Jorge Rafael Briceño Briceño
Expediente 465/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán
- Jorge Rafael Briceño Briceño
- Jorge Rafael Briceño Briceño y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 2931/2019 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con el que acusa recibo del oficio 23296/2019, con el que se le devolvió las copias certificadas del juicio laboral 1046/2014, que en su oportunidad remitió dicha autoridad como justificación de sus actos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve y por resolución de once de abril del mismo año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas que en apoyo a su informe justificado remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, solicitando acusar de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 465/2019-V, promovido por Jorge Rafael Briceño Briceño, por conducto de su apoderada Susana Marlene Barajas Grijalva, en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, Jorge Rafael Briceño Briceño, por conducto de su apoderada Susana Marlene Barajas Grijalva, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad (fojas 1 a la 4 del cuaderno principal). Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, ordenándose el emplazamiento del tercero interesado, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto atribuido a autoridades, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama la resolución emitida el uno de abril del año en curso, deducida del expediente laboral 1046/2014 del índice de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en específico la orden de entrega a su favor respecto del cheque de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, con número 0010879, emitido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $1,622,943.09 (un millón seiscientos veintidós mil novecientos cuarenta y tres pesos con nueve centavos), en cumplimiento parcial al laudo dictado en el juicio de origen. Tercero. Acto existente. Al rendir su informe justificado la Presidenta por sí y en representación de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado (fojas 31 a la 56 del cuaderno principal), señaló que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que recibió este Juzgado Federal por acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecinueve, las cuales por tratarse de copias certificadas de sus actuaciones, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. En primera instancia resulta pertinente señalar algunos antecedentes del acto reclamado que resultan útiles para el correcto entendimiento del asunto que ahora se resuelve; siendo que de dichas constancias procesales se destaca lo siguiente: a) El doce de mayo de dos mil diecisiete, la Junta responsable dictó laudo condenatorio en el juicio reclamatorio laboral número 1046/2014, en contra de la Comisión Federal de Electricidad (foja 1 al 13 del cuaderno auxiliar I). b) El nueve de junio de dos mil diecisiete, la parte demandada promovió juicio de amparo directo en contra del laudo anteriormente citado, el cual le fue negado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante resolución de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el amparo directo 659/2017 (foja 15 y 36 del cuaderno auxiliar I). c) El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la junta de conocimiento dictó la resolución incidental de liquidación que en su primer punto resolutivo cuantificó las diferencias de las prestaciones reclamadas (sin perjuicio de las que se siguieran generando hasta el cumplimiento total del laudo), y en el segundo punto resolutivo concedió al demandado el término de quince días para que cumpliera con la determinación en comento (fojas 16 a la 21 del cuaderno auxiliar II). d) El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, la Junta laboral dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma para el efecto de requerir a la demandada a pagar al actor la cantidad de $2,319,150.45 (dos millones trescientos diecinueve mil ciento cincuenta pesos con cuarenta y cinco centavos) [foja 24 del cuaderno auxiliar II]. e) El once de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia ordenada en el auto que antecede, en la que se requirió de pago a la demandada respecto a la cantidad precisada en el inciso anterior y, ante su negativa de hacerlo, el actuario de la junta responsable trabó formal embargo sobre las cuentas bancarias 00613200567, 00615486815 y 00618263204 pertenecientes a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (fojas 25 y 26 del cuaderno auxiliar II). f) El doce de marzo de dos mil diecinueve, la junta de conocimiento giró oficio a la institución bancaria citada en el inciso anterior a fin de que dentro del término de tres días pusiera a su disposición la cantidad de $2,319,150.45 (dos millones trescientos diecinueve mil ciento cincuenta pesos con cuarenta y cinco centavos) [foja 28 del cuaderno auxiliar II]. g) El quince de marzo de dos mil diecinueve, la junta responsable tuvo por presentada a la demandada Comisión Federal de Electricidad interponiendo el recurso de revisión contra los actos del actuario de su adscripción, el cual admitió a trámite y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos (foja 32 del cuaderno auxiliar II). h) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, la junta de origen tuvo por recibido de Gaspar Edmundo Escalante Barbosa, en representación de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el cheque número 0010751 por la cantidad de $2,319,150.45 (dos millones trescientos diecinueve mil ciento cincuenta pesos con cuarenta y cinco centavos), a favor del actor Jorge Rafael Briceño Briceño; el cual se reservó acordar hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación precisado en el inciso que antecede (foja 33 del cuaderno auxiliar II). i) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la junta responsable tuvo por exhibido de Jannet Guadalupe Cruz Argaez, en su carácter de apoderada y representante de la demandada Comisión Federal de Electricidad, el cheque número 0010879, por la cantidad de $1,622,943.09 (un millón seiscientos veintidós mil novecientos cuarenta y tres pesos con nueve centavos), a favor del actor Jorge