Jorge Martínez Ruíz
Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Jorge Martínez Ruíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, a través del cual anexa un oficio signado por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, al respecto se provee: Por recibida la misiva señalada en segundo término, mediante el cual acusa recibo del oficio 23345/2022 de treinta de septiembre de la presente anualidad, por el cual le fueron devueltos seis tomos de pruebas atinentes al juicio oral ordinario familiar F-O476/2021 de su estadística.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de septiembre de la presente anualidad, se ordenó el archivo de los autos como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al resultar innecesaria la retención de la documental remitida por la autoridad responsable juzgado de partido civil especializado en materia familiar con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, como sustento de su informe justificado, consistente en copia autenticada del Juicio Oral Ordinario Familiar número F-O476/2021 de su estadística en seis tomos, se ordena su devolución
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que se decretó el sobreseimiento y dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso a) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- y el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, puesto que se dictó sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el cuaderno principal, y se concedió la suspensión definitiva, esto en el cuaderno incidental. En el entendido que deberán conservarse los autos incidentales que concedieron la medida cautelar. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Finalmente, acorde con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del referido artículo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos originales que allegó al presente juicio, con apercibimiento de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 699/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día hábil siguiente a este juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de los jueces Primero a Quinto Civiles de Partido, de los jueces Primero a Sexto Menores Civiles, jueces de Oralidad Mercantil, Jueces de Oralidad Familiar, del director de la Oficina Central de Actuarios y del actuario adscrito a dicha Central, todos de esta ciudad, que hizo consistir en, esencia, en el auto de requerimiento de pago y embargo con el uso de la fuerza pública, que se pretende ejecutar en el domicilio del quejoso, ubicado en la calle Estaño número 101, colonia Zona de Oro II de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato; quien por auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 908/2021; además, admitió la demanda; solicitó los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; asimismo, tuvo como terceros interesados a los siguientes: Jorge Alejandro Martínez Elorreaga, quien fue emplazado a este juicio el treinta y uno de enero de la presente anualidad. Marcela Juárez Nieto, por sí y en representación de la menor de iniciales A.M.J., quien se apersonó al presente juicio el cuatro de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, en el presente asunto se designó como representante especial del menor a la asesora federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta ciudad, quien aceptó y protestó el cargo el ocho de marzo de dos mil veintidós. TERCERO. Conocimiento previo. Mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional remitió por conocimiento previo los autos al Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, al estimar actualizados los supuestos previstos en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Dicho órgano jurisdiccional, mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, aceptó y se avocó al conocimiento del asunto, motivo por el cual lo radicó bajo el número 397/2022 y continuó con la secuela procesal. CUARTO. Impedimento. Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la jueza Quinta de Distrito en el estado de Guanajuato manifestó su legal impedimento para conocer del asunto al estimar actualizada la hipótesis normativo prevista en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, y, en consecuencia, remitió los autos a la superioridad. De ese impedimento conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien lo registró bajo el número 3/2021 y, por resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, lo declaró fundado. Así, por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de cinco de julio de dos mil veintidós, formó el expediente y lo registró bajo el número 699/2022; además, convalidó las actuaciones realizadas y reanudó la secuela procesal. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tuvo ejecución en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: 1. El auto de requerimiento de pago y embargo con el uso de la fuerza pública, así como todo acto de molestia que se pretende ejecutar en el domicilio del quejoso, ubicado en la calle Estaño número 101, colonia Zona de Oro II de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, derivado del juicio ordinario civil número F-476/2021 y sus acumulados F-482/2021 y F-1362/2021 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar con sede en esta ciudad. 2. Así como la ejecución de lo anterior. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civiles de Partido, así como los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Menores Civiles y el juez Oral Mercantil Región Celaya, todos de esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que la parte quejosa desvirtuara con medio de convicción alguno dichas negativas. Por tanto, si la inconforme no ofreció prueba para desvirtuar las negativas de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarlas en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables -en este considerando- con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, por lo que a tales actos y autoridades se refiere, únicamente por lo que a tales autoridades se refiere. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la directora de la Oficialía Común de Partes y de de la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad, por sí y en representación del actuario responsable, negó el acto reclamado; sin embargo, su negativa se desvirtúa, dado que fue señalada como ejecutora de un acto que ha reconocido la ordenadora; por tanto, es de inminente ejecución el acto que se le atribuye. Ilustra lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable, consistente en copia certificada del expediente número F-476/2021 y sus acumulados F-482/2021 y F-1362/2021; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Marcela Juárez Nieto, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales A.M.J., demandó en la vía oral ordinaria civil a Jorge Alejandro Martínez Elorreaga, de quien reclamó, entre otras cosas, la disolución del vínculo matrimonial. 2. Del citado ocurso correspondió conocer, por turno, al Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, quien por auto de nueve de marzo de dos mil veinte la registró bajo el número F-476/2021 y ordenó el emplazamiento del demandado. 3. Por su parte, Jorge Alejandro Martínez Elorreaga demandó en la vía oral ordinaria civil a Marcela Juárez Nieto, de quien reclamó, entre otras cosas, la disolución del vínculo matrimonial. 4. De esta demanda correspondió conocer, por turno, al Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, quien por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno la registró bajo el número F-482/2021 y ordenó la acumulación oficiosa de los juicios antes aludidos. 5. Marcela Juárez Nieto, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales A.M.J., demandó nuevamente en la vía oral ordinaria civil a Jorge Alejandro Martínez Elorreaga, de quien reclamó la pérdida de la patria potestad, la custodia provisional y definitiva en su favor, así como el pago de los alimentos vencidos, caídos y no pagadas. 6. De esta nueva demanda conoció el Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, quien por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno la registró bajo el número F-1362/2021 y ordenó la acumulación oficiosa de los juicios antes aludidos. 7. En audiencia desahogada el quince de junio de dos mil veintiuno, las partes celebraron un convenio, únicamente en cuanto la guarda y custodia de la menor, el pago que debe realizar Jorge Alejandro Martínez Elorreaga, por concepto de alimentos y las convivencias de éste con su hija. 8. En auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, previa petición de la parte actora, el juez responsable despachó auto de ejecución en contra del demandado Jorge Alejandro Martínez Elorreaga, por la cantidad de $8,502.00 (ocho mil quinientos dos pesos) por concepto del pago correspondiente al mes de octubre de esa anualidad, en el domicilio ubicado en calle Estaño, número 101, Zona de Oro II de esta ciudad y otro domicilio, para que en el acto de la diligencia cubra el pago de la cantidad señalada y, en caso de no hacerlo, se embarguen bienes de su propiedad. 9. Sin que obre constancia de que a la fecha se haya ejecutado dicha orden. SEXTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando cuarto, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." De la lectura íntegra de las constancias que informan el juicio de amparo en que se actúa, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en virtud de que se estima que no se acredita la afectación a algún derecho de la parte quejosa, que la faculte a acudir ante este órgano de control constitucional. Ahora bien, el citado precepto legal establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el diverso numeral 5, fracción I de la Ley de amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Cabe hacer mención que la fracción I del artículo 107 constitucional de actual vigencia, dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y además de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De tal suerte que, al estar frente a actos provenientes de un órgano jurisdiccional, se requiere de la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser violentado por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el tribunal constitucional correspondiente, para demandar el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debe destacarse que dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. Robustece lo anterior la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el caso, el promovente se ostenta como tercero extraño al juicio ordinario civil número F-476/2021 y sus acumulados F-482/2021 y F-1362/2021 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar con sede en esta ciudad, y esgrime que el auto de requerimiento de pago y embargo con el uso de la fuerza pública, así como todo acto de molestia que se pretende ejecutar, violan sus derechos fundamentales, por la razón de que es una persona extraña al procedimiento de origen, por no ser parte demandada. Ahora, por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; queda incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, de las constancias que informan el presente juicio constitucional, ciertamente se desprende que el quejoso no es parte material ni formal en el juicio ordinario civil oral de origen, pues el mismo fue iniciado por Marcela Juárez Nieto, por sí y en representación de la menor de iniciales A.M.J., en contra de Jorge Alejandro Martínez Elorreaga; sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos del promovente del amparo, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que la parte quejosa tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente. Precisado lo anterior, se tiene que el acto reclamado consistente en el auto de requerimiento de pago y embargo con el uso de la fuerza pública, así como todo acto de molestia, emitidos en el juicio ordinario civil número F-476/2021 y sus acumulados F-482/2021 y F-1362/2021, no afecta los derechos fundamentales del agraviado, toda vez que dicho mandamiento va encaminado y dirigido a impactarse en los bienes propiedad exclusiva del demandado en ese controvertido, esto es, Jorge Alejandro Martínez Elorreaga, característica que no tiene aquél -********************- pues como ya se dijo, ninguna relación jurídica le vincula con dicho demandado. En efecto, el juez responsable, mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, y a petición de la parte actora, ordenó la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra del demandado Jorge Alejandro Martínez Elorreaga; hechos que evidencian que al quejoso no se le ha dirigido mandamiento alguno que trascienda en su esfera de derechos. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución." Además, se reitera, la orden reclamada va dirigida a Jorge Alejandro Martínez Elorreaga, y no al quejoso, en el domicilio ubicado en calle Estaño número 101, colonia Zona de Oro II de esta ciudad de Celaya, Guanajuato; pues de las copias certificadas del juicio génesis del acto reclamado, se evidencia que dicho domicilio fue señalado por la parte actora. Debido a lo anterior, la posible ejecución del auto aludido, tampoco le causa algún perjuicio al promovente del amparo, toda vez que este no acreditó ser propietario o poseedor del inmueble que defiende en esta sede constitucional, como se explicará más adelante. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso refiera que es propietario del inmueble ubicado en calle Estaño número 101, colonia Zona de Oro II de esta ciudad de Celaya, Guanajuato; sin embargo, no ofreció prueba alguna para acreditar que es propietario, o bien, que tiene la posesión física y material del aludido inmueble. Aunado a que, se insiste, de lo descrito en párrafos precedentes se advierte que ese domicilio fue señalado por la parte actora como perteneciente al demandado. Sin que pase inadvertido para quien resuelve que el peticionario del amparo haya exhibido las siguientes documentales: Original del contrato de arrendamiento celebrado entre ********************, como arrendador, y Jorge Alejandro Martínez Elorreaga, como arrendatario, el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, respecto del bien inmueble ubicado en calle Estaño número 101, colonia Zona de Oro II de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Dos recibos expedidos por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad a nombre de ********************, respecto del bien inmueble ubicado en calle Estaño número 101, colonia Zona de Oro II de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, con sus comprobantes de pago. Recibo relativo al impuesto predial de la cuenta número UM007064001, relativo al inmueble ubicado en calle Estaño número 101, colonia Zona de Oro II de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, a nombre de ********************. Copia simple de un documento denominado "Orden de Valuación" relativo a la cuenta de predial aludida. Copia simple de una credencial para votar a nombre de ********************. Sin embargo, las aludidas documentales son insuficientes para tener por acreditado el derecho de propiedad sobre el bien inmueble. En primer lugar, las documentales descritas en los puntos número 4 y 5 se tratan de copias simples, las cuales carecen por sí solas de valor probatorio, lo que se traduce en que puedan ser alteradas o se trate de documentos prefabricados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.C.T.13 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "COPIA FOTOSTATICA SIMPLE, NO OBJETADA; NO SE LE PUEDE CONCEDER VALOR PROBATORIO. No por el hecho de que una copia fotostática simple no haya sido objetada particularmente por la contraparte, debe conferírsele pleno valor probatorio, pues la falta de objeción no puede llevar al extremo de que una prueba que en sí no tiene dicho valor probatorio llegue a perfeccionarse por ese motivo, pues precisamente corresponde al oferente acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal, por lo que tal carga, no puede ser convalidada por una omisión de la parte contraria." Aunado a lo anterior, debe destacarse que la credencial para votar exhibida -aun cuando se hubiera allegado en original o copia certificada- es ineficaz para demostrar que la parte quejosa es propietaria del bien inmueble que ahí se describe; puesto que es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente que es propietario o poseedor del bien, pues basta la simple manifestación del interesado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.C. J/26 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." En segundo lugar, las documentales detalladas en los puntos 2 y 3 consistente en los recibos aludidos (agua y predial), debe destacarse que son insuficientes para acreditar que el promovente del amparo es propietario de dicho bien. Ello es así, puesto que por su propia naturaleza, únicamente demuestran que realizó los pagos de tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; empero, no demuestran el derecho de propiedad que aduce tener el promovente del amparo, motivo por el que dichos documentos son insuficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/190 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "POSESION. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN. Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquellos se refieren." En tercer lugar, la documental señalada en el punto número 1 resulta ineficaz para acreditar la propiedad del bien inmueble que en esta vía defiende el quejoso; ello es así, puesto que tal documental no es apta para acreditar la propiedad. En efecto, para acreditar su interés jurídico es necesario que el promovente del amparo exhibiera un justo título, es decir, un documento revestido de la forma de un acto jurídico por el que es factible adquirir la propiedad (venta, donación, testamento, permuta, prescripción positiva, etcétera), con la condición de que sea de fecha cierta Es orientadora al respecto, en lo conducente, la tesis XVI.1o.C.4 C (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, que establece: "ACCIÓN PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESIÓN. LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD PERPETUAM PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 731, FRACCIÓN II Y 734 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ELEVADA A LA CATEGORÍA DE ESCRITURA PÚBLICA, NO CONSTITUYE UN JUSTO TÍTULO PARA QUE AQUÉLLA PROCEDA. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 3a./J. 1/94, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 74, febrero de 1994, página 15, de rubro: "ACCIÓN PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESIÓN. PUEDE SER INTENTADA TANTO POR EL PROPIETARIO COMO POR EL POSEEDOR DE LA COSA.", que las acciones publiciana o plenaria de posesión y reivindicatoria, son acciones reales; la primera protege la posesión y la segunda la propiedad; en ambas la sentencia tiene efectos de condena, pues el demandado debe restituir la cosa con sus frutos y accesiones, las dos competen a quien no está en posesión de la cosa a la cual tiene derecho a poseer, por justo título, aun cuando no lo acredite como propietario en la publiciana; y en la reivindicatoria por tener la propiedad de la cosa. Así, en aquélla el actor debe acreditar ser adquirente con justo título y buena fe y en ésta tener el dominio. En estas condiciones, el propietario puede intentar la acción publiciana cuando no quiera que se cuestione la propiedad y esté en condiciones de probar que es adquirente con justo título, lo cual se requiere para la procedencia de dicha acción y logrará la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, aun cuando no se declare que tiene el dominio, toda vez que es efecto exclusivo de la reivindicatoria, lo que la diferencia de la publiciana o plenaria de posesión. Por su parte, la Primera Sala del Más Alto Tribunal definió en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 13/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 99, de rubro: "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN.", que la acción publiciana protege la posesión jurídica y no la material. De igual forma, en la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 53/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 11, de rubro: "ACCIÓN REIVINDICATORIA. NO QUEDA PROBADO EL ELEMENTO PROPIEDAD NECESARIO PARA SU PROCEDENCIA, SI EL TÍTULO EXHIBIDO POR EL ACTOR TIENE COMO ANTECEDENTE CAUSAL DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD PERPETUAM (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).", la propia Sala estableció que acorde con la jurisprudencia 1a./J. 91/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 86, con el rubro: "INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).", la resolución recaída a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam no es apta para acreditar la propiedad, sino sólo la posesión; de ahí que por virtud de la institución jurídica de la causahabiencia, quien posee un bien en esas condiciones, al transmitirlo única y exclusivamente puede trasladar la posesión, ya que el causahabiente sólo puede sustituirse en los derechos de que disponga su causante. En congruencia con lo expuesto, se concluye que no queda probado el elemento de justo título necesario para la procedencia de la acción publiciana, si el documento exhibido por el actor para acreditar ese extremo tiene como antecedente causal diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam previstas en el artículo 731, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, aun cuando esté revestido de la forma de un acto jurídico por el que es factible adquirir la propiedad (venta, donación, testamento, permuta, prescripción positiva, etcétera) y elevado a la categoría de escritura pública pues, con ello sólo se demuestra que se adquirió la posesión material del bien, no así la posesión jurídica indispensable para su ejercicio; máxime que el dispositivo 734 del ordenamiento citado, prohíbe que la resolución que declara que el promovente de las diligencias de información ad perpetuam demostró haber tenido la posesión del inmueble con los requisitos que exige el Código Civil para adquirirlo por prescripción, pueda ser estimada como tal en juicio contradictorio, siendo éste el caso del juicio plenario de posesión." En ese sentido, el quejoso pretende acreditar su interés jurídico el original de un contrato de arrendamiento que celebró, en su carácter de arrendador, con Jorge Alejandro Martínez Elorreaga -arrendatario- sin embargo, se insiste, ese documento es ineficaz para acreditar la propiedad del bien inmueble. Lo anterior es así puesto que, se reitera, el documento idóneo para acreditar que se transmitieron los derechos sobre un inmueble es un acto jurídico, por el cual sea factible adquirir la propiedad y que sea de fecha cierta. Por tanto, el original del contrato de arrendamiento exhibido por el promovente del amparo es insuficiente para acreditar su interés jurídico; ello es así, pues únicamente acredita de manera indiciaria la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, mas no el derecho de propiedad respecto del bien inmueble, aunado a que ese documento carece de fecha cierta. En tales condiciones, la prueba descrita en el punto 1 es insuficiente para acreditar el derecho de propiedad que el quejoso aduce tener respecto del bien inmueble que defiende. En esas condiciones, las documentales aludidas, son ineficaces para demostrar el derecho de propiedad que el aquí agraviado aduce tener sobre el bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional; máxime, que no fueron robustecidas con diversa prueba. De ahí que, los actos reclamados no vulneren los derechos fundamentales del quejoso, toda vez que lo que el auto de requerimiento de pago y embargo con el uso de la fuerza pública, se dirigió en contra del demandado Jorge Alejandro Martínez Elorreaga y no en contra del aquí peticionario. Motivos por los cuales, es que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se demuestra la afectación producida en la esfera jurídica del quejoso; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 63 de la citada legislación. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común y al actuario adscrito a dicha Oficina, ambas de esta ciudad; en virtud de que no se impugnaron por vicios propios, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Finalmente, en cuanto a los alegatos formulados por la parte quejosa y el tercero interesado Jorge Alejandro Martínez Elorreaga; al respecto debe decirse que no es obligación de este juzgado federal el tomarlos en cuenta, toda vez que la controversia se conforma con lo expresado en la demanda, en su aclaración o ampliación en su caso, con los actos reclamados y los informes justificados, de conformidad con los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo; de modo que los alegatos no forman parte de la litis. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, con número de registro digital 205449, visible en la página 14 del número 80, agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y sexto de la presente resolución.
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