Jorge Resendiz Hernández

Expediente 22/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
22/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Jorge Resendiz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha once de enero del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete en esta ciudad; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Notifíquese.

  2. Principal

    Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida vía electrónica por ***, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete en esta ciudad. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 22/2021. Decisión sobre la instancia constitucional. Dechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Por no existir manifestación de la voluntad. Ahora, del contenido de la demanda de derechos fundamentales de que se trata, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6 del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que no contiene firma electrónica del quejoso Jorge Reséndiz Hernández, por lo que procede desechar la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto dichos artículos refieren: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." (.) "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita" De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directo interesado o, en su caso, su representante legal o su apoderado, salvo en excepción de que se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Al efecto, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa" Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, su representante legal o apoderado, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; cuando no saben hacerlo o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. En el caso que nos ocupa, la demanda de cuenta no se encuentra firmada electrónicamente por el quejoso Jorge Reséndiz Hernández, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita electrónicamente por el interesado, su representante legal o su apoderado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente; por tanto, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el artículo 3 de la Ley de Amparo prevé que es optativo para la promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa, de ahí que cuando se promueve el juicio de amparo indirecto, vía electrónica, es necesario contar con la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda de donde se advierta indubitablemente la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió o, en su caso, la e.firma (antes denominada FIEL), para estimar satisfecho el principio de instancia de parte agraviada; de lo contrario, deberá desecharse la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que reza: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO" PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida" En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda que nos ocupa. No pasa a la consideración del suscrito juzgador que del escrito inicial de demanda (que fue digitalizado), se advierte una firma que se pudiera atribuir al promovente; sin embargo, aparte de que esa firma no aparece en "original" al haber optado por la promoción de ésta, en la vía electrónica, la falta de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), en su caso, la e.firma (antes denominada FIEL), no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, acorde con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación. Sin que se desatiendan los criterios de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA" y "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LÍNEA. SI CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA, PERO EXISTE INDICIO DE QUE SE FIRMÓ DE MANERA AUTÓGRAFA, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE FUE FIRMADA POR EL QUEJOSO Y, POR TANTO, NO DEBE DESECHARSE, SINO REQUERIR AL PROMOVENTE", ya que, por lo que ve a la jurisprudencia 1a./J. 24/2018, ésta es emitida por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal y la tesis I.6o.P.13 K es tesis aislada emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cabe destacar que inclusive se trata de un circuito diverso al que el suscrito se encuentra adscrito, las cuales contienen criterios contrarios a lo establecido en la jurisprudencia invocada (P./J. 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y, que acorde con el artículo 217 de la ley que rige la materia, es de observación obligatoria para el suscrito y preferente sobre las demás. A más de que dichos criterios establecen que la ausencia de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es un requisito equiparable a los previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo y que la existencia de una firma autógrafa da la presunción de la manifestación de la voluntad, ambos subsanables a través de la figura de la prevención, por lo que son contrarios a la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejoso: Jorge Reséndiz Hernández. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en calle ***de esta ciudad. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a ***y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Notificación a las partes. En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autorizan las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO.- POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE QUE DICE: Durango, Durango, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vistos los autos de cuenta, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En la especie, Juan Manuel Flores Hernández, reclamó del Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Del JUEZ INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL LABORAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO, ALEJANDRO CÓRDOVA MONTES, a quien señaló como autoridad ordenadora RECLAMO: la resolución interlocutoria dictada con fecha 14 de octubre del 2019, en el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, dentro de los autos del juicio laboral expediente no. 400/2016 que se tramita en el Juzgado Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, mediante la cual resuelve: 1.- Se declara procedente el incidente de liquidación, promovido por la actora, en los términos señalados en el cuerpo de la presente. 2.- Requiérase a la parte demandada SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, por las cantidades señaladas en el cuerpo de la presente, por lo que se comisiona al C. Actuario adscrito a ese Tribunal para que se constituya acompañado de la parte que obtuvo, en el domicilio de la parte demandada sito en Blvd. Domingo Arrieta No. 1700 de esta ciudad y proceda a requerirlos de las cantidades anteriormente señaladas, con el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo ordenado se procederá en términos del artículo 142, 143, 144 y 145 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado y se le aplicara una de las medidas de apremio contempladas en la ley. CÚMPLASE.- Notifíquese a las partes la presente resolución en los domicilios señalados en autos, Cúmplase. Así lo acordó y firmó el C. Juez del Tribunal Laboral Burocrático del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango ante la asistencia de Secretario de Acuerdos que da fe" En sentencia del nueve de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección constitucional solicitados para los siguientes efectos: a) Que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que se combate; y, en su lugar, Sección Amparo Principal 1305/2019 Mesa V b) Los jueces integrantes del Tribunal Laboral Burocrático, con residencia en esta ciudad, emitan otra determinación, con plenitud de jurisdicción y resuelvan lo procedente en derecho. Es decir, el juez instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, carece de competencia para resolver la incidencia de liquidación, por lo cual, al haberlo hecho, vulneró en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso. Dicha resolución causo ejecutoria el cinco de octubre siguiente, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (foja 79 y 80). En atención a dicho requerimiento, la responsable remitió el oficio TLB/SAI/193/2020, por medio del cual acompañó un tanto de la sentencia pronunciada el ocho de octubre de dos mil veinte, en los autos del expediente TLB/400/2016, en la que dejó sin efectos la resolución del catorce de octubre de dos mil diecinueve, y emitió una nueva sentencia, misma que fue signada por la totalidad de los jueces integrantes del Tribunal Laboral Burocrático, así como por la secretaria de acuerdos. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado por el término de tres días a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera. Al respecto, el quejoso presentó escrito recibido ante este órgano jurisdiccional el cuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que manifestó su conformidad con el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el presente juicio de amparo y el contenido del oficio y anexos que la autoridad responsable remitió con motivo de dicho cumplimiento, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 del ordenamiento legal en cita, en caso de no interponerse en el plazo legal el recurso que prevé el artículo 201 de la referida ley, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del referido manual, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia y ejecutoria, así como la resolución de cumplimiento que contiene el archivo y valoración del presente expediente, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.

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