Jorge Omar Rios Montaño

Expediente 664/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
664/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Jorge Omar Rios Montaño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de garantías; asimismo, negó el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21 del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en once de noviembre de dos mil veinte, se aperturó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional, asimismo, en resoluciones de veinticuatro de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil veinte, así como la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva; motivo por el cual el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, por tanto, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado. Por tanto, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el original y duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original y duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con veinte minutos del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por la Secretaria Daniela Cecilia Félix Chávez, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 664/2020-D, promovido por Jorge Omar Ríos Montaño, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otras autoridades, misma que en este acto se celebra sin la comparecencia personal de las partes, ni representante legítimo de ellas. Conviene señalar que acorde con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, resulta innecesario que la presente audiencia constitucional se desahogue por videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, y máxime que como se expondrá, para analizar el presente asunto habrá de tomarse en cuenta las manifestaciones vertidas por las partes, el análisis -en su caso- de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos y considerar el acto reclamado en forma valorada y concreta; siendo el caso que, con independencia de ello, las partes se encontraban en posibilidad de comparecer por escrito. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) auto de once de noviembre de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; c) constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; d) informes justificados rendidos por las autoridades responsables; e) proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en el que se dio vista a las partes con la readscripción del Juez Jesús Cortez Sandoval a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta al Juez con las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa y la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a la propia y especial naturaleza, las pruebas señaladas en el párrafo que antecede; con lo anterior, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, ni escritos de alegatos que tener por reproducidos, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 664/2020-D, promovido por Jorge Omar Ríos Montaño, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, y otras autoridades, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Jorge Omar Ríos Montaño, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que a continuación se describen: AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado de Baja California. Gobernador del Estado de Baja California. 3) Titular de la Jefatura Regional Tijuana de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California. ACTOS RECLAMADOS "En el ámbito de sus respectivas competencias, los artículos 144 y 146 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como su aplicación en la resolución de fecha 11 de octubre de 2020." CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos que tienen ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Previamente a efectuar el análisis de este asunto, conviene realizar la fijación de los actos reclamados, pues ello es un imperativo legal en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento en Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, al Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Decima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del estudio integral de la demanda de amparo y expediente en que se actúa, se desprende que los actos reclamados consisten esencialmente en: La aprobación y promulgación del artículo 144 y 146 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, y su aplicación. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Gobernador y Congreso ambos del Estado de Baja California y Titular de la Jefatura Regional Tijuana de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir los informes justificados, respectivamente, lo cual se corrobora en primer término, con el informe con justificación de la última autoridad responsable, en la que aceptó la emisión del auto de once de octubre de dos mil veinte, emitido dentro de la investigación administrativa IAT/134/2020, en el cual, ordenó la suspensión preventiva del aquí quejoso Jorge Omar Ríos Montaño, como Policía adscrito a la Fiscalía General del Estado de Baja California; lo que además, se corrobora con las copias certificadas que allegaron, relativas a la aludida investigación administrativa; a las que se les confiere valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, anterior la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice 1995, registro número 394182, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 625 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o que este tribunal advierta oficiosamente, en razón de que se trata de presupuestos de orden público y de