Jorge Moisés Sandoval Pérez

Expediente 1671/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1671/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Jorge Moisés Sandoval Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de diecisiete de agosto del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por los Magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, del cual se advierte que el quince de agosto del presente año, se emitió el proyecto de laudo en el juicio laboral 556/2018. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la responsable de dictar laudo, en el expediente laboral 556/018. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de dictar laudo, en el expediente laboral 556/2018. Ahora bien, de las constancias que los Magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, remitieron junto con su oficio de cuenta, se desprende que el quince de agosto del año en curso, se elaboró el proyecto de resolución, en el juicio laboral 556/2018. Y si bien, dicha resolución aún no ha sido notificada a la parte quejosa por parte de la autoridad responsable, lo cierto es que su notificación no fue reclamada en el juicio de amparo, además de que por medio de la presente determinación tendrá conocimiento de su contenido. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó el laudo en el juicio laboral 556/2018, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la resolución definitiva emitida en el juicio de origen 556/2018. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del día de hoy, diecisiete de agosto del año en curso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Erika Esther Gòngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 275/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, en su segundo punto petitorio solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, y en el tercer punto negar el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, entréguese copia certificada de la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio de amparo. Finalmente, glósese a estos autos el informe justificado rendido por los Magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y tres minutos del seis de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 153/2022-IV, promovido por GABRIEL GUZMAN MILLET, por propio derecho; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, La Jueza, declara abierta la audiencia. Seguidamente, la Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con los informes justificados rendidos por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien compareció en representación del Director en Jefe, así como por la Dirección General de Registro y Control Documental, y Director General de Catastro, con sede en la ciudad de México, los cuáles obran agregados a estos autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendido en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, consistente en el acuse de recibo del trámite con el número de folio 31180011027, de seis de noviembre de dos mil dieciocho, expedido por el Registro Agrario Nacional, copia simple de la credencial para votar del quejoso, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humanas; así como las ofrecidas por las autoridades responsables, Director en Jefe y la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la ciudad de México, al rendir su correspondiente informe justificado; a lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Acto continuo, en el período de alegatos, se da cuenta que no fueron formulados por las partes, por lo que se cierra dicha etapa. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictada la sentencia siguiente. VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 153/2022-IV, promovido por GABRIEL GUZMAN MILLET, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado a este órgano de control constitucional, GABRIEL GUZMAN MILLET, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, contra los actos que reclamó de la Encargado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; así como del Director en Jefe, así como por la Dirección General de Registro y Control Documental, y Director General de Catastro, del Registro Agrario Nacional, con sede en la ciudad de México, de quienes reclamó, la omisión de expedir y entregar a su favor el título de propiedad correspondiente a la parcela 136 del Ejido y Municipio de Chicxulub, Pueblo, lo que solicitó desde el seis de noviembre de dos mil dieciocho, la que le recayó el número de folio 31180011027. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 153/2022-IV; se solicitó a las responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la tiene verificativo al tenor del acta que antecede a la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama un acto de autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera que el quejoso reclama de las autoridades responsables, la omisión de expedir y entregar a su favor el título de propiedad correspondiente a la parcela 136 del Ejido y Municipio de Chicxulub, Pueblo, lo que solicitó desde el seis de noviembre de dos mil dieciocho, la que le recayó el número de folio 31180011027. