Jorge Rafael Mezta Álvarez

Expediente 299/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 47 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
299/2018
Año
2018
Actuaciones
47
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Rafael Mezta Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, en auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, se determinó devolver el billete de depósito *******, que ampara la cantidad de $22,500.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) exhibido por la parte quejosa, al ser innecesario seguir conservándolo en depósito y a disposición de este juzgado. En el citado proveído se indicó que una vez transcurrido el término de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, el quejoso estaría en la aptitud legal y material de recoger el billete en cita, apercibido que de no hacerlo en el plazo de dos años, prescribiría a favor del Erario Federal; ahora, dicho acuerdo se notificó por lista a la parte tercero interesada el quince de abril de dos mil veintiuno y personalmente al quejoso el dieciséis siguiente. Por tanto, de conformidad con los artículos 22 y 31, fracción II, de la Ley de la Materia, el término de seis meses previamente referido, inició el diecinueve de abril del dos mil veintiuno, y concluyó el diecinueve de octubre siguiente; en otro orden de ideas, el plazo de dos años antes dicho para que el impetrante de amparo recogiera el billete de depósito en cuestión, inició el veinte de octubre de dos mil veintiuno, y concluyó el veinte de octubre de dos mil veintitrés, esto es, ha transcurrido el plazo de dos años previamente indicado. Atento a lo anterior, remítase el billete de depósito en comento, a la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes, dado que la suma amparada por el documento en cuestión ha prescrito a favor del Erario Federal, en términos del dispositivo legal invocado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, (notificado personalmente el cinco de marzo de dos mil veintiuno) en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada en el amparo en revisión laboral 64/2018 por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión al quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherente emitida en el amparo en revisión laboral 64/2018, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión de los actos reclamados, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el proveído por el que se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada por este juzgado: así como del proveído por el cual se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obra en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por último, al advertirse del cuaderno de suspensión, que el licenciado Mario Cota Gámez, autorizado legal de la parte quejosa, exhibió el billete de depósito N809581, expedidos por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), cada uno por la cantidad de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida al quejoso; por tanto, hágasele saber a dicha parte quejosa, que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, podrá recoger su billete de depósito y una vez fenecido el mismo tendrá el término de dos años para recoger el billete de depósito en mención; en la inteligencia de que el depositante fue el quejoso Jorge Rafael Mezta Alvarez, una vez transcurrido el termino citado en primer término, deberá acudir ante este juzgado debidamente identificado con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio 1141, del once de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, del que se desprende que se cumple con la ejecutoria que se dictara en el juicio de garantías de que se trata. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el citado documento para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. En cumplimiento a lo anterior, la parte quejosa presentó promoción el veinticinco de febrero del presente año, en donde alegó lo que a su derecho convino. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: En el caso se otorgó la protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente: "la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y Presidente de la indicada junta, deje insubsistente las actuaciones del juicio laboral J.E.No.2-12- 560/1994, promovido por Jorge Luis Lugo Montes y otros, contra Miguel Enrique Velderrain Ayala, a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, en la que se resolvió el remate y adjudicación del bien inmueble con las siguientes medidas y colindancias; Al Norte; 14.00 metros con calle sin nombre; Al Sur: 14.00 metros con lote 7; Al Oriente: 26.75 metros con lote 18; Al poniente: 26.75 metros con lote 16, misma manzana; para el efecto de que se respete a Jorge Rafael Mezta Álvarez, su derecho de audiencia.". De lo antes señalado se advierte que en el fallo constitucional se fijaron dos elementos procesales que debe seguir la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa: a) Dejar insubsistente las actuaciones del juicio laboral J.E.No.2-12-560/1994, a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, y b) Se respete a favor del quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez, su derecho de audiencia. Al respecto, la autoridad señalada como responsable cumplió con el primer elemento reseñado, pues así se advierte del auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 1179 de autos). En efecto, la autoridad responsable mediante oficio número 2231, del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 1178 de autos), informó que emitió un acuerdo con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que dejó insubsistente las actuaciones del juicio laboral J.E.No. 2-12-560/1994, a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, en la que se había resuelto el remate y adjudicación del bien inmueble con medidas y colindancias; Al Norte; 14.00 metros con calle sin nombre; Al Sur: 14.00 metros con lote 7; Al Oriente: 26.75 metros con lote 18; Al poniente: 26.75 metros con lote 16, misma manzana; turnando