Jorge Tovar Cornejo
Expediente 290/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Tovar Cornejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por Jorge Tovar Cornejo, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Vista el acta de comparecencia que antecede, de la que se desprende que el quejoso **********, reconoció como suyas las firmas que calzan tanto el escrito inicial de demanda, como el ocurso registrado en la Oficialía de Partes de este Juzgado con el número 3196; así como el contenido de ambos documentos. En razón de lo anterior, con el escrito mencionado en segundo término en el parágrafo que antecede, ********** desahoga a cabalidad la prevención que le fue realizada en auto de tres de marzo de dos mil dieciséis, pues al efecto proporcionó bajo protesta de decir verdad, los datos requeridos; por lo que se deja insubsistente el apercibimiento contenido en dicho acuerdo. En tal sentido, se levanta la reserva contenida en auto de veintisiete de marzo pasado; por tanto, vista la promoción del quejoso registrada con número 03256 (foja 80); atento a su contenido téngasele aclarando que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, ni atribuirle acto alguno, en virtud de lo cual en este asunto no se ocupará más de dicha autoridad. Por tanto, con relación a la demanda de garantías formulada, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado, atribuido al Juez Tercero Civil de Partido en Celaya, Guanajuato en forma destacada, la resolución dictada en el recurso de revocación de nueve de febrero de dos mil diecisiete (fojas 39 a 42), que confirmó el auto de diecisiete de enero del actual año, por virtud del cual se dejó sin efecto la diligencia de remate de dos de diciembre de dos mil dieciséis, respecto del inmueble ubicado en calle ***; dentro de los autos del juicio especial hipotecario número ***. De los antecedentes de los actos reclamados expuestos por la parte solicitante de la tutela federal en su ocurso constitucional, bajo protesta de decir verdad así como de las documentales públicas que obran agregadas al sumario, recabadas oficiosamente, emergen los siguientes datos relevantes del caso: El quejoso figura como parte actora en el juicio especial hipotecario número ***, del índice del Juzgado que preside el juez responsable, y como demandada **********. Que el dos de diciembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la diligencia de remate en primera almoneda ordenada dentro de la etapa de ejecución del juicio subyacente, respecto del bien inmueble ubicado en calle Seiso Furuya número trescientos veintisiete, fraccionamiento Residencial Tecnológico, Lote 32, manzana 20, con una superficie de 90 metros cuadrados, en esta ciudad, cuenta catastral 05-10-169-000-000, cuenta predial H-003006-001; en la que se declaró fincado el remate a favor del quejoso **********, por tratarse de un acreedor preferente. En dicha diligencia, se tuvo al impetrante comprometiéndose al pago del crédito líquido que deriva del diverso juicio laboral número ***, promovido por ********** contra **********, debiendo realizar el pago referido dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo, se declararía sin efecto la audiencia de remate, citándose de nueva cuenta a la almoneda correspondiente. No conforme, el agraviado interpuso recurso de apelación contra la audiencia de remate, específicamente contra el requerimiento de pago del mencionado crédito laboral con apercibimiento de dejar sin efecto el remate para el caso de no realizar el pago -en el plazo de tres días- precisado en el parágrafo que antecede. Medio de impugnación que fue admitido y actualmente en trámite. Posteriormente, el diecisiete de enero del actual año y a petición de la demandada, el Juez Civil señalado como responsable, hizo efectivo el apercibimiento inserto en la audiencia de remate descrita, dejando sin efecto la misma, al no haber realizado el hoy quejoso el pago derivado del juicio laboral supracitado. Inconforme con dicha determinación, el mandatario del aquí agraviado promovió recurso de revocación que fue resuelto el nueve de febrero de dos mil diecisiete, confirmando el auto materia del recurso; resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia judicial. En la resolución debatida, se estableció que contra la diligencia de remate de dos de diciembre de dos mil dieciséis, el impetrante **********interpuso recurso de apelación, pendiente de remisión a la alzada para su sustanciación, que por ello sería el tribunal de segunda instancia quien determine lo conducente. Sentado lo anterior, se advierte que aparece y se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que establece: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.] Del precepto transcrito, se desprende que para que se pueda actualizar dicha causal de improcedencia, deben concurrir las siguientes circunstancias: Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la inbsubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Supuestos que en el caso se satisfacen, pues de las copias certificadas del juicio especial hipotecario número ***, emerge que el impetrante interpuso recurso de apelación contra la audiencia de remate de dos de diciembre de dos mil dieciséis, específicamente contra el requerimiento de pago del mencionado crédito laboral con apercibimiento de dejar sin efecto dicho remate para el caso de impago. Medio ordinario de defensa que fue admitido y que a la fecha se encuentra en trámite, pues así lo