Jorge Rodríguez Aguilar

Expediente 555/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
555/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Jorge Rodríguez Aguilar
  • Titular General del Cefereso Número 17 "Cps" Michoacán de Ocampo, Buenavista, Tomatlán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que por un lado se sobreseyó; y, por otro, negó el amparo y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Constancia. Se desprende que obra las constancias certificadas del expediente clínico del quejoso ********************; mismo que dicha autoridad adjuntó como justificante de su informe que rindió en autos; en consecuencia, y toda vez que resulta innecesaria su permanencia en autos, previa su digitalización, devuélvase las mencionadas constancias a su lugar de origen; recábese el acuse de estilo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    En veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 15250, dentro del juicio de amparo indirecto número 555/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; en atención a su contenido, se le tiene desahogando el requerimiento formulado en auto de quince de noviembre del año en curso, y al efecto informa que con motivo de la vista dada por posibles hechos constitutivos de delito, se generó la carpeta de investigación registrada bajo el número FED/MICH/APAT/0002630/2022, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, a cargo del Fiscal en Jefe de esa subsede Jesús Villanueva Álvarez. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    A El quejoso reclama del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, ambos de la Ciudad de México. Al respecto, las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, ambos de la Ciudad de México, al rendir sus informes justificados, negaron los actos que de ellas reclama el quejoso. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades al rendir sus informes justificados negaron su existencia, correspondía al quejoso acreditarlos, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esas negativas. Dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción alguno del que se desprenda que efectivamente se haya girado alguna orden para que torturaran al quejoso dentro del centro de reclusión, ya que el solicitante de amparo no ofreció ni desahogo medio de convicción alguno. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, argumentando que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, las negativas de las autoridades no fueron desvirtuadas. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, única y exclusivamente por lo que hace a las autoridades responsables: Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, ambos de la Ciudad de México. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Titilar y Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados. A efecto, de acreditar sus afirmaciones, exhibió copia certificadas de diversas constancias y oficios, documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es ilustrativa, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Sin embargo, debe considerarse que pese a las manifestaciones de las responsables y a los medios probatorios aportados a la presente contienda, es necesario realizar un estudio de fondo para determinar la existencia de los actos de los que dice el quejoso es víctima dentro del centro de reclusión en el que se encuentra, ya que estimar lo contrario, implicaría dejar a los solicitantes de amparo en estado de indefensión, al no poder decidirse si se han respetado o nos sus derechos fundamentales. De ahí que no obstante la negativa informada, se tenga por cierto el acto reclamado a dichas autoridades. Es aplicable, la tesis III.2º.P.149 P (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SI SE RECLAMAN EN EL AMPARO INDIRECTO, Y EN EL INFORME JUSTIFICADO SE NIEGA SU EXISTENCIA, ES IMPROCEDENTE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, AL NO CORRESPONDER AL QUEJOSO DEMOSTRAR QUE NO FUE OBJETO DE AQUÉLLOS, SINO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITAR QUE NO SE LE INFIRIERON, Y AL JUEZ DE DISTRITO, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INVESTIGARLOS. Cuando se reclaman en el juicio de amparo indirecto actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la tortura psicológica, física y violaciones a la dignidad humana, y la autoridad responsable en su informe justificado niega su existencia, es improcedente decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, porque no corresponde al quejoso demostrar su existencia, sino que compete a la responsable acreditar que los malos tratos reclamados no se infirieron, pero no sólo con exponer que no son ciertos, sino demostrando su inexistencia; de ahí que el Juez de amparo, ante el reclamo de actos de tortura, debe efectuar una investigación al respecto con apoyo en el artículo 1o. constitucional, por lo que, previo a que declarara la inexistencia de esos actos reclamados por los quejosos privados de su libertad, tenía la obligación, pues así lo prevén la Ley Suprema, diversos instrumentos internacionales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de llevar a cabo, dentro del ámbito de su competencia, los procedimientos necesarios no sólo para dar vista a la autoridad respectiva con la denuncia de tortura, sino también de aquellos tendientes a corroborar la existencia o no de lo reclamado en la demanda de amparo". QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente caso, la autoridad responsable no invocó causal de improcedencia, ni tampoco se advierte de oficio, razón por la cual, se procede al estudio del fondo del asunto planteado. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El promovente del amparo, aduce que se transgrede en su perjuicio directo los artículos 1°, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esencia, indicó en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, que el cinco de febrero de dos mil veintidós, aproximadamente a las 21:00 horas, al interior del módulo 5 del dormitorio "C", del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", tuvo problemas con unos internos, motivo por el cual hicieron acto de presencia un grupo de oficiales con aditamentos, escudos y gas pimienta o lacrimógeno, quienes comenzaron a golpearlo, dándole de patadas, arrojándole gas pimienta o lacrimógeno en todo el cuerpo y en la cara. Posteriormente, sin ser valorado lo llevaron al dormitorio "Fox II, estancia III", llamadas "las congeladoras", donde las estancias son puertas cerradas, cuentan con aire acondicionado extremadamente frías, vaciándole encima agua fría, sin proporcionarle colchón o cobijas, y no darle atención médica durante dicha instancia, asimismo, indicó que permaneció es dicho modulo por veinte días (del cinco al veintiséis de febrero de dos mil veintidós), lo que, al decir del promovente lo llevó a padecer una enfermedad degenerativa de "Neumonía". Todo lo cual pone en riesgo su salud física y psicológica y como consecuencia de ello les causa cierto grado de tortura. El concepto de violación es infundado. Antes que nada, es preciso destacar que, tratándose de actos de tortura, la simple negativa de las autoridades no revierte la carga de la prueba al quejoso para desvirtuarla, pues corresponde a las autoridades demostrar su inexistencia y al juzgador de amparo realizar la investigación correspondiente, allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. La anterior determinación encuentra pleno sustento en la jurisprudencia configurada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual al resolver el Caso J. vs. Perú precisó lo siguiente: "Respecto de ambas razones, la Corte aclara que de la Convención Interamericana contra la Tortura surgen dos supuestos que accionan el deber estatal de investigar: por un lado, cuando se presente denuncia, y, por el otro, cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado. En estas situaciones, la decisión de iniciar y adelantar una investigación no es una facultad discrecional del Estado, sino que constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. Además, como ya ha señalado este Tribunal, aún cuando los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento." Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión al solicitante del amparo y crear certeza jurídica, máxime, tratándose de actos de tortura cometidos contra una persona privada de su libertad en un centro de reclusión, puesto que la tortura puede ser utilizada, como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, se deberán revisar las constancias relativas al caso en concreto y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. Es orientadora, la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre 2018, Tomo I, página 256, materia común, registro 2018533, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Ello parte de que dichos actos pueden tener afectación no sólo en la investigación o proceso penal seguido contra la víctima, sino que vulneran una serie de derechos más amplios y distintos a los del debido proceso, como la integridad, la libertad y la dignidad de la persona, los cuales pueden ser reparados y remediados con independencia del resultado del proceso ordinario; ello debido a que la tortura y los malos tratos son violatorios de derechos en sí mismos, pues al cometerlos, las autoridades del Estado mexicano claramente actúan fuera de su ámbito legítimo de competencia. Así, las autoridades, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, entre ellas, la tortura y los malos tratos, los cuales, ocurren con especial incidencia en el sistema de justicia penal; es decir, con motivo de los actos desarrollados a raíz de la investigación y persecución de los delitos, y durante la privación de libertad relacionada con el proceso penal. Es preciso destacar algunos criterios orientadores para los juzgadores en los casos de tortura o malos tratos, contenidos en el Protocolo para juzgar casos de tortura y malos tratos, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro máximo tribunal ha señalado algunas características sobre las condiciones de reclusión y los actos que podrían ser constitutivos de tortura y malos tratos en los centros penitenciarios: El hacinamiento es un problema habitual de los centros penitenciarios mexicanos. La atención médica es insuficiente y no responde a las necesidades de las personas internas. El aislamiento, como medida de castigo, se impone de forma recurrente, prolongada y sin las debidas garantías. El personal de custodia realiza actos intencionales de agresión física, psicológica y sexual contra las personas privadas de libertad. Existen obstáculos para el monitoreo y supervisión de los centros de reclusión por entidades externas al sistema penitenciario. Asimismo, ha determinado que un acto se considera tortura cuando: Cause severos sufrimientos físicos o mentales o ejerza un método tendente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la víctima; Estos sean infligidos intencionalmente; y, Se cometa con cualquier fin o propósito. La definición anterior encuentra una explicación completa y concisa en la tesis 1a. LV/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1425 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, constitucional-penal, con número de registro 2008504, que establece: "TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona." Ahora, en materia de juicio de amparo, como violación de derechos humanos, el estándar de su comprobación debe ser más bajo o exigente al que se requiere tratándose de tortura y malos tratos como delito, que para tenerlos por demostrados no pueden presumirse sino probarse. Ello porque existen dos vertientes en la comisión de los actos de tortura; una es la de violación a los derechos humanos de dignidad e integridad física y mental, que obliga a los órganos