Jorge Pinedo Rodríguez
Expediente 1206/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Pinedo Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del doce al veinticinco de enero del año en curso, sin contar los días catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada por este Juzgado, el nueve del mes y año que transcurre, dentro del juicio de amparo número 1206/2016-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De la revisión del presente sumario se aprecia que no existen documentos originales para devolver a la promovente del amparo, ni documentales que regresar a las autoridades responsables. El incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa, por una parte, se negó y por otra, se concedió la medida cautelar definitiva solicitada por el amparista. Que la parte quejosa no exhibió billete de depósito, a fin de garantizar las medidas provisional y definitiva solicitadas. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el nueve de enero de dos mil diecisiete, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la diversa fracción III, última parte, del citado punto vigésimo primero del acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; en atención a que en dicho cuaderno por una parte, se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; luego entonces, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por lo que se refiere al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN sí es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tanto, guárdese por separado, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, capital del estado del mismo nombre, siendo las nueve horas del nueve de enero de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 1206/2016-4, promovido por Jorge Pinedo Rodríguez. Presente en la sala de audiencias la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria que da fe del acto, licenciada Alva Miranda Ramírez, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria procede a dar lectura al escrito inicial de demanda, informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 27, 22 y 39), constancia de emplazamiento de la tercero interesada Norma Belmontes Villalobos (foja 20) y agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal 484/2016, instruida al hoy quejoso Jorge Pinedo Rodríguez (foja 45). A lo que la Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En la etapa de pruebas. La secretaria tiene a la vista dos discos digitales que contienen la audiencia en la que decretó el auto de vinculación a proceso del hoy quejoso por los delitos de allanamiento de morada y tentativa de homicidio, en agravio de Norma Belmontes Villalobos y la copia certificada de dicha determinación, que en su oportunidad remitió la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en esta ciudad, como justificación de sus actos (fojas 29-38). A lo que la Juez acuerda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas antes señaladas, luego, al no haber más pruebas pendientes de desahogar, se concluye la presente etapa. En la etapa de alegatos. La Secretaria da cuenta con los formulados por el licenciado Alfonso Castillo Ramírez, autorizado de la parte quejosa mediante escrito registrado con el folio 20411 (foja 51-58); así como con los que formuló la tercero interesada Norma Belmontes Villalobos, en su ocurso registrado con el número 19650 (foja 24-25) y los que realizó el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito mediante pedimento registrado con el folio 20269 (foja 49). A lo que la Juez acuerda. Con fundamento en el diverso artículo 124 del ordenamiento legal en consulta, se tienen por formulados los alegatos del autorizado de la parte quejosa, de la tercero interesada Norma Belmontes Villalobos y del fiscal federal de la adscripción, luego, al no haber más alegatos que tener por reproducidos, se da por terminada la presente etapa; y encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, se procede a dictar la resolución que corresponde conforme a derecho. Doy fe. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1206/2016-4; y, RESULTANDO: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jorge Pinedo Rodríguez, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en Zacatecas y otras autoridades, por los actos que enseguida se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables ordenadoras, a los C.C. PROCURADOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO y C. JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACATECAS, y como ejecutoras al C. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS. IV. ACTO RECLAMADO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, señalo como acto reclamado de las autoridades señaladas como responsables el auto de vinculación a proceso dictado en contra del suscrito el día jueves tres de noviembre del año dos mil dieciséis dentro de la causa penal marcado con el número 484/2016 por los delitos de allanamiento de morada y tentativa de homicidio; y de las ejecutoras, el cumplimiento que de el mismo (sic) están llevando a cabo. SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis se registró bajo el expediente 1206/2016-4; se admitió a trámite y se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; emplazar al Agente del Ministerio Público que tuvo intervención en el proceso de origen y a la tercera interesada Norma Belmontes Villalobos; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERADO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. y ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: -El auto de vinculación a proceso dictado el tres de noviembre de dos mil dieciséis en la causa penal 484/2016 y su ejecución. TERCERO. Sobreseimiento respecto de una autoridad a la que no le corresponde el carácter de responsable. El Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas no tiene el carácter de autoridad responsable en este juicio de derechos, ya que al rendir su informe justificado, negó el acto atribuido; aunado a que de las constancias anexas al presente juicio de amparo se desprende que dicho acto lo dictó y ejecutó diversas autoridades, tal y como se hará constar en el considerando siguiente. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo e impera sobreseer en el presente controvertido constitucional, respecto de la autoridad aludida supra líneas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.5o.P. J/3, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad de Zacatecas y el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, aceptaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa 484/2016, de tres de noviembre de dos mil dieciséis y su ejecución. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable y dos discos en formato DVD, de los que se desprende que el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en audiencia para resolver sobre vinculación a proceso en la carpeta administrativa 484/2016, la Juez de Control responsable decretó auto de vinculación a proceso a Jorge Pinedo Rodríguez, por su probable intervención en el hecho delictuoso de allanamiento de morada y tentativa de homicidio, en agravio de Norma Belmontes Villalobos, documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecido lo anterior, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso concreto, las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte oficiosamente que se actualice alguna. SEXTO. Estudio de fondo. A continuación se procederá al examen de los conceptos de violación planteados por el quejoso, los que no se transcribirán porque para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su reproducción, como se obtiene de la siguiente jurisprudencia: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previamente a emprender el estudio de la cuestión planteada, se estima pertinente dejar establecido que en el caso concreto se realizará el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, en función de los conceptos de violación alegados en el escrito de demanda de amparo, en relación directa con los argumentos expuestos por la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada, así como con las pruebas que obran en la causa penal de origen. Sirve de apoyo por las consideraciones que la sustentan, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que a la letra dice: AUTO DE FORMAL PRISIÓN, APRECIACIÓN Y ESTUDIO DEL. POR LOS JUECES DE DISTRITO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de tal manera que, si dicho acto lo constituye un auto de formal prisión, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo debe examinarse, en función de los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, en relación directa con los argumentos invocados en dicho acto. En estas condiciones, no es correcta la actuación del juez de Distrito que niega la protección federal, cuando en vez de efectuar el análisis del auto de formal prisión en los términos antes citados, procede a realizar la confrontación de los hechos con las constancias de autos, mismas que no sirvieron de sustento en el auto combatido, ya que de ser así el juzgador constitucional se sustituye a la autoridad, analizando la legalidad de una resolución a la luz de cuestiones que no fueron planteadas ni examinadas en dicha resolución, lo cual no es acorde a la técnica del juicio de garantías, que indica que el juez de amparo debe constreñirse a la litis planteada. En esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso formula, en esencia, el siguiente motivo de disenso: La autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque considera no haber cometido delito alguno que amerite la privación de su libertad e indica que además existe el desistimiento de los cargos, el cual fue realizado por la víctima. Es infundado el concepto de violación, sin que exista deficiencia que suplir conforme lo dispone el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, el acto reclamado se analizará a la luz de la videograbación que contiene propiamente la resolución combatida, sin dejar de considerar las documentales que conforman la carpeta administrativa de donde deriva aquélla. Así, de la interpretación del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende, en lo aquí importa, que en el auto de vinculación a proceso que se dicte contra determinada persona se deberá expresar: a) El delito que se impute al encausado; b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y e) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Dichos numerales