manifestó el juez del conocimiento; el cual es el idóneo para que en su caso, la Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que por razón de turno conozca del recurso, pueda modificar, revocar o nulificar la resolución ahí impugnada; por ende, también revocar o nulificar la interlocutoria que en forma destacada se reclama en esta vía constitucional, toda vez que ésta resulta ser consecuencia necesaria de la que es materia de la apelación de mérito, en tanto que deriva de haber hecho efectivo el apercibimiento por el impago del crédito laboral en cita. De ahí que sea clara y manifiesta la causal de improcedencia en trato. Máxime que el propio juez del conocimiento expresó en la interlocutoria debatida, que confirmaba el auto recurrido por encontrarse pendiente la apelación que propuso el quejoso contra la audiencia de remate y que sería la alzada quien determinaría lo conducente. En otro orden de ideas, con los antecedentes descritos en la presente resolución, también se advierte fehacientemente que el procedimiento civil subyacente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y que la resolución reclamada en forma destacada no es la última de esa etapa. De igual forma, también se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto se invoca, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. " En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que en el procedimiento de remate aún no se ha ordenado la entrega de la posesión del inmueble adjudicado; como tampoco se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente; lo anterior, porque como se indicó en párrafos que preceden el acto reclamado lo constituye la resolución dictada en el recurso de revocación de nueve de febrero de dos mil diecisiete, que confirmó el auto de diecisiete de enero del actual año, por virtud del cual se dejó sin efecto la diligencia de remate de dos de diciembre de dos mil dieciséis, respecto del inmueble ubicado en calle ***, cuenta catastral ***número ***. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido contra el acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, o bien, en los procedimientos de remate, la última resolución, considerada ésta como aquélla que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, lo que en el caso no ha sucedido pues aún no se ha ordenado otorgar la escritura respectiva, ni la posesión, según se advierte de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Es aplicable al particular, tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016 (10a.), con registro 2011474, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." También es aplicable al caso, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2005, consultable en la página 231, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." No obsta a lo que precede que el acto reclamado tienda a obstaculizar momentáneamente la marcha natural del procedimiento de ejecución, porque se insiste, el propio impetrante interpuso recurso de apelación contra la audiencia de remate de dos de diciembre de dos mil dieciséis, donde se le requirió para que exhibiera el numerario por el crédito laboral de mérito, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda se encontraba pendiente de resolución; lo que evidencia que la diligencia de remate antealudida, se encuentra supeditada a la decisión que asuma la Sala que por razón de turno conozca y resuelva el medio de impugnación interpuesto, con lo cual si revoca el acto apelado entonces se desvanecerán sus consecuencias, esto es, el proveído que hizo efectivo el apercibimiento en la propia audiencia de remate y con ello la resolución reclamada en forma destacada. En cambio, si la sala confirma el acto sometido a su potestad, entonces el quejoso podrá impugnar dicha resolución de alzada - como acto destacado - a través de esta vía constitucional, con lo que se estima que no queda en estado de indefensión. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, agréguese al sumario el escrito de cuenta que suscribe **********; téngasele por realizando las manifestaciones a que alude y dígasele que este juzgado reserva acordar lo conducente, hasta en tanto cumpla con el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de marzo pasado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, agréguese al sumario el escrito de cuenta cuya firma difiere de la plasmada por *********, en su carácter de quejoso en el escrito inicial de demanda (foja 15), sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía; en esa circunstancia, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código invocado, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, se presente en día y hora hábil en este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifique y reconozca el contenido y firmas de los escritos cuestionados. Apercibido que de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta, con las consecuencias legales conducentes. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia 3a./J.24; emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera parte, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la foja trescientos ochenta y cinco, cuyo rubro es el siguiente: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Así como la diversa II.1o.11/9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos setenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro: FIRMA. CUANDO ES NOTORIAMENTE DISTINTA.
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