Jorge Olvera Cisneros
Expediente 768/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Olvera Cisneros
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto dictado el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por al quejoso JORGE OLVERA CISNEROS, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo físico y electrónico, bajo el registro número 768/2017. Ahora, es importante precisar el acto reclamado en la presente instancia. La parte quejosa refiere que es la sentencia de diez de diciembre de dos mil catorce, dictada dentro del juicio de nulidad 2116/13-10-01-2-OT, del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; no obstante, del análisis integral que se hace a la demanda, incluidos los conceptos de violación que formula y los anexos que exhibe en copia certificada, que el promovente en realidad se duele de la notificación de dicho fallo. Lo anterior, en razón de que su causa de pedir es tendente a controvertir la forma en que se hizo de su conocimiento la resolución, bajo la premisa de que debió notificársele personalmente, sin que se adviertan elementos de controversia respecto de la sentencia dictada por el Tribunal responsable. Hecho lo anterior, es menester señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y sus anexos que fueron exhibidos en copia certificada, y obran diversas constancias del juicio de origen; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 113, 61 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. Es así porque se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Dicho lo anterior, resulta importante destacar que los artículos 29 y 33 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establecen: "ARTÍCULO 29.- En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y especial pronunciamiento: I. La incompetencia en razón del territorio. II. El de acumulación de juicios. III. El de nulidad de notificaciones. IV. La recusación por causa de impedimento. V. La reposición de autos. VI. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. ARTÍCULO 33.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia." En ese contexto, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la indebida notificación de la sentencia de diez de diciembre de dos mil catorce, dictada dentro del juicio de nulidad 2116/13-10-01-2-OT del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que tiene la calidad de parte actora y, de acuerdo a lo razonado en acápites que anteceden, el referido numeral 33 de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece en forma expresa que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la señalada por la ley, la parte agraviada puede promover incidente para impugnar la validez de la notificación hecha indebidamente u omitida, es dable afirmar que al preverse la procedencia de un medio ordinario de defensa que tiene por objeto revocar o modificar el acto que se reclama, previo acudir al juicio de amparo, éste resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Cabe señalar que en el presente asunto no se considera actualizada alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, establecidas en la Ley de Amparo. No es inadvertido que el quejoso alude en su demanda a su calidad de tercero extraño; empero, esa hipótesis solamente es aplicable a quien, siendo parte en el juicio, no haya comparecido por vicios en su llamamiento. De ahí que, con independencia de la legalidad o ilegalidad de los actos que reclame la parte quejosa, si compareció, tuvo intervención en el juicio respectivo, o bien, conoció la existencia y los datos de identificación del juicio, ello hace que pierda la calidad de tercero extraño con la que pretenda ostentarse, y por ende, refuerza la improcedencia del juicio. Así lo hizo ver el Pleno del Alto Tribunal, en la jurisprudencia por contradicción de tesis, P./J. 39/2001, registro IUS 189916, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, página 93 "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY." En consecuencia, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Sirve de sustento -dada la similitud que existe entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo y la vigente, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se expidió-, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, página mil seiscientos sesenta y cinco, registro 175964, titulada: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Ahora, toda vez que la parte quejosa señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la sede de este juzgado, practíquesele la presente notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal; sin perjuicio de que el impetrante pueda señalar un domicilio procesal en esta cuidad. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su ocurso toda vez que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho ni proporcionan los datos correspondientes en que se otorgue dicha autorización. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Jorge Martínez Ruíz908/2021
- Jorge Martínez Ruíz699/2022
- Jorge Miguel Moreno García380/2017
- Jorge Miguel Moreno García1168/2019
- Jorge Molina Torres856/2016
- Jorge Negrete Estrada676/2020
- Jorge Omar Bautista Valenzuela247/2023
- Jorge Omar Navarrete García1011/2022
- Jorge Pedroi Sanchez Gaona766/2017
- Jorge Pérez Guerrero544/2023
- Jorge Pérez Larios571/2019
- Jorge Quemada Aguilar1151/2017