disponen: Articulo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial, podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Respecto al punto marcado con el inciso a, los delitos que se le imputan al encausado son los de allanamiento de morada y tentativa de homicidio, previstos y sancionados en los artículos 262 y 293, en relación con el diverso 10, todos del Código Penal del Estado de Zacatecas, lo cual quedó precisado en el auto de vinculación a estudio, por tanto se tiene por cumplido dicho punto. Por cuanto hace a lo indicado en el inciso b, en relación con el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, también se tiene por cumplido ya que la autoridad responsable expresó que se cometieron los delitos de allanamiento de morada y tentativa de homicidio en el domicilio ubicado en la calle Leyes de Reforma número 423, colonia Benito Juárez, segunda sección de la ciudad de Zacatecas, aproximadamente a las nueve de la noche del diez de octubre de dos mil quince, cuando el activo ingresó a la mencionada vivienda sin permiso de la persona autorizada para darlo, esto es, Norma Belmontes Villalobos; activo que puso un cuchillo en el cuello de la mencionada y la amenazó con degollarla, manifestando su deseo de quitarle la vida, lo cual no sucedió debido a que la hija de ambos de nombre Jazmín le gritó que no la matara, por lo que desistió de su intención. También se tiene por cumplido el inciso c, ya que los datos mencionados establecen que se cometieron hechos que la ley señala como delito, en el caso, el allanamiento de morada y la tentativa de homicidio, previstos y sancionados en los numerales 262 y 293, en relación con el diverso 10, todos del Código Penal del Estado de Zacatecas; preceptos legales que, en lo conducente, señalan: Artículo 262 Se impondrá de un año a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas al que, sin motivo justificado, se introduzca o permanezca furtivamente o con engaños, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada. Artículo 293 Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Artículo 10 La tentativa es punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando u omitiendo, en parte o totalmente, los actos que deberían producir o evitar el resultado, si aquéllos se interrumpen o éste no acontece por causas ajenas a la voluntad del agente. Si el sujeto desistiere espontáneamente de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna, a no ser que los actos ejecutados u omitidos constituyan por sí mismos delito. De los anteriores preceptos, la autoridad señalada como responsable correctamente desglosó como elementos de dicha conducta antisocial, los siguientes: Respecto del allanamiento de morada dice: a) Sin motivo justificado, una persona se introduzca o permanezca en un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada. b) Se realice por cualquiera de los siguientes medios: -En forma furtiva; - Con engaños; o, - Sin permiso de la persona autorizada para darlo. Por cuanto hace al diverso delito de tentativa de homicidio: A) Uno subjetivo, relativo a la intención dirigida a cometer un delito (intención de privar de la vida a otro); B) Otro objetivo, consistente en la realización de actos de naturaleza ejecutiva, encaminados directa e inmediatamente a la comisión del delito (homicidio); y, C) Un tercer negativo, que radica en un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo. Ahora, de conformidad con los numerales 261, 265 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba deben ser valorados por el juez de manera libre y lógica, justificando su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos ellos. Además, para el dictado del auto de vinculación a proceso es necesario que los datos de prueba constituyan indicios razonables que permitan suponer la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito. Es decir, en el sistema acusatorio no existe un valor predeterminado de los datos de pruebas, porque el juez asigna ese valor atendiendo a la lógica, el sentido común, las máximas de la experiencia, la sana crítica y la base científica. En efecto, los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. De la interpretación armónica de los preceptos citados se advierte que el órgano jurisdiccional valorará los datos de prueba que le sean proporcionados por las partes, de manera libre y conforme a la lógica, que implica el principio de no contradicción y de racionalidad interna de la decisión probatoria. Asimismo, se advierte que por dato de prueba, debe entenderse toda aquella referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez, que se advierta idóneo, pertinente y, en conjunto con otros, suficiente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado; es decir, se constituye por la noticia o reseña del contenido de un medio de convicción, mas no tiene propiamente el carácter de prueba. Ahora bien, del análisis del audio y video de la audiencia de vinculación a proceso, anexa en este juicio de amparo, así como de la resolución con la que concluyó esa audiencia, se desprende que, contrario a lo que expone el quejoso, el acto reclamado se encuentra apegado a derecho. En efecto, la juez responsable indicó que con las pruebas obtenidas, entre ellas, la declaración de la ofendida Norma Belmontes Villalobos, se acreditaba que el diez de octubre de dos mil quince, aproximadamente a las nueve de la noche, el activo ingresó al domicilio de la mencionada dentro del cual se encontraba Norma Belmontes Villalobos, una vez ante ella sacó un cuchillo que portaba entre su pantalón y su espalda y trató de apuñalarla, logrando lesionarla; posteriormente, sacó otro cuchillo más grande, la jaló del cabello y la tiró al piso de rodillas, al momento en que le decía que la iba a degollar porque la quería matar. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable se basó en las siguientes probanzas: Respecto del delito de allanamiento de morada: 1) El testimonio rendido por Norma Belmontes Villalobos, el diez de octubre de dos mil quince, en el que señaló que en su domicilio se escucharon ruidos, por lo que en ese momento marcó al 066, que cuando escuchó un ruido muy fuerte, como si se hubiera quebrado un vidrio ya no pudo hacer la llamada, que enseguida entró a su cuarto y al abrir la puerta se encontró al activo parado frente a ella, quien la empujó hacia el interior de la habitación. 2) Acta de registro e inspección del lugar de los hechos levantada el once de octubre de dos mil quince en la cual la agente de la Policía Ministerial, María del Carmen Mejía López, asentó haberse constituido en el domicilio ubicado en calle Leyes de Reforma número 423, colonia Benito Juárez, segunda sección de la ciudad de Zacatecas, en el cual apreció que la puerta principal que conduce al interior del domicilio, en el centro tiene un orificio en forma ovalada y que en ese momento se encontraba sin ninguna protección, que de ese orificio es posible ver al interior del domicilio y que en la parte de afuera, entre el barandal y la puerta, se aprecia recargada en la pared una figura ovalada, quebrada de un lado, que corresponde al orificio de la puerta principal. Probanzas con las cuales la autoridad responsable tuvo por acreditado que el diez de octubre de dos mil quince, aproximadamente a las nueve de la noche, el imputado se introdujo a una vivienda, concretamente a la ubicada en calle Leyes de Reforma número 423, colonia Benito Juárez, segunda sección de la ciudad de Zacatecas, domicilio de Norma Belmontes Villalobos, quien se negó a abrirle la puerta; posteriormente regresó e ingresó a la vivienda sin el permiso de la persona autorizada para darlo. Por cuanto hace al delito de tentativa de homicidio: A) El testimonio de Norma Belmontes Villalobos, emitido el diez de octubre de dos mil quince, la cual declaró que el imputado sacó un cuchillo de entre su pantalón y su espalda y trató de apuñalarla en el abdomen, logrando lesionarla en la rodilla derecha; que luego dejó ese cuchillo y sacó otro más grande, la tomó del cabello y la tiró de rodillas al piso diciéndole que la iba a degollar porque quería matarla y después de que lo hiciera se iba a salir, refiriendo la víctima que mientras le ponía el cuchillo en el cuello, ella puso sus manos para evitar que la cortara, lo que le causó varias heridas en la mano y escuchó que su hija de nombre Jazmín le gritó a su papá que no la matara, mientras ella le agarraba con la mano el cuchillo, aprovechando ese momento para ponerse de pie y tratar de quitarle el cuchillo junto con su hija de nombre Jazmín, posteriormente, su hija salió corriendo llorando de la casa, por lo que el imputado salió detrás de ella. B) El acta de inspección de persona de once de octubre de dos mil quince, en el cual la Agente de la Policía Ministerial asentó que al tener a la vista a la víctima Norma Belmontes Villalobos y constató que ésta presentaba en la cara anterior de la rodilla una venda o parche pegado a la piel y en la mano derecha de la palma de la mano un vendaje. C) Certificado médico de lesiones expedido por la doctora Jared García Barajas, adscrita al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, en el cual hace constar que Norma Belmontes Villalobos tiene una herida contuso cortante, suturada, de 1.5 centímetros de longitud, localizada en región palmar tercio medio de meñique derecho; herida contuso cortante, suturada, de tres centímetros de longitud, en cara anterior tercio medio y proximal de índice derecho; herida contuso cortante suturada, de dos centímetros de longitud, localizada en región dorsal y pliegue del pulgar derecho; herida contuso cortante suturada, de tres centímetros de longitud localizada en cara anterior de rodilla derecha; herida contuso cortante suturada de trece milímetros de longitud, localizada en cara interior de rodilla izquierda y herida contuso cortante suturada de tres centímetros de longitud, localizada en cara anterior de rodilla derecha. D) Acta de registro e inspección del lugar de los hechos levantada el once de octubre de dos mil quince, en la cual la agente de la Policía Ministerial asentó que al estar constituida en el domicilio ubicado en calle Leyes de Reforma número 423, colonia Benito Juárez, segunda sección de la ciudad de Zacatecas, apreció un cuchillo, fragmentos de cristal y varias gotas secas al parecer de líquido hemático; en una habitación, sobre el tocador, encontró un segundo cuchillo doblado y desde la entrada principal hasta la segunda