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades señaladas como responsables, negaron los actos que de éstas se reclaman, sin embargo, estas se desvirtúan en atención a que la expedición de dicho título de propiedad en relación con la parcela 136 del Ejido y Municipio de Chicxulub, Pueblo, y por ende su entrega aún no se ha realizado, a pesar de haberlo solicitado el quejoso, desde el seis de noviembre de dos mil dieciocho. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Atento a la técnica que rige el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, debe, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos de la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, habida cuenta que con anterioridad a la presentación de la demanda que nos ocupa, el citado quejoso, promovió un diverso juicio de amparo 966/2021, del índice de este Juzgado, en el cual aduce se examinó el mismo acto reclamado. Al respecto, debe decirse que se tiene a la vista el citado juicio de amparo 966/2021, por constituir un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285 del tomo XXV-Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que señala lo siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Mismo juicio de amparo, que si bien fue promovido por el aquí quejoso Gabriel Guzmán Millet, por conducto de su apoderada, Ivette Alejandra Olmos Mendoza, contra un acto del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, y que hizo consistir en la omisión de dar respuesta a su solicitud de fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho con número de solicitud 31180011027, respecto de la parcela identificada con el número 136 del ejido de Chicxulub Pueblo, Municipio de Chicxulub Pueblo, Estado de Yucatán, siendo que dicho juicio el doce de julio de dos mil veintiuno, se sobreseyó por cesación de efectos, en virtud de haberse emitido una respuesta a dicha solicitud, lo anterior, con posterioridad a la presentación de esa demanda, misma que le fue notificada el siete de julio de dos mil veintiuno. Sentencia que causó ejecutoria el treinta de julio del año pasado. Sin embargo, debe decirse que en el amparo que nos ocupa 153/2022, el quejoso Guzmán Millet, reclama en esencia la omisión de expedir y entregar a su favor el título de propiedad correspondiente a la parcela 136 del Ejido y Municipio de Chicxulub, Pueblo, lo que solicitó desde el seis de noviembre de dos mil dieciocho, a la que le recayó el número de folio 31180011027, de ahí que, en el caso la causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, en el caso, no se actualiza. Al no haber alguna otra causal de improcedencia para analizar, lo procedente es entrar al estudio de fondo del acto reclamado. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA PARTE QUEJOSA. El concepto de violación que el quejoso hace valer, debe estimarse fundado por las razones siguientes. En efecto, el quejoso aduce que se transgrede en su perjuicio, lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, toda vez que las responsables no han dado continuación al trámite que solicitó, puesto que no se ha expedido a su favor el título de propiedad relacionado con la parcela 136 del Ejido y Municipio de Chicxulub, Pueblo, ni mucho menos éste le ha sido entregado, habiendo transcurrido un término superior a ocho meses, vulnerando sus derechos fundamentales e impidiendo el correcto ejercicio de los derecho de propiedad. En ese sentido, debe decirse que dicho motivo de inconformidad resulta fundado. Y para llegar a tal conclusión, es menester transcribir el artículo 17 Constitucional, que establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos; igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, en el caso, cabe mencionar que los numerales 16, 51, 52, 53, 81, 83 y 84, todos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, establecen lo siguiente: "Artículo 16. Corresponde a la Dirección General de Registro y Control Documental las siguientes atribuciones: . IV. Calificar e inscribir las actas de asamblea para crear o extinguir derechos que modifican la superficie de los Núcleos Agrarios y que contengan los siguientes acuerdos: . e) Adopción del dominio pleno, respecto de ejidos y colonias agrícolas y ganaderas;" "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." "Artículo 53. Las resoluciones administrativas de calificación deberán: Estar debidamente fundadas y motivadas; Ser expedidas con el señalamiento de lugar y fecha de emisión; Constar por escrito y con la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición, y Dar respuesta integral a la solicitud." "Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El Registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de propiedad de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, realizadas en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos. De acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 de este Reglamento. Tratándose de garantías otorgadas por sus titulares respecto de las tierras parceladas, conforme al artículo 46 de la Ley que obtengan el dominio pleno, el Registro al momento de solicitar la inscripción del título de propiedad a los Registros Públicos de la Propiedad locales, deberá informar que la parcela materia de titulación, se encuentra en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente, con el fin de que proceda también a su correspondiente inscripción en términos de la normativa aplicable." "Artículo 83. Se deberá expedir un certificado para cada una de