Jorge Sinuhe Osorio Sousa .
Expediente 920/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Sinuhe Osorio Sousa .
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto el oficio que suscribe el Secretario del Consejo de Salubridad General, en suplencia por ausencia del Presidente de dicho órgano, por el cual rinde su informe justificado; agréguese sin mayor proveído, en razón de que por acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto y el veintitrés de mayo pasado, se declaró firme dicho proveído y ordenó el archivo como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos, sólo para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Consejo de Salubridad General, en suplencia por ausencia del Presidente de dicho órgano, mediante el cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada; lo anterior, en virtud de que el veintitrés de mayo del año en curso se decretó la firmeza del sobreseimiento fuera de audiencia y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en razón de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto, queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes, toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, que a la letra dice: Recepción de informe justificado. Agréguense los informes justificados que rinde el Subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Director General de Epidemiología, Secretario del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del titular de la Secretaría de Salud, y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (señaladas como autoridades responsables en este juicio constitucional), en los que niegan y aceptan el acto reclamado; de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Domicilio y delegados. Téngase como domicilio para recibir notificaciones, el que indica; y como delegados en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo, a las personas que relaciona en el ocurso de cuenta. Formulación de manifestaciones. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando manifestaciones en vía de alegatos. Firma electrónica. De igual manera, téngase a las oficiantes manifestando que, no cuentan con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.Firma), y derivado de ello, se carece de usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación del texto transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos en forma absoluta, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Sobre el tema, se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, toda vez que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por Jorge Sinuhe Osorio Sousa, en representación de sus menores hijos de iniciales P.O.Z y D.O.Z., reclamando de diversas autoridades, en lo esencial, la omisión de aplicar a los infantes la vacuna contra el Covid-19. En esa misma data se admitió la demanda y se concedió la suspensión de plano para que le fuera aplicado el biológico. En respuesta a ello, y respecto del menor D.O.Z., la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el director interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, mediante misivas registradas respectivamente con los números 11105 y 414, informaron que se inmunizó con dos dosis del fármaco respectivo al menor en cita, exhibiendo para tal efecto las constancias relativas; por lo que, se procedió a dar vista a la parte quejosa a efecto de que corroborara tal información, sin embargo al haber sido omisa en hacer manifestación alguna, el diez de febrero pasado se entendió que la menor si había recibido las dosis señaladas. Ahora bien, en virtud de que no se tenía información sobre la inoculación de la diversa menor de iniciales P.O.Z., mediante proveídos de diez de febrero, nueve y dieciocho de marzo, se requirió a la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, así como a la parte quejosa, a efecto de que informaran si dicha menor había recibido alguna dosis de la vacuna contra el virus SARS Cov-2; por lo que, en respuesta a ello: Mediante misiva registrada con el número 3413, el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, manifestó no contar con el comprobante de vacunación, ya que los registros e información respecto de las personas que se han vacunado con el biológico contra el virus SARS-Cov2 Covid-19, es procesada por la autoridad federal; sin embargo, tuvo conocimiento que a la mencionada menor le fue aplicada la dosis del biológico en diversa institución de la de su representada; y, En relación a la parte quejosa, fue omisa en hacer manifestación alguna, no obstante de estar debidamente notificada y habérsele apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto se entendería que la menor ya había recibido la dosis de la vacuna; razón por la que, el doce de abril pasado se hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de tenerse por entendido que la menor ya había sido inoculada. Bajo las anteriores circunstancias, se puede advertir la actualización de la causal de improcedencia antes citada, en virtud de que al haberse inoculado a los menores de iniciales P.O.Z y D.O.Z., contra el Covid-19 ha cesado en sus efectos la conducta omisiva reclamada. Así pues, dado que la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, es que se justifica la improcedencia, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Por ende, acorde con lo anterior y con el estado de autos, se concluye que se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por tanto, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la citada legislación, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, resulta irrelevante que el Presidente del Consejo de Salubridad General no hayan rendido su informe justificado ni obre al acuse de recibo por el cual se le requirió, puesto que en nada cambiaría el sentido de los actos materializados que trajeron como consecuencia la cesación de efectos aquí planteada. Atento a lo que antecede, resulta innecesario verificar la audiencia constitucional programada para las once horas con treinta y siete minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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