Jorge Mayo Cruz
Expediente 1020/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Mayo Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 549/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el presente juicio de amparo sin que sea el caso acordar respecto de su contenido, toda vez que el veintidós de agosto del presente año, se dictó la sentencia constitucional en los presentes autos. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, expídase la copia solicitada, en el momento procesal oportuno.
- Principal
MESA II. S E R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE MAYO CRUZ, contra el acto que reclamó del Fiscal General del Estado, el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, y el Agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Atención y Litigación, consistente en la orden de aprehensión, dictada en su contra; por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando tercero de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y de una revisión al presente expediente se advierte la lejanía de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; en aras de la impartición pronta y expedita de justicia, déjese sin efectos la misma, señalándose como nueva hora y fecha para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Incidental
Agréguese a estos autos el escrito de Abraham Jesús Memeri Alcocer, autorizado de la parte tercera interesada William Augusto Soberanis y Cabrera, en el que solicita la aplicación de la garantía que en su momento exhibió la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión concedida. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, no se accede a su solicitud, toda vez que cuando se pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión, debe tramitarse el incidente respectivo, en el que se demuestre su procedencia y cuantificación. Apoya lo anterior, por identidad de razón no obstante haga referencia a la Ley de Amparo abrogada, el criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXIV, agosto de 2006, página 2169, que prevé: DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA SUSPENSIÓN. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO FIJE EL MONTO DE LA GARANTÍA QUE DEBE OTORGARSE POR SU CONCESIÓN NO IMPLICA QUE DESDE ESE MOMENTO SE ESTÉ ACEPTANDO LA VERDADERA EXISTENCIA DE AQUÉLLOS, NI TAMPOCO EL PARÁMETRO CONSIDERADO POR EL JUZGADOR PARA FIJAR SU IMPORTE, CONSTITUYE EL MÉTODO OBLIGATORIO PARA SU CUANTIFICACIÓN EN EL INCIDENTE RELATIVO (ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con los artículos 107, fracción X, constitucional y 125 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, la suspensión de los actos reclamados se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, por lo que su otorgamiento, en los casos en que proceda, no queda a discreción del juzgador, pues dado que éste tiene obligación de decretarla, con ello no incurre en un acto de privación en perjuicio del tercero perjudicado, sino que preserva la materia del amparo, pero si con su otorgamiento se llegara a causar una afectación estimable en dinero, el juzgador debe considerar los elementos ciertos que deriven de las prestaciones demandadas o, en su caso, de la condena contenida en el fallo reclamado y, con base en esto, realizar los cálculos necesarios para determinar a cuánto ascenderían, hipotéticamente, los daños y perjuicios que tal suspensión podría ocasionar a dicho tercero perjudicado. Sin embargo, el hecho de que el Juez de Distrito fije el monto de la garantía que debe otorgarse por la concesión de la medida, no implica que desde ese momento esté aceptando la verdadera existencia de los daños y perjuicios a la parte tercero perjudicada, ni tampoco el parámetro considerado por el juzgador federal para fijar su importe, constituye el método obligatorio que ha de considerarse en un incidente de daños y perjuicios para su cuantificación, pues dado que su determinación es hipotética, en todo caso corresponde al tercero perjudicado no sólo la plena demostración de que éstos se causaron, sino también su importe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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