Jorge Paul Favela Rodriguez

Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 34 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
720/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Paul Favela Rodriguez
  • Subsecretario de Ingresso del Estado de Durango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    CITATORIO: PARTE QUEJOSA. PROVEIDO 21-DICIEMBRE-2022 Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En la especie, *****, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Subsecretaría de Ingresos del Estado de Durango. Dirección de Recaudación del Estado de Durango. Recaudación de Rentas de Durango/ Centro Multiplaje 20 de Nov [.]" "ACTOS RECLAMADOS El acto de cobro a través de la boleta de pago con número de referencia: *****, emitida el primero de junio de 2021. Cobro que carece de fundamentación y motivación" Mediante escrito de data veintiséis de julio del año anterior, el quejoso amplió su escrito inicial, como sigue: "AUTORIDADES RESPONSABLES H. Congreso del Estado de Durango. El Gobernador Constitucional del Estado de Durango. El Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango. El Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. El Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad". ACTOS RECLAMADOS Además de los actos reclamados en la demanda de amparo inicial, de las autoridades responsables reclamo la inconstitucionalidad de artículo 52, fracción I, que establece el derecho de inscripción por parte del registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la siguiente forma: Del H. Congreso del Estado de Durango se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación y expedición. Del Gobernador Constitucional del Estado se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Así como su aplicación. Del Director del Periódico Oficial del Estado, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aplicación" Finalmente, en ocurso de trece de septiembre de la anualidad próxima pasada, el impetrante amplió nuevamente la demanda, contra: "AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- H. Congreso del Estado de Durango. 2.- El Gobernador Constitucional del Estado de Durango. 3.- El Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango. 4.- El Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 5.- El Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad". ACTOS RECLAMADOS Además de los actos reclamados en la demanda de amparo inicial y su ampliación, de las autoridades responsables reclamo la inconstitucionalidad de los artículos 13 al 18 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango: que establece el impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado, de la siguiente forma: Del H. Congreso del Estado de Durango, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación y expedición. Del Gobernador Constitucional del Estado se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Así como su aplicación. Del Director del Periódico Oficial del Estado, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aplicación" Mediante resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó el juicio de amparo contra los actos reclamados del Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango y al Director del Registro Público y del Comercio de esta ciudad (acto aplicativo), así como al Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial (inconstitucionalidad de los artículos 52, fracción I y 13 al 18 Bis de la Ley de Hacienda); por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal contra el recibo de cobro que se reclamó a la Subsecretaría de Ingresos del Estado de Durango, la Dirección de Recaudación del Estado de Durango y Recaudación de Rentas de Durango. Los efectos de tal veredicto, fueron los siguientes: [.] - La Dirección de Recaudación de Rentas de Durango, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, devuelva el pago identificado en el recibo de pago exhibido por la parte quejosa, únicamente por las cantidades pagadas por concepto de los impuestos al Fomento de la Educación Pública en el Estado sin que deba reintegrársele lo correspondiente al subsidio que le fue otorgado. En el entendido de que deberá entregarse debidamente actualizada conforme al Código Fiscal del Estado de Durango, desde la fecha en que se realizó el pago hasta aquella en que la devolución se realice. La presente concesión no implica la inaplicabilidad a la quejosa de las normas referidas, para actos diversos a los aquí precisados, únicamente en torno al Impuesto al Fomento de la Educación, dada la extemporaneidad de la promoción del juicio según lo analizado en el considerando respectivo. [.] Inconforme con lo anterior, la parte quejosa promovió el recurso de revisión del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad y mediante ejecutoria de treinta de junio del año en curso, confirmó la sentencia recurrida. El catorce de julio de este año, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria. Para ese fin, el Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, mediante oficio SFA-PF-DJA-0612-16218/2022 de siete de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual anexó la transferencia electrónica al quejoso ***** a cargo del banco ****, por la cantidad de $***** (*****pesos 74/100 moneda nacional), de los cuales $***** (***** pesos 23/100), corresponden al pago efectuado y $*****(d***** pesos 51/100) a la parte actualizada. Con dicho cumplimiento, se dio vista al impetrante sin que realizara manifestación alguna. En mérito de lo anterior, se estima que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Subprocurador Fiscal de Finanzas y de Administración del Gobierno del estado y anexo, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de manera personal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese el oficio signado por el Subprocurador Fiscal de Finanzas y de Administración del Gobierno del estado y anexo, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de manera personal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vistos los presentes autos, se advierte que el ocho de noviembre del año en curso, se advierte que se agregó el oficio signado por el Subprocurador de Finanzas y Administración, mediante el cual informó gestiones a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en ese sentido requiérasele por última ocasión, para que dentro del término de tres días computados de manera legal, dé cumplimiento a la misma, la cual se concedió para los efectos siguientes: "[...] -La Dirección de Recaudación de Rentas de Durango, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, devuelva el pago identificado en el recibo de pago exhibido por la parte quejosa, únicamente por las cantidades pagadas por concepto de los impuestos al Fomento de la Educación Pública en el Estado sin que deba reintegrársele lo correspondiente al subsidio que le fue otorgado. En el entendido de que deberá entregarse debidamente actualizadas conforme al Código Fiscal del Estado de Durango, desde la fecha en que se realizó el pago hasta aquella en que la devolución se realice. [...]" Asimismo, informe a este Juzgado dicho cumplimiento, remitiendo copia certificada de los acuerdos o determinaciones que dicte al respecto. Se apercibe a la referida autoridad responsable que de incumplir con su respectiva prevención, sin causa justificada, se le impondrá, una multa que oscilará entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida de Actualización). Asimismo, se le apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 195, 197 y 198, de la ley de la materia. Notifíquese.

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