Jorge Preisser Rivera

Expediente 140/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
140/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Jorge Preisser Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Delegado de la autoridad Director de Ingresos del Municipio de Ahome, Sinaloa, mediante el cual solicita copias certificadas; agréguese al presente juicio de amparo para que surta sus efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, expídanse a costa del promovente, las copias certificadas que peticiona, previa razón que por su recibo se deje en autos.

  2. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se desprende que la parte quejosa no realizó alguna manifestación con relación a lo acordado el doce de marzo del año en curso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, lo cual le fue notificado el trece del mismo mes y año, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Además, de la certificación secretarial de cuenta se observa que el presente expediente está definitivamente concluido; por tanto, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se sobreseyó el juicio de amparo con relación a ciertos actos reclamados y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto a otros. Por tal motivo, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el dos de marzo de dos mil dieciséis, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por último, al resultar innecesario conservar las constancias remitidas por el Delegado Regional Zona Norte del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, al informar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse mediante oficio a la autoridad responsable en cita dichas documentales para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    En atención al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte quejosa, a través del ocurso presentado el uno de marzo de dos mil dieciocho, desahogó la vista personal ordenada en el acuerdo de veintidós de febrero del mismo año, en el sentido de encontrarse conforme con el cumplimiento otorgado a la sentencia ejecutoria emitida en este juicio de amparo por el Delegado Regional Zona Norte del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; por tanto, el suscrito juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la sentencia constitucional con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable vinculada. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección constitucional al quejoso Jorge Preisser Rivera, para el efecto de que la autoridad responsable Tesorero Municipal de Ahome, con sede en esta ciudad, lo eximiera de pagar una tasa superior a la mínima prevista en el dispositivo legal impugnado, en los ejercicios fiscales indicados, esto es, el rango que le fue aplicado fue el 10 % para predios sin construcción. En consecuencia, al haberse determinado inconstitucional el trato diferenciado entre los predios con construcción a los de sin edificar, debía aplicarse el de construidos, pero no desvincularlo de la carga impositiva del impuesto predial, merced a que la inconstitucionalidad de la norma legal radicó en un elemento variable, por lo que no fue dable jurídicamente que, en reparo de la conculcación advertida, se desincorporara en forma total al quejoso de su esfera jurídica su obligación tributaria, sino sólo en la parte normativa declarada inconstitucional. Por otro lado, se estableció que el cumplimiento del fallo protector no implicaba anular la norma inconstitucional, por lo cual, las autoridades legislativas quedaron exentas de cumplimiento alguno de la sentencia constitucional, dado que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que la norma declarada inconstitucional no se aplicara en perjuicio del quejoso y, que en concreto, correspondía al Tesorero Municipal de Ahome, Sinaloa, dar cumplimiento al fallo protector, en los términos expuestos con antelación. Además, en el entendido de que el quejoso quedó exento de los pagos consistentes en 10% asistencia social, patronato pro educación, honorario y gastos de ejecución extrajudicial de cobranza. El delegado jurídico de las autoridades responsables Ayuntamiento, Tesorero y Director e Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión contra dicha resolución, la cual fue declarada firme por el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión número 213/2016 de su índice. Así las cosas, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró cumplida la sentencia constitucional; el quejoso interpuso recurso de inconformidad contra dicha determinación. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el recurso de inconformidad número 8/2017 de su índice, relativo al presente juicio de amparo, lo declaró fundado y estableció los siguientes lineamientos: La autoridad responsable Tesorero Municipal de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, debía ordenar a las dependencias a su cargo, a efecto de que al momento en que el quejoso se presentara a pagar el impuesto predial de cualquier predio urbano sin construcción, de su propiedad, no le fueran aplicados: El artículo 35, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, es decir, no se cobrara una tasa superior a la mínima prevista en el referido numeral, sino que se le aplicara el rango correspondiente a los predios construidos. Tampoco se le aplicaran los artículos 30, 100, 101 y 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, lo que se traduce en que se le exentara de los pagos consistentes en 10% de asistencia social, patronato pro educación, honorario y gastos de ejecución ext. De cobranza. En atención a la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, se dejó sin efectos el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, y se determinó requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a efecto de que otorgara cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos indicados por el Órgano Colegiado en cita. Bajo ese contexto, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mi diecisiete, se vinculó al Delegado Regional Zona Norte Número Cinco de la Zona Norte del Instituto Catastral de Sinaloa, con sede en esta ciudad, como autoridad encargada de otorgar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual se estableció que dicha autoridad debía cumplir con los efectos de la concesión del amparo y realizar todas las gestiones necesarias dentro de sus sistemas electrónicos de registro y operación, a efecto de que cuando el quejoso se presentara a pagar el impuesto predial de cualquier predio urbano sin construcción de su propiedad, no le fueran aplicados los preceptos citados. En ese orden de ideas, la autoridad vinculada Delegado Regional Zona Norte del Instituto Catastral de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del oficio número SAyF-ICES 143J/2018, informó que en la base de datos de ese instituto catastral quedó debidamente asentado que cuando comparezca el quejoso a pagar el impuesto predial no le sean aplicados los artículos 30, 35 fracción I, 100, 101 y 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Por su parte, el apoderado general para pleitos y cobranzas del amparista, por medio del ocurso presentado el catorce de febrero del año en curso, indicó las claves catastrales de los predios registrados a nombre del justiciable; por consiguiente, se remitió a las autoridades responsables Director de Ingresos, Tesorero Municipal y Delegado Regional Zona Norte Número Cinco del Instituto Catastral de Sinaloa, -autoridad vinculada con el cumplimiento a la ejecutoria-, todos del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, copia del referido escrito a fin de que tuvieran conocimiento y realizaran las modificaciones y precisiones de la sentencia constitucional en las claves catastrales relativas a los predios registrados a nombre del quejoso Jorge Preisser Rivera. De ahí que, el Delegado Regional Zona Norte Número Cinco de la Zona Norte del Instituto Catastral de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el oficio número 162J/2018/DJ/ICES, comunicó que con relación a los predios que aparecen registrados a nombre del quejoso en la base de datos de ese instituto catastral, quedó debidamente asentado que cuando éste comparezca a pagar el impuesto predial, no le sean aplicados los artículos 30, 35 fracción I, 100, 101 y 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y remitió copia certificada de los avalúos catastrales de los que se desprende dicha circunstancia. Con lo anterior se otorgó vista personal a la parte quejosa en acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, quien al desahogarla, por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas, manifestó encontrarse conforme con el cumplimiento otorgado a la sentencia constitucional, como se precisó en párrafos que anteceden. Asimismo, se encuentra glosado a los autos el oficio suscrito por el Director de Ingresos del Municipio de Ahome, Sinaloa, con el que informó que realizó las anotaciones necesarias en esa dirección de ingresos a efecto de que al momento de cobrar el impuesto predial a la parte quejosa respecto de los bienes registrados a su nombre no le sean aplicados los artículos declarados inconstitucionales; así como el diverso firmado por el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunicó que a través del oficio Sayf-Ices 037/2018 se notificaron al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Los Mochis, los avalúos que contienen el cumplimento de la ejecutoria de amparo, el cual ya aparece en la base de datos de ese instituto. En resumidas cuentas, si la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables eximieran al quejoso de pagar una tasa superior a la mínima prevista en el dispositivo legal impugnado, esto es, que se aplicara la tasa correspondiente a los predios edificados y que al momento en que se presentara a pagar el impuesto predial de cualquier predio urbano sin construcción de su propiedad, no le fueran aplicados en su perjuicio los preceptos declarados inconstitucionales, lo cual ya aconteció; es indudable que la sentencia constitucional ha quedado debidamente cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por Escipión Ernesto Rodríguez López, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones tendentes a su conformidad con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. De acuerdo a lo anterior, téngase por realizadas las manifestaciones vertidas y considérense en el momento procesal oportuno, esto es, cuando el suscrito Juzgador analice el cumplimiento otorgado a la sentencia constitucional.

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