Jorge Omar Sandoval Ledezma
Expediente 1790/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1790/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Omar Sandoval Ledezma
Actuaciones
- Principal
En nueve de octubre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martin Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del dos al ocho de octubre de dos mil quince, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto del día veinticuatro de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 1790/2015.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martin Zamora González, da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por el Jorge Omar Sandoval Ledezma; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *FHuizar
- Principal
En veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por JORGE OMAR SANDOVAL LEDEZMA, por su propio derecho y copias que se adjuntan, registrada con el folio 18895.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por JORGE OMAR SANDOVAL LEDEZMA, por su propio derecho, contra actos del PRESIDENTE MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, AMBOS CON RESIDENCIA EN NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 12 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1790/2015 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, este Juez de Distrito emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado, la retención injustificada del salario desde el quince de septiembre del dos mil quince, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Los preceptos y fracciones mencionados de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". A fin de tener por actualizada la causal de improcedencia de mérito, cabe destacar como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Que el quejoso tiene la calidad de Superviso de Permisos de Construcción del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Que inicio el proceso electoral para diputados federales, y su jefe directo le pidió que se uniera al proyecto político y dicho quejoso no acepto tal propuesta. Que una vez terminado el proceso electoral la Secretaria de Gobierno le mandó llamar al quejoso y al estar gozando de vacaciones el antes mencionado, no asistió hasta el día veintisiete de agosto de dos mil quince, en el cual se le solicita se retirara voluntariamente y que sería liquidado. Que el día quince de septiembre de dos mil quince se percató de no tener su depósito correspondiente a tal quincena, para lo cual el día posterior aun no existía depósito, por lo que, asistió el diecisiete de septiembre de dos mil quince ante el Oficial Mayor del Municipio y el respondió que era orden del departamento jurídico, por lo cual, fue con el asesor jurídico y este mencionó que no era cierto; por tal razón, se presentó ante el Presidente Municipal y la Secretaria de Gobierno, y ambos se negaron a recibirlo, en tanto, sigue laborando de igual forma sin recibir pago. (Actuación que constituye el acto reclamado) En esta tesitura, se tiene que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5° de la propia legislación, toda vez que el quejoso señala como autoridades responsables al Presidente Municipal y Oficial Mayor Municipal, ambos de Nochistlan de Mejía, Zacatecas, a quien le reclama la retención injustificada del salario desde el quince de septiembre de dos mil quince y que según se advierte de los antecedentes narrados, el Presidente Municipal y Oficial Mayor Municipal, ambos de Nochistlan de Mejía, Zacatecas, sólo actúan como superiores jerárquicos (patrón) y no como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. De lo que se evidencia, que en el caso particular, las citadas autoridades responsables no tienen la calidad jurídica a que se refiere el artículo 5° de la Ley de la Materia, para los efectos del juicio de amparo, lo anterior es así, tomando en consideración que conforme al invocado precepto legal, se considera como autoridad la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado, en el caso específico, no se está en ese supuesto, en virtud de que dada la naturaleza del acto reclamado, carecen de la facultad de coercitibidad necesaria para hacer cumplir sus determinaciones, pues dicha autoridad guarda una relación laboral con el hoy quejoso y no se surte entre ellos una relación de supra a subordinación que es lo que caracteriza el acto de autoridad; ello, porque según se advierte la retención injustificada de salario y que en tal supuesto, el Presidente Municipal y Oficial Mayor Municipal, ambos de Nochistlan de Mejía, Zacatecas, sólo actúa como sólo actúan como superiores jerárquicos (patrón); de manera que el acto que reclama, se surte en un plano de relación de coordinación, entre el trabajador y las citadas autoridades responsables como patrón; situación ésta que no debe reclamarse en esta instancia, ya que la misma se ocupa de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad planteados; en consecuencia, como el acto que se combate, constituye una situación enmarcada en el ámbito laboral, es de concluir que la responsable a quien se le imputa, no tiene la calidad jurídica de autoridad para los efectos del amparo, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo. En ese aspecto, se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 42, que aparece publicada en la página 31, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 2000, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De igual forma, resulta congruente con lo expuesto la tesis que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo señalado con antelación tiene sustento en el siguiente criterio: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Luego, una autoridad para efectos del amparo, es el órgano de gobierno que cuenta con la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o incluso en contra de ella; sin embargo, como se precisó, Presidente Municipal y Oficial Mayor Municipal, ambos de Nochistlan de Mejía, Zacatecas sólo actúan sólo actúan como superiores jerárquicos (patrón) en la retención de salarios. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa del improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedentes es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por JORGE OMAR SANDOVAL LEDEZMA, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, interpretado éste en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizados de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo al licenciado LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ SALAZAR, quien cuenta con su cédula con número 5449390; registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, requisito indispensable dada la materia sobre la que versa el presente asunto, así como a los pasantes de derecho; MOISÉS DAVID GARCÍA OROPEZA Y JHOVANNY EMMANUEL OROPEZA FLORES, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo en vigor; asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en AVENIDA RAMÓN LÓPEZ VELARDE NÚMERO 639, INTERIOR 2, COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD CAPITAL NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy Fe. *FHuizar