con esa misma fecha dicho expediente a la secretaría de ejecución para que se atendiera y cumpliera en estricto derecho los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo de este juicio. Ahora, para cumplir con el segundo punto de cumplimiento, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo el oficio 764, de trece de febrero de dos mil veinte, al que adjuntó copias certificadas de diversas constancias de notificación (fojas 1306 de autos). Por su parte, el quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez presentó escrito el catorce de febrero de dos mil veinte, en donde señaló que ante la Junta responsable interpuso recurso de nulidad de notificaciones, contra la diligencia que le pretendió hacer de su conocimiento la celebración de la audiencia de conciliación del veintidós de enero de dos mil veinte; en consecuencia, por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito requirió de la responsable la información relacionada con el incidente de nulidad antes referido. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable allegó al sumario de amparo el oficio 829, de dieciocho de febrero de dos mil veinte, al que adjuntó copias certificadas del escrito presentado por Jorge Rafael Mezta Álvarez, relativo al incidente de nulidad de actuaciones, y del auto que lo admitió (del dieciocho de febrero de dos mil veinte, en donde se indicó la hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental de pruebas y alegatos). Posteriormente, y después de diversos actos procesales, tendentes a requerir la información necesaria para declarar el cumplimiento del fallo constitucional, por auto de dieciséis de julio de dos mil veinte, se determinó que el presente asunto no era de los catalogados como "urgentes" y con fundamento en los Acuerdos Generales 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reservó acordar lo correspondiente, una vez que se reanudaran las labores del Juzgado. Por su parte, mediante acuerdo del veinte de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión decretada y reseñada en el párrafo anterior, y se reanudó el procedimiento de este juicio de amparo. Después de diversos proveídos, por auto del trece de octubre de dos mil veinte, se requirió de la Junta responsable, informara el estado procesal del incidente de nulidad de actuaciones admitido por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en los autos del juicio natural J.E.No.2-12-560/1994. Este mismo requerimiento se reiteró en el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable remitió el oficio 852, del trece de noviembre de dos mil veinte, el que adjuntó copia certificada de la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, en donde se resolvió lo siguiente: ". PRIMERO. Se declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Jorge Rafael Mezta Álvarez, respecto de las notificaciones practicadas con fechas dos de diciembre de dos mil diecinueve y diecisiete de enero de dos mil veinte, relativas a los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, declarándose nulas dichas notificaciones. SEGUNDO. Se deja sin efectos la audiencia de conciliación celebrada a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero de dos mil veinte, de igual forma los apercibimientos a que se hizo acreedor Jorge Rafael Mezta Álvarez, tal y como lo indican los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. TERCERO. Motivo por el cual se señalan las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte, para que tenga lugar la audiencia de conciliación, la cual se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa esta Junta, debiendo comparecer las partes de forma personal, apercibiéndoseles que en caso de no hacerlo en la data antes indicada se les tendrá por inconformes con todo arreglo conciliatorio y se continuará con el procedimiento en la etapa de ejecución, corriéndoseles traslado de la presente resolución y de autos de veintidós de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil nueve. ." En alcance al citado oficio, la Junta responsable allegó al sumario de amparo los oficios 877, del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, y 865, del diecisiete del citado mes y año, a los que ajuntó copias certificadas de diversas constancias de notificación, relacionadas con la sentencia intelorcutoria antes referida. Posteriormente, la Junta responsable hizo llegar el oficio sin número, del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, al que adjuntó copia certificada del auto de dieciocho siguiente, en donde informó que la sentencia interlocutoria antes referida, se dictó el doce de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, por auto del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, y con el único fin de tener la certeza jurídica de que se respetó el derecho de audiencia del quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez, se requirió a la Junta responsable para que dentro del plazo allí señalado, remitiera copia certificada de la audiencia del nueve de diciembre de dos mil veinte, o de aquella con la que se cumpliera con la sentencia de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la responsable por oficio 1141, del once de febrero de dos mil veintiuno, hizo llegar a este juicio de amparo, copia certificada de la audiencia de nueve de diciembre de dos mil veinte, de la que se advierte lo siguiente: ".siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte, día y hora señalado para que tenga lugar la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, estando debidamente integrada la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por la Licenciada ., se da cuenta al pleno de esta Junta de la incomparecencia de las partes en el presente juicio. Iniciada la audiencia por la secretaria de acuerdos se le concedió a las partes un término de diez minutos de espera, no habiendo comparecido la parte actora, así como la demandada a la presente audiencia no obstante de estar debidamente notificadas y apercibidas en los términos de ley y que se les voceó