Jorge Vega Arreguin
Expediente 211/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 58 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Vega Arreguin
- Jorge Vega Arreguin y Otros.
- Jesús Lara Pérez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. ACUSE DE RECIBO DE CONSTANCIAS Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, a través del cual informa que por auto de dieciocho de noviembre del año en curso, se avocó al conocimiento del asunto enviado por este órgano jurisdiccional y al efecto informa que al considerar que la demanda que dio origen al señalado juicio de amparo, se encuentra vinculada con la diversa que previamente conoció el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ordenó la remisión de los autos originales recibidos al mencionado órgano jurisdiccional. Por otra parte, intégrese a los autos para que obre como corresponde el diverso oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, por medio del cual informa que en proveído de veintitrés de noviembre de la presente anualidad, aceptó la competencia declinada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En razón de lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, se ordena remitir los cuadernos incidentales relativos al original del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-211/2021, promovido por Jesús Lara Pérez y otro, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Adversarial Región Morelia, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de carácter de terceros interesados a Aurelio Carranza Saavedra, Juan Carlos Sánchez López, José Sánchez García y María Guadalupe Sánchez López, a quienes no fue posible emplazar. Asimismo, en este acto se hace constar y certifica, que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara a este órgano jurisdiccional mayores datos que sirvan para identificar el finado se trata de la misma persona y no de un homónimo de los terceros interesados Aurelio Carranza Saavedra, Juan Carlos Sánchez López, José Sánchez García y María Guadalupe Sánchez López, transcurrió del veinticinco al veintisiete de octubre del año en curso, sin que lo hubiere proporcionado. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede y en torno a la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término concedido en auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa hubiere realizado manifestación al respecto; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento y se procede a la celebración de la audiencia en su perjuicio. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede y base Salvatierra Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en cuaderno de pruebas por separado la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe justificado, mismas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación, formuló alegatos, a través de su pedimento número 420/2022 recibido por este juzgado el dieciocho de enero de la presente anualidad. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VIII-211/2021, promovido por Jesús Lara Pérez y otro, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Adversarial Región Morelia, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil veintiuno, y registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, mismo del que por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado federal, Jesús Lara Pérez y otro, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que señalaron en su escrito de demanda y el acto que precisaron de la siguiente manera: ".Señalamos como acto reclamado, el dictar una ilegal orden de aprehensión girada en nuestra contra, pretendiendo privarnos de nuestra libertad personal, lesionando las garantías constitucionales que a mi favor de contienen en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución General de la República, y el cumplimiento que de dicha orden de aprehensión y/o reaprehensión que girada en nuestra contra se pretende realizar por parte de las autoridades ejecutoras que hemos señalado como responsables..." SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente VIII-211/2021; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, estima carecer de competencia por razón de territorio acorde con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De lo anterior se desprende, que el precepto legal transcrito, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, mismas que son las siguientes: a) La primera, refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) La segunda, establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera, contempla que es competente el juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Por otro lado, el artículo Cuarto, fracción XI, párrafo segundo del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de ese año, refiere lo siguiente: "(.) XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarímoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria. (.)." En ese sentido, se estima actualizada la primera regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado; debido a que la parte quejosa reclama la: La orden de aprehensión y/o reaprehensión girada en contra de los aquí quejosos y su cumplimiento. Ahora, del contenido del informe justificado rendido por las responsables: Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad; y, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, se advierte que niegan el acto a ellas reclamado Pese a lo manifestado por las autoridades responsables de referencia, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados. Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado; sin embargo, no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En lo que corresponde a las autoridades responsables: Juez de Control Oral en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede y base Salvatierra; y, Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con residencia en Salvatierra, Guanajuato; Aceptaron la existencia del acto que les fue reclamado. De lo que se colige que el acto reclamado en esta vía constitucional habrá de ejecutarse por autoridades responsables residentes en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. Por tanto, como ya fue adelantado, este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio, para conocer la demanda de garantías que promueven Jesús Lara Pérez y Jorge Vega Arreguín; y que aquélla se surte en favor de un Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en Celaya; porque la ejecución del acto reclamado tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción el citado juzgado federal. No pasa inadvertido que los quejosos señalaron que su domicilio se encuentra en esta ciudad de Morelia y que ahí supuestamente se trató de ejecutar la orden de aprehensión reclamada. Ello porque las autoridades ordenadora y ejecutora, de esta ciudad, como se dijo negaron los actos reclamados; de forma que es inconcuso que no podrán llevar a cabo los actos reclamados en el lugar donde este juzgado ejerce su competencia. En cambio, las responsables de Salvatierra, Guanajuato aceptaron los actos. De no acordarse así, se dejaría al arbitrio del quejoso determinar la competencia territorial a su elección. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Máxime que constituye un hecho notorio que en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, se resolvió el juicio de amparo 14/2021, el catorce de abril de dos mil veintiuno, promovido por otros quejosos; pero contra el mismo acto reclamado. Lo que también se refirió en el informe justificado rendido por el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato. En consecuencia, se ordena remitir el presente juicio constitucional, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, que se considera competente, previo cuaderno de antecedentes que se forme; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia visible en la página 12, Tomo 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.". Los criterios jurisprudenciales citados se invocan aún cuando se integraron conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, CARECE DE COMPETENCIA para resolver el presente juicio de amparo promovido por Jesús Lara Pérez y otro. Se ordena la remisión de los autos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato con residencia en Celaya, acorde a lo expuesto en el considerando único de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Mrc*
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, mediante oficio que derive del presente proveído, infórmese a la autoridad en cita que el juicio de amparo en que se actúa, se encuentra en trámite, pendiente de lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada, de lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintidós. ESTADO DE LOS AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de doce de septiembre pasado se requirió a la parte quejosa a efecto de que informa a este juzgado si es que cuentan con mayores datos respecto al domicilio de los terceros interesados Juan Carlos Sánchez López, María Guadalupe Sánchez López y José Sánchez García, en donde puedan ser emplazados a juicios los mismos. Ahora, como en autos se advierte que las autoridades requeridas en autos proporcionaron distintos domicilios a nombre de los terceros interesados en mención, sin tener certeza que se trate de los terceros señalados o bien de un homónimo. En consecuencia, requiérase de nueva cuenta y por última ocasión a la parte quejosa a fin de que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste a este órgano jurisdiccional mayores datos que sirvan para identificar que los datos proporcionados en autos, se tratan de la misma persona y no de un homónimo. APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que en caso de no dar contestación, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Lo anterior, aunado a que no hacerlo, se celebrará la audiencia en su perjuicio DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste
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