estudio preferente, conforme a la técnica del juicio de amparo, en razón de que su eventual actualización impide el estudio del fondo del presente asunto constitucional. Al respecto, el Gobernador del Estado de Baja California, manifiesta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que dichos actos no fueron impugnados por vicios propios. Dichos numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" El numeral transcrito en segundo término, establece que es obligación de la parte quejosa cuando se combatan normas generales a través del juicio de amparo, establecer en la demanda con el carácter de autoridades responsables, a las que hubiesen intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego, si la orden de promulgación y publicación que se reclama a la autoridad responsable específicamente, no se impugnan por vicios propios, según se desprende de la lectura de los conceptos de violación, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de dichos actos, conforme a lo anteriormente transcrito. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, página 2248, con registro digital 2010097, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Baja California. Al no existir diversa causal de improcedencia que las partes hubieran hecho valer, o bien que este juzgado advierta oficiosamente, se procede al análisis del acto de aplicación de los preceptos legales impugnados. Quinto. Estudio de fondo. El quejoso sostiene como conceptos de violación los siguientes: Que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que al decretar su suspensión de forma preventiva con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, los cuales no contempla ningún parámetro para que las autoridades utilicen su arbitrio para decidir si deben o no suspender preventivamente al elemento policiaco, sino que faculta a las autoridades para que determinen en forma arbitraria la suspensión provisional aludida, es decir, que el legislador no previó el límite de tal facultad discrecional, a fin de que existiera sustento legal del acto y no a capricho de la autoridad administrativa. Que los actos reclamados violan el principio de presunción de inocencia y derecho humano del trabajo, en razón que los artículos que también se reprochan no tienen sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prejuzgando así sobre la responsabilidad administrativa que se le atribuye. Son infundados los argumentos contenidos en el primer concepto de violación, en el sentido que los artículos tildados de inconstitucionales no permiten una debida fundamentación y motivación del acto de aplicación ya que al no establecer un límite de la suspensión temporal del cargo que contempla ni precisar un parámetro para decidir sobre su aplicación se convierte en una facultad arbitraria para la autoridad contralora que lo aplica. Pues sí, cabe precisar que la seguridad jurídica que a su vez se traduce en la legalidad de los actos de autoridad, es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos, serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias. La seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones tanto constitucionales como legales que a un tiempo definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación que se haga del orden jurídico a los gobernados será eficaz. La existencia de esta clase de seguridad no sólo implica un deber para las autoridades del Estado; si bien éstas deben abstenerse de interferir en el abanico de derechos de los gobernados éstos no deben olvidar que también se encuentran sujetos a lo dispuesto por la constitución política y las leyes, es decir que pueden y deben ejercer su libertad con la idea de que ésta podría ser restringida en aras de que el orden social se mantenga. En efecto, el derecho fundamental de seguridad jurídica entraña la prohibición para las autoridades de llevar a cabo actos de afectación en contra de particulares y cuando deban llevarlos a cabo deberán cumplir con los requisitos previamente establecidos, con el fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que dicho acto está dirigido. Ello permite que los derechos públicos subjetivos se mantengan indemnes, es decir que las personas no caigan en estado de indefensión o de inseguridad jurídica lo que traerá por consecuencia que las autoridades del Estado respeten irrestrictamente los cauces que el orden jurídico pone a su alcance para que actúen. Mientras los órganos del Estado se apeguen a las prescripciones que la constitución y las leyes les imponen para que sus actos no sean arbitrarios, los gobernados tendrán confianza en que no serán molestados en forma alguna siempre que no se actualice el supuesto de alguna norma que haga procedente el acto de molestia o privación. Así, el objetivo del derecho humano a la seguridad jurídica es consolidar el estado de derecho, cuya ausencia en cualquier sociedad preludia la descomposición de las relaciones humanas y por ende la anarquía. Ahora bien, una vez que fueron sentadas las anteriores consideraciones, y retomando el estudio de los conceptos de violación del quejoso, debe decirse que resulta infundado aquél que se refiere a que la suspensión preventiva prevista en los artículos 144 y 146 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, no establecen un parámetro que la autoridad tome en cuenta para su aplicación. Es infundado, pues el sistema en que aquellos numerales están inmersos dentro del ordenamiento que lo contiene principalmente del 144, 145 y 146 de la ley reclamada, se desprende que el primer requisito para