Jorge Rodriguez Valdes Prado
Expediente 954/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Rodriguez Valdes Prado
Actuaciones
- Principal
El dos de septiembre de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa dieciocho al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra el auto de once de agosto de dos mil veintidós. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto dictado en el presente juicio de amparo, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso a y b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió la suspensión de plano. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Yas En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795
- Principal
El once de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones registradas bajo los 15038 y 15023. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Zacatecas, a través del cual rinde su informe justificado y a su vez acompaña el anexo consistente en copia certificada del procedimiento administrativo. Ahora bien, una vez impuesto este juzgador de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En efecto, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Jorge Rodríguez Valdés-Prado, reclamó la privación ilegal de su libertad e incomunicación y, como consecuencia, la deportación a su país de origen; lo anterior con motivo de su acuerdo de presentación y alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas. De lo expuesto tenemos que, el quejoso primordialmente reclama su detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, su retención en dichas oficinas migratorias. Sin que sea inadvertido que el quejoso también reclamó su traslado o deportación; sin embargo, no ha lugar a tenerlos como actos reclamados, en atención a que atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que dichos actos fueron señalados por el quejoso como una posible consecuencia de su alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas; por lo que no ha lugar a tenerlos como actos reclamados dentro del presente juicio de derechos fundamentales. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, con relación a los actos ya precisados, se advierte que el dieciocho de julio dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió resolución en la que, indicó que el quejoso compareció para manifestar "No cuento con mi documentación necesaria para poder ser trasladado a mi país de origen, y aparte que los consulados de mi país, hasta el día de hoy no responde la notificación consular para acreditar mi nacionalidad, por lo que pido me dejen salir para que pueda abandonar el país, para buscar la manera de salir de México y así poder regresarme lo más pronto posible", por lo que autorizó su salida de la estación migratoria en la que se encontraba alojado, para que abandonara el territorio nacional, sin requerir información adicional; resolución que fue notificada al impetrante Jorge Rodríguez Valdés-Prado en la misma fecha, expidiéndosele el OFICIO DE SALIDA DEL PAÍS correspondiente. La documental anterior cuenta con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser un documento público suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por el quejoso, en razón a que el dieciocho de julio del presente año, autorizó su salida del país. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados en este juicio, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque fue egresado de las instalaciones de dicha delegación estatal para posteriormente estar en condiciones de abandonar el país; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar al amparista, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el dieciocho de julio del presente año, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el quince de julio del año en curso, inhabilitó los efectos de los actos reclamados, debe considerarse que han sido destruidos los efectos de los actos tildados de inconstitucionales en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas y su alegada incomunicación, así como su deportación; si éste ya fue puesto en libertad y se autorizó su salida del país. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Atento a lo anterior, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo promovido por Jorge Rodríguez Valdés-Prado, por los motivos precisados en esta determinación. Consecuentemente, se deja sin efecto legal la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del doce de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El ocho de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 14957. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito suscrito por el quejoso Jorge Rodríguez Valdez Prado, por el que manifiesta que es su deseo desistirse de la demanda que motivó el presente juicio de amparo; al respecto, requiérasele para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computado, comparezca ante este Juzgado de Distrito con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que ratifique el contenido y firma de su libelo; en el entendido de que de no comparecer, se tendrá por no presentada su promoción, continuándose con el trámite legal de este expediente. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia número 2a./J. 119/2006, Novena Época, Materia Común, tomo XXIV, Agosto de 2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.". Asimismo, toda vez que es un hecho notorio la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; infórmesele que podrá generar su cita conforme a las reglas previstas en capítulo II del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, para presentarse físicamente en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la quejosa. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del nueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
8762 veintidós de abril de dos mil veintidós 6841 veintidós de marzo de dos mil veintidós dieciocho de marzo de dos mil veintidós CUENTA. El veinte de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con la constancia que antecede, con la razón actuarial y con el oficio de registro 14117, así como con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia levantada el dieciséis del mes y año en curso, por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, se advierte que se constituyó en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas; a fin de notificar personalmente al quejoso Jorge Rodríguez Valdés Prado, el auto de quince del presente mes y año, y requerirlo para que manifestara en ese acto o dentro del término de tres días su deseo de ratificar la demanda de derechos presentada en su favor por Jaime Adrián Álvarez Araujo y Rafael Ibarra de Santiago; y una vez que lo tuvo en su presencia; el directo agraviado manifestó que sí ratifica la demanda. En tales condiciones, se provee lo siguiente: ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión por haberse decretado la suspensión de plano en auto de quince del presente mes y año. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables con residencia fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional a rendir su informe de ley a través del correo electrónico 1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a las demás partes, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento, de ser así remitan las constancias que la acrediten. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. En consecuencia, habilítese la consulta de las actuaciones que integran el presente juicio a través del expediente electrónico; por tanto, gírense instrucciones al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que la representante adscrita a este órgano jurisdiccional, con usuario autorizado SOCORRO.GRACIANO visualice el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa y se le notifique electrónicamente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitan. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Por otra parte, visto el oficio suscrito por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Zacatecas, mediante el cual rinde su informe, en relación a la suspensión de plano, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, y téngasele informando lo anterior, dese vista a las partes con dicho ocurso para su conocimiento. Finalmente, toda vez que del escrito de demanda se advierte que el diecisiete del mes y año que transcurre, se recibió la demanda de derechos que dio origen al presente juicio de amparo, sin embargo, tomando en consideración que ésta fue recibida directamente ante este órgano jurisdiccional, no se cuenta con la boleta de turno respectiva. En consecuencia, remítase oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, a fin de que registre el escrito de demanda y expida la boleta de turno respectiva. Para lo anterior, se le proporciona la siguiente información: Nombre del quejoso: Jaime Adrián Álvarez Araujo, a favor de Jorge Rodríguez Valdes Prado. Autoridades responsables: Instituto Nacional de Migración Delegación Federal del estado de Zacatecas. Tipo de demanda: Administrativa. Acto reclamado: PRIVACION Y DETENCION DE LA LIBERTAD MEDIANTE LA ORDEN DE DETENCIÒN O ASEGURAMIENTO, U ORDEN DE RETENCIÒN ILEGAL, LA INCOMUNICACIÒN, ASÌ COMO LA ORDEN Y EJECUCIÒN DE LA DEPORTACIÒN, EN agravio de JORGE RODRIGUEZ VALDES-PRADO de nacionalidad CUBANA. Número de copia: ninguna. Número de anexos: ninguno. Tercero interesado: no existe. Oficio: No aplica. Número de expediente y/o expedientes de donde deriva el acto reclamado: no aplica. Firma: con firma. Fecha de recibido: quince de julio de dos mil veintidós. Nombre del secretario que recibió la demanda: Jesús Romero Hernández. Carácter de urgente o no de la demanda: Urgente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza. Doy fe. Nes. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas a las nueve horas del veintiuno de julio de dos mil veintidós, público en la lista que se fija en este órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy FE.
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