habitación se aprecian diversas manchas de líquido, al parecer hemático. E) Inspecciones a diversos objetos, entre ellos un cuchillo con cacha color blanco, marca Vilma, un cuchillo de dieciocho centímetros de largo, con cacha de color café de madera de la marca Tramontina, un pantalón de mezclilla de color negro, una blusa manga larga, color café, un chaleco con gorro, color café. F) Dictamen de rastreo hemático y de boolster practicado por la química María Guadalupe Estrada Ramírez, en el cual se emitieron las siguientes conclusiones: a) En el cuchillo marca Tramontina, se observa la aparición de luminiscencia en la hoja metálica, pero resultó negativo para sangre. b) Las muestras obtenidas del cuchillo marca Vilma con sangre de la especie humana. c) El chaleco con la aparición de luminiscencia en la parte posterior y anterior, dando negativo para sangre. d) Las manchas de la blusa corresponden a sangre humana. G) Dictamen pericial de sanidad de lesiones de uno de mayo de dos mil dieciséis, en el cual el perito indica que se le presentaron lesiones que no pusieron en peligro la vida, tardaron menos de quince días en sanar y no dejaron consecuencias médico legales en Norma Belmontes Villalobos. Por tanto, del análisis del acto reclamado, se desprende que los datos de prueba que anteceden fueron valorados atinadamente por la responsable en términos de los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera libre y lógica, y además se advierte que justificó adecuadamente el valor otorgado a éstas, y explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. En esas condiciones, se reitera que, tal como lo apreció la autoridad responsable, los reseñados datos de prueba son idóneos y pertinentes, pues de cada uno de ellos, la jueza natural obtuvo su valor incriminatorio y como éstos, engarzados entre sí, se consideran suficientes para estimar, hasta esa fase procesal, que la persona que el diez de octubre de dos mil quince, aproximadamente a las nueve de la noche, entró en el domicilio de Norma Belmontes Villalobos, estando frente a la ofendida, sacó un cuchillo de entre su pantalón y su espalda y le lanzó puñaladas en el abdomen, luego sacó otro cuchillo más grande, tomó a ésta por el cabello, la tiró de rodillas al piso y la amenazó con degollarla, manifestando su intención de suprimirle la vida, sin que hasta el momento exista una eximente de responsabilidad o el peticionario de derechos haya comprobado que los actos no fueron como se precisaron o bien que el no tenía la intención descrita. Por ello, se estima que la jueza estuvo en lo correcto al estimar que con los datos aportados por la representación social se acreditaban los elementos del delito de tentativa de homicidio que se imputan al aquí quejoso. La autoridad responsable consideró que lo cometido era tentativa de homicidio y no diverso delito, debido a lo manifestado por Norma Belmontes Villalobos en el sentido de que la persona que entró a su domicilio, ingresó con la intención de suprimirle la vida, lo que no aconteció por las maniobras defensivas de la pasivo así como por la intervención de su hija durante el suceso. Al respecto de la tentativa de homicidio se cita la tesis siguiente: HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA ACREDITAR EL. Constituyendo la tentativa punible un grado de ejecución directa e inmediata de un delito que no llega a su total consumación por causas ajenas a la voluntad del inculpado, para que pueda considerarse que un homicidio es cometido en grado de tentativa, se requiere: a). querer privar de la vida; b). una total realización de los actos de ejecución, y c). no consumación del homicidio por causas ajenas a la voluntad del agente. Esto es así, pues como se estableció en los párrafos precedentes, existe un señalamiento directo de la víctima y el activo no ha demostrado que estuviera en otro lugar al momento de los hechos o que no hubiera sido su intención producir los hechos que se le imputan o que no son como fueron señalados; de ahí que es infundado el concepto de violación que se analiza, pues, contrariamente a lo aseverado por el promovente del amparo, existen datos de prueba suficientes para estimar legal la determinación de la juez de la causa, en el sentido de dictar auto de vinculación a proceso al quejoso, por los delitos de tentativa de homicidio y allanamiento de morada. Por esa razón, contrariamente a lo que aduce el quejoso, se estima que la valoración de los datos de prueba llevada a cabo por la juez responsable fue correcta. Datos de prueba que sirvieron a la responsable para demostrar que el quejoso, probablemente cometió el hecho que se le imputa, sin que ello sea violatorio de sus derechos humanos; en apoyo se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: CUERPO DEL DELITO Y RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si alguno de los elementos probatorios apreciados para acreditar el cuerpo del delito, es también tomado en consideración para justificar la responsabilidad penal del inculpado, esto no es en sí mismo violatorio de garantías, pues bien puede suceder que un elemento probatorio sirva para acreditar ambos extremos, sin que ello traiga como consecuencia una violación de garantías. Así tal como lo estableció