hacer legal la medida suspensional de un funcionario se refiere a que esté sujeto a una investigación y en ese supuesto podrá ser suspendido temporalmente o no según lo estime conveniente la autoridad, pero no arbitrariamente, sino valorando si la prosecución de la investigación pudiera verse afectada con la permanencia del servidor público en su cargo, incluso que con ello se vea trastocada alguna máxima social. Dado que la suspensión preventiva de un funcionario efectivamente tiene como presupuesto que esté sujeto a una investigación previa al procedimiento de destitución o responsabilidad administrativa en su contra, pero también a que su permanencia en su cargo pueda afectar dicha indagatoria o bien causar un perjuicio social, entonces no puede decirse que esa facultad que se otorga a la autoridad sea absoluta o ilimitada, por el contrario, está supeditada a que esté sujeto a una investigación por parte de la contraloría para allegarse de elementos de prueba que pudieran dar inicio a un diverso procedimiento y que de seguir en su cargo pudiera obstaculizar las diligencias respectivas o realizar actos que afecten a la sociedad. Así el hecho de que los preceptos reclamados faculten a la autoridad administrativa a suspender preventivamente a un agente de seguridad pública no es violatorio del derecho fundamental de seguridad jurídica, porque tal suspensión está precedida de la actualización de los supuestos legales que se precisaron; y si bien es cierto, que dicha medida temporal le genera una afectación, también lo es que con su aplicación se cumple una finalidad suprema, ya que el interés general está sobre el particular, que es el relativo a que un agente policíaco cuya labor, por esa razón esté en duda, no preste un servicio público a fin de no arriesgar a la sociedad o a las instituciones del Estado, entre otras. Es decir, el gobernado con calidad de agente policíaco tiene la certeza, entiéndase la seguridad jurídica, de que si sus acciones lo llevan a estar sujeto a una investigación podrá ser suspendido, si su permanencia pudiera afectar la indagatoria, esto es no hay incertidumbre pues el hecho de que existan posibles irregularidades en su desempeño, el que por su naturaleza se preste a manipular a la autoridad o afectar a la sociedad, lo pondrá en la posibilidad de ser suspendido preventivamente. Además, el acto de molestia está sujeto a un período de existencia, dado que de la interpretación de los diversos preceptos transcritos se advierte que concluirá una vez que se haya determinado ya sea sobre la inexistencia de elementos de prueba para iniciar el procedimiento de destitución o responsabilidad administrativa o bien de tramitarse este último cuando concluya, ya que la comisión que conozca de dicho procedimiento podrá si así lo considera conveniente decretar también la suspensión preventiva del funcionario. De tal manera, que en cualquiera de los supuestos de no contar con medios de prueba necesarios para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o destitución o al resolver éste como infundado, concluirá la suspensión del cargo emitida y deberá por ende restituirse al gobernado en todos y cada uno de sus derechos, principalmente su cargo. En relación al segundo concepto de violación, conviene puntualizar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, establece: "Artículo 14.... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho..." De la transcripción anterior, se advierte que por una parte el derecho fundamental de legalidad y debido proceso, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos; y su debido respeto impone a las autoridades entre otras obligaciones la de que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Conforme al precepto citado, para que una persona pueda ser válidamente privada de sus derechos, debe mediar un juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En el entendido, que de no cumplir con los requisitos señalados esto es sin previamente haber sido oído y vencido en un juicio al particular, se considerará violada en su perjuicio la garantía de audiencia y procederá por tanto concederle el amparo que en su caso pida. Sin embargo, el precepto constitucional en estudio tiene una connotación específica que impide aplicarlo indistintamente a cualquier hipótesis, por el simple hecho de que exista un acto de autoridad que afecte la esfera jurídica de un gobernado y dicha particularidad consiste en que las exigencias que establece, operan concretamente respecto de los actos de autoridad que tienden a privar al individuo de algún derecho y no así respecto de cualquier acto que si bien le afecte no signifique una privación definitiva. En este contexto, para diferenciar los actos privativos de los actos de molestia, debe decirse que mientras los primeros son regulados por el artículo 14, los segundos lo son por el numeral 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aspecto que resulta sustancial a efecto de que se advierta qué derechos humanos y requisitos deben respetar los actos reclamados. Precisado lo anterior, se destaca que los actos privativos son aquéllos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; por su parte, los actos de molestia pese a constituir afectación a la esfera jurídica del particular, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 71, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 100, del Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Novena Época, Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Bajo ese marco jurídico, debe precisarse si la suspensión preventiva del cargo público que contemplan los preceptos que se tildan de inconstitucionales es un acto de molestia o privativo aplicado por primera ocasión en el acuerdo de suspensión de once de octubre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente de investigación IAT/134/2020, iniciado en contra del peticionario. Para dilucidar la naturaleza de la medida en comento, es necesario tener a la vista el texto de los artículos 144, 145, 146, 147,148, 149 y 150 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, que dicen: "Artículo 144.