Jorge Renán Valencia Cordero

Expediente 974/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
974/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
09/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Renán Valencia Cordero y Otros.
  • Jorge Renán Valencia Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el alegato ministerial número 588/2018 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza los alegatos correspondientes y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente expediente, sin que sea el caso tomar en consideración los referidos alegatos, en virtud que el diecinueve de septiembre último se sobreseyó en el presente asunto, determinación que causó ejecutoria el ocho del actual. Por otra parte, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídasele copia certificada de la sentencia dictada en los presentes autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Ahora, por cuanto que aún obra en autos el documento que la parte quejosa exhibió en este juicio de amparo y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recogerlo, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITATORIO...Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Ahora, por cuanto que aún obra en autos el documento que la parte quejosa exhibió en este juicio de amparo y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recogerlo, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 974/2018-IV, promovido por Jorge Renán Valencia Cordero contra actos del Agente Investigador del Ministerio Público Titular de la Agencia Primera, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 8 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, Jorge Renán Valencia Cordero solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Agente Investigador del Ministerio Público Titular de la Agencia Primera (foja 2). Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda; se ordenó dar al Representante Social de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como solicitar a la autoridad responsable su informe justificado (fojas 5 y 6). Tercero. Acuerdo de vista. Mediante acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondía respecto de la constancia levantada por la Actuaria de este juzgado en la que informó que no le fue posible entregar el oficio 2676-IV dirigido al Agente Investigador del Ministerio Público Titular de la Agencia Primera, en virtud que al constituirse a las oficinas de la Fiscalía General del Estado le informaron que en el organigrama de dicha dependencia no existía la denominación señalada como autoridad responsable, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna el presente asunto no se tendría como autoridad responsable a al antes señalada (foja 16). Cuarto. Efectivo apercibimiento. Finalmente, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna con relación a la vista otorgada, mediante el acta que antecede se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso proveído de cinco de septiembre año en curso, por lo que no se tuvo como autoridad responsable a la mencionada. Posteriormente, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclaman actos omisivos los cuales no tienen una ejecución material. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar la omisión de dar contestación a su escrito de treinta de enero del año en curso presentado en la oficialía de partes de la Fiscalía General del Estado el doce de febrero del mismo año. Tercero. Actualización de causal de improcedencia. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la parte quejosa fue omisa en señalar con el carácter de responsable a alguna autoridad. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse el presente juicio de amparo considerando que en proveído de cinco de septiembre del presente año (foja 16), dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto de la constancia levantada por la Actuaria de este Juzgado, a lo que ésta fue omisa a manifestar algo al respecto. Consecuentemente, tales actuaciones no pueden ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputadas a la autoridad que realmente debe emitir, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe la petición realizada por el quejoso, también lo es, que no es procedente analizarla al no haber sido señalada como autoridad responsable el funcionario que debe llevar a cabo tal actuación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Renán Valencia Cordero, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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