jurisdiccionales al uso de una herramienta indispensable para la constatación de la existencia o no de tales actos, que es la reversión de la carga probatoria, mientras que su constatación está sujeta a una técnica de comprobación, a la que se la ha denominado estándar atenuado; y otra es la vertiente de tortura como un delito. Lo anterior es así, porque conforme al marco constitucional y convencional la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional. De ahí que las consecuencias y efectos de la tortura impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. De manera que, el estándar atenuado implica como actividad, que la comprobación de la violación a los derechos humanos no debe condicionarse a requisitos ominosos o a mecanismos de comprobación rigurosos, sino que basta la concurrencia de dos elementos para arribar a la conclusión de existencia de actos de tortura, a saber, la existencia de evidencia razonable en tal sentido, y las conclusiones derivadas de la reversión de la carga probatoria. Lo anterior, virtud que la tortura también constituye un tipo penal, por lo que el estándar atenuado del que se habla, es propio únicamente del juicio de amparo. De tal suerte que si existe el señalamiento claro del impetrante, la evidencia razonable de la existencia de los actos de tortura manifestados, y la autoridad responsable no quiso o no fue capaz de demostrar que no incidió en los indicios de tal evidencia; ello es suficiente para que el órgano jurisdiccional de amparo declare operante la protección constitucional en favor del peticionario, a fin de que se reparen las violaciones a los derechos humanos infringidos. De esta manera, la figura del estándar atenuado no sólo resulta una técnica de apreciación obligatoria para este órgano de control de constitucionalidad, sino además constituye un mecanismo eficaz, idóneo, asequible y práctico para concluir cuándo se está ante un caso de tortura; porque, como ya se precisó en párrafos que anteceden, si no existiera la herramienta de la reversión de la carga de la prueba, o bien, la técnica de apreciación de la violación a los derechos humanos multicitados con motivo de la tortura, denominada estándar atenuado; sería prácticamente imposible que cualquier persona que la haya sufrido, tuviese a su alcance algún mecanismo jurídico eficaz para verse reparado en su esfera jurídica, pues se le impondría al quejoso la carga revictimizante de comprobar las circunstancias fácticas y temporales de los actos señalados, aun cuando son las responsables las que cuentan con diversos y amplios medios a su alcance para probar precisamente lo contrario. Acotado lo antes expuesto, previo a realizar el estudio correspondiente, es menester efectuar un análisis de las manifestaciones y demás constancias de autos a fin de verificar si, como lo aduce la parte quejosa, en el caso se está ante la presencia de tortura en su agravio. En el escrito de demanda, el promovente del amparo expuso, bajo protesta de decir verdad, que el cinco de febrero de dos mil veintidós, aproximadamente a las 21:00 horas, al interior del módulo 5 del dormitorio "C", del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", tuvo problemas con unos internos, motivo por el cual hicieron acto de presencia un grupo de oficiales con aditamentos, escudos y gas pimienta o lacrimógeno, quienes comenzaron a golpearlo, dándole de patadas, arrojándole gas pimienta o lacrimógeno en todo el cuerpo y en la cara. Posteriormente, sin ser valorado lo llevaron al dormitorio "Fox II, estancia III", llamadas "las congeladoras", donde las estancias son puertas cerradas, cuentan con aire acondicionado extremadamente frías, vaciándole encima agua fría, sin proporcionarle colchón o cobijas, y no darle atención médica durante dicha instancia, asimismo, indicó que permaneció es dicho modulo por veinte días (del cinco al veintiséis de febrero de dos mil veintidós), lo que, al decir del promovente lo llevó a padecer una enfermedad degenerativa de "Neumonía". Por su parte, las autoridades responsables, para acreditar la inexistencia del acto consistente en la tortura física, exhibió diversas documentales, las cuales se hacen consistir en: -Nota Informativa número CFRS17/DS/SSC/0152/2022, de cinco de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Comandante de la Segunda Compañía de la Dirección de Seguridad del Centro Penitenciario 17 "CPS" Michoacán, dirigida al Encargado de dicha Dirección (foja 68, tomo de prueba), mediante la cual generó el reporte de la infracción en contra del quejoso y otros internos, del que se destaca: "Siendo APROXIMANDAMENTE 21:40 horas de día de la fecha, encontrándose de servicio en el dormitorio "C), al realizar el pase de lista en el módulo "V", al ingresar a la puerta interior observo a cuatro personas privadas de la libertad (.) discutiendo en el segundo nivel de la estancia uno a la tres; dos personas privadas de la libertad de la instancia 510 y el Exp (.) del estancia 503, se encontraban en el patio pidiendo ingresar, al abrir el patio corren a la estancia 524, se encierran, acto seguido, bajan las cuatro personas, privadas de la libertad que se encontraban en el segundo nivel, corriendo a la estancia 524, queriendo sacar a los que recientemente se habían encerrado en ella, amagándolos con palos de escoba, gritando "sálganse putos", no que mucha verga".siendo agresores las personas privadas de la libertad (.) Exp2435 RODRIGUEZ AGUILAR JORGE, al ver que la estancia 524 se encontraba cerrada, (.) se encierran en su estancia y las 03 personas privadas de la libertad restantes se dejan venir hacia mí, y amenazando al resto de la población del módulo con punta en mano, agrediendo, diciendo "saca a los Sinaloa, si no te va a cargar la verga a ti, a nosotros nos vale madre y no andamos culeando, somos chilangos y nos vale verga, háblale a tu pinche comandante y el a el primero que entre lo vamos a moler a vergazos". enseguida