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por JORGE OMAR SANDOVAL LEDEZMA, por su propio derecho y copias que se adjuntan, registrada con el folio 18895.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por JORGE OMAR SANDOVAL LEDEZMA, por su propio derecho, contra actos del PRESIDENTE MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, AMBOS CON RESIDENCIA EN NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 12 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1790/2015 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, este Juez de Distrito emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado, la retención injustificada del salario desde el quince de septiembre del dos mil quince, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Los preceptos y fracciones mencionados de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". A fin de tener por actualizada la causal de improcedencia de mérito, cabe destacar como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Que el quejoso tiene la calidad de Superviso de Permisos de Construcción del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Que inicio el proceso electoral para diputados federales, y su jefe directo le pidió que se uniera al proyecto político y dicho quejoso no acepto tal propuesta. Que una vez terminado el proceso electoral la Secretaria de Gobierno le mandó llamar al quejoso y al estar gozando de vacaciones el antes mencionado, no asistió hasta el día veintisiete de agosto de dos mil quince, en el cual se le solicita se retirara voluntariamente y que sería liquidado. Que el día quince de septiembre de dos mil quince se percató de no tener su depósito correspondiente a tal quincena, para lo cual el día posterior aun no existía depósito, por lo que, asistió el diecisiete de septiembre de dos mil quince ante el Oficial Mayor del Municipio y el respondió que era orden del departamento jurídico, por lo cual, fue con el asesor jurídico y este mencionó que no era cierto; por tal razón, se presentó ante el Presidente Municipal y la Secretaria de Gobierno, y ambos se negaron a recibirlo, en tanto, sigue laborando de igual forma sin recibir pago. (Actuación que constituye el acto reclamado) En esta tesitura, se tiene que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5° de la propia legislación, toda vez que el quejoso señala como autoridades responsables al Presidente Municipal y Oficial Mayor Municipal, ambos de Nochistlan de Mejía, Zacatecas, a quien le reclama la retención injustificada del salario desde el quince de septiembre de dos mil quince y que según se advierte de los antecedentes narrados, el Presidente Municipal y Oficial Mayor Municipal, ambos de Nochistlan de Mejía, Zacatecas, sólo actúan como superiores jerárquicos (patrón) y no como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. De lo que se evidencia, que en el caso particular, las citadas autoridades responsables no tienen la calidad jurídica a que se refiere el artículo 5° de la Ley de la Materia, para los efectos del juicio de amparo, lo anterior es así, tomando en consideración que conforme al invocado precepto legal, se considera como autoridad la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado, en el caso específico, no se está en ese supuesto, en virtud de que dada la naturaleza del acto reclamado, carecen de la facultad de coercitibidad necesaria para hacer cumplir sus determinaciones, pues dicha autoridad guarda una relación laboral con el hoy quejoso y no se surte entre ellos una relación de supra a subordinación que es lo que caracteriza el acto de autoridad; ello, porque según se advierte la retención injustificada de salario y que en tal supuesto, el Presidente Municipal y Oficial Mayor Municipal, ambos de Nochistlan de Mejía, Zacatecas, sólo actúa como sólo actúan como superiores jerárquicos (patrón); de manera que el acto que reclama, se surte en un plano de relación de coordinación, entre el trabajador y las citadas autoridades responsables como patrón; situación ésta que no debe reclamarse en esta instancia, ya que la misma se ocupa de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad planteados; en consecuencia, como el acto que se combate, constituye una situación enmarcada en el ámbito laboral, es de concluir que la responsable a quien se le imputa, no tiene la calidad jurídica de autoridad para los efectos del amparo, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo. En ese aspecto, se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 42, que aparece publicada en la página 31, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 2000, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De igual forma, resulta congruente con lo expuesto la tesis que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo señalado con antelación tiene sustento en el siguiente criterio: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Luego, una autoridad para efectos del amparo, es el órgano de gobierno que cuenta con la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o incluso en contra de ella; sin embargo, como se precisó, Presidente Municipal y Oficial Mayor Municipal, ambos de Nochistlan de Mejía, Zacatecas sólo actúan sólo actúan como superiores jerárquicos (patrón) en la retención de salarios. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa del improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedentes es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por JORGE OMAR SANDOVAL LEDEZMA, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, interpretado éste en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizados de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo al licenciado LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ SALAZAR, quien cuenta con su cédula con número 5449390; registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, requisito indispensable dada la materia sobre la que versa el presente asunto, así como a los pasantes de derecho; MOISÉS DAVID GARCÍA OROPEZA Y JHOVANNY EMMANUEL OROPEZA FLORES, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo en vigor; asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en AVENIDA RAMÓN LÓPEZ VELARDE NÚMERO 639, INTERIOR 2, COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD CAPITAL NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy Fe. *FHuizar"
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Jorge Morales Delgado1014/2017
- Jorge Morales Delgado741/2017
- Jorge Morales Delgado153/2017
- Jorge Morales Loera1945/2015
- Jorge Morales Panuco3370/2014
- Jorge Octavio Araiza López17/2017
- Jorge Ortega Valdez175/2018
- Jorge Ortíz González748/2016
- Jorge Pantaleón Martínez Sumano110/2020
- Jorge Patricio Villalobos González1523/2018
- Jorge Pinedo Rodríguez1206/2016
- Jorge Rada Luévano275/2020