la responsable, se tiene acreditado el inciso d, por lo que hace a la probabilidad de que el indicado Jorge Pinedo Rodríguez cometió los hechos punibles, preponderantemente con el testimonio de la ofendida se advierte que fue él y no otra persona, la que probablemente cometió los hechos delictivos consistentes en el allanamiento de morada y tentativa de homicidio en contra de Norma Belmontes Villalobos. Sin que pase inadvertido que en la audiencia de vinculación, la ofendida manifestó que en su denuncia existían varias inconsistencias en donde se advierten aspectos que ella no declaró e insistió en otorgarle el perdón al activo; sin embargo, de tales manifestaciones no se obtiene que los hechos denunciados no hubieren acontecido o no los hubiera cometido probablemente el imputado. Así, es posible concluir, como lo hizo la juez responsable, que existen indicios razonables que permiten suponer la probabilidad de que Jorge Pinedo Rodríguez, cometió los hechos delictivos, ya que son aptos para justificar que se introdujo a un domicilio sin permiso de la persona autorizada para darlo, además de haber externado su intención a Norma Belmontes Villalobos de suprimirle la vida con un cuchillo, sin lograr el resultado buscado por una causa ajena a su voluntad, como lo fue la intervención de la hija de ambos. Ahora, como se estableció, el estándar probatorio que se requiere para el dictado del auto de vinculación a proceso es reducido, porque la resolución se sustenta solamente en datos de prueba, los cuales consisten en la simple referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, los que deben ser idóneos y pertinentes para establecer la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, en términos de lo que establece el primer párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa virtud, dicho estándar requerido en esta fase no puede llegar al extremo de requerir medios de prueba que sean bastantes para juzgar el hecho, pues la exigencia de demostración es menor a la que se requiere para dictar sentencia, porque el auto de vinculación a proceso sólo tiene como objetivo inmediato determinar si la persona queda sujeta o no al procedimiento. De tal manera, el estándar de prueba sólo establece parámetros para la valoración de los datos de prueba con relación a la demostración del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió; por tanto, si el auto de vinculación a proceso reclamado tiene como sustento los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, los cuales son indicios razonables, idóneos y pertinentes para justificar esos extremos, es innegable que fue correcta la determinación de la autoridad responsable; de ahí lo infundado del concepto de violación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Además, la juez estuvo en lo correcto al considerar que el perdón de la ofendida no se podía otorgar en los mencionados delitos, los cuales se persiguen de oficio, ya que el perdón del ofendido sólo procede en delitos que son de querella necesaria, razón por la cual se tiene por acreditado el inciso e, ya que en el caso concreto no se actualiza ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Lo que se corrobora por el principio rector que imparte con la tesis siguiente: PERDÓN DEL OFENDIDO. SÓLO EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL CUANDO EL DELITO SE PERSIGUE POR QUERELLA Y NO DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). De acuerdo con el artículo 91, fracción I, del Código Penal del Estado de Sonora, el perdón del ofendido extinguirá la acción penal cuando el delito sólo pueda perseguirse a petición de parte, y ello no es así en el caso del ilícito que se persigue de oficio. En ese contexto, fue acertada la determinación de la responsable al considerar que los datos de prueba expuestos son aptos para considerar que se cometió el hecho que la ley señala como delitos de allanamiento de morada y tentativa de homicidio, previstos en los artículos 262 y 293, en relación con el diverso numeral 10, todos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, y que existe la probabilidad de que Jorge Pinedo Rodríguez, los cometió, sin que se haya advertido queja deficiente por suplir, por lo que el auto de vinculación a proceso combatido no resulta violatorio de derechos fundamentales. Finalmente, como lo sostuvo la juez responsable en el acto reclamado, no se advirtió ni se demostró alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se obtiene que el auto de vinculación a proceso cumple con los lineamientos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, dado lo reiterativo del quejoso respecto a su concepto de violación atinente a que el acto reclamado no se encuentra fundado y motivado, se estima prudente abundar su respuesta. En ese sentido, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República, establece: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Conforme a ese numeral, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; en el entendido que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Al respecto. Es ilustrativa la jurisprudencia 260, de la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En la especie, para efectos de fundar el auto de vinculación reclamado, la