Josafat Hiram Domínguez Palacios

Expediente 527/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
527/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Josafat Hiram Domínguez Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2, se declara que dicha determinación ha causado estado. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). *****

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés Vista la demanda promovida por ********************, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz y otra autoridad ANOTACIONES Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 527/2023-I-B que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno Impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de ese año. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE Y A LA OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ésta se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS En esencia, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe se lee DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se materializa. Con base en lo expuesto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; De dicho precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas dentro de un diverso juicio de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar actos de otro órgano de la misma naturaleza, porque ello implicaría un juicio de amparo contra actos de otro juicio de amparo, provocando la inseguridad a través de amparos interminables. Otro punto a destacar es que el precepto transcrito no distingue entre las decisiones que se tomen sobre aspectos de fondo de los juicios de amparo, de los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria, o bien, se trate de determinaciones adoptadas en el incidente de suspensión relativo; de tal manera que no es dable promover demanda de amparo en contra de cualquier resolución dictada dentro del mismo o cualquier incidente que derive de éste, entre ellos, el incidente de suspensión del acto reclamado; lo que resulta lógico, si se atiende a que el motivo de improcedencia en cuestión descansa en el principio de que está prohibido promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro de la misma naturaleza, pues de lo contrario, se suprimiría el carácter de extraordinario del primero de ellos. En efecto, jurídicamente no es posible que en un juicio de amparo se analicen resoluciones dictadas en un diverso juicio de amparo o en ejecución de las mismas, aunque se aduzca que son violatorias de derechos fundamentales. Lo anterior es así, toda vez que si bien de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa con que cuentan los gobernados para reclamar contravenciones a los derechos humanos ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, lo es el juicio de amparo, lo cierto es que en el juicio de derechos fundamentales no existe la posibilidad de analizar supuestas violaciones a esos derechos fundamentales cometidas por las autoridades que tramiten un diverso juicio de amparo. Actuar de forma contraria, es decir, si se permitiese ejercer un medio de control constitucional sobre otro, ello podría dar lugar a una cadena interminable de juicios de amparo, lo que sería un contrasentido; es por ello que en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el legislador estableció que el juicio de amparo es improcedente "Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". Sin que lo antes expuesto signifique que los actos efectuados por los juzgadores en la tramitación, resolución o ejecución de los juicios de amparo, no se encuentren sujetos a cumplir con las formalidades legales, o que no puedan ser impugnados por la parte que estime que con su emisión se ha infringido alguno o algunos de sus derechos. Lo anterior es así, ya que si fuere el caso, el inconforme tiene la posibilidad de impugnar tales actuaciones acaecidas en el juicio de amparo a través de los incidentes o recursos correspondientes, que para tal efecto prevé la propia ley de la materia, inclusive aun cuando no sea parte en aquél juicio de amparo. No obstante lo anterior, en ningún caso procede el juicio de derechos fundamentales contra tales actos, en tanto que, como ya se mencionó, ello implicaría que se ejerciera un control constitucional sobre otro, desnaturalizándose así la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, en perjuicio de los gobernados, que es precisamente el juicio de amparo. De ahí, que en contra de las resoluciones dictadas en un juicio de amparo - ya sea decretos, autos o sentencias -, no es factible jurídicamente promover un diverso juicio de garantías, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. Al respecto es ilustrativa, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Tesis: XII.1o.4 K, Enero de 1996 página 305, que en su título y texto establecen: JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo. En ese orden, debe concluirse que las actuaciones en un juicio de amparo de los órganos de control constitucional, como son, entre otros, los Juzgados de Distrito, si bien pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la Ley de Amparo lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos; lo cierto es que ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído dictado en un juicio de garantías o dentro de la etapa de ejecución o cumplimiento, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio de amparo. Por tanto, resulta inconcuso que conforme a la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, las resoluciones, ya sea de fondo, interlocutorias o de trámite, dictadas dentro de un juicio de derechos fundamentales, en el incidente de suspensión, en la etapa de cumplimiento o en los recursos que deriven de ese juicio, no pueden ser reclamadas, sin excepción alguna, mediante otro juico de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis LXX/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83, del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 182624, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal También brinda apoyo la tesis IV.1o.7 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 503, Novena Época, Materias(s): Común, registro digital 196832, de texto: IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional Bajo ese orden de ideas, si en el caso concreto, el acto reclamado por el quejoso deriva de las actuaciones realizadas en el aludido juicio de amparo indirecto 87/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, como en lo es el que se le haya desechado de plano el incidente de nulidad de notificación, ello hace improcedente la demanda que nos ocupa, dando vida de manera clara y manifiesta a la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Circunstancia que se hace extensiva al diverso acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca, con motivo de que fue combatido en vía de consecuencia y no por vicios propios. Así las cosas, con apoyo en el artículo 113 de la propia ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, por así haberlo solicitado. DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en ********************. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir las actuaciones que obren en el expediente físico pues, como se precisó en párrafos que anteceden, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente, por tanto, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los Secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al promovente

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