Jorge Sergio González García
Expediente 173/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Sergio González García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintisiete de abril del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por *****, por su propio derecho y en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de *****, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Comparecencia. Agréguese a los autos la comparecencia por la que *******, ratifica el contenido y firma del escrito 2361, por el que atiende la prevención formulada en autos. Improcedencia de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda y el escrito de desahogo de la prevención, se advierte una causa de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio se desprenden los siguientes antecedentes: Se denunció la sucesión a bienes de *******, juicio que fue radicado con el número 216/2017 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato. El quejoso promovió acción de nulidad de testamento incoada contra la sucesión a bienes de ******, que fue registrada con el número C445/2017 del Juzgado Tercero de Partido Civil en esta ciudad. Dicha nulidad fue acumulada a la controversia de sucesión. Encontrándose el juicio en etapa de pruebas, se ofreció en autos la prueba pericial psiquiátrica, presentando cada parte su perito, y el juzgado designó para tal efecto a ******. Una vez presentado el dictamen, se promovió recusación en contra de la perito ********. El veinte de marzo de dos mil veinte, se decretó improcedente la recusación formulada por la tercera ***** en contra de la perito *******, al haberse promovido el incidente respectivo en forma extemporánea. Inconforme con dicha determinación la tercera interesada interpuso apelación en efecto devolutivo, el que se registró con el toca 22/2021. El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, revocó la sentencia de veinte de marzo de dos mil veinte, pues determinó que no podía entenderse extemporánea su promoción (acto reclamado). Acto reclamado. En tal virtud, del análisis del libelo constitucional, se desprende que el promovente reclama de manera destacada la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca civil 22/2021, a través de la cual la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, revoca el auto de veinte de marzo de dos mil veinte, en el cual se determinó que era improcedente la recusación formulada por la tercera ****** en contra de la perito *******. Causal de improcedencia. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que deviene de relacionar los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo. Violaciones procesales. Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Violaciones procesales en los juicios sucesorios. Ahora bien, conviene mencionar que la sucesión constituye un juico de carácter universal que se compone de cuatro etapas: a) la de sucesión, que en su caso comprende la declaración de validez de testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores; b) la de inventarios y avalúos; c) la de administración; y, d) la de partición y adjudicación. Establecido lo anterior, conviene precisar que aun cuando la última de las etapas mencionadas guarda relación con las tres anteriores, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación, ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio. Las tres primeras secciones concluyen mediante resoluciones por separado, cada una de las cuales adquiere firmeza para las partes que intervinieron; no obstante, son impugnables una vez cumplido el principio de definitividad, mediante amparo indirecto. Las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque este solamente procede en contra de la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión. Ahora bien, las violaciones ocurridas durante la cuarta sección, serán reclamadas una vez que se dicte la resolución relativa a la partición y adjudicación de los bienes, la que será a través de la cual se ponga fin a la totalidad del juicio sucesorio; por tanto, dichas violaciones solo podrán ser reclamadas en amparo directo. Resulta aplicable la tesis I. 14o.C.83 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en julio de dos mil once, tomo XXXIV, página 2258, de rubro siguiente: "SUCESIONES. CUARTA SECCIÓN. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES PROPIAS DE ESA ETAPA PROCEDIMENTAL." Así como la diversa tesis I.3o.C.439 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en enero de dos mil cuatro, tomo XIX, página 1546, cuyo rubro es el siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULOS PARA SU CONCLUSIÓN". Desechamiento. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado descrito no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Lo anterior, porque el acto reclamado es la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca civil ****, a través de la cual la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, revoca el auto de veinte de marzo de dos mil veinte, en el cual se determinó que era improcedente la recusación formulada por la tercera ****** en contra de la perito *******. De ahí que, el acto reclamado de referencia atañe a cuestiones de trámite, lo que versa sobre un tema de índole formal o adjetivo, y no lesiona derechos sustantivos de la parte quejosa, para llegar a ser calificados como actos de imposible reparación. En ese sentido, las violaciones de que se trata, por regla general, son reclamables en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 de la Ley de Amparo, por no ser actos que traigan aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que solo afectan derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. Bajo ese contexto, es inconcuso que lo reclamado ante esta potestad federal, constituye cuestiones de derecho procesal que no generan afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que con los mismos no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos del promovente, dado que antes bien, dichos derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia que se dictara a favor del agraviado (dentro del juicio de nulidad de testamento) podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la misma fuera en contra de la afectada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través de los medios ordinarios de defensa y, en su caso, por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento, que no es de imposible reparación; es inconcuso que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia; consecuentemente, se desecha de plano la demanda.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, agréguese el escrito de cuenta, en el cual, la firma a nombre de *****, difiere de la plasmada en la demanda de amparo. Sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía; se insertan las siguientes imágenes para mayor claridad: En esa línea de pensamiento, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código invocado, requiérase a José Sergio González García, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, se presente en este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifique y reconozca el contenido y firma del escrito cuestionado; apercibida que de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos, se tendrá por no presentado con las consecuencias legales conducentes. En apoyo de la anterior determinación cabe citar la jurisprudencia de la Tercera Sala número 258, Octava Época, visible en la página 174 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, materia común, con número de registro 394214, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Además de que este juzgado tiene la facultad de, aún con la ratificación, ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, para verificar la autenticidad de la firma de los ocursos de mérito, tal como se sustenta en la jurisprudencia 2a. /J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES". En la inteligencia de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". En el entendido que, para la ratificación de la aludida firma, será necesario que la parte promovente gestione de inmediato una cita en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, a fin de dar cumplimiento al presente requerimiento. Se puntualiza que la cita deberá agendarse dentro de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, en días hábiles, al ser el horario asignado por el Consejo de la Judicatura Federal para que este órgano jurisdiccional realice labores presenciales; además, deberá respetar y acatar los lineamientos que en materia de prevención de contagios se han adoptado.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, que establece: "Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, agréguese el escrito de cuenta, en el cual, la firma a nombre de *****, difiere de la plasmada en la demanda de amparo. Sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía; se insertan las siguientes imágenes para mayor claridad: En esa línea de pensamiento, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código invocado, requiérase a José Sergio González García, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, se presente en este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifique y reconozca el contenido y firma del escrito cuestionado; apercibida que de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos, se tendrá por no presentado con las consecuencias legales conducentes. En apoyo de la anterior determinación cabe citar la jurisprudencia de la Tercera Sala número 258, Octava Época, visible en la página 174 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, materia común, con número de registro 394214, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Además de que este juzgado tiene la facultad de, aún con la ratificación, ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, para verificar la autenticidad de la firma de los ocursos de mérito, tal como se sustenta en la jurisprudencia 2a. /J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES". En la inteligencia de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". En el entendido que, para la ratificación de la aludida firma, será necesario que la parte promovente gestione de inmediato una cita en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, a fin de dar cumplimiento al presente requerimiento. Se puntualiza que la cita deberá agendarse dentro de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, en días hábiles, al ser el horario asignado por el Consejo de la Judicatura Federal para que este órgano jurisdiccional realice labores presenciales; además, deberá respetar y acatar los lineamientos que en materia de prevención de contagios se han adoptado."
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