Jorge Luis Calderon Martinez

Expediente 557/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
557/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Calderon Martinez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense al presente expediente los oficios de cuenta remitidos por la autoridad responsable, mediante los cuales interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, y expresa los agravios de su intención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 86 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia de los escritos de expresión de agravios y remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en turno, el original de los presentes autos dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se recaben las constancias de notificación del presente auto, y una vez que transcurra el plazo para recurrir la sentencia a la totalidad de las partes; anexando por separado el original del oficio de expresión de agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 557/2023-F, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Síndico Procurador Municipal de Tijuana, Baja California, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades, que previa aclaración de su denominación, son los siguientes: Autoridades responsables 1. Síndico Procurador del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 2. Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 3. Directora de Investigación y Determinación de la Sindicatura Procuradora del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 4. Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 5. Director General de Policía y Tránsito Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 6. Coordinador de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 7. Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 8. ********************, personal adscrito de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Actos reclamados "4.1 Les reclamo la inminente remisión y/o separación del cargo que ejerce el suscrito quejoso como agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, con motivo del acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo de fecha 23 de febrero de 2023, dentro del expediente ********************. Acto reclamado que contraviene la garantía de Defensa, Legalidad e Igualdad que todo proceso debe de preservar, eso debido a la FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA DECRETAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, porque es insuficiente e inexistente la conducta que se atribuyó al hoy quejoso, aunado a que, a la responsable ordenadora le precluyeron las facultades para solicitar el inicio del procedimiento administrativo, sumado a la omisión de la responsable de correr traslado de las pruebas y/o documentos fundatorios de la acción previo a la comparecencia de la audiencia de declaración. 4.2 También se les reclama en el acuerdo de inicio del referido procedimiento la carencia de una adecuada motivación al no establecer las razones particulares por las cuales se consideró necesario iniciar el acuerdo de inicio al hoy quejoso. 4.2.1. DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS.- LA SOLICITUD del acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. 4.2.2. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.- LA EJECUCIÓN de del acto reclamado." Segundo. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional, en proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, quienes lo rindieron oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; en el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados son: El acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa dictado en contra del quejoso dentro del expediente ********************, de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Directora de Investigación y Determinación de la Sindicatura Procuradora del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Director General de Policía y Tránsito Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Coordinador de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Síndico Procurador del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ********************, personal adscrito de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal XXIV del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, toda vez que las primeras cuatro de ellas así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación, sin que la parte quejosa allegara medio probatorio idóneo y suficiente tendente a desvirtuar dicha negativa. Ahora, respecto a las restantes autoridades Síndico Procurador del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ********************, personal adscrito de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal XXIV del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, si bien admitieron su existencia, de las constancias obrantes autos se advierte que éstas no emitieron el acto que se reclama, sino la diversa autoridad Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal XXIV del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal XXIV del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con las constancias que obran en el presente expediente, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Quinto. Causas de improcedencia. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sexto. Análisis de los conceptos de violación. Es fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, sin que en el caso proceda la suplencia de la queja. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 705, cuyo rubro y contenido dicen lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo". En sus conceptos de violación el quejoso argumenta lo siguiente: 1. Que la autoridad responsable vulneró su derecho de audiencia y debido proceso, ya que al momento de notificarle el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, no le corrió traslado con copia de los medios de convicción que se tomaron en cuenta para su dictado. 