José Aguilera Arellano
Expediente 800/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Aguilera Arellano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Judicial Zamora, Michoacán, atento a su contenido, y toda vez que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por José Aguilera Arellanos, correspondiéndole conocer por razón de turno al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, en consecuencia, previa copia que se deje en el presente cuadernillo, mediante oficio que derive del presente proveído envíese dicho oficio al similar de cuenta a fin de que provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. ACUSE DE RECIBO DE CONSTANCIAS Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia esta ciudad, a través del cual informa que por auto de trece de enero del año en curso, aceptó la competencia planteada por este juzgado. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veinte. INCOMPETENCIA. Por recibido el oficio 4014/2020 signado por la Secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en materia Penal, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 154/2020, promovido por José Aguilera Arellanos, contra actos de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el cual obra glosado el informe justificado rendido por dicha autoridad. ACÚSESE DE RECIBO. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante acuerdo de once de noviembre de la presente anualidad, el tribunal oficiante determinó que carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en la cual se reclama la sentencia de nueve de septiembre del año en curso, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad en el toca de apelación 26/2020, a través de la cual confirmó la resolución dictada en la audiencia oral de once de marzo pasado y en constancia escrita de dieciocho del mismo mes, por el juez de Primera Instancia en materia Penal del distrito judicial de Jiquilpan, Michoacán, dentro del cuaderno de ejecución PRCE67/2019, la cual se integró en razón de la solicitud de concesión de los beneficios de libertad anticipada promovida por el aquí quejoso, dentro del proceso penal 4/2016; toda vez que el mismo no constituye sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con las disposiciones de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 45, 170 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el conocimiento del amparo compete al Juzgado de Distrito. AVOCAMIENTO. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese expediente con el escrito de cuenta y regístrese en el libro de gobierno respectivo de este juzgado con el número VIII-800/2020. INCOMPETENCIA Ahora, el artículo 37 de la Ley de amparo, señala en lo conducente: ".Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido de dicho precepto legal se desprende, que el mismo establece tres hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito; la primera, en lo que aquí interesa, se refiere a la jurisdicción en donde deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, por lo que si el acto reclamado consiste en la sentencia de nueve de septiembre del año en curso, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad en el toca de apelación 26/2020, a través de la cual confirmó la resolución dictada en la audiencia oral de once de marzo pasado y en constancia escrita de dieciocho del mismo mes, por el juez de Primera Instancia en materia Penal del distrito judicial de Jiquilpan, Michoacán, dentro del cuaderno de ejecución PRCE67/2019, la cual se integró en razón de la solicitud de concesión de los beneficios de libertad anticipada promovida por el aquí quejoso, dentro del proceso penal 4/2016, mismo que al ser un acto de inactividad que por regla general no trae aparejada ejecución material alguna, ocasiona que el ahora promovente del amparo continué privado de su libertad personal en el centro de su reclusión, lo que se traduce a un efecto positivo, y por ende, en un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo, por lo que al continuar la situación de privación de libertad del promovente, dicho acto se seguirá ejecutando donde se encuentre recluido, esto es, en el Centro Penitenciario, con residencia en Sahuayo, Michoacán, de ahí que el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, esto es, donde guarda reclusión el quejoso. Luego, de la trascripción que precede se aprecia que el legislador, al establecer esta regla competencial tomó en cuenta las cuestiones correspondientes a la preeminencia a la ejecución del acto reclamado para establecer la competencia del juez de amparo. En este orden de ideas, el suscrito juzgador considera el juez competente para conocer del acto reclamado es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en el lugar donde se encuentra recluido el aquí quejoso. De manera que el lugar en donde se pretende ejecutar el acto reclamado, esto es en el lugar donde se encuentre recluido el quejoso, es el que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito que ahí ejerza jurisdicción, dado que si se toma en cuanto que el aquí quejoso se encuentra privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera de las reglas de competencia citada con antelación, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido. Al respecto resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006160 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 14/2014 (10a.) Página: 633 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Contradicción de tesis 51/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 4 de diciembre de 2013. La votación se dividió en dos partes. Mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos. Tesis de jurisprudencia 14/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de febrero de dos mil catorce. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial número 2/2012, sostuvo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto corresponde al Juez de Distrito del complejo penitenciario Islas Marías y auxiliar en toda la República, acorde con lo establecido en el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues según su criterio no es correcto que se deba aplicar la hipótesis normativa prevista en el diverso artículo 42, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque si bien constituye una regla de excepción a la competencia por razón de territorio que prevé el aludido artículo 36, lo cierto es que aplica para aquellos supuestos en los cuales se busque determinar cuál es el juez de distrito competente cuando el amparo se promueva contra todos los jueces de distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), por ende, el alcance del referido artículo 42 de la Ley de Amparo, está condicionado al lugar donde se ejecute o se esté ejecutando el acto reclamado. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2012, sostuvo que el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal es el competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Ello bajo el argumento de que el acto reclamado no tiene ejecución material, aunado a que con esa determinación se maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de la agilidad que cobra el trámite del juicio de garantías, al conocer del mismo el juez de amparo en cuya jurisdicción reside la autoridad responsable y no el que resida en la jurisdicción donde se encuentre recluida la parte quejosa. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 18/2012, sostuvo que para efecto de fijar la competencia se debe atender a lo previsto en el artículo 42, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que éste define la competencia para conocer de un juicio de amparo en que se reclame un acto emitido por un juez de distrito sin importar, en el caso, lo relativo a la ejecución del mismo, al no distinguir el precepto con base en ese aspecto. Eso es así, pues del examen comparativo de los artículos 36, primer párrafo y 42, párrafo primero, de la citada ley, se observa que el primero alude a la regla genérica de la competencia para conocer de la demanda de amparo, atendiendo donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el segundo de dichos preceptos, que se refiere específicamente a los actos que se reclamen de los jueces de distrito, señala que será competente otro juez de distrito de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o en su caso, el más inmediato en la jurisdicción del tribunal colegiado de circuito al que corresponda el juez de distrito ahí señalado como autoridad responsable; de ahí, que tomando en consideración la regla de metodología de interpretación, que consiste en que la norma especial deroga a la general, es por lo que este tribunal arriba a dicha conclusión. Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En las relatadas circunstancias, es evidente que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, de donde se sigue que en el caso se actualiza la hipótesis del numeral trascrito, tal y como lo determina el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana. Consecuentemente, si el acto reclamado conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías a un Juez de Distrito, con residencia en Uruapan, Michoacán, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en turno, en Uruapan, Michoacán, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo correspondiente. No pasa inadvertido para el suscrito lo determinado por la superioridad, empero, esté únicamente se declaró incompetente en cuanto a la vía de amparo, más no así en cuanto a la jurisdicción, de ahí que, atendiendo al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, este juzgado carezca de legal competencia para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa y prevalezca lo antes acordado. Con una copia simple de la demanda, fórmese el cuaderno correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Como lo solicita con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación "miguelangelalvarezcruz". En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se le tiene solicitando como medio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "miguelangelalvarezcruz", de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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