Jorge Raúl Novelo Chablé

Expediente 210/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
210/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Jorge Raúl Novelo Chablé

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Finalmente, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto, por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la referida por sentencia se sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas del catorce de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 210/2020-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de catorce de febrero de dos mil veinte; constancias de notificación practicada a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, doy cuenta con el oficio suscrito por el Magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, hago constar, que fue registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el número 13560. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, mediante el cual comunica a este Juzgado, los periodos que abarcarán su segundo periodo vacacional. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa anexó a su escrito de demanda y con las documentales que las autoridades responsables, ofrecieron en sus informes justificados. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y desahogadas, en atención a su propia y especial naturaleza, las pruebas referidas, para ser consideradas al momento de resolver el presente asunto, conforme al valor que legalmente merezca. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, se abre el período de alegatos, en el cual la secretaría da cuenta con el alegato ministerial 202/2020 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; así como las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito presentado ante este Juzgado el seis de agosto del año en curso. En atención a lo cual el juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 210/2020-IV, que promovió Jorge Raúl Novelo Chablé, contra actos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, y otras autoridades; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Jorge Raúl Novelo Chablé, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, y otras autoridades. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de catorce de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, los cuales rindieron y fueron puestos a la vista de las partes, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Ampliación de la demanda. Mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo respecto de una autoridad que no había sido señalada como responsable, siendo ésta la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, manifestando que sí ampliaba su demanda de amparo, por lo que se le solicitó su informe justificado, el cual rindió y se puso a la vista de la parte quejosa, continuando con la secuela procesal y una vez integrado este expediente, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1°, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse un acto omisivo y un negativo, los cuales no tiene ejecución material. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán: 1). La omisión de hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia definitiva de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, terminada el once de abril de dos mil diecinueve, así como el incidente de liquidación de veinte de septiembre de dos mil diecinueve. De la Secretaria de Administración y Finanzas, y Dirección de Recursos Humanos de dicha Secretaría, ambas del Estado de Yucatán: 1). La negativa de pago a que fueron condenados dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 25/2017, promovido por el aquí quejoso, en contra de la referida Secretaría y otra autoridad. Tercero. Sobreseimiento por negativa de actos. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en su respectivo informe justificado negó expresamente el acto que se le atribuye, sin prueba en contrario aportada por la parte quejosa; por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que se refiere a dicha autoridad; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, de las manifestaciones que realiza se advierte la certeza del acto reclamado. Por su parte, la Directora Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán; al rendir su informe justificado respecto de la ampliación de la demanda manifestó que son ciertos los actos reclamados que se le atribuye, motivo por el cual se tiene por existente el acto de molestia. Quinto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el presente caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el presente caso el que resuelve considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, respecto al acto reclamado consistente en la negativa de pago a que fueron condenadas las autoridades dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 25/2017, promovido por el aquí quejoso, en contra de la referida Secretaría y otra autoridad. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la negativa de pago a que fueron condenadas las autoridades dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 25/2017. Sin embargo, de las constancias que remitió el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio SAF/DJ/511/2020 de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, el Director Jurídico de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, remitió el cheque número 0012609 de Banco Mercantil del Norte, de fecha trece de marzo de dos mil veinte, por la cantidad de $523,087.73 (quinientos veintitrés mil ochenta y siete pesos, con setenta y tres centavos, moneda nacional), a nombre del aquí quejoso por concepto de pago de condena, mismo que fue agregado y puesto a disposición del quejoso el veintisiete de agosto de dos mil veinte. Determinación que le fue notificada al aquí quejoso el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el cinco de febrero de dos mil veinte, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las narradas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo, únicamente respecto de dicho acto reclamado. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo que promovió Jorge Raúl Novelo Chablé, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veinte Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con el que remite las constancias que le fueron solicitadas en acuerdo de treinta de octubre del año en curso; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, pónganse a la vista de las partes para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en los que se advierte que al rendir su informe justificado el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, no anexó la totalidad de las constancias que integran el juicio de origen, las cuales son necesarias para resolver el presente juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo aplicable y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días debidamente computados, remita copia certificada de dicha documentación, a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de resolver lo que legalmente proceda en este asunto, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo aplicable. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas del catorce de diciembre de dos mil veinte. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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