Jorge Manuel Gutiérrez Esquivel

Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
31/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Jorge Manuel Gutiérrez Esquivel
  • Angel Alejandro Salinas Gaytan

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual acusa la recepción de este asunto, así como de su correspondiente resolución. Intégrese al expediente electrónico como constancia. Ahora, toda vez que en el presente cuaderno auxiliar no existe actuación pendiente de realizar, se ordena su archivo definitivo. Finalmente, como el juicio que nos ocupa fue tramitado vía electrónica, no hay necesidad de realizar la valoración del cuaderno de antecedentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de Rocío Guía Calderón, Secretaria de Juzgado, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: SE RECIBE OFICIO Visto lo de cuenta, téngase al Secretario de Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, se le tiene acusando recibo del oficio 798/2022, por el que se le remitió la demanda original que dio origen al cuadernillo en que se actúa, e informando que dicho órgano jurisdiccional no insistió en la declinatoria de incompetencia y se avocó al conocimiento de la demanda de mérito. De lo anterior, se toma el debido conocimiento para el efecto legal conducente. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Determinaciones específicas en relación con la acción de amparo. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por los apoderados jurídicos de Jorge Manuel Gutiérrez Esquivel, contra actos del Fiscal Regional de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, y otra autoridad, en virtud a la declaración de incompetencia realizada por el titular de dicho órgano jurisdiccional. 1.2. Registro. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 31/2022-P. 1.3. No se acepta competencia. Es importante precisar que los actos reclamados por el impetrante de amparo, consisten en: La negativa de facto de dar prosecución al número único de caso 1002202129451, expediente número 06011/UATP/LZC/2021, en la que el quejoso tiene la calidad de víctima. La negativa de facto de dar trámite y acordar de fondo los escritos presentados por el quejoso directo ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en Arteaga, de fechas dos de agosto y dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, incumpliéndose con la obligación de pronta investigación del delito y aplicación pronta y expedita de justicia. La negativa de facto para que se hiciera el reporte correspondiente en las plataformas para efectos de la presentación ante la Agencia del Ministerio Público, de la motocicleta de la marca BMW S 1000 CC RR, modelo 2013, con número de serie WBID5240502039397, placas de circulación 4BSCE, con placa anterior a esta 1A6PF, de la ciudad de México, que fue el instrumento de delito de fraude que se sigue en su contra al adquirir el vehículo automotor de la marca Volkswagen, con número de serie VWVVB6AU4GM016893, modelo 2016, tipo Golf TSI 1.4 L turbo, clave vehicular 0057305, placas de circulación RAG-185-A del estado de Morelos, color gris, y pagar una parte con la motocicleta de referencia. Al respecto, el Juez declinante sostiene que los actos reclamados aun cuando son negativos, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias son actos omisivos con efectos positivos, el que impone cargas concretas y fáciles de identificar, mismas que se materializan en un plano fáctico, dada la situación particular del reclamo y en la que se encuentra el peticionario frente a la autoridad, por lo que es factible concluir que el mismo, sí tiene ejecución material. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo), a saber: Si el acto requiere ejecución material, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. O bien, cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez que hubiera prevenido en el conocimiento del asunto por haberse presentado ante él, la demanda de amparo. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que, la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de los supuestos indicados. Ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la hipótesis que prevé el artículo 37, párrafo tercero de la Ley de Amparo, pues contrario a lo postura asumida por el juez declinante, las omisiones que reclama "NO requieren ejecución material", al tratarse de meras omisiones (esto es, actos de naturaleza negativa), y por tanto, atento al dispositivo invocado, el juzgado competente para conocer del amparo es el del lugar en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda de amparo. En efecto, el juzgado declinante sostiene que se configura el supuesto establecido en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, exponiendo como razones la residencia de las autoridades responsables, es decir, Lázaro Cárdenas y Arteaga, Michoacán de Ocampo; asimismo, considerando que, aun cuando los actos reclamados son de naturaleza negativa, éstos son actos omisivos con efectos positivos, que se materializan en un plano fáctico, por lo cual, estima que sí tienen ejecución material dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Criterio que no se comparte pues el acto reclamado, no tiene en sí mismo ejecución material al tratarse de meras omisiones, pues como el mismo juez lo señala, el quejoso reclama le negativa de dar prosecución a la carpeta de investigación, de dar trámite y acordar de fondo escritos presentados por el quejoso ante el Ministerio Público. Sin que cobre aplicabilidad la jurisprudencia 86/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca como apoyo de rubro: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PERNITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDA LA PERSONA", pues en el caso concreto, la omisión reclamada no conlleva ejecución material, como en el caso del supuesto de la omisión de brindar atención médica, por lo que no se actualiza el primer supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo. Además, en relación con los actos que no requieren ejecución material, la Primera Sala de la Justicia de la Nación, ya ha sustentado el criterio de que es competente el juez donde se haya presentado la demanda, texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, lo anterior, a fin de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y de acceso a la justicia. Dicho criterio se sustenta en la Jurisprudencia: 1a./J. 17/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, Décima Época y es de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". En suma de lo expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador no acepta la competencia planteada y ordena devolver vía estafeta los autos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, para los efectos legales a que haya lugar. Por ende, solicítese comedidamente al juzgado homólogo el acuse de recibo de estilo y tenga a bien informar el pronunciamiento que recaiga al presente. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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