- La Contraloría Interna, de manera previa a la substanciación del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, deberá realizar fundada y motivadamente una investigación administrativa y suspender de manera preventiva al miembro cuando así lo considere conveniente, a efecto de realizar las diligencias para allegarse de elementos que le permitan, en su caso, solicitar a la Comisión, iniciar el procedimiento correspondiente." "Artículo 146.- Cuando un Miembro se encuentre sujeto a alguna investigación, averiguación previa o procedimiento penal de orden local o federal, la Contraloría Interna podrá ordenar la suspensión preventiva, a fin de no afectar la investigación, el proceso penal, la Institución Policial, o a la sociedad." "Artículo 147.- La suspensión preventiva no prejuzga sobre la falta de algún requisito de permanencia o sobre la responsabilidad administrativa o penal que se le imputa al Miembro." "Artículo 148.- La suspensión preventiva se levantará, cuando así lo resuelva la Contraloría Interna o la Comisión, según corresponda." "Artículo 149.- La suspensión preventiva trae como consecuencia separar temporalmente al Miembro de su cargo, así como privarlo de los derechos establecidos en las fracciones I, IV, V, VI, VII, y VIII del Artículo 132 de esta Ley. La Contraloría Interna y la Comisión están obligadas a informar oportunamente a la Dependencia encargada de hacer las remuneraciones y comisiones de servicio, de la suspensión preventiva para los efectos legales correspondientes; igual obligación subsiste cuando se determine levantar la suspensión decretada." "Artículo 150.- En caso de que no se acredite la falta de un requisito de permanencia, o se incurra en cualquiera de las hipótesis contenidas en la fracción I del artículo 180 de la Ley, se determine el no ejercicio de la acción penal o la no responsabilidad penal o administrativa, se reintegrará a los Miembros los derechos que se le hubiesen privado con motivo de la suspensión preventiva. No existirá el derecho del Miembro de percibir remuneración, cuando no preste sus servicios durante el tiempo en que haya sido privado de su libertad, con motivo de una investigación, averiguación previa o procedimiento penal de orden local, federal, u otro similar en el extranjero". Como se advierte, dichos preceptos establecen la facultad de la contraloría interna, previo al procedimiento de separación definitiva o responsabilidad administrativa de algún servidor público, de realizar una investigación en la que se allegue de elementos para decidir sobre el inicio de los referidos procedimientos, y durante dicha indagatoria, si así lo estima conveniente, suspender preventivamente al funcionario involucrado; de tal manera que como la identifica la propia ley esta última medida no priva a la quejosa de manera definitiva del empleo, cargo o comisión, en funciones, haberes y demás prestaciones. Por ende, no es obligatorio que conforme al artículo 14 constitucional, contemplen el derecho fundamental de audiencia en la que se pueda debatir su procedencia, ya sea con la intervención previa o con la nominación de algún recurso para impugnarlo, pues como se ha explicado al ser dicho acto suspensivo temporal, se ubica dentro de la categoría de actos de molestia y no de actos privativos, por lo que en su emisión no rige el derecho referido de audiencia previa, sino la contemplada por el artículo 16 de la Constitución Federal, el cual constriñe sólo a observar los requisitos de fundamentación y motivación del acto de autoridad. A lo anterior, por las razones que la sustentan, se cita el criterio jurisprudencial 307, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 257, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, Apéndice 2000, que a la letra dispone: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Por ello, se tiene que los conceptos de violación son infundados en virtud que la suspensión del cargo durante la investigación que contemplan los artículos 144, 146, 147 y 149 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, al tener carácter preventivo no es un acto privativo sino de molestia puesto que esa medida está limitada en cuanto a su duración, hasta en tanto el procedimiento respectivo quede total y definitivamente resuelto en su instancia final, por lo que no constituye una resolución terminal que destituya o separe al funcionario estatal del cargo ejercido y, en esas condiciones, lo prive definitivamente de su fuente de trabajo y de los ingresos correspondientes. Sino que se trata de una actuación de naturaleza preventiva y cautelar tendente a permitir la investigación de un miembro policíaco, a fin de no afectar dicho procedimiento y permitir la obtención de elementos de prueba que orienten el procedimiento respectivo, de ahí que debe resolverse sobre su permanencia en el servicio o no, en el procedimiento administrativo, que en su caso se instaure, en el que está en posibilidad legal de hacer valer sus defensas con