Juez de Control básicamente citó el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto que contiene los requisitos para la emisión de un auto de vinculación a proceso y que fueron reseñados con antelación. En cuanto a la existencia de los hechos delictivos, citó los preceptos 262 y 293, en relación con el diverso 10 del Código Penal del Estado de Zacatecas, que prevén y sancionan los delitos que se imputan al amparista. Por cuanto a la motivación y fundamentación de los datos que tomó en consideración para la comprobación de los hechos delictivos, describió cada uno de esos datos de prueba, según se expuso en párrafos precedentes, estableciendo las razones por las cuales consideró que los mismos eran ponderables de conformidad con los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, es evidente que la juzgadora responsable cumplió con las exigencias contenidas en el artículo 16 Constitucional. Ahora bien, debe decirse que al hacerse un análisis del auto de vinculación reclamado, se llega a la conclusión que son correctas las consideraciones vertidas por la Juez señalada como responsable, como sustento de su determinación, y como tales aspectos son correctos por los motivos y fundamentos expuestos en dicho fallo, a ellos se remite este Juzgado de Distrito y los hace propios, pues, además, no observa en ellos alguna irregularidad que obligara suplir la deficiencia de los conceptos de violación en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el entendido que es innecesario plasmar las consideraciones que apoyan la anterior aseveración de este Tribunal, al tenor del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 40/97, que dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquélla, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión. En las relatadas condiciones, al no advertir este órgano jurisdiccional queja deficiente que suplir a favor del peticionario del amparo Jorge Pinedo Rodríguez, y al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente en el caso es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, que se reclaman en vía de consecuencia del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 484/2016, de tres de noviembre de dos mil dieciséis. No pasa inadvertido para este juzgador, que la tercera interesada hizo valer los alegatos que consideró pertinentes; sin embargo, no se realizará su análisis, pues ello sólo es obligatorio para el juzgador de amparo, cuando se propongan causales de improcedencia, al ser éstas de orden público, examen que ya se realizó en líneas que preceden. En ese respecto es aplicable el criterio siguiente: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Pinedo Rodríguez, contra el acto reclamado al Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Jorge Pinedo Rodríguez, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 484/2016, de tres de noviembre de dos mil dieciséis y su ejecución, reclamados a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad de Zacatecas y al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFIQUESE; Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En ocho de diciembre de dos mil dieciséis, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; y con la circunstancia de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado de las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Alva Miranda Ramírez. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Alva Miranda Ramírez da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y con un escrito registrado con el folio 20411. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; y con la circunstancia de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado de las autoridades responsables; luego, a fin de no dejarlas en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado Alfonso Castillo Ramírez, autorizado de la parte quejosa (foja 9 vuelta); en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante en vía de alegatos; sin perjuicio de relacionarlos y valorarlos en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABALES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
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El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria da cuenta a la Juez con los oficios registrados con los folios 19807, 19779 y 19805, el primero con el anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de esta ciudad y Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Ahora, dese vista a la parte quejosa con el contenido de los comunicados de cuenta, constancias y discos digitales en formato CD que remitió la autoridad oficiante como justificación de sus actos; lo anterior, a fin de que si lo estima necesario, pueda consultar la información contenida en formato digital y manifieste lo que a su derecho convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, téngase por recibido el diverso comunicado suscrito por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, por el que remite la constancia de emplazamiento de la Agente del Ministerio Público, que interviene en la causa penal 484/2016, instruido al hoy quejoso Jorge Pinedo Rodríguez. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
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