Jorge Omar GonzàLez RìOs
Expediente 829/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Omar GonzàLez RìOs
- 1. Juez de Control Región Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
En veinticinco de julio de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 9490. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán de Ocampo, mediante el cual, acusa de recibo del oficio 11940/2023, de diecinueve de junio (sic) del año en curso, mediante el cual, se le informó que la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, causó ejecutoria.********************De lo anterior, se toma para conocimiento para los efectos legales que haya lugar.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que el plazo de diez días que contaba la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, transcurrió del cuatro al diecisiete de julio del año en curso, toda vez que fue notificado electrónicamente en tres de julio pasado; sin que lo hiciere. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Conste. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede; y, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no fue impugnada la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, por lo que, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 3. Valoración. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS. Sin que sea el caso, ordenar a las partes que acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperar documentos originales, mucho menos realizar el apercibimiento respectivo; toda vez que de la revisión de las constancias del asunto, se advierte que no se exhibieron documentos de esa naturaleza. 3.1. De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el presente cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Incidente de suspensión. En atención a que en interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintitirés, se concedió la suspensión definitiva al quejoso, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del mencionado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental ES CONSERVABLE. 3.3. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el citado cuaderno, previa anotación correspondiente en los medios electrónicos, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el artículo 17, párrafo primero, del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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En veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 8251. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán de Ocampo; a través del cual, acusa recibo del diverso oficio 10762/2023 del consecutivo de este Juzgado de Distrito, misiva que contiene la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés.Vistos, para resolver los autos que integran el juicio de amparo ******************** promovido por********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control región Morelia y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 3 a 5), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad,********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir esencialmente en la orden de aprehensión, comparecencia, arresto, presentación, localización, citación o entrevista, y su ejecución. El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), narró los antecedentes del acto reclamado y expresó el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata, a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa misma data (fojas 6 a 9), se registró con número de expediente 829/2022; se admitió a trámite, se solicitaron los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito; y, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Por acuerdos de cinco y trece de enero, así como de veintidós de febrero, todos del año en curso (fojas 42 y 43, 89 a 93, así como 147 y 148), se dio vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de las autoridades responsables: Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos de Violencia Familiar y Género de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos de Violencia Familiar y de Género, en Uruapan, Michoacán de Ocampo. Coordinador General de la Policía de Investigación, en Uruapan, Michoacán de Ocampo. Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos de Violencia Familiar y Género de Zamora, Michoacán de Ocampo. Coordinador General de la Policía de Investigación, en Zamora, Michoacán de Ocampo; y, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos de Violencia Familiar y de Género en Zamora, Michoacán de Ocampo. En proveídos de uno de febrero y seis de marzo del año en curso (fojas 135 a 137 y 151 a 152), al no haberse desahogado la vista respectiva por parte del solicitante de amparo, se tuvo a las precitadas autoridades como inexistentes y se ordenó suspender toda comunicación con ellas. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, ya que su inexistencia fue determinada en acuerdos previos a la celebración de la audiencia de Ley, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ellas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Finalmente, a las diez horas con quince minutos del catorce de marzo del año en curso, dio inicio la audiencia constitucional -fojas 154 a 155-, la cual se llevó a cabo sin la comparecencia de las partes ni de su representante legítimo; se abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas; una vez concluida tal etapa, se abrió la de alegatos, en la que se hizo constar que ninguna de las partes los formuló, con lo que se cerró dicho periodo, quedando los autos en estado para el dictado de la sentencia respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción II, y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, toda vez que la parte quejosa, reclama actos en juicio, cometidos por autoridad judicial, con ejecución en esta ciudad, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia. De la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan. Del Coordinador General de la Policía de Investigación, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo (denominación correcta). Del Director Regional de Litigación de la Fiscalía de Zamora, Michoacán de Ocampo. De la Directora de Litigación de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género, con sede en Morelia. Del Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo. De la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Del Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en Morelia; y, Del Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia. La orden de aprehensión, comparecencia, arresto, presentación, localización, citación o entrevista, y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional, atribuidos a las autoridades responsables: Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora. Director Regional de Litigación de la Fiscalía de Zamora, Michoacán de Ocampo. Directora de Litigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y Género, con sede en Morelia. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en Morelia; y, Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia. Lo anterior, toda vez que las mencionadas autoridades responsables, al rendir sus informes con justificación (fojas 30 a 31, 36 a 37, 61, 111 a 113 y 131), negaron los actos que de ellas reclama el quejoso. En esas condiciones, al tratarse de un acto positivo, respecto del cual las citadas autoridades, al rendir su informes con justificación negaron su existencia, correspondía al quejoso acreditarlo, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con los mismos. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente las precitadas responsables hayan emitido o pretendido ejecutar la orden de aprehensión, comparecencia, arresto, presentación, localización, citación o entrevista en contra del impetrante de garantías, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo. Luego, si las autoridades responsables mencionadas, negaron los actos que se les atribuye, argumentando que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de la autoridad no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, respecto de los actos reclamados a dichas autoridades responsables, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, y su ejecución, atribuidos al: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan; y, Coordinador General de la Policía de Investigación, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo (denominación correcta). Puesto que al rendir sus respectivos informes justificados, reconocieron la existencia del acto reclamado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto impugnado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, su certeza se corrobora con las constancias contenidas en un disco compacto certificado, relativas a la causa penal URU/483/2021, que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, remitió a este Juzgado Federal, como anexos a su informe justificado; las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, atendiendo a su naturaleza de documental pública; de donde se advierte que el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se emitió orden de aprehensión en contra de********************, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años agravado, cometido en agravio de la menor de iniciales M.T.G.F, previsto y sancionado en los artículos 167 y 168 fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán en relación con los artículos 19 fracción I, 20 fracción I, 24 fracción II, del mismo ordenamiento legal. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Igualmente, sirve de apoyo la jurisprudencia 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Asimismo, toda vez que el Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, fue omiso en rendir su informe justificado, sin embargo, se presumen ciertos los actos que de dicha autoridad se reclaman, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante, la existencia de los actos reclamados, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no serán sometidos a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, de oficio el suscrito juzgador, advierte que en el particular, por cuanto hace a las autoridades precisadas en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que respecto de los actos reclamados operó un cambio de situación jurídica. El citado precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causal de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo. c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica. d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda; y e) Cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Federal, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia en análisis. Lo anterior se obtiene de la tesis 205, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, del tomo VI, de la octava época del Apéndice 2000, con número de registro 918368, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda". Por tanto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo relativa al cambio de situación jurídica consiste en que, cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva y autónoma, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. En suma, la característica fundamental de la causal en comento se basa en la existencia de una etapa o estadio procesal diferente que impide decidir sobre el acto reclamado al pertenecer a una fase anterior y autónoma. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de amparo concurren los anteriores requisitos, resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sin número, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, del tomo LXIX, de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 353701, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". Ahora bien, en el caso, se recapitula que el quejoso********************, reclama la orden de aprehensión, comparecencia, arresto, presentación, localización, citación o entrevista, y su ejecución. Pues bien, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de diciembre de dos mil veintidós); esto es, el doce de enero de dos mil veintitrés, se cumplimentó la orden de aprehensión librada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, en contra del mencionado González Ríos, dentro de la causa penal URU/483/2021, instruida por el delito de abuso sexual en persona menor de dieciséis años, como en su momento lo informó la Directora de Mandamientos Judiciales y el encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales, ambos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia. Circunstancia que así lo corroboró la Jueza Unitaria de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, en su informe y constancias que envió a petición de este órgano de control constitucional, de donde se desprende que, en trece y dieciocho de enero del año en curso, tuvo verificativo la audiencia inicial dentro de la causa penal URU/483/2021, en donde se emitió auto de vinculación a proceso a********************, por el delito de abuso sexual en persona menor de dieciséis años. Posteriormente, a petición de la defensa del imputado, se autorizó la suspensión condicional del proceso, por el término de ocho meses, y conforme al numeral 195, fracciones I, II, VII y XII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se impusieron las medidas cautelares siguientes: I. Residir en el domicilio ubicado en la calle Rembrantd, número 7, de la colonia Plan de Ayala, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. II. No acercarse a las víctimas y molestarlas. VII. Someterse a tratamiento psicológico, y XII. Abstenerse de viajar al extranjero, así mismo se realizó el pago por la cantidad de $8,000.00 ocho mil pesos, en dicha audiencia. De igual forma, se pactó la realización de dos pagos, uno por la cantidad de $12,000.00 doce mil pesos, pagaderos el día dieciocho de febrero de dos mil veintitrés, y un pago de $5,000.00 cinco mil pesos, pagaderos el dieciocho de marzo de dos mil veintitrés. En ese sentido, como se señaló, es improcedente el juicio de amparo promovido contra los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución, emitida en la causa penal URU/483/2021, porque con posterioridad a su emisión; esto es, en audiencia celebrada en trece y dieciocho de enero del año en curso, la Jueza Unitaria de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, dictó auto de vinculación a proceso contra el ahora quejoso, para posteriormente autorizar la suspensión condicional del proceso en su beneficio, como una terminación anticipada del procedimiento penal, conforme lo prevé el artículo 184, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 184. Soluciones alternas Son formas de solución alterna del procedimiento: I. El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso". Siendo dicha resolución la nueva situación que rige para el amparista, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que pudieran haberse cometido en la emisión del acto reclamado, al no poder decidir sobre esté sin afectar la nueva situación jurídica. Es aplicable por analogía, la tesis 150, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 2675, del libro 64, tomo III, marzo de 2019, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019590, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de fondo, atento al contenido de la jurisprudencia 58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, del tomo 70, octubre de 1993, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en los correlativos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, hasta el día de hoy, en la que lo permitieron las labores del juzgado, ante Iván Paredes Escobar, secretario que autoriza y da fe.
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