la amplitud que exige el artículo 14 de la constitución federal, pues a él puede concurrir conforme la ley aplicable al asunto y expresar los argumentos legales que estime procedentes en contra de los actos que le afectan y desde luego ofrecer y rendir las pruebas correspondientes e impugnar la determinación definitiva en caso de que le sea contraria a sus intereses. Además, el hecho de que se haya iniciado en contra del quejoso la investigación administrativa IAT/134/2020, para esclarecer si incurrió en algún incumplimiento o falta a sus deberes, como lo autorizan los artículos 144 al 150 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, y con posterioridad iniciar o no el procedimiento de responsabilidad administrativa, no es atentatorio del principio y derecho fundamental de presunción de inocencia que favorece a todo inculpado en la comisión de un delito y de quien se halla sometido a un procedimiento sancionador, como el recurrente, pues ese derecho en esencia implica que la interpretación de los preceptos legales sea lo más favorable a la persona y permitan una mejor impartición de justicia de conformidad con el artículo 1º constitucional, así como reconocerle la calidad de inocente en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción, y lo que es también fundamental, desplazar la carga de la prueba a la autoridad en atención al derecho de debido proceso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES". El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. Aunado a que, atendiendo al contenido de los preceptos citados, no aparece en su texto que en la etapa de investigación se catalogue al agente como responsable de algún acto u omisión que fuere a su cargo, luego tales imperativos, en específico el artículo 146 que la parte quejosa tilda de inconstitucional, no atentan contra el derecho a la presunción de inocencia que aduce, y si bien esos dispositivos autorizan la suspensión preventiva de que se queja, tal medida no prejuzga sobre la falta o algún requisito de permanencia o sobre la responsabilidad administrativa o penal que se imputa al investigado. Tampoco se advierte que artículos 144 y 146 tildados de inconstitucionales, atenten contra el derecho fundamental de derecho al trabajo consignado en el artículo 5º constitucional, porque la suspensión preventiva de que se queja, como acto de molestia que es, no tiene efectos privativos, y por consiguiente si la medida suspensional no es privativa de derechos por consecuencia no será violatoria del derecho al trabajo, ya que al tener solamente existencia jurídica temporal, es factible que al resolver el procedimiento con la no separación o responsabilidad administrativa, se restituya al suspendido en el servicio que desempañaba y se le reintegren todos los haberes que se le hubieren suspendido temporalmente, como lo ordena el artículo 150 de la ley en consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a.CLXXXIV/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL QUE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS POLICIÁCOS SUJETOS A INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA O AVERIGUACIÓN PREVIA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. De lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, se advierte que la suspensión provisional de los elementos de la policía sujetos a investigación administrativa o averiguación previa que autoriza, no constituye un mandamiento privativo de derechos que resulte definitivo, sino un acto de molestia cuya constitucionalidad se cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que prevé el artículo 16 constitucional, puesto que esa medida preventiva está limitada en cuanto a su duración, hasta en tanto el procedimiento respectivo quede total y definitivamente resuelto en su instancia final; dispositivo legal que, en caso de no haber responsabilidad, prevé la reintegración al interesado de los salarios y demás prestaciones que hubiese dejado de percibir con motivo de la suspensión decretada. Por tanto, no se requiere que el precepto ordinario en cita contenga un mecanismo previo a la restricción provisional de mérito, a fin de cumplir con la garantía de previa audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no tratarse de un acto privativo." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Omar Ríos Montaño, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Omar Ríos Montaño, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Congreso del Estado de Baja California, y Titular de la Jefatura Regional Tijuana de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California, por los motivos y fundamentos expuestos en el quinto considerando del presente fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha aún no transcurre el término que refiere el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable en auto de diez de junio último. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, para la celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; en atención a éste, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; por tanto, con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona en su informe; y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en el ocurso de mérito Finalmente, la autoridad oficiante proporciona la dirección de correo electrónico a fin de establecer el contacto respectivo; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes en caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. Notifíquese.

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