Jorge Ubaldo Uribe García
Expediente 1099/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermina Zepeda Barajas
- Jorge Ubaldo Uribe García
- Román Salinas Placeres
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de cuatro de octubre del año en curso, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ALEX CHÁVEZ ROJAS, quien se ostenta defensor de Román Salinas Placeres, Jorge Ubaldo Uribe García, Guillermina Zepeda Barajas y María del Carmen Medina Tello, en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DA CUENTA CON ESTADO DE AUTOS Y SE ORDENA ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al ARCHIVO el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que trascurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución del tomo de prueba que la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, remitió, como sustento a su informe de ley, consistente en un tomo de pruebas y ocho discos ópticos en formato DVD, derivados de la causa penal 83/2017, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, rogando acuse de recibo de las mismas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. SE REALIZAN MANIFESTACIONES. Agréguese a los presentes autos como antecedente el escrito de cuenta signado por quienes se ostentan asesoras de las víctimas Humberto Ramírez García y María Milagros Garduño Rubio; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto del mismo, toda vez que en proveído de cuatro de los actuales, se desechó la demanda que dio origen al presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.Edy/Lsm
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. SE RECIBE ESCRITO DE DEMANDA DE AUTORIDAD INCOMPETENTE. Por recibido el oficio de cuenta número 6345/2019 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, que contiene inserto el acuerdo de uno de octubre del año que transcurre, escrito original de la demanda de garantías promovida por ALEX CHÁVEZ ROJAS, quien se ostenta defensor de Román Salinas Placeres, Jorge Ubaldo Uribe García, Guillermina Zepeda Barajas y María del Carmen Medina Tello, contra actos del Tribunal de Alzada del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, así como informe justificado de la autoridad responsable, un tomo de pruebas y ocho discos ópticos en formato DVD, derivados de la causa penal 83/2017, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por ALEX CHÁVEZ ROJAS, quien se ostenta defensor de Román Salinas Placeres, Jorge Ubaldo Uribe García, Guillermina Zepeda Barajas y María del Carmen Medina Tello, contra actos de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, deben observarse las siguientes jurisprudencias: "Época: Novena Época Registro: 200232 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: P./J. 51/95 Página: 110 DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes. Contradicción de tesis 32/94. Entre las sustentadas por las anteriores Segunda y Tercera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de octubre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el cuatro de diciembre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 51/1995 (9a.) la tesis que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cinco". "Época: Novena Época Registro: 175619 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 25/2006 Página: 251 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto. Contradicción de tesis 42/2005-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez". AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE IMPROCEDENCIA Establecido lo anterior, procede proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracciones V, 113 y 173, Apartado B, fracción X, en relación con la fracción XIX, todos de la Ley de Amparo. , son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo De los numerales transcritos se desprende que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertirse la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos; por esa razón, si los actos no afectan de manera directa los derechos sustantivos de las partes, tales aspectos podrán hacerse valer como violaciones procesales al promoverse el juicio de amparo contra la determinación que le ponga fin al juicio o procedimiento judicial de que se trate. En ese sentido, una vez analizados tanto la demanda generadora del presente expediente y anexos que se adjuntan a la misma, y los preceptos legales invocados, es factible concluir que la demanda resulta improcedente por lo siguiente: En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, el quince de agosto del año en curso, dentro del toca penal XI-31/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida en la causa penal 83/2017, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, en la que de declaró nula parcialmente dicha sentencia y ordenó la reposición de la misma, para efecto de que el Juez de oralidad valorara las pruebas omitidas en la sentencia de mérito, consistentes en las testimoniales a cargo de Ernesto Mejía Cruz, Leonardo Mejía Figueroa, Juan Carlos Juárez Rico y Ashanti Arteaga Gaona. Lo anterior, patentiza que en el procedimiento de origen no se valoraron las pruebas testimoniarles antes mencionadas, mismas que fueron admitidas y desahogadas el nueve de noviembre del año próximo pasado, lo que constituye la materia de la litis en este juicio. Ahora, para estar en aptitud de analizar los actos que se verifiquen dentro del procedimiento aludido, es necesario observar la regla de procedencia de los actos intraprocesales; es decir, que irroguen una afectación inmediata y directa de los derechos fundamentales de las partes, porque de no ser así, todas las cuestiones relativas podrán ser analizadas si eventualmente se promueve amparo contra la resolución que ponga fin al procedimiento penal. En este orden de ideas, si ya quedó precisado que el acto reclamado es la resolución emitida por el Tribunal de Alzada responsable el quince de agosto del año en curso, dentro del toca penal XI-31/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida en la causa penal 83/2017, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, en la que de