lanzo el código, a las 21:45 llega el Comandante Z1, con personal de seguridad y continuaban golpeando los cristales con los palos de escoba, gritando "métanse pinches culones, a ver si deberás queremos que nos saque a los Sinaloa, para ponerles en su madre, si no van a valer verga ustedes"., a las 22: 20 hrs, ingresa Comandante Z1 para sacar a los agresores, y trasladarlos al centro médico para ser valorados y posteriormente reubicados en el dormitorio "F" modulo "II",." -Reporte de Infracción número 036/2022, de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Penitenciario 17 "CPS" Michoacán (foja 70, tomo de prueba), mediante el cual hace el reporte de los hechos al Encargado de Dirección General de dicho Centro Penitenciario. -Oficio número CFRS17/DS/SSC/0150/2022, de cinco de febrero de dos mil veintidós (foja 69, tomo de prueba), mediante el cual el Comandante de la Segunda Compañía de la Dirección de Seguridad del Centro Penitenciario 17 "CPS" Michoacán, hace del conocimiento del Encargado de dicha Dirección, la reubicación del Dormitorio "C" al Dormitorio "F", de los internos involucrados, entre ellos el quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, para salvaguardar la integridad del resto de la población del módulo. -Certificado Psicofísico de fecha cinco de febrero de dos mil veintidós, realizado al quejoso Jorge Rodríguez Aguilar (foja 67, tomo de prueba), del que se concluyó observaciones: "Escoriaciones Y Contusiones en Cráneo y Brazos"; impresión diagnostica: "Policontundido Intoxicación Etílica". -Atención Psicológica de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, realizado al quejoso Jorge Rodríguez Aguilar (foja 44, tomo de prueba), de la que la especialista concluyó impresión diagnostica: "Depresión Moderada con Ideas Suicidas No Estructuradas". -Notas médicas de fechas veinte y veintiséis de marzo, y trece de abril, todas del dos mil veintidós (fojas 12, 13 y 14, tomo de prueba), sobre la valoración médica realizada al quejoso, mediante los cuales se diagnosticó: bronquitis aguda, pulmonía y secuela de infección pulmonar. -Notas médicas de Medicina General de treinta de abril y trece de mayo de dos mil veintidós (foja 10, tomo de prueba), mediante los cuales se le diagnostico Colelitiasis y se concluyó: "Sin referir alguna otra molestia por lo que se presume encontrase en buenas condiciones de salud al momento (.) Es importante clasificar que dicha persona No cuenta con un estado precario de salud y por ende se puede establecer que su vida No se encuentra en peligro, así como al momento de su revisión físico-clínica el mismo No presenta alteraciones físicas o mentales". -Notas médicas de fechas veinte y veintiséis de marzo, y trece de abril, todas del dos mil veintidós (fojas 12, 13 y 14, tomo de prueba) sobre la valoración médica realizada al quejoso, mediante los cuales se diagnosticó: bronquitis aguda, pulmonía y secuela de infección pulmonar. -Certificado Psicofísico de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós (foja 66, tomo de prueba), realizado al quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, del que se concluyó impresión diagnostica: "Clínicamente Sano". -Certificado Psicofísico de fecha seis de junio de dos mil veintidós (foja 65, tomo de prueba) realizado al quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, del que se concluyó impresión diagnostica: "Hepatitis". -Certificado Psicofísico de fecha dieseis de junio de dos mil veintidós (foja 63, tomo de prueba), realizado al quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, del que se concluyó impresión diagnostica: "Aparentemente Sano". -Certificado Psicofísico de fecha seis de agosto de dos mil veintidós (foja 60, tomo de prueba), realizado al quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, del que se concluyó impresión diagnostica: "Hepatitis". -Certificado Psicofísico de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintidós, (foja 59, tomo de prueba), realizado al quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, del que se concluyó impresión diagnostica: "Palidez, dificultad respiratoria". -Nota de ingreso de Medicina Interna (Urgencias) al Hospital General "Dr. Miguel Silva", en la ciudad de Morelia, Michoacán de fecha veintiocho de agosto de dos mil veintidós (fojas 33 y 34, tomo de prueba), del que se desprende el interrogatorio realizado al quejoso, quien señaló: "Habita en CEFERESO N°17, hecho de concreto con piso firme, el cual cuenta con todos los servicios básicos intradomiciliarios, convive con dos compañeros en la celda (.), realiza baño corporal y cambio de ropa diario, cepillado dental tres veces al día, come tres veces al día (.), Tabaquismo desde los 16 años, consumiendo alrededor de 5 cigarrillos al día". -Nota de Egreso de Medicina Interna del Hospital General "Dr. Miguel Silva", en la ciudad de Morelia, Michoacán, de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós (foja 6, tomo de prueba), del quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, con "diagnóstico de ingreso: 27/08/22/ Tuberculosis pulmonar + Pb. Infección por VHC+ Neumonía adquirida en la comunidad; con diagnóstico de egreso: 06/09/22/ Tuberculosis pulmonar bacilífera + NAC (tratada) + Descartamos VHC." -Certificado Psicofísico de fecha siete de septiembre de dos mil veintidós (foja 58, tomo de prueba), realizado al quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, del que se concluyó impresión diagnostica: "Tuberculosis Pulmonar Bocilífera". Documentales, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, quinta época, del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, resulta necesario identificar, en primer lugar, las circunstancias de hecho en que ocurriendo los actos que dieron origen a la tortura física que dice haber sido objeto el impetrante de garantías Jorge Rodríguez Aguilar. De las anteriores constancias y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se