Jorge Mario Hernandez Perez

Expediente 576/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
576/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Jorge Mario Hernandez Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Que feneció el término para interponer recurso de queja en contra del auto de siete de octubre de dos mil veintidós, ya que se notificó por medio de lista a la parte quejosa el diez de octubre del mismo año, notificación que surtió efectos al día hábil siguiente en que fue hecha; por lo que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del trece al diecinueve de octubre de la presente anualidad, con exclusión de los correspondientes días inhábiles. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes, en Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Doy fe. Gerardo Castillo Riedel Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en TijuanaEl veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, en el que se determinó desechar la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal a pesar de haberse desechado, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, ello conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ello toda vez que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "depurable", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargada del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia autorizada del Titular, quien actúa ante el licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que el actuario de la adscripción dio fe de tener a la vista el original el oficio de salida ORBC/EMTIJ/2797/2022, del quejoso Jorge Mario Hernández Pérez, de cuatro de agosto de dos mil veintidós; asimismo, hizo constar que procedió a vocear al directamente agraviado en el área de alojamiento de la estación migratoria de esta ciudad, sin que nadie atendiera su llamado. Desechamiento Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV.- RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS Y/O EJECUTORAS: 1. MANUEL ALFONSO MARÍN SALAZAR, TITULAR DE LA ESTACION MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, se reclama: a) la ilegal detención administrativa y/o la ilegal privación de la libertad fuera del procedimiento y/o la incomunicación en contra de la quejosa de igual forma el acto de autoridad de retener al quejoso ilegalmente por más de 36 horas, esto en contradicción al artículo 21 de nuestra Constitución Federal, párrafo IV, con relación al artículo 68 de la ley de migración. b) La inminente deportación, devolución y/o expulsión de territorio nacional del quejoso. c.) La incomunicación del quejoso. d.) La emisión y ejecución de una posible ACTA DE RECHAZO, que obligue a abandonar el territorio nacional al hoy quejoso. e.). La negativa de la autoridad de recibir y dar trámite a la solicitud de refugio del quejoso. 2. DIRECTOR Y/O REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN TIJUANA, reclamo: a.) La negativa de la autoridad de recibir y dar trámite a la solicitud de refugio del quejoso. 3. EL DIRECTOR Y/O QUIEN OSTENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN DE AYUDA A REFUGIADOS EN TIJUANA. a.) La negativa de la autoridad de recibir y dar trámite a la solicitud de refugio del quejoso." Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido de la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el actuario de la adscripción dio fe de tener a la vista el original el oficio de salida ORBC/EMTIJ/2797/2022, del quejoso Jorge Mario Hernández Pérez, de cuatro de agosto de dos mil veintidós; asimismo, hizo constar que procedió a vocear al directamente agraviado en el área de alojamiento de la estación migratoria de esta ciudad, sin que nadie atendiera su llamado. De ahí que, resulta evidente que el citado quejoso quedó en libertad, motivo por el cual se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que se dejaron sin efecto los actos que en esta vía se combaten, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del directamente agraviado Jorge Mario Hernández Pérez; por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Actos que, en el caso concreto, han cesado sus efectos, toda vez que del oficio de salida ORBC/EMTIJ/2797/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, se advierte que al quejoso Jorge Mario Hernández Pérez, se le autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, por lo que es evidente que ya se encuentra en libertad. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso Jorge Mario Hernández Pérez, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el directamente agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por el directo quejoso) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el directamente agraviado esté en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del quejoso Jorge Mario Hernández Pérez; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y por lista al quejoso.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas remitieran vía ordinaria copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a nombre del quejoso Jorge Mario Hernández Pérez, plazo que se encuentra transcurriendo. No obstante, en obvio de mayores dilaciones procesales, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguientes encomiendas: Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad, al área de alojamiento, con el propósito de que puedan vocear al directamente agraviado Jorge Mario Hernández Pérez, a efecto de que tales fedatarios puedan verificar que a la fecha aquél ya no se encuentra alojado en dicha estancia. Se le ponga a la vista el original del oficio ORBC/EMTIJ/2707/2022 mediante el cual se le otorgó el Documento Provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. En consecuencia, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo solicitado del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibidas las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de once de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, remitiendo vía correo electrónico copia simple del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a nombre del quejoso Jorge Mario Hernández Pérez. En consecuencia, requiérasele a la mencionada autoridad responsable para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, legalmente computado remita vía ordinaria copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a nombre del quejoso Jorge Mario Hernández Pérez. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Notifíquese.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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