las unidades parcelarias de que sea titular el ejidatario o posesionario, de conformidad con el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación y el plano interno." "Artículo 84. Los certificados como los títulos, serán autorizados y firmados por el Director en Jefe o por los Delegados del Registro en el ámbito de su competencia y contendrán los datos generales del beneficiario, fecha del acto jurídico que originó el documento, datos de identificación del predio y de su inscripción, así como la fecha de su expedición." Del anterior articulado, se advierte que el procedimiento registral se inicia con la solicitud de trámite que se presente en la Oficialía de Partes, que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija. Que la Dirección General de Registro y Control Documenta, le corresponde calificar e inscribir las actas de asamblea para crear o extinguir derechos que modifican la superficie de los Núcleos Agrarios y que contengan diversos acuerdos entre éstos la adopción del dominio pleno, respecto de ejidos, y colonias agrícolas y ganaderas. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; y que será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Todas las resoluciones emitidas deberán constar por escrito, con la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición; deben estas debidamente fundadas y motivadas; con el señalamiento de lugar y fecha de emisión, y dar respuesta integral a la solicitud. Asimismo, el registro expedirá, los certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El registro previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para su inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, expidiendo un certificado para cada una de las unidades parcelarias de que sea titular el ejidatario o posesionario, de conformidad con el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación y el plano interno. Asimismo, tanto los certificados como los títulos, que se expidan deberán ser autorizados y firmados por el Director en Jefe, así como los Delegados del Registro y contendrán los datos generales del beneficiario, la fecha del acto jurídico que originó el documento, datos de identificación del predio y de su inscripción, así como la fecha de su expedición. Así, de las constancias que obran en autos, se advierte que el seis de noviembre de dos mil dieciocho, el quejoso formuló una solicitud, para la adopción de dominio pleno respecto de la parcela 136 del Ejido y Municipio de Chicxulub, Pueblo, a la cual le recayó el número 31180011027. No obstante lo anterior, de las propias constancias se desprende que aún no se advierte que se haya emitido una calificación registral, y que en caso de ser positiva se haya aperturado la clave del sistema informático para que se pueda realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno y la expedición del título correspondiente, para la entrega del citado certificado. De ahí que, en el caso, se advierte que el procedimiento registral aún no ha culminado, pues aún no se advierte que hubiere una calificación registral, respecto de la parcela número 136 del Ejido y Municipio de Chicxulub, Pueblo, tal y como lo establece el marco normativo antes transcrito; por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables, conculcan con tal proceder en perjuicio del quejoso, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplen con la función de inscribir la adopción de dominio pleno, así expedir y entregar el nuevo título. Por consiguiente, procede conceder la protección constitucional instada, para que de manera inmediata las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, continúen con el procedimiento registral que ampara la solicitud con número de folio 31180011027, respecto de la parcela número 136 del Ejido y Municipio de Chicxulub, Pueblo, para lo cual deberán emitir un calificación registral, y en caso de ser positiva continuar con el trámite correspondiente, a fin de expedir y entregar el nuevo título que prevé la citada Ley Agraria. Cuenta habida que desde el seis de noviembre de dos mil dieciocho, se le formuló dicha solicitud, y hasta el día en que el presente juicio de resuelve, seis de julio del año en curso, ha transcurrido más tres años, sin que se hubiera emitido una calificación registral, ni mucho menos que se hubiere inscrito la adopción de dominio pleno, solicitada, tampoco se ha expedido ni entregado el título correspondiente, lo que evidentemente resulta una transgresión del numeral 17 Constitucional en su perjuicio. SEXTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a GABRIEL GUZMAN MILLET, por propio derecho, contra los actos que reclamó de la Encargado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; así como del Director en Jefe, así como por la Dirección General de Registro y Control Documental, y Director General de Catastro, del Registro Agrario Nacional, con sede en la ciudad de México, de quienes reclamó, la omisión de expedir y entregar a su favor el título de propiedad correspondiente a la parcela 136 del Ejido y Municipio de Chicxulub, Pueblo, lo que solicitó desde el seis de noviembre de dos mil dieciocho, la que le recayó el número de folio 31180011027; por los motivos y efectos señalados en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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