tiene que el cinco de febrero de dos mil veintidós, siendo aproximadamente las veintiún horas con cuarenta minutos, personal de la Dirección de Seguridad del Centro Penitenciario 17 "CPS" Michoacán, inició el pase de lista en el dormitorio "C", módulo "V", no obstante, al ingresar a la puerta interior observó a cuatro personas privadas de la libertad, discutiendo en el segundo nivel de la estancia uno a la tres; dos personas privadas de la libertad de la instancia 510 y uno de la instancia 503, se encontraban en el patio pidiendo ingresar, al abrir el patio corren a la estancia 524, se encierran, acto seguido, bajan las cuatro personas, privadas de la libertad que se encontraban en el segundo nivel, entre ellos el interno Jorge Rodríguez Aguilar, aquí quejoso, queriendo sacar a los que recientemente se habían encerrado en la estancia 524, agrediendo física y verbalmente a los demás internos y amenazando al resto de la población del módulo con punta en mano, golpeando los cristales. Seguidamente, derivado del conflicto suscitado, a las veintidós horas con veinte minutos, ingresa Comandante Z1 con personal de seguridad para sacar a los agresores, y trasladarlos al centro médico para ser valorados y posteriormente reubicados en el dormitorio "F" modulo "II, para salvaguardar la integridad física de los mismos, así como, del resto de las personas privadas de la libertad. En esa misma data (cinco de febrero de dos mil veintidós), se llevó a cabo la Valoración Psicofísica de las personas privadas de la libertad, involucrados en el conflicto suscitado, del que se desprende que se observó al quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, con: "Escoriaciones Y Contusiones en Cráneo y Brazos"; y se concluyó: impresión diagnostica: "Policontundido Intoxicación Etílica". En razón de lo anterior, se desprende que si bien, existe el señalamiento del impetrante respecto a los actos de tortura física que dijo haber sido sometido, este órgano de control constitucional advierte que en la especie, no se cuenta con evidencia razonable para considerar que se cometieron actos de tortura física por parte del personal de custodia del referido Centro Penitenciario en contra del peticionario del amparo, pues en autos no obran constancias suficientes que permiten establecer esa circunstancia. Respecto a las condiciones de reclusión y los actos que podrían ser constitutivos de tortura y malos tratos en los centros penitenciarios, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha establecido que, con base en el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. A nivel nacional, tal derecho está reconocido en el artículo 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone que las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Por tanto, la manera y el método en que se verifica el internamiento de alguien no debe causar una angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a tal medida. De modo que, la falta de cumplimiento de las responsabilidades del Estado para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad, puede resultar en una violación de la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, prohibida por el indicado inciso 2 del artículo 5 de la CADH. Ahora, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dispone: "Artículo 19.- No se considerará tortura los dolores o sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, o las inherentes o incidentales a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional e internacional aplicable." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que los agentes del orden público desempeñan una importante función en la protección de la sociedad frente a la violencia, el cumplimiento de medidas adoptadas por la administración de justicia y la salvaguarda de los derechos de las personas. Además, ha destacado que dichos agentes a menudo llevan a cabo su labor en circunstancias difíciles y peligrosas, por lo que, en algunos casos, no pueden cumplir su cometido sin recurrir a la fuerza. Aun con ello, precisa la SCJN, la facultad de los Estados de hacer uso de la fuerza encuentra sus límites en la observancia de los derechos humanos. Para determinar si las afectaciones (dolores, sufrimientos, daños, privaciones, etc.) rebasan las consecuencias intrínsecas a la privación de libertad, la Corte IDH ha estimado necesario ponderar todas las circunstancias del caso, tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales, y en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima, entre otros. Más, aún, el segundo párrafo, del artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". El citado numeral dispone que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respecto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Por su parte, los artículos 14, 15, 16 y 73 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: "Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las Autoridades Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del Sistema Penitenciario. Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas: I. Garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario; II. Procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales; III. Gestionar la Custodia Penitenciaria; IV. Entregar al Juez de Ejecución, a solicitud fundada de parte, la información para la realización del cómputo de las penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o resguardo en el propio domicilio cumplidos por la persona sentenciada; V. Dar aviso al Juez de Ejecución, cuando menos cinco días hábiles previos al cumplimiento de la pena, acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad, una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia ejecutoriada; VI. Autorizar el acceso a particulares y autoridades a los Centros Penitenciarios, quienes deberán acatar en todo momento las disposiciones aplicables y de seguridad aplicables, en los términos, condiciones y plazos que establece esta Ley; VII. Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas privadas de la libertad por violación al régimen de disciplina, sin que con ellas se menoscabe su dignidad ni se vulneren sus derechos humanos; VIII. Ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado; IX. Realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas; X. Presentar al Juez de Ejecución el diagnóstico médico especializado en el que se determine el padecimiento físico o mental, crónico, continuo, irreversible y con tratamiento asilar que presente la persona privada de la libertad, con el propósito de abrir la vía incidental tendiente a la modificación de la ejecución de la pena por la causal que corresponda y en los términos previstos por la legislación aplicable; XI. Ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifiquen tanto el órgano jurisdiccional como el Juez de Ejecución; XII. Aplicar las sanciones penales impuestas por los órganos jurisdiccionales y que se cumplan en los Centros; XIII. Aplicar las medidas de seguridad o vigilancia a las personas privadas de la libertad que lo requieran; XIV. Promover ante las autoridades judiciales las acciones dentro del ámbito de su competencia y cumplir los mandatos de las autoridades judiciales; XV. Brindar servicios de mediación para la solución de conflictos interpersonales derivados de las condiciones de convivencia interna del Centro, y de justicia restaurativa en términos de esta Ley, y, XVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos. Artículo 16. Funciones del Titular de los Centros Penitenciarios Los titulares de los Centros Penitenciarios, tendrán las siguientes obligaciones: I. Administrar, organizar y operar los Centros conforme a lo que disponga esta Ley y demás disposiciones aplicables; II. Representar al Centro ante las diferentes autoridades y particulares; III. Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, criterios, lineamientos o disposiciones aplicables; IV. Implementar las medidas necesarias de seguridad en el Centro; V. Declarar al Centro en estado de alerta o de alerta máxima, e informar inmediatamente a su superior jerárquico, en términos de las normas aplicables; VI. Solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública local y federal en casos de emergencia; VII. Asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad que incurran en infracciones, con respeto a sus derechos humanos; VIII. Expedir y vigilar que se emitan los documentos que le sean requeridos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como, expedir certificaciones que le requieran las autoridades o instituciones públicas, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el asesor jurídico, la persona sentenciada y su defensor de los documentos que obren en los archivos del Centro Penitenciario; IX. Dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones del Juez de Ejecución u órgano jurisdiccional correspondiente; X. Realizar las demás funciones que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables, en el ámbito de su competencia, y XI. Además de las señaladas en esta Ley, las que prevea la normatividad de la administración penitenciaria. Artículo 73. Observancia de los derechos humanos, Durante los procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, se deberán de establecer programas específicos de derechos humanos tendientes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de la libertad de su importancia en la sociedad". El artículo 14 dispone que la autoridad penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respecto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. El numeral 15, dispone que son funciones de la autoridad penitenciaria, entre otras: -Garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario; -Procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales; -Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas privadas de la libertad por violación al régimen de disciplina, sin que con ellas se menoscabe su dignidad ni se vulneren sus derechos humanos; y, -Aplicar las medidas de seguridad o vigilancia a las personas privadas de la libertad que lo requieran. Por su parte, el arábigo 16 estipula que las funciones del titular de los Centros Penitenciarios, son, entre otras: -Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, criterios, lineamientos o disposiciones aplicables. -Implementar las medidas necesarias de seguridad en el Centro; y, -Asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad que incurran en infracciones, con respeto a sus derechos humanos. Finalmente, el numeral 73 establece que, durante los procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estados mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, se deberán establecer programas específicos de derechos humanos tendentes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de la libertad de su importancia en la sociedad. Es importante precisar que cuando la parte quejosa que se encuentra en un centro penitenciario reclama en el juicio de amparo indirecto que la autoridad carcelaria trasgrede sus derechos humanos en la implementación de las medidas de seguridad del centro, y esta al rendir el informe justificado niega los actos, no debe imponerse a aquél la carga de la prueba para que desvirtúe dicha negativa. Lo anterior, dado que la condición de interno lo coloca en un estado de vulnerabilidad y desequilibrio procesal en relación con la posición que guardan las autoridades; pues como se señaló, corresponde a las autoridades penitenciarias implementar y ejecutar las medidas de seguridad necesarias en el centro. En esas condiciones, es evidente que las autoridades penitenciarias son las únicas capaces de proporcionar la información detallada respecto de si, en el caso, con la ejecución de las medidas de seguridad desarrolladas en el centro se trasgreden o no los derechos humanos y la integridad de los internos. Toda vez que de esa manera se lograría un equilibrio de acceso a la justicia a quienes por sus circunstancias particulares se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y reclaman la violación de sus derechos humanos. Sirve de orientación, la tesis XIX, 1o.2 K (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO LA AUTORIDAD CARCELARIA NIEGA EN ÉSTE QUE HA RETENIDO LA ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD, NO DEBE IMPONERSE A ESTE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUAR LA NEGATIVA POR ENCONTRARSE EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y DESEQUILIBRIO PROCESAL FRENTE A AQUÉLLA. Cuando el quejoso que se encuentra en un centro penitenciario reclama en el juicio de amparo indirecto que la autoridad carcelaria le retiene la entrega de su correspondencia, y ésta, al rendir su informe justificado niega ese acto, no debe imponerse a aquél la carga de la prueba para que desvirtúe dicha negativa, dado que su condición de interno lo coloca en un estado de vulnerabilidad y desequilibrio procesal en relación con la posición que guardan las autoridades, pues conforme a los artículos 31 y 32 del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, corresponde a éstas, a través de la oficialía de partes, recibir la correspondencia y remitirla al área de seguridad y custodia para su revisión externa, tanto física como electrónicamente, su clasificación y separación por módulos y secciones para entregarla a los internos; por consiguiente, todo el mecanismo queda en poder de las autoridades penitenciarias, quienes son las únicas capaces de proporcionar la información detallada respecto del acto reclamado, esto es, si existe o no correspondencia retenida que no se hubiera entregado al interesado o si ya la recibió, y adjuntar la documentación que acredite lo manifestado en su informe respectivo. De esta manera, se lograría un equilibrio de acceso a la justicia constitucional a quienes, por sus circunstancias particulares, en el caso, de personas privadas de su libertad, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y reclaman la violación de sus derechos humanos". En consecuencia, respecto a los actos que el quejoso hace consistir en tortura física, al haber sido objeto de golpes, gas pimienta o lacrimógeno en todo el cuerpo y en la cara; y sin ser valorado haber sido trasladaron al dormitorio "Fox II, estancia III", se desvirtúa toda vez que, se aprecia que el impetrante fue trasladado al dormitorio "F" modulo "II, para salvaguardar la integridad física del mismo, así como del resto de las personas privadas de la libertad, derivado del conflicto suscitado entre éste y otros internos; es decir, únicamente como consecuencia de la medida legal impuesta por la autoridad, con el fin de preservar la seguridad y el orden al interior del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos, al verse inmiscuidos alterando el orden, lo que en modo alguno constituye un acto de tortura, como se colige en la Nota Informativa número CFRS17/DS/SSC/0152/2022, de cinco de febrero de dos mil veintidós. Lo que se corrobora, incluso, en los antecedentes narrados por el quejoso en su escrito de demanda, en el que señaló "el cinco de febrero de dos mil veintidós, aproximadamente a las 21:00 horas, al interior del módulo 5 del dormitorio "C", del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", tuvo problemas con unos internos, motivo por el cual hicieron acto de presencia un grupo de oficiales con aditamentos". De ahí que ello en modo alguno constituye un acto de tortura física o psicológica, golpes o malos tratos en su agravio, pues el actuar de las responsables solo entraña el ejercicio de una facultad que les fue otorgada, con la finalidad de mantener la seguridad, el orden y la disciplina en el Centro Federal. Además, se aprecia que, contrario a lo manifestado por el quejoso, si recibió valoración Psicofísica el día de los hechos, del que se observó: "Escoriaciones y Contusiones en Cráneo y Brazos"; y se concluyó: impresión diagnostica: "Policontundido Intoxicación Etílica". En ese tenor, si bien de las constancias que obran en autos, se advierte que el quejoso presentó lesiones, éstas no se aprecia que sean de tal manera grave, que permitan inferir que los elementos de seguridad se excedieron en el uso de la fuerza en el incidente suscitado al interior del centro penitenciario. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 40, fracción I, 41, fracción II y 45, dispone lo siguiente: "Artículo 40. Faltas disciplinarias graves Las sanciones que establezcan las normas disciplinarias serán proporcionales al daño que ocasione la infracción. Sólo se podrán considerar como faltas disciplinarias graves: La participación activa en disturbios; (.)" "Artículo 41. Sanciones Disciplinarias La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes: Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; Las restricciones temporales a las que hace referencia este párrafo, deberán atender a criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. (.)" "Artículo 45. Examen Médico El Centro Penitenciario deberá realizar a las personas privadas de la libertad un examen médico antes, durante y después del cumplimiento de una medida disciplinaria de aislamiento." De los numerales recién transcritos, se advierte que se considerará como falta disciplinaria grave cuando los internos de un Centro Federal participen en disturbios, el cual, de acuerdo a la Ley citada, la sanción disciplinaria será proporcional al daño que ocasione la infracción, atendiendo a criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad, asimismo, la Autoridad Penitenciaria deberá realizar a las personas privadas de la libertad un examen médico antes, durante y después del cumplimiento de una medida disciplinaria de aislamiento. En ese sentido, se advierte que la sanción disciplinaria consistente en la Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro, es proporcional al daño ocasionado por el impetrante de garantías Jorge Rodríguez Aguilar y los demás reclusos involucrados en los hechos que dieron origen al acto reclamado, esto es, el conflicto suscitado entre éstos. Asimismo, se aprecia que la Autoridad Penitenciaria realizó exámenes físicos, médicos y psicológicos, antes, durante y después del cumplimiento de la medida disciplinaria a la que fue objeto el quejoso Jorge Rodríguez Aguilar, como se corrobora con las documentales descritas. De las cuales no se advierte que durante su estancia en el dormitorio "Fox II, estancia III", haya presentado lesiones que de manera razonable e indiciaria permitan denotar que se trataran de aquellas con características de tortura física o psicológica en su persona; tampoco se advierte la existencia de alguna que indique que se haya causado un severo sufrimiento físico, mental o que con la misma se ejercieran como un método tendente a anular su personalidad o disminuirle la capacidad física o mental. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional el hecho que el quejoso fue diagnosticado con un padecimiento grave; sin embargo, ello no es suficiente para tener por existente el acto de tortura alegado, pues esto no revela un maltrato, sino una reacción del cuerpo humano, ante posibles agentes contaminantes, que no propiamente surgen con motivo de actos de tortura. Máxime, que éste ha sido atendido de manera oportuna, recibiendo el tratamiento correspondiente de acuerdo a las indicaciones establecidas por los médicos tratantes, recibiendo no solo atención médica por parte del personal del Centro Federal, si no, también por el Sector Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, tal y como se desprende de las notas adjuntas a los informes rendidos por las autoridades, de lo que se advierte que éstas precisaron las acciones y medidas adoptadas para proteger la esfera de derechos del quejoso. Por lo que, no hay indicio o dato que revele que dicha alteración en su salud, fue ocasionada por el personal del Centro Carcelario, de las que no se prejuzga sobre el origen de la misma, sin embargo, ello es insuficiente para poder considerar existentes los actos de tortura. Motivo por el cual se insiste, no se cuenta con algún elemento, que pueda allegarse en el presente juicio para la investigación de la tortura de que la que se precisó en la demanda éste fue objeto. Lo anterior, ante la ociosidad de ordenar mayores diligencias para esclarecer los hechos de tortura alegados por el interesado, virtud que, tal circunstancia, persistiría en el hecho de que existiera evidencia de que el maltrato alegado se materializó; es decir, existiera indicios, lo cual no aconteció en el caso; de ahí que es infundado el concepto de violación en estudio, por ende, suficiente para negar el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso. OCTAVO. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. No obstante, que de los documentos analizados no se observa evidencia de que se hubiera cometido alguno de los actos a que hizo referencia el quejoso en su escrito de demanda; esto es, que dentro del centro de reclusión en el que se encuentra se cometan en su contra acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Empero, debe atenderse la manifestación del quejoso, en el sentido de haber sido objeto malos tratos y tortura, dentro del Centro Federal de Readaptación Social número "17 CPS Michoacán". En consecuencia, ante la obligación del juzgador de respetar el derecho de los internos que denunciaron tales hechos para que las autoridades intervengan inmediata, imparcial y oficiosamente, a fin de que el caso sea investigado y, de ser procedente, sea juzgado de conformidad a la ley, se da vista al Ministerio Público de la Federación, a efecto que investigue la posible comisión de hechos de tortura, malos tratos y demás tratos crueles declarados por Jorge Rodríguez Aguilar, a fin de verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente, independiente, imparcial y meticulosa a efecto de deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito. NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DÉCIMO. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Tomando en consideración que Jorge Rodríguez Aguilar se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente al quejoso la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 555/2022, promovido por Jorge Rodríguez Aguilar, contra actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jorge Rodríguez Aguilar, contra el acto reclamado al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán" y otra autoridad, por las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Se ordena dar vista al se da vista al Ministerio Público de la Federación, para los efectos precisados en el considerando octavo. CUARTO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el considerando décimo, notifíquese PERSONALMENTE al quejoso en la forma y modalidad ahí señalada. N

  4. Principal

    En veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 14016, dentro del juicio de amparo indirecto número 555/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se acuerda oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Dirección General del CEFERESO No 17 "CPS MICHOCAN", en representación del Titular General y Director de Seguridad del referido centro de reclusión, mediante el cual, hace del conocimiento de este órgano de control constitucional que el doce de octubre de la presente anualidad, se realizó valoración médica al quejoso, en el que se concluyó con una impresión diagnostica de Tuberculosis Pulmonar Bacilifera, y al efecto anexa las constancias relativas a la atención y seguimiento brindado al impetrante de garantías. Lo anterior, se toma en consideración, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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