Jorge Pérez Larios
Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Pérez Larios
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de dos de julio del presente año (fojas 10 a 14), en el que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por *********, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y diversa autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 123 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 571/2019. Desechamiento de la demanda Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, se obtiene que la parte quejosa reclama la determinación emitida en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente número 1673/2019/L1/CF/IND, por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante el cual radicó el procedimiento laboral de origen y decretó su legal incompetencia para conocer del mismo, al estimar que corresponde a la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Guanajuato, capital, su conocimiento, ordenando su remisión y formar cuaderno de antecedentes. Ahora, si bien señala igualmente como acto reclamado el auto de radicación de la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital; sin embargo, del capitulo de conceptos de violación que formula el quejoso, se advierte que manifiesta: "expediente est (sic) último que aun se desconoce pues solo hay constancia en los autos del envío del oficio con las constancias originales dicha responsable del ámbito federal."; de ahí que, en términos del invocado ordinal 74, fracción I, se tiene como acto reclamado el aludido proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Establecido lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;(.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y." De la interpretación sistemática y armónica de los preceptos legales antes citados se observa que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, el promovente deberá aducir que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, cabe referir que para determinar la procedencia del juicio de amparo en los casos en los que se analicen temas de competencia, el legislador estableció en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo que éste procede en los supuestos en los que la autoridad determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 239/2014 precisó que era necesario indicar el alcance de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en materia de competencia, pues si bien éste procede contra los actos de autoridad que determinen declinarla o inhibirla, ello debe ser bajo la condición de que esas resoluciones tengan el carácter de definitivas. Lo anterior, a fin de fijar cuándo se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el Máximo Tribunal de la Nación destacó que aun cuando no se tiene certeza si el legislador tuvo, o no, la intención de identificar a las cuestiones competenciales como sustantivas o de imposible reparación, lo que verdaderamente era trascendente era que si bien existe disposición expresa, en la que el legislador estatuyó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinaran la competencia, lo cierto era que ello debiera interpretarse literalmente y aseverar que, por el solo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo será procedente, indefectiblemente cuando se reclamen cualquier tipo de actos relacionados con un pronunciamiento relacionado con la competencia. De ahí que en esa ejecutoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la decisión de una autoridad, de declararse incompetente, o la solicitud que hacía una autoridad a otra para que se inhibiera en el conocimiento de un asunto, no podían considerarse determinaciones que justificaran la procedencia del juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino solo en el caso de que aquélla se tornara DEFINITIVA, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque era en esos momentos del trámite cuando se producía la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Ahora bien, tales consideraciones fueron retomadas por el Máximo Tribunal de la Nación al resolver la diversa contradicción de tesis 216/2014, en la que extendió el alcance de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, y determinó que también procede el juicio de amparo bi-instancial contra las resoluciones que desechan o desestiman un incidente y/o excepción de incompetencia, dado que se tratan de determinaciones definitivas, porque producen una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, por lo que esos actos también son impugnables a través del juicio de amparo indirecto. Razón por la cual, ese Tribunal Pleno estimó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe hacerse extensiva a los supuestos en los que se deseche o desestime una excepción y/o incidente de incompetencia, al considerarse definitivos. Por tanto, atento a lo determinado por el Máximo Tribunal de la Nación, para que proceda el juicio de amparo indirecto contra resoluciones vinculadas con el tema de competencia es necesario que se trate de actos definitivos que produzcan una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es hasta ese momento en que se producen todas las consecuencias del acto reclamado. Derivado de las contradicciones de tesis antes citadas surgieron las jurisprudencias P./J. 17/2015 (10a.) y P./J. 29/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 5 y libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 22, respectivamente, de los siguientes rubros: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, si se reclama en el presente asunto el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente laboral 1673/2019/L1/CF/IND del índice de la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que radicó la demanda laboral promovida por el aquí quejoso Jorge Pérez Larios y a la vez declinó su competencia la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital, es evidente que dicha determinación no tiene el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo, y con ello, la actualización del agravio personal y directo que aduce el quejoso, pues ello en su caso ocurrirá una vez que la autoridad a quien se le declinó la competencia la acepte, y solo en ese momento será cuando el promovente del amparo se encuentre en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, Constitucional, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jorge Pérez Larios, por su propio derecho, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y diversa autoridad. No pasa inadvertido para este Juzgado Federal, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Tesis de artículo 73 fracción IV actos que ya fueron materia de otra ejecutoria de amparo." Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento que no tiene el carácter de definitivo, pues se trata de un acto que declinó la competencia para conocer del procedimiento natural; se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción I, constitucional, y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con el diverso 61, fracción XXIII y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, por lo que se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Francisco Villa, número 230, zona centro de esta ciudad; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa en su escrito de demanda, debido a que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, tales como su número de cédula profesional o de inscripción ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como así lo exige el mencionado ordinal 12 de la invocada legislación; lo anterior, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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