declaró nula parcialmente dicha sentencia y ordenó la reposición de la misma, para efecto de que el Juez de oralidad valorara las pruebas testimoniales omitidas en la sentencia de mérito. Entonces, resulta factible afirmar que dicha determinación no vulnera los derechos fundamentales de los quejosos en forma directa e inmediata, sino que únicamente produce efectos formales dentro del procedimiento de origen, que en todo caso, podría tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparistas obtuvieran resolución favorable en la causa penal 83/2017, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar; y en caso contrario, podrán impugnar tales violaciones a través del amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a la causa penal de origen, de ser contrario a los intereses de los impetrantes. Se insiste, porque la sola determinación de que en la sentencia dictada en la causa penal 83/2017 por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, no se valoraron las pruebas ya mencionadas, y al haber declarado el Tribunal responsable la nulidad de la sentencia dictada el doce de abril de dos mil diecinueve, así como decretado la reposición de la misma, a fin de que se valoraran las testimoniales ya referidas, no afecta derechos sustantivos sino que únicamente produce efectos intraprocesales y la afectación jurídica que pudiera resentir los aquí quejosos directos, está supeditada a la valoración que finalmente otorgue el juzgador; de ahí que el acto reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. Ahora en el último de los casos, de ser contrario a sus pretensiones la sentencia definitiva que se llegue a emitir en la causa penal número 83/2017, la parte quejosa podrá impugnar las violaciones que ahora aduce en su libelo, a través del juicio de amparo directo que interponga la respectiva sentencia definitiva. En consecuencia, es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, y 173, Apartado B, fracción X, en relación con la fracción XIX, todos de la Ley de Amparo. Al respecto, resultan aplicables en lo conducente, las tesis y jurisprudencias de los rubros y textos siguientes. "Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión 95/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 6 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 75/2015. Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 55/2015. Operbes y Bestphone, ambas S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza. Queja 100/2015. Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. Amparo en revisión 160/2015. Radiodifusora XETAK-AM, S.A. de C.V. 17 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez. Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Esta tesis se publicó el viernes 1 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 4 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ALEX CHÁVEZ ROJAS, quien se ostenta defensor de Román Salinas Placeres, Jorge Ubaldo Uribe García, Guillermina Zepeda Barajas y María del Carmen Medina Tello, contra actos del Tribunal de Alzada del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. El anterior desechamiento, no ocasiona perjuicio alguno a los quejosos, toda vez que del material probatorio que el tribunal responsable adjuntó a su informe justificado, rendido ante el Tribunal Colegido que declinó la competencia a éste juzgado se advierte su notoria e indudable improcedencia, pues con la sentencia reclamada no se afecta algún derecho sustantivo de los peticionarios del amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Jesús Cázarez Ramírez y Obed Armando García González, con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, y las restantes sin dicha plenitud, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la aludida profesión, lo anterior para los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. SE RECIBE ESCRITO DE DEMANDA DE AUTORIDAD INCOMPETENTE. Por recibido el oficio de cuenta número 6345/2019 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, que contiene inserto el acuerdo de uno de octubre del año que transcurre, escrito original de la demanda de garantías promovida por ALEX CHÁVEZ ROJAS, quien se ostenta defensor de Román Salinas Placeres, Jorge Ubaldo Uribe García, Guillermina Zepeda Barajas y María del Carmen Medina Tello, contra actos del Tribunal de Alzada del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, así como informe justificado de la autoridad responsable, un tomo de pruebas y ocho discos ópticos en formato DVD, derivados de la causa penal 83/2017, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por ALEX CHÁVEZ ROJAS, quien se ostenta defensor de Román Salinas Placeres, Jorge Ubaldo Uribe García, Guillermina Zepeda Barajas y María del Carmen Medina Tello, contra actos de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, deben observarse las siguientes jurisprudencias: "Época: Novena Época Registro: 200232 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: P./J. 51/95 Página: 110 DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes. Contradicción de tesis 32/94. Entre las sustentadas por las anteriores Segunda y Tercera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de octubre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el cuatro de diciembre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 51/1995 (9a.) la tesis que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cinco". "Época: Novena Época Registro: 175619 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 25/2006 Página: 251 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto. Contradicción de tesis 42/2005-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez". AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE IMPROCEDENCIA Establecido lo anterior, procede proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracciones V, 113 y 173, Apartado B, fracción X, en relación con la fracción XIX, todos de la Ley de Amparo. , son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo De los numerales transcritos se desprende que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertirse la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos; por esa razón, si los actos no afectan de manera directa los derechos sustantivos de las partes, tales aspectos podrán hacerse valer como violaciones procesales al promoverse el juicio de amparo contra la determinación que le ponga fin al juicio o procedimiento judicial de que se trate. En ese sentido, una vez analizados tanto la demanda generadora del presente expediente y anexos que se adjuntan a la misma, y los preceptos legales invocados, es factible concluir que la demanda resulta improcedente por lo siguiente: En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, el quince de agosto del año en curso, dentro del toca penal XI-31/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida en la causa penal 83/2017, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, en la que de declaró nula parcialmente dicha sentencia y ordenó la reposición de la misma, para efecto de que el Juez de oralidad valorara las pruebas omitidas en la sentencia de mérito, consistentes en las testimoniales a cargo de Ernesto Mejía Cruz, Leonardo Mejía Figueroa, Juan Carlos Juárez Rico y Ashanti Arteaga Gaona. Lo anterior, patentiza que en el procedimiento de origen no se valoraron las pruebas testimoniarles antes mencionadas, mismas que fueron admitidas y desahogadas el nueve de noviembre del año próximo pasado, lo que constituye la materia de la litis en este juicio. Ahora, para estar en aptitud de analizar los actos que se verifiquen dentro del procedimiento aludido, es necesario observar la regla de procedencia de los actos intraprocesales; es decir, que irroguen una afectación inmediata y directa de los derechos fundamentales de las partes, porque de no ser así, todas las cuestiones relativas podrán ser analizadas si eventualmente se promueve amparo contra la resolución que ponga fin al procedimiento penal. En este orden de ideas, si ya quedó precisado que el acto reclamado es la resolución emitida por el Tribunal de Alzada responsable el quince de agosto del año en curso, dentro del toca penal XI-31/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida en la causa penal 83/2017, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, en la que de declaró nula parcialmente dicha sentencia y ordenó la reposición de la misma, para efecto de que el Juez de oralidad valorara las pruebas testimoniales omitidas en la sentencia de mérito. Entonces, resulta factible afirmar que dicha determinación no vulnera los derechos fundamentales de los quejosos en forma directa e inmediata, sino que únicamente produce efectos formales dentro del procedimiento de origen, que en todo caso, podría tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparistas obtuvieran resolución favorable en la causa penal 83/2017, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar; y en caso contrario, podrán impugnar tales violaciones a través del amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a la causa penal de origen, de ser contrario a los intereses de los impetrantes. Se insiste, porque la sola determinación de que en la sentencia dictada en la causa penal 83/2017 por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, no se valoraron las pruebas ya mencionadas, y al haber declarado el Tribunal responsable la nulidad de la sentencia dictada el doce de abril de dos mil diecinueve, así como decretado la reposición de la misma, a fin de que se valoraran las testimoniales ya referidas, no afecta derechos sustantivos sino que únicamente produce efectos intraprocesales y la afectación jurídica que pudiera resentir los aquí quejosos directos, está supeditada a la valoración que finalmente otorgue el juzgador; de ahí que el acto reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. Ahora en el último de los casos, de ser contrario a sus pretensiones la sentencia definitiva que se llegue a emitir en la causa penal número 83/2017, la parte quejosa podrá impugnar las violaciones que ahora aduce en su libelo, a través del juicio de amparo directo que interponga la respectiva sentencia definitiva. En consecuencia, es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, y 173, Apartado B, fracción X, en relación con la fracción XIX, todos de la Ley de Amparo. Al respecto, resultan aplicables en lo conducente, las tesis y jurisprudencias de los rubros y textos siguientes. "Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión 95/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 6 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 75/2015. Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 55/2015. Operbes y Bestphone, ambas S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza. Queja 100/2015. Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. Amparo en revisión 160/2015. Radiodifusora XETAK-AM, S.A. de C.V. 17 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez. Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Esta tesis se publicó el viernes 1 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 4 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ALEX CHÁVEZ ROJAS, quien se ostenta defensor de Román Salinas Placeres, Jorge Ubaldo Uribe García, Guillermina Zepeda Barajas y María del Carmen Medina Tello, contra actos del Tribunal de Alzada del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. El anterior desechamiento, no ocasiona perjuicio alguno a los quejosos, toda vez que del material probatorio que el tribunal responsable adjuntó a su informe justificado, rendido ante el Tribunal Colegido que declinó la competencia a éste juzgado se advierte su notoria e indudable improcedencia, pues con la sentencia reclamada no se afecta algún derecho sustantivo de los peticionarios del amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Jesús Cázarez Ramírez y Obed Armando García González, con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, y las restantes sin dicha plenitud, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la aludida profesión, lo anterior para los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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