2. Que el acto reclamado carece de debida fundamentación y motivación, en virtud de que la Comisión responsable sólo hizo referencia a la conducta que se le atribuye de manera genérica o englobada conjuntamente con la de sus compañeros, sin establecer de forma clara y precisa la conducta que realizó o dejó de realizar el quejoso de forma específica, en la que se basó para considerar que se actualizaba la hipótesis normativa correspondiente. Como se anticipó, es fundado el concepto de violación indicado en el arábigo 2 que antecede, por las consideraciones siguientes. El artículo 14 Constitucional establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Estas últimas, consisten en otorgar al gobernado la oportunidad de defenderse y de probar lo que a su interés convenga. De modo que la sentencia que se dicte en un procedimiento de cualquier índole, en su carácter de acto jurídico público unitario, no puede carecer de dichas formalidades. A su vez, del contenido del diverso artículo 16 Constitucional, se desprende que todo acto de autoridad que pretenda incidir válidamente en la esfera jurídica de un gobernado, debe reunir los siguientes requisitos: a) Ser emitido por autoridad competente; y, b) Que se encuentre debidamente fundamentado y motivado. Por cuanto hace a la fundamentación y motivación, indistintamente se deben reunir los extremos siguientes: I. Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación); II. Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación); y, III. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Así, para cumplir con el imperativo constitucional, la autoridad debe expresar con precisión los preceptos legales que apoyan la emisión del acto, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para ello y justificar la adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas. La finalidad de dicho dispositivo constitucional estriba en evitar dejar al gobernado en estado de indefensión a causa de que desconozca la disposición que faculta a la autoridad para emitir la resolución que le afecta y el carácter con que la emite, pues es evidente que de dejar de precisar esa causa se impediría al gobernado de la oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si es o no conforme a la Constitución Federal o a la ley aplicable al caso concreto. Así, para estimar satisfecho el derecho constitucional a la debida fundamentación que consagra el artículo 16 constitucional (por lo que hace a la competencia del acto de molestia), es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora. En esa intelección, las resoluciones que emitan las autoridades que causen molestia a los gobernados deben cumplir con la garantía de legalidad contenida en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis; es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Encuentra sustento la jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, el entonces Pleno del Decimoquinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2020 en la que los tribunales contendientes emitieron criterios contradictorios al pronunciarse sobre el parámetro de motivación que debe cumplir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal de Mexicali, respecto de la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, y si se debe o no precisar de manera individualizada la acción u omisión concreta realizada por el servidor público que tipifica la infracción que se le reprocha -en lo que aquí interesa-, determinó lo siguiente: "[.] De los preceptos transcritos, debe destacarse que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California establece que para conocer y resolver toda controversia que se suscite en relación con el régimen disciplinario de los miembros de la carrera policial, se deben establecer instancias colegiadas, como es la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Mexicali, regulada en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de ese Municipio, quien es competente para resolver sobre el inicio de un procedimiento de remoción. Procedimiento de remoción que inicia a solicitud del titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, en la que debe señalarse la o las faltas administrativas graves que hubiere cometido el presunto infractor, así como los elementos de convicción y razonamientos jurídicos en los que se soporte. Solicitud que la Comisión de Honor y Justicia debe analizar y determinar si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento de remoción; y, en su caso, el acuerdo de inicio debe contener, entre otros requisitos, la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, así como las disposiciones normativas infringidas. Requisito de expresar las causas o motivos y las disposiciones normativas infringidas, que conlleva el deber de citar la disposición normativa infringida en la que se establece la descripción de la conducta tipificada como falta o infracción grave, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, individualizándola y encuadrándola exactamente en la hipótesis normativa, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía ni por mayoría de razón. El parámetro de detalle en la motivación será de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, de tal suerte que si la presunta infracción o falta cometida se atribuye, por ejemplo, a los policías que elaboraron y firmaron el informe policial respectivo en el que consta la detención, traslado e internamiento reprochados, la motivación necesaria será distinta en comparación a los casos en los que, como en el particular aconteció, se consideran cometidas por policías distintos a los que elaboraron y firmaron el informe policial, pero en todo caso se deben expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, individualizándola