por tres veces consecutivas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ." En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable dejará insubsistente la audiencia del trece de diciembre de dos mil uno, incluyendo las subsecuentes actuaciones, además que se respetara el derecho de audiencia del quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez (hecho que se materializó con la sentencia interlocutoria del doce de noviembre de dos mil veinte, en donde se declaró fundado el incidente de notificación que hizo valer el quejoso, y donde le informa, al mismo tiempo, la fecha para la celebración de la audiencia en donde se respetaría su derecho de audiencia, del nueve de diciembre de dos mil veinte, a la cual, no compareció), lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones hechas por el tercero interesado Javier García Zavala (escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno), en el sentido de que la sentencia interlocutoria que se dictó en el incidente de nulidad de actuaciones, careció, en su momento, de la fecha en que se emitió, hecho que la torna ilegal y lo deja en estado de indefensión; lo así dicho es inoperante, porque no se dirige a controvertir los actos procesales dictados por la responsable para cumplir con la sentencia de amparo, esto es, sus argumentos debieron dirigirse a demostrar si la junta realizó los actos ordenados en la ejecutoria de amparo, en la forma y términos allí fijados, y al no haberse hecho así, cualquier otro argumento expuesto resultará inoperante por dirigirse a controvertir actos ajenos a la materia del cumplimiento.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA: MANUEL ENRIQUE VELDERRAIN AYALA, EL ACUERDO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio 1141, del once de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, del que se desprende que se cumple con la ejecutoria que se dictara en el juicio de garantías de que se trata. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el citado documento para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. En cumplimiento a lo anterior, la parte quejosa presentó promoción el veinticinco de febrero del presente año, en donde alegó lo que a su derecho convino. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el??????????????? tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: En el caso se otorgó la protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente: "la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y Presidente de la indicada junta, deje insubsistente las actuaciones del juicio laboral J.E.No.2-12- 560/1994, promovido por Jorge Luis Lugo Montes y otros, contra Miguel Enrique Velderrain Ayala, a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, en la que se resolvió el remate y adjudicación del bien inmueble con las siguientes medidas y colindancias; Al Norte; 14.00 metros con calle sin nombre; Al Sur: 14.00 metros con lote 7; Al Oriente: 26.75 metros con lote 18; Al poniente: 26.75 metros con lote 16, misma manzana; para el efecto de que se respete a Jorge Rafael Mezta Álvarez, su derecho de audiencia.". De lo antes señalado se advierte que en el fallo constitucional se fijaron dos elementos procesales que debe seguir la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa: a) Dejar insubsistente las actuaciones del juicio laboral J.E.No.2-12-560/1994, a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, y b) Se respete a favor del quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez, su derecho de audiencia. Al respecto, la autoridad señalada como responsable cumplió con el primer elemento reseñado, pues así se advierte del auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 1179 de autos). En efecto, la autoridad responsable mediante oficio número 2231, del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 1178 de autos), informó que emitió un acuerdo con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que dejó insubsistente las actuaciones del juicio laboral J.E.No. 2-12-560/1994, a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, en la que se había resuelto el remate y adjudicación del bien inmueble con medidas y colindancias; Al Norte; 14.00 metros con calle sin nombre; Al Sur: 14.00 metros con lote 7; Al Oriente: 26.75 metros con lote 18; Al poniente: 26.75 metros con lote 16, misma manzana; turnando con esa misma fecha dicho expediente a la secretaría de ejecución para que se atendiera y cumpliera en estricto derecho los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo de este juicio. Ahora, para cumplir con el segundo punto de cumplimiento, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo el oficio 764, de trece de febrero de dos mil veinte, al que adjuntó copias certificadas de diversas constancias de notificación (fojas 1306 de autos). Por su parte, el quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez presentó escrito el catorce de febrero de dos mil veinte, en donde señaló que ante la Junta responsable interpuso recurso de nulidad de notificaciones, contra la diligencia que le pretendió hacer de su conocimiento la celebración de la audiencia de conciliación del veintidós de enero de dos mil veinte; en consecuencia, por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito requirió de la responsable la información relacionada con el incidente de nulidad antes referido. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable allegó al sumario de amparo el oficio 829, de dieciocho de febrero de dos mil veinte, al que adjuntó copias certificadas del escrito presentado por Jorge Rafael Mezta Álvarez, relativo al incidente de nulidad de actuaciones, y del auto que lo admitió (del dieciocho de febrero de dos mil veinte, en donde se indicó la hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental de pruebas y alegatos). Posteriormente, y después de diversos actos procesales, tendentes a requerir la información necesaria para declarar el cumplimiento del fallo constitucional, por auto de dieciséis de julio de dos mil veinte, se determinó que el presente asunto no era de los catalogados como "urgentes" y con fundamento en los Acuerdos Generales 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reservó acordar lo correspondiente, una vez que se reanudaran las labores del Juzgado. Por su parte, mediante acuerdo del veinte de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión decretada y reseñada en el párrafo anterior, y se reanudó el procedimiento de este juicio de amparo. Después de diversos proveídos, por auto del trece de octubre de dos mil veinte, se requirió de la Junta responsable, informara el estado procesal del incidente de nulidad de actuaciones admitido por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en los autos del juicio natural J.E.No.2-12-560/1994. Este mismo??????????????? requerimiento se reiteró en el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable remitió el oficio 852, del trece de noviembre de dos mil veinte, el que adjuntó copia certificada de la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, en donde se resolvió lo siguiente: ". PRIMERO. Se declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Jorge Rafael Mezta Álvarez, respecto de las notificaciones practicadas con fechas dos de diciembre de dos mil diecinueve y diecisiete de enero de dos mil veinte, relativas a los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, declarándose nulas dichas notificaciones. SEGUNDO. Se deja sin efectos la audiencia de conciliación celebrada a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero de dos mil veinte, de igual forma los apercibimientos a que se hizo acreedor Jorge Rafael Mezta Álvarez, tal y como lo indican los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. TERCERO. Motivo por el cual se señalan las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte, para que tenga lugar la audiencia de conciliación, la cual se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa esta Junta, debiendo comparecer las partes de forma personal, apercibiéndoseles que en caso de no hacerlo en la data antes indicada se les tendrá por inconformes con todo arreglo conciliatorio y se continuará con el procedimiento en la etapa de ejecución, corriéndoseles traslado de la presente resolución y de autos de veintidós de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil nueve. ." En alcance al citado oficio, la Junta responsable allegó al sumario de amparo los oficios 877, del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, y 865, del diecisiete del citado mes y año, a los que ajuntó copias certificadas de diversas constancias de notificación, relacionadas con la sentencia intelorcutoria antes referida. Posteriormente, la Junta responsable hizo llegar el oficio sin número, del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, al que adjuntó copia certificada del auto de dieciocho siguiente, en donde informó que la sentencia interlocutoria antes referida, se dictó el doce de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, por auto del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, y con el único fin de tener la certeza jurídica de que se respetó el derecho de audiencia del quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez, se requirió a la Junta responsable para que dentro del plazo allí señalado, remitiera copia certificada de la audiencia del nueve de diciembre de dos mil veinte, o de aquella con la que se cumpliera con la sentencia de amparo.??????????????? En cumplimiento a lo anterior, la responsable por oficio 1141, del once de febrero de dos mil veintiuno, hizo llegar a este juicio de amparo, copia certificada de la audiencia de nueve de diciembre de dos mil veinte, de la que se advierte lo siguiente: ".siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte, día y hora señalado para que tenga lugar la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, estando debidamente integrada la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por la Licenciada ., se da cuenta al pleno de esta Junta de la incomparecencia de las partes en el presente juicio. Iniciada la audiencia por la secretaria de acuerdos se le concedió a las partes un término de diez minutos de espera, no habiendo comparecido la parte actora, así como la demandada a la presente audiencia no obstante de estar debidamente notificadas y apercibidas en los términos de ley y que se les voceó por tres veces consecutivas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ." En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable dejará insubsistente la audiencia del trece de diciembre de dos mil uno, incluyendo las subsecuentes actuaciones, además que se respetara el derecho de audiencia del quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez (hecho que se materializó con la sentencia interlocutoria del doce de noviembre de dos mil veinte, en donde se declaró fundado el incidente de notificación que hizo valer el quejoso, y donde le informa, al mismo tiempo, la fecha para la celebración de la audiencia en donde se respetaría su derecho de audiencia, del nueve de diciembre de dos mil veinte, a la cual, no compareció), lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones hechas por el tercero interesado Javier García Zavala (escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno), en el sentido de que la sentencia interlocutoria que se dictó en el incidente de nulidad de actuaciones, careció, en su momento, de la fecha en que se emitió, hecho que la torna ilegal y lo deja en estado de indefensión; lo así dicho es inoperante, porque no se dirige a controvertir los actos procesales dictados por la responsable para cumplir con la sentencia de amparo, esto es, sus argumentos debieron dirigirse a demostrar si la junta realizó los actos ordenados en la ejecutoria de amparo, en la forma y términos allí fijados, y al no haberse hecho así, cualquier otro argumento expuesto resultará inoperante por dirigirse a controvertir actos ajenos a la materia del cumplimiento.

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