Jorge Nicolas Orante Cota

Expediente 627/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
627/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Jorge Nicolas Orante Cota

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo en relación con los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción II, del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisionalmente y definitivamente la medida cautelar de los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto inherentes a la suspensión provisional concedida en el incidente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obran documentos originales exhibidos por el quejoso, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el doce de noviembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Incidental

    Agréguese a los autos para surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta signado por el Comandante de Policía de Investigación del Estado, Zona Norte, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe previo. De conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe previo solicitado a la autoridad responsable antes mencionada. Dese vista con el mismo a las partes para que se impongan de su contenido. Por otra parte, intégrese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Liliana Elizabeth Bernal Sandoval, en su carácter de autorizada legal de la parte quejosa, con el cual exhibe en copia certificada de la comparecencia de fecha veintidós de noviembre de la anualidad en curso. De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por exhibida la documental que se anexa, sin perjuicio de poder hacer nuevamente relación de la misma al momento de la celebración de la audiencia incidental. Ahora bien, visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que mediante razón actuarial de catorce de noviembre de este año, la suscrita licenciada Ana Guadalupe Valenzuela López, actuaria judicial adscrita a este Juzgado, informó la imposibilidad que tuvo para hacer entrega del oficio 2618-5A, de auto admisorio de trece de este mes y año, dirigido al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, toda vez, que fue informada que la nueva denominación de dicha dependencia lo es "Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa Zona Norte", responsable a quien ya se le solicitó el informe correspondiente. En atención a lo anterior y, en cumplimiento al apercibimiento hecho al quejoso en acuerdo de trece de noviembre de este año, sin mayor trámite se tienen por inexistente a la autoridad responsable Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, de esta ciudad, se suspende toda comunicación con la misma, al considerar que le corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación del asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, al principio de celeridad procesal, asimismo, con la obligación que al efecto impone la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguense a los autos, los oficios 1174/2018, 4329/2018, y 4288/2018, signados por el Comandante de Policía de Investigación del Estado, Zona Norte y, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, mediante los cuales con los primeros rinde informe justificado, anexando documental, y con el último remite copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de noviembre de este año, en la que dicta auto de formal prisión, contra Jorge Nicolás Orante Cota y otra, por el delito de fraude procesal, cometido contra la producción y la administración de justicia. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de la Materia, ténganse por rendidos los informes justificados solicitados a las autoridades responsables antes mencionadas, y por exhibidas las documentales que acompañan, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de las mismas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Dese vista con los mismos a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, intégrese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Liliana Elizabeth Bernal Sandoval, en su carácter de autorizada legal de la parte quejosa, con el cual exhibe en copia certificada comparecencia de fecha veintidós de noviembre de la anualidad en curso. Ahora bien, teniendo en consideración que de la documental que exhibe la responsable ordenadora Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, anexo a su oficio de cuenta, se advierte que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso Jorge Nicolás Orante Cota y otra, por el delito de fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 334 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, contra la Procuración y Administración de Justicia, en la causa penal 57/2018-II, documentales que al ser expedidas y certificadas por el secretario de acuerdos del aludido juzgado, con apoyo en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno; por tanto, este órgano de control constitucional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XVII, y 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, al haber operado un cambio de situación jurídica del impetrante del amaro, respecto del acto reclamado que hizo consistir en la orden de aprehensión dictada por el Juez del conocimiento y la ejecución de la misma. Ciertamente, los numerales 61, fracción XVII y, 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en el amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede en contra V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". De lo que se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Así, cuando del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente -una orden de aprehensión-, ha sido sustituida por uno diverso, como lo es un auto de formal prisión, por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica de la quejosa, se debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Es aplicable la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 143/2006-PS de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50 del Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2007, Materia Penal, Novena Época, Tesis 1a./J. 95/2007, cuyo contenido es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". Consecuentemente, con apoyo en los artículos 61, fracción XVII, 62 y 63 fracción V, de la actual Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Mayormente, al apreciarse que la causal de improcedencia comentada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, como sucede en el caso a estudio, y por ello, se concluye que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por ello la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del doce de diciembre de dos mil dieciocho, se deja sin efecto, por ende la misma no habrá de celebrarse. Determinación que, se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsables ejecutora Comandante de la Policía de Investigación del Estado Zona Norte, con residencia en esta ciudad, ya que al haberse sobreseído en el juicio por el acto de la ordenadora Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de ejecución, los cuales no fueron reclamados por vicios propios.

  4. Principal

    Vistas las razones actuariales de catorce de noviembre del presente año, en las que hace constar, que no fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en auto de trece de noviembre del año en curso, esto es, hacer entrega en la primera de ellas, del oficio 2611-5A, dirigida a la autoridad responsable que el quejoso denomino como Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Tercera de la Unidad Administrativa, con sede en esta ciudad, debido a que una vez constituida en el domicilio señalado para tal efecto, fue atendida por la licenciada María Monserrat Adriano Izaguirre, Agente Titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador con sede en la Unidad Administrativa, quien le informo que a partir del uno de junio de dos mil quince, en dicha Unidad Administrativa existen solo Agencia Primera y Segunda, por ello no podía recibir dicho oficio; y con la segunda, oficios 2613-5A y 2614-5A, dirigidos a las autoridades que el quejoso denominó como Director General y comandante General, ambos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en esta ciudad, toda vez, que fue atendida por el Jefe del Departamento Jurídico, quien le informó que a partir del día lunes diez de julio de dos mil diecisiete, por órdenes del Fiscal General del Estado, la nueva denominación de dicha dependencia lo es "Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa Zona Norte". Por otra parte y, en cumplimiento al apercibimiento hecho al quejoso en acuerdo de trece de noviembre de este año, sin mayor trámite se tienen por inexistentes a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Tercera de la Unidad Administrativa, y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, ambas con sede en esta ciudad, se suspende toda comunicación con las mismas, al considerar que le corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación del asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, al principio de celeridad procesal, asimismo, con la obligación que al efecto impone la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo Ahora bien, a fin de que la autoridad responsable en cita tenga conocimiento de auto admisorio de trece de noviembre de este año, reexpídase el oficio 2614-5A de referencia dirigido a la autoridad responsable Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en esta ciudad, con la denominación correcta, esto es, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa Zona Norte, con sede en esta ciudad, solicítese informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, vía fax al número 01 668 815 32 08, o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del término de cuarenta y ocho horas, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirá cierto el acto reclamado y además, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, se les impondrá una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción I, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano