Jorge Noe Quintal Lara
Expediente 1682/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1682/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Noe Quintal Lara
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1322/2021-III, promovido por Herbert de Jesús Várguez Ruz, contra el acto que reclama de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado, y turnado el diecinueve siguiente a este órgano, Herbert de Jesús Várguez Ruz solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. ADMISION DE LA DEMANDA. Previo cumplimiento a la prevención de veinte de julio de dos mil veintiuno, por acuerdo de veintiséis de julio referido, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclaman actos con ejecución dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar los actos que por esta vía se reclaman. En ese sentido, la parte quejosa reclama: La suspensión de la licorería "EL KALIMÁN", localizada en el predio ciento veinte letra "A" de la calle veintiocho por veinticinco y veintisiete del fraccionamiento Residencial del Parque, en Umán, Yucatán, del cual se ostenta propietario. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS. El Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad, rindió el correspondiente informe justificado en representación de la Secretaría de Salud, el Director General de los Servicios de Salud, así como el Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud, todos del Gobierno del Estado de Yucatán y refirió que el acto reclamado por el quejoso era inexistente. Sin embargo, de la lectura del propio informe justificado, se advierte que el aludido Director Jurídico, hace diversas manifestaciones que evidencian la existencia del acto reclamado, pues defiende la legalidad del mismo; en consecuencia, lo procedente es desvirtuar la aludida negativa y tener por cierto el acto que el quejoso estima violatorio de sus derechos. Es aplicable el criterio de texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte, el Centro Integral de Servicios, no rindió su correspondiente informe justificado, por lo que ante la omisión de ésta, debe tenerse por cierto el acto reclamado, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO. Este órgano de control constitucional no advierte que en el caso a estudio se actualice de oficio alguna causal de improcedencia, por lo que lo procedente es el estudio del fondo del asunto, sin que haya necesidad de transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, ya que ello no transgrede las reglas que norman el procedimiento en el juicio de amparo, conforme lo autoriza la jurisprudencia VI.2o.J./129, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Como se adelantó, el quejoso reclama la suspensión de la licorería "EL KALIMÁN", localizada en el predio ciento veinte letra "A" de la calle veintiocho por veinticinco y veintisiete del fraccionamiento Residencial del Parque, en Umán, Yucatán, del cual el quejoso se ostenta propietario. La titularidad del derecho reclamado, lo acreditó la parte quejosa entre otras documentales, con las siguientes probanzas: 1.- Oficio de Dictamen de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán, respecto de la licorería "El Kalimán", propiedad del ahora quejoso Herbert de Jesús Varguez Ruz, ubicada en la calle veintiocho número ciento veinte letra "A" por veinticinco y veintisiete del fraccionamiento Residencial del Parque, en Umán, Yucatán, en el que se accedió a su solicitud para que se le conceda una determinación sanitaria. 2.- Solicitud de trámite 404451 de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, realizada ante la Secretaría de Salud, respecto del giro Licorería, denominado "El Kalimán", cuyo propietario es Herbert de Jesús Varguez Ruz. 3.- Licencia de funcionamiento M21-183, expedida por el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, respecto de la licorería "El Kalimán", cuyo propietario aparece Herbert de Jesús Varguez Ruz, ubicada en el predio ciento veinte letra "A" de la calle veintiocho por veinticinco y veintisiete del fraccionamiento Residencial del Parque, en Umán, Yucatán, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del año que transcurre. Ahora bien, la parte quejosa entre sus conceptos de violación, manifiesta que se vulneran sus derechos fundamentales de debido proceso en virtud de que sin fundamento, ni motivación, se procedió a la suspensión de su negociación, según le informaron derivado del acta PBA/00396/2021 de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, sin embargo señaló que no le exhibieron dicha acta, por lo que desconoce los motivos que dieron origen a la suspensión decretada, sin contar con algún mandamiento y orden escrita, sin darle oportunidad de audiencia, defensa y violentando de este modo las formalidades del procedimiento. En ese sentido, los artículos 14, párrafo segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contienen la garantía de legalidad, a cuyo efecto establecen lo siguiente: "Artículo 14.- [.] Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". El precepto transcrito en primer término contempla la garantía de audiencia, la que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado frente a los actos del poder público que tiendan a privarlo de sus derechos e intereses; dentro de esta garantía se contienen subgarantías que aseguran al gobernado contar con mecanismos que le permitan una adecuada defensa como lo es el que, previo a la emisión del acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Por tanto, si no se respetan estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. En relación con lo anterior, resulta aplicable al caso por la ilustración en el tema la jurisprudencia 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, Materias Constitucional y Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." Por su parte, del segundo de los preceptos constitucionales en cita se desprende que toda autoridad que emita un acto de molestia (entiéndase por éste el que pese a que pueden constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, aunque no debe pasar inadvertido que todo acto privativo también requiere cumplir con la garantía de legalidad) a la esfera jurídica del gobernado, debe respetar ante todo las garantías que prevé el primer párrafo del artículo 16 de la Ley Fundamental, es decir, la garantía de legalidad que pone a salvo al gobernado de todo acto arbitrario. El acto de autoridad debe supeditarse a lo establecido por el artículo 16 de la Carta Magna." La eficacia jurídica de la garantía de legalidad, consagrada en el citado precepto, claramente establece un sometimiento de la autoridad al imperio de la ley; no debe olvidarse que mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; de lo que se sigue, que dentro del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley, en virtud de que las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente la ley les confiere, es así como se preserva el orden jurídico que se vería conculcado si las autoridades al emitir actos que produzcan una transgresión a los derechos subjetivos del gobernado, incumplen con la garantía de legalidad. Al respecto, por las consideraciones que contiene cobra aplicación la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 263, Tomo XI, Enero de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR." Así, del artículo 16 párrafo primero del Pacto Federal, se advierte que entre los requisitos que debe contener un acto de molestia a fin de ajustarse a los lineamientos constitucionales, los cuales son: I. Que el acto de molestia debe adoptar la forma por escrito. II. El acto debe estar fundado. III. El acto de molestia debe estar motivado. Desde esta óptica, la primera condición que debe satisfacer el acto de molestia es que debe constar por escrito, la cual es una condición esencial para que pueda haber certeza sobre la existencia del acto y para que el afectado pueda conocer con precisión de qué autoridad proviene y cuál es su contenido y consecuencias jurídicas. Ahora bien, la fundamentación es el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad. Dicho en otras palabras, con la finalidad de considerar constitucional un acto autoritario, en éste se deben citar los cuerpos legales y preceptos que tengan aplicación al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que encuadra la conducta del gobernado o los hechos acontecidos, que deberán ser señalados con toda exactitud, precisándose las fracciones, párrafos, los incisos y subincisos de los preceptos aplicables. Por su parte, la motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos; para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; permitiendo así que los afectados por algún acto de autoridad puedan impugnar los razonamientos de éstas, si es que no corresponden a la verdad histórica de los hechos o si estos se alteraron o fueron mal interpretados. Por lo que la exigencia de motivación ha sido referida a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal aplicable. De suerte tal, que los requisitos de fundamentación y motivación se suponen mutuamente, pues no es posible lógicamente citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta relación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, esto es la adecuación del hecho al derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/43, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 769, Tomo II, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." De igual manera es aplicable al caso por las consideraciones que contiene la tesis IV.3o.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 243, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro reza: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE AUTORIDADES.". Por cuanto, a las autoridades responsables como ya se expresó, se tuvo por cierto el acto reclamado, ya que si bien negaron el mismo, el Director Jurídico que rindió el informe, hizo manifestaciones en defensa de la legalidad de éste, por lo que ello, constituye una aceptación a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, es decir, que el veinticuatro de junio del año en curso, personal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, colocó en la negociación con giro de licorería denominada "El Kalimán", sellos con la leyenda "suspensión Total Temporal de Trabajos y Servicios", sin que le proporcionaran mayor información respecto de la citada suspensión. Lo anterior deja de manifiesto que la suspensión total temporal, ejecutada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, por personal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, en la negociación en cuestión, no cumple con las exigencias constitucionales aludidas que todo acto de autoridad debe contener. En efecto, lo ilegal de la actuación de las responsables tiene su origen en la falta de mandamiento escrito en el que se funde y motive el acto de molestia irrogado al gobernado, consistente en la suspensión del funcionamiento de su negociación. Por ende, tampoco se indicaron las disposiciones que permitían a las responsables proceder conforme lo hicieron, o aquéllas que fueron violentadas para que se concluyera con la suspensión total temporal de trabajos y servicios de la negociación denominada "El Kalimán", con sede en Umán, Yucatán. Como se ve, la falta de motivación y fundamentación en que incurrieron las responsables al no establecer los motivos, razones y fundamentos por los que procedía en los términos que lo hizo, trae como consecuencia que la parte quejosa quede en total estado de indefensión, ya que ante la omisión destacada desconoce si las autoridades cuentan con las facultades legales para actuar, a qué instancia y con base en qué legislación debe acudir en defensa de sus derechos, así como cuáles son los hechos que motivan la sanción impuesta, a fin de estar en condiciones de combatirlo en las vías ordinarias. Por tanto, se concluye que no existe un acto por escrito en el que conste la determinación de las autoridades responsables correspondientes, ya que únicamente se advierte que dichas autoridades materialmente procedieron a la suspensión del funcionamiento de la citada negociación, no obstante ésta contaba con el permiso correspondiente para la prestación de servicio que corresponde a su giro; pero sin existir un documento en el que hubiesen sido plasmados los motivos para proceder en la forma en que lo hicieron. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación propuesto por la impetrante de amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Lo anterior, aunado a que las responsables fueron omisas en acreditar la legalidad de su actuación, pues conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, las responsables al rendir su informe justificado, deberán remitir las constancias con las que se acredite la legalidad del acto reclamado por la parte quejosa, lo que en la especie no ocurrió, no obstante la certeza y existencia del acto tildado de inconstitucional por la parte reclamante del amparo. Lo anterior, asimismo se encuentra robustecido por el propio informe justificado, pues en éste, el Director Jurídico que lo rindió, señaló lo siguiente: "Respecto de los actos reclamados por el quejoso los mismos se encuentran debidamente fundados y motivados ya que la aplicación de la medida de seguridad sanitaria que obra respecto del Predio 493 letra C de la calle 56 letra A por 39 y 41 de la colonia centro de esta ciudad, se origina de una Orden de verificación y la consiguiente de fecha 24 de febrero del presente año y de la cual se adolece el quejoso." De lo anterior, se aprecia que el predio al que hace referencia la responsable en su informe justificado, no corresponde al en que se encuentra la negociación de la que es propietario el ahora quejoso, lo que robustece la ilegalidad de la actuación de las responsables, sin que obren o hubieren exhibido constancias con las que pudiere advertirse que el actuar de éstas fue apegado a derecho. En las condiciones expuestas, se concluye que el acto reclamado no satisface el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues como se precisó, el acto de que se duele la parte quejosa resulta violatorio de sus derechos fundamentales, en virtud que no existe mandamiento escrito de las autoridades responsables que funde y motive su proceder. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, las autoridades responsables, deberán dejar insubsistente la suspensión total temporal de Trabajos y Servicios de la negociación con giro de licorería, denominada "El Kalimán", ubicada en la calle veintiocho número ciento veinte letra "A" por veinticinco y veintisiete, del fraccionamiento "Residencial del Parque", en Umán, Yucatán. Es conveniente precisar que este órgano jurisdiccional no desconoce que las personas, tienen el deber de cumplir con las normas administrativas y por otro lado, el juicio de amparo no constituye un instrumento para eludir esa responsabilidad de aquéllos, en la medida que los autorice para realizar los actos prohibidos; sin embargo, los órganos jurisdiccionales, como este juzgado que resuelven dicho proceso constitucional, únicamente deben verificar si el acto reclamado es violatorio o no de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano; por tanto, si se concluye que hubo una transgresión a alguno de esos derechos, se debe conceder la protección constitucional para reparar ese agravio. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a HERBERT DE JESÚS VARGUEZ RUZ contra los actos que reclamó de la Secretaría de Salud, el Director General de los Servicios de Salud, el Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud y el Centro Integral de Servicios, todos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, consistente en la suspensión total temporal de Trabajos y Servicios de la negociación con giro de licorería, denominada "El Kalimán", ubicada en la calle veintiocho número ciento veinte letra "A" por veinticinco y veintisiete, del fraccionamiento "Residencial del Parque", en Umán, Yucatán, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el subsecuente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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