadas, ya que no se encontraban disponibles en el sistema de almacenamiento y gestión de video, pues lo servidores virtuales guardan las grabaciones de un periodo de quince días en promedio, por lo que a la fecha del requerimiento ya había transcurrido ese término (fojas 260 a 269). No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional, en atención a la naturaleza del acto reclamado, consideró adecuado allegarse de las documentales consistentes en copias certificadas del expediente clínico o médico a nombre del quejoso, que obran en dicho centro penitenciario (fojas 274 y 275), de las cuales se observa su estado de salud, el cual se considera adecuado, sin que se evidencie algún rasgo o vestigio de tortura psicológica. También se solicitó las constancias de las que se advierta las actividades desarrolladas, así como las visitas que tuvo el quejoso los días de referencia -ocho y nueve de octubre de dos mil veinte-; informando la autoridad que, en ese centro penitenciario no se lleva una bitácora diaria de actividades que realiza cada uno de los internos, pero envió copia certificada del libro de visitas, respecto de los días solicitados, sin que se advierta que el quejoso de referencia haya recibido alguna (fojas 293 a 299). Además, de las documentales exhibidas por el quejoso, recibidas en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se advierte que se dedica a la impartición de clases a nivel medio superior y superior dentro del centro penitenciario donde se encuentra recluido (fojas 125 a 144); de las que incluso, se advierte que desarrolló actividades que evidencian la estabilidad psicológica y estabilidad emocional, ello, pues ha fungido en su carácter de catedrático para los demás internos del centro de reclusión. Aunado a ello, mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se recibió el oficio de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, mediante el cual informó que el aquí quejoso, se encuentra a su disposición dentro de la causa penal número 809/2019 instruida en su contra, como probable responsable del delito de secuestro agravado cometido en agravio de la persona de iniciales E.V.M.; además, señaló que el día veintidós de diciembre del dos mil veintiuno, recibió un escrito del aquí quejoso, que fue acordado el día veintidós de diciembre siguiente en el sentido que ordenó al Director del Centro de internamiento que de ser cierto los actos, de inmediato deberían proceder a tomar las medidas pertinentes para que cesen, en caso contrario, se daría vista al ministerio público, con independencia de que ante el juez de ejecución de penas pudiera ordenar lo correspondiente (fojas 300 a 304). Por tanto, de las pruebas que obran en los presentes autos, relativas a las aportadas por el quejoso, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables penitenciarias, así como las recabadas por este órgano jurisdiccional, en este momento, no se advierte exista base razonable para tener por acreditada la tortura, ello, únicamente por lo que hace al presente juicio de amparo; pues lo único que se tiene es el dicho, no corroborado, del quejoso en ese sentido; en consecuencia, lo procedente es negarle el amparo y protección de la justicia federal. No obstante lo anterior, se debe destacar que en el presente juicio de amparo, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esa institución ministerial investigue los hechos relativos a la tortura de que se trata; incluso, en atención a dicha vista, el agente del Ministerio Publico de la Unidad Especial de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, informó que dentro de la carpeta de investigación 33159/FEDH/FCTO/2020, se está investigando los mismos hechos que se hicieron de su conocimiento, derivados del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones la tesis XXII.P.A.70 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1049, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado consistente en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es a aquéllas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así, porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el Juez en la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que, por el hecho de que las responsables negaron el acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica alegada, correspondía a las responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *************, respecto de los actos reclamados, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **************, contra el acto reclamado indicado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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