Jorge Morales Delgado
Expediente 741/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Morales Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del trece al veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, sin contar los días catorce y quince por ser festivos, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de cinco de septiembre del actual, dentro del juicio de amparo número 741/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que si existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el presente juicio de amparo sí se tramitó incidente de suspensión, en el que por una parte se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados y por otra se le concedió dicha medida suspensional. En el referido incidente de suspensión no se exhibió billete de depósito. De igual forma, no existe recurso pendiente de resolver en el incidente de suspensión respectivo. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado por este Juzgado el cinco de septiembre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento dentro del presente juicio por desistimiento del quejoso; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que por una parte se negó al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados y por otra se le concedió dicha medida suspensional. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 741/2017-1, la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que integran el presente incidente de suspensión entre las que destaca copia de la demanda de garantías promovida por Jorge Morales Delgado, auto de veintidós de agosto del año en curso, por el que se admitió la demanda de garantías de la que deriva la presente incidencia, así como los informes previos rendidos por las autoridades responsables Magistrada Presidenta de la Sala Penal del Honorable Supremo Tribunal de Justicia, Fiscal General del Estado (a través del Vice Fiscal Jurídico y de Servicios a la Justicia de dicha Fiscalía y Comisario General de la Policía Ministerial, todos del Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, así como Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial, residente en Jesús María Aguascalientes. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Por rendidos los informes previos de las autoridades responsables foráneas que ya obran en autos. En el periodo de pruebas y alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció ni los formuló. No existiendo más actuaciones y constancias que relacionar, se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 741/2017-1; y, RESULTANDO PRIMERO. Jorge Morales Delgado, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados del Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en la posible orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia dictada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Por auto de veintidós de agosto del año en curso, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada por Jorge Morales Delgado, se solicitó informes previos a las autoridades responsables y se citó a las partes a la audiencia incidental. Por interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en cuanto al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Jueces Primero y Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital, Procurador General de Justicia del Estado y Director General de la Policía Ministerial de dicha Procuraduría, todas residentes en esta capital y se difirió la audiencia incidental sobre las diversas autoridades responsables foráneas, sobre las que ahora tiene verificativo al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual deriva esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 125 de la Ley de Amparo vigente; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida la suspensión definitiva deberá contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Bajo esa tesitura, los actos reclamados en esta instancia por el quejoso Jorge Morales Delgado, consisten en la posible orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Negativa de los actos reclamados. La autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Penal del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, residente en la ciudad del mismo nombre, al rendir su informe previo niega expresamente la existencia del acto que se le reclama, sin que el impetrante del amparo hubiera aportado elemento probatorio alguno para desvirtuar esa negativa. En consecuencia, lo que procede es negar la suspensión definitiva que se solicita, en cuanto a la citada autoridad responsable se refiere, al no haber materia sobre la que pudiera decretarse, dada la inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1008, visible en la página 1630 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado al no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que atribuye el quejoso al Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial, residente en Jesús María, Aguascalientes; Fiscal General del Estado (a través del Vice Fiscal Jurídico y de Servicios a la Justicia de dicha Fiscalía); y, Comisario General de la Policía Ministerial, todos del Estado de Aguascalientes, al rendir sus informes previos manifestaron que es cierto el acto reclamado que hace consistir el quejoso en la orden de aprehensión y su ejecución; además, la primera de las responsables agregó, que el trece de enero de dos mil diecisiete la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de ese propio Estado, revocó el auto doce de abril de dos mil dieciséis y libró orden de aprehensión contra Jorge Morales Delgado, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en agravio de Daniela Morales Herrera y Lorena Herrera Ibarra, en representación de las menores L.M.H., y P.M.H. QUINTO. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido; 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página: 2347: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". SEXTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA. En el presente asunto, se estima que los requisitos de procedencia de la suspensión que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, se encuentran satisfechos, en razón de que: 1. Existe la solicitud respectiva formulada por el peticionario de amparo. 2. La existencia de los actos reclamados se acreditó con el informe justificado que rindieron las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial, residente en Jesús María, Aguascalientes; Fiscal General del Estado (a través del Vice Fiscal Jurídico y de Servicios a la Justicia de dicha Fiscalía); y, Comisario General de la Policía Ministerial, ambas del Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, pues de los mismos se advierte la existencia del acto reclamado, esto es, la orden de aprehensión librada contra el quejoso Jorge Morales Delgado, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en agravio de Daniela Morales Herrera y Lorena Herrera Ibarra, en representación de las menores L.M.H., y P.M.H., dentro de los autos de la causa penal 6/2016. 3. La naturaleza del acto reclamado permite la paralización de sus efectos, a saber: la privación de la libertad personal del quejoso. 