y encuadrándola exactamente en la hipótesis normativa. Una posición contraria daría margen a la arbitrariedad de la autoridad administrativa que da inicio al procedimiento administrativo sancionador y a dejar en estado de indefensión al presunto infractor, al no hacérsele saber clara y exactamente cuál es la acción u omisión concreta que se le atribuye, de manera que encuadre exactamente en la conducta tipificada como infracción, para que esté en aptitud de defenderse de manera adecuada, ya sea desvirtuando la conducta o justificándola. Sirve de ejemplo lo que aconteció en el procedimiento de remoción que originó esta contradicción de tesis, en el que las mismas tres infracciones (contempladas en el artículo 20, fracciones XXXI, XXXV y LVIII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali)(12) y conductas supuestamente constitutivas de esas infracciones, en el acuerdo de inicio reclamado en los amparos subyacentes, les fue atribuida a veinticuatro agentes de la Policía Municipal Preventiva de Mexicali, sin precisar ni individualizar la conducta concreta que llevó a cabo cada uno de ellos, y sin encuadrarla de manera exacta en las hipótesis normativas. Es así, porque una cosa es que el resultado de una investigación administrativa conduzca a la conclusión o presunción -como en el acuerdo de inicio de que se trata se indicó-, de que existió la comisión de una infracción administrativa de carácter grave, y otra distinta, es que esa infracción fue cometida por uno, por dos o por más servidores públicos de manera conjunta; y otra más, es quién o quiénes participaron en su comisión, ya que en uno u otro caso la motivación debe ser de tal grado que no deje en estado de indefensión a cada uno de los presuntos infractores a los que se les inicia el procedimiento de remoción de su cargo. Luego, la misma exigencia debe cumplirse si a veinticuatro policías municipales se les reprocha haber participado en la detención de una persona dentro de un domicilio particular sin contar con una orden de cateo o con la autorización del dueño del lugar (que fue otra de las infracciones supuestamente cometidas y por las cuales se inició el procedimiento de remoción que originó esta contradicción de tesis), ya que deben necesariamente precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que cada uno de los veinticuatro infractores participó en esa detención. Cualquier dificultad para cumplir ese requisito de manera exhaustiva y exacta es motivo para que la Comisión de Honor y Justicia declare improcedente iniciar el procedimiento administrativo de remoción, puesto que ello sólo puede surgir por insuficiencia de pruebas o por inexistencia de la conducta ilícita, lo cual debe dilucidarse de manera previa en el procedimiento de investigación interna que debe desahogarse ante la Dirección de Responsabilidades Administrativas, conforme a lo previsto en el artículo 238, fracción II, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali Baja California. Otro punto es el inherente a que el mismo motivo por el que se considera que el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción de un miembro de una institución policial es un acto de imposible reparación y, por ello, es procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, es el que amerita que el parámetro de motivación respecto de la conducta típica reprochada (constitutiva de la infracción) sea suficiente y justificada, de manera que permita ejercer una defensa adecuada. Así lo es, ya que no debe perderse de vista que no habrá otra oportunidad para ello debido a que conforme a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de un policía fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, de manera que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional.(13) Bajo ese contexto, se debe partir de la premisa de que el principio de tipicidad se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes; exigencia que se cumple cuando en la norma existe una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción. Y, al considerar actualizada la conducta típica, deben precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el presunto infractor participó (en el caso, la de cada uno de los veinticuatro infractores acusados) y, por tanto, no basta con englobar la conducta que supuesta y presuntamente realizó, para dar cumplimiento al principio de legalidad, y los diversos de tipicidad y de exacta aplicación de la ley que lo conforman, de tal suerte que es necesario individualizar la conducta y encuadrarla de manera exacta en la hipótesis de infracción reprochada. De no hacerlo, es decir, si únicamente se engloban las conductas que supuesta y presuntamente realizaron los presuntos infractores, sin individualizarlas y sin encuadrar cada una de ellas en la hipótesis de infracción reprochada, se les deja en estado de indefensión al no permitirles conocer cuál es la conducta concreta que deben desvirtuar o justificar. Por tanto, acorde con los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos para la materia penal en el artículo 14 de la Constitución Federal y aplicables al derecho administrativo sancionador, al emitir el auto de inicio de un procedimiento de remoción de un miembro de una institución policial municipal, conforme a lo previsto en los artículos 109, fracción I y 180, fracción II, de (sic) Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte) y sus correlativos 233 y 238 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali, la Comisión de Honor y Justicia está obligada a citar la disposición normativa infringida en la que se establece la descripción de la conducta tipificada como falta o infracción grave, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, para encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa. Sin que sea jurídicamente aceptable