Jorge Resendiz Hernández
Expediente 23/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Jorge Resendiz Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, por el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído y, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***y firmada electrónica por ***, quien se ostenta como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de autos, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, con residencia en esta ciudad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 23/2021. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Del anterior criterio jurisprudencial, se advierte que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Por no existir manifestación de la voluntad. Ahora, del contenido de la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6 del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que no contiene firma electrónica del quejoso ***, por lo que procede desechar la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto dichos artículos refieren: *** De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directo interesado o, en su caso, su representante legal o su apoderado, salvo en excepción de que se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Al efecto, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa" Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, su representante legal o apoderado, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; cuando no saben hacerlo o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario, no existe la manifestación de voluntad del interesado. En el caso que nos ocupa, la demanda de cuenta no se encuentra firmada electrónicamente por el quejoso Jorge Reséndiz Hernández, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita electrónicamente por el interesado, su representante legal o su apoderado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente; por tanto, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el artículo 3 de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa, de ahí que cuando se promueve el juicio de amparo indirecto, vía electrónica, es necesario contar con la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda de donde se advierta indubitablemente la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió o, en su caso, la e.firma (antes denominada FIEL), para estimar satisfecho el principio de instancia de parte agraviada; de lo contrario, deberá desecharse la demanda de amparo. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda que nos ocupa. No pasa a la consideración del suscrito juzgador que en el escrito inicial de demanda cuente con firma autógrafa del promovente; ya que al haber optado por la promoción de ésta, en la vía electrónica, la falta de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), en su caso, la e.firma (antes denominada FIEL), no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, acorde con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación. Sin que se desatiendan los criterios de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA" y "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LÍNEA. SI CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA, PERO EXISTE INDICIO DE QUE SE FIRMÓ DE MANERA AUTÓGRAFA, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE FUE FIRMADA POR EL QUEJOSO Y, POR TANTO, NO DEBE DESECHARSE, SINO REQUERIR AL PROMOVENTE ", ya que, por lo que ve a la jurisprudencia 1a./J. 24/2018, ésta es emitida por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal y la tesis I.6o.P.13 K es tesis aislada emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cabe destacar que inclusive se trata de un circuito diverso al que el suscrito se encuentra adscrito, las cuales contienen criterios contrarios a lo establecido en la jurisprudencia invocada (P./J. 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y, que acorde con el artículo 217 de la ley que rige la materia, es de observación obligatoria para el suscrito y preferente sobre las demás. En suma, dichos criterios establecen que la ausencia de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es un requisito equiparable a los previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo y que la existencia de una firma autógrafa da la presunción de la manifestación de la voluntad, ambos subsanables a través de la figura de la prevención, por lo que son contrarios a la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal. Tampoco se desatiende que dicho escrito inicial de demanda se encuentra firmado electrónicamente por ****(al cual según se advierte de la demanda apenas se le está designando como autorizado del quejoso en términos del párrafo segundo, última parte, del artículo 12 de la Ley de la Materia, a saber, para recibir notificaciones e imponerse de autos); empero, con ello no se puede tener por externada la voluntad del promovente ***, dado que era necesario que la persona que firma la demanda fuera apoderado o representante legal de dicha parte, lo que en la especie no acontece. Esto es así, puesto que no existe manifestación de voluntad del impetrante de designarlo como su autorizado con tal carácter y, de considerar lo contrario, se llegaría al absurdo de que cualquier persona con firma electrónica promoviera en nombre de otro, sin la autorización de este último. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1.- Quejoso: ***. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el despacho ubicado en ***, zona centro de esta ciudad. b. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, al licenciado ***, por acreditar su carácter de abogado; y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a los licenciados *** y pasante de derecho Flores ***. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Notificación a las partes. En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autorizan las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VIII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
- Principal
agréguese para que surta sus efectos legales el escrito y oficio presentado por el Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en representación del Gerente de Unidades de Riego de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola en la Ciudad de México, autoridad responsable en el presente juicio, y téngasele interponiendo recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada el doce de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual, por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio y en otra se concedió el amparo y la protección de la justicia federal. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable, interponiendo dicho medio de impugnación, fórmese cuadernillo de antecedentes, córrase traslado a las partes con el mencionado escrito de expresión de agravios, y dentro del término de tres días, contados a partir de que se encuentra debidamente integrado el expediente en que se actúa, remítanse los presentes autos al tribunal de alzada en turno, para la debida substanciación del recurso interpuesto.
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