Rafael Briceño Briceño; el cual se reservó acordar hasta en tanto se resolviera el citado recurso (foja 40 del cuaderno auxiliar II). j) El uno de abril de dos mil diecinueve, la junta de conocimiento celebró la audiencia respectiva, en la que declaró improcedente el recurso de revisión de los actos de ejecución planteado por la parte demandada Comisión Federal de Electricidad, aquí tercero interesada; en la propia diligencia ordenó hacer entrega al actor del cheque de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, con número 0010879, emitido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $1,622,943.09 (un millón seiscientos veintidós mil novecientos cuarenta y tres pesos con nueve centavos), en cumplimiento parcial al laudo dictado en el juicio de origen y finalmente, en la misma actuación, se hizo entrega material del citado título de crédito a la parte actora Jorge Rafael Briceño Briceño. Determinación que constituye el acto aquí reclamado. Quinto. Causal de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues este Juzgado de Distrito advierte que respecto al acto reclamado consistente en la resolución de uno de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral 1046/2014 por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, éste interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Los preceptos legales antes relacionados establecen lo siguiente: "Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los preceptos transcritos se infiere que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, la cual debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En este sentido, es menester indicar que el hecho de que sea hasta la última resolución cuando puedan reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución, tiene como finalidad que no se entorpezca la ejecución de una sentencia, pues de lo contrario se obstaculizaría el cumplimiento de una ejecutoria, y ello desequilibraría el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia; sin que ello implique transgredir la garantía de impartición de justicia, consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. Sentado lo anterior, cabe precisar que por última resolución se entiende aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con la tesis de Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 32/2001, publicada en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 190035, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En el orden de ideas apuntado, se concluye que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la resolución de uno de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral 1046/2014 por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de revisión de los actos de ejecución planteado por la parte demandada, y en la que se ordenó hacer entrega al actor del cheque de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, con número 0010879, emitido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $1,622,943.09 (un millón seiscientos veintidós mil novecientos cuarenta y tres pesos con nueve centavos), en cumplimiento parcial al laudo dictado en el juicio de origen, el cual se hizo entrega material al actor Jorge Rafael Briceño Briceño; no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución del laudo definitivo, ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del mismo o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino únicamente se trata de una resolución intermedia que forma parte del procedimiento de ejecución. Apoya a lo anterior, la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196894, cuyo texto y rubro dicen: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Sin que esta determinación contravenga la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro " EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE"; toda vez que si bien en dicho criterio jurisprudencial se establece que el juicio de amparo indirecto es procedente, excepcionalmente, contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; sin embargo, el acto reclamado y sus consecuencias reclamadas en esta sede judicial no afectan de manera directa, inmediata y materialmente el derecho del aquí quejoso como parte vencedora a que el laudo se ejecute de manera eficaz, pues como se puede advertir de los autos de origen la junta responsable se encuentra impulsando el cumplimiento parcial del laudo de referencia, tal y como se hizo constar al realizarse la entrega material del cheque de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve con número 0010879 a la parte actora Jorge Rafael Briceño Briceño, aquí quejosa (foja 45 y 46 del cuaderno auxiliar II). En tales condiciones, es dable concluir que la resolución de uno de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral 1046/2014 por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que de las constancias que integran el expediente laboral se desprende que en la determinación reclamada no se está teniendo por cumplido el laudo de referencia, y tampoco se evidencia que la responsable esté declarando la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mismo, mucho menos aparece que ello ya haya acontecido en el juicio de origen; de igual manera, la resolución combatida no puede considerarse como de aquellas que afectan de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa y que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que no encuadra dentro de las hipótesis previstas en el aludido artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo promovido en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán y su presidente, consistente en la resolución de uno de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral 1046/2014; lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1941, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2011342, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución". Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de la improcedencia que se actualiza. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76 al 79, de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Rafael Briceño Briceño, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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