4. El peticionario de amparo resiente un perjuicio en su esfera jurídica ya que, de ser ejecutada la orden de captura reclamada, se le causaría un agravio irreparable, en razón de que sería privado de su libertad, lo que no podría retrotraerse en el tiempo. 5. Hasta el presente momento, no existe presunción de que la orden reclamada afecte al interés social o el orden público, puesto que, contrario a ello, la orden de aprehensión reclamada y su ejecución, sólo genera perjuicio sobre la libertad personal del quejoso. En ese sentido, lo procedente es conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se prive de la libertad personal al justiciable de mérito, hasta en tanto se notifique el auto por el cual cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal de donde deriva la presente incidencia; quedando a disposición de este juzgado, por lo que hace a su libertad personal y a la de la autoridad judicial que corresponda, para la prosecución del procedimiento penal respectivo. En otro sentido, respecto de las medidas de aseguramiento a fin de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 162 y 168 de la Ley de Amparo, se imponen las siguientes: La de comparecer dentro de un plazo de tres días ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial, residente en Jesús María, Aguascalientes, a fin de que rinda su declaración; lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en su favor establece la fracción II del apartado B del artículo 20 de la Constitución General de la República, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante esa autoridad al desahogo de dicha diligencia. Se apercibe al peticionario de derechos fundamentales que de no cumplir con dicho requisito dentro del término establecido, dejará de surtir efectos la suspensión definitiva concedida. Ahora bien, con la única y exclusiva finalidad de que las anteriores medidas establecidas sean observadas y cumplidas a satisfacción por la parte quejosa, es menester indicar al juez de la causa que, por cuanto a la orden de aprehensión decretada contra del aquí quejoso, no es necesario que para su comparecencia ante esa autoridad judicial deba preceder solicitud por escrito y fijarse fecha y hora para tal efecto. A fin de verificar el cumplimiento de esa medida, requiérase a la juez de la causa señalada como responsable, para que una vez que el impetrante se presente ante su instancia, lo haga del conocimiento sin demora de este Órgano Jurisdiccional. Es aplicable a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Se aclara que las autoridades responsables no tendrán la obligación de acatar la presente medida cautelar si se sorprende al quejoso en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de presentación, aprehensión, reaprehensión, dictada por autoridad judicial distinta a la señalada por el peticionario de garantías, en cuyo caso podrá aprehendérsele, porque así lo autoriza el artículo 16 de la Constitución General de la República. 2. La suspensión definitiva surte efectos desde luego, pero dejara de hacerlo si el quejoso no exhibe, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, una garantía por la cantidad de CINCO MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, en efectivo, a través de certificado de depósito, que deberá ser expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito; o bien, en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley, para el cumplimiento de las obligaciones que contrae. En el entendido de que, en caso de garantizar con hipoteca, el valor fiscal del inmueble, que deberá estar libre de gravamen, comprenderá el total de la suma señalada, más el diez por ciento que cubra los posibles gastos destinados a hacer efectiva aquélla. Y en el supuesto de que el promovente opte por garantía consistente en póliza de fianza, ésta deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado de distrito, debiendo señalar al agente autorizado en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio de garantías del que deriva este incidente; en el entendido de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir sus efectos, sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido de que el monto de la garantía señalada se fija de manera discrecional, toda vez que por ahora no es posible hacerlo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, fracciones I, II y III, de la ley de la materia, tomando en consideración que por el momento no se cuenta con datos suficientes de los que se infiera la naturaleza, modalidades y características del delito que se atribuye al impetrante, como tampoco aquellos que permitan conocer su situación económica; pero tiene como fin evitar que se sustraiga de la acción de la justicia y con ello se entorpezca el procedimiento penal de origen, y como medida necesaria a efecto de que el quejoso pueda ser devuelto a la responsable en el supuesto de que no le sea concedida la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 139, 138, 140 y relativos de la Ley de Amparo; se PRIMERO. SE NIEGA a Jorge Morales Delgado la suspensión definitiva de los actos reclamados de la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Penal del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, en los términos puntualizados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a Jorge Morales Delgado la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial, residente en Jesús María, Aguascalientes; Fiscal General del Estado; y, Comisario General de la Policía Ministerial, ambas del Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, en los términos precisados en el considerando sexto de esta resolución. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
En ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con el telegrama registrado con el número 12131. Conste. ZACATECAS, ZACATECAS, OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre; con dicho comunicado dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas citados en el comunicado de mérito. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. Doy fe. Olivia
- Principal
En seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con el telegrama registrado con el número 12023. Conste. ZACATECAS, ZACATECAS, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, a través de la Vice Fiscal Jurídico y de Servicios a la Justicia de la propia Fiscalía, en su substitución; con dicho comunicado dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas citados en el comunicado de mérito. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. Doy fe. Olivia
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Jorge Miguel Valdivia Mariscal265/2023
- Jorge Misael Mauricio Montañez495/2020
- Jorge Montenegro Valle3237/2014
- Jorge Montoya Bañuelos1038/2016
- Jorge Montoya Sánchez3403/2014
- Jorge Morales Delgado1014/2017
- Jorge Morales Delgado153/2017
- Jorge Morales Loera1945/2015
- Jorge Morales Panuco3370/2014
- Jorge Octavio Araiza López17/2017
- Jorge Omar Sandoval Ledezma1790/2015
- Jorge Ortega Valdez175/2018