que sólo se haga referencia a esa conducta reprochable de manera genérica, o englobarla conjuntamente con la de otro u otros presuntos infractores, ya que siempre se debe individualizar y encuadrar exactamente en la hipótesis normativa correspondiente, sobre todo en los casos en los que una misma conducta e infracción le es imputada a más de un servidor público. [.]" De la contradicción de tesis antes mencionada derivó la Jurisprudencia PC.XV.J/2A (11a) con número de registro digital 2023374 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES. EL ACUERDO DE INICIO DEBE CONTENER LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE TUVO LUGAR LA CONDUCTA REPROCHADA, DE MANERA QUE ENCUADRE EXACTAMENTE EN LA HIPÓTESIS TIPIFICADA COMO FALTA GRAVE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al pronunciarse sobre el parámetro de motivación que debe cumplir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal de Mexicali, respecto de la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, y si se debe o no precisar de manera individualizada la acción u omisión concreta realizada por el servidor público que tipifica la infracción que se le reprocha. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal de Mexicali, debe contener las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada de manera que encuadre exactamente en la hipótesis tipificada como falta grave. Justificación: Conforme a lo previsto en los artículos 109, fracción I y 180, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el 28 de diciembre de 2020) y sus correlativos 233 y 238 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali, la Comisión de Honor y Justicia debe analizar y determinar si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento de remoción; y, en su caso, el acuerdo de inicio debe contener, entre otros requisitos, la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, así como las disposiciones normativas infringidas; exigencia que, interpretada de manera acorde con los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos para la materia penal en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aplicables al derecho administrativo sancionador, conlleva la obligación de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta realizada por el presunto infractor y encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como infracción o falta grave que se le atribuye. Sin que sea jurídicamente aceptable que sólo se haga referencia a esa conducta reprochable de manera genérica, o englobarla conjuntamente con la de otro u otros presuntos infractores, ya que siempre se debe individualizar y encuadrar exactamente en la hipótesis normativa, sobre todo en los casos en los que una misma conducta e infracción le es imputada a más de un servidor público." Por lo anterior, es que se estima fundado el argumento en estudio, pues al imponerse del contenido del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, se advierte que éste carece de una adecuada motivación. En efecto, en dicho acuerdo, iniciado en contra de ********************y otros miembros policiales, como presuntos infractores de las fracciones XXXIV del artículo 25 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, no se estipuló de manera particular qué conducta se le atribuyó; es decir, en qué fecha, lugar y modo tuvieron lugar acciones u omisiones realizadas personalmente para ser merecedor de la apertura del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra. Se dice lo anterior, porque la Comisión responsable para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa únicamente transcribió las consideraciones que emitió la Sindicatura Procuradora Municipal de Tijuana, Baja California dentro de la resolución emitida el tres de diciembre de dos mil veintiuno dentro del expediente ********************. Así también, dicha Comisión procedió estudiar del probable incumplimiento de obligaciones que se les atribuyó a los miembros policiales -entre los que se encuentra el aquí quejoso-, previstas en el artículo 25 fracciones XXXIV del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California. Para lo anterior, la autoridad tomó en consideración que la Sindicatura Procuradora para solicitar el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa se basó en la declaración del denunciante ********************, lo que a su consideración, se corroboró con las documentales descritas en dicho acuerdo de inicio, y concatenadas entre sí, resultaban suficientes para "imputar la conducta"; por lo que consideró que conforme a los hechos denunciados, se podía afirmar presuntivamente que los miembros policiales, faltaron a sus obligaciones de preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos. Entonces, la Comisión responsable precisó que se tenía por acreditado el presunto incumplimiento a la obligación prevista en el artículo 25 fracciones XXXIV del citado reglamento, por lo que resultaba procedente decretar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, bajo el número de expediente ******************** en contra del aquí quejoso y otros miembros policiales, de conformidad con los previsto por los numerales 122 y 123 del Reglamento en cita. Ello, sin individualizar lo que se le atribuye de manera específica de cada uno de los miembros policiales, respecto de los que se realizó la investigación. Es decir, la responsable se limitó a aseverar de manera genérica que el aquí quejoso y otras personas eran presuntos infractores de las fracciones XXXIV del artículo 25 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California por existir suficientes indicios; empero, esas manifestaciones no cumplen con la exigencia constitucional de pormenorizar cómo es que en el caudal probatorio ya destacado, el aquí quejoso incurrió en las hipótesis que se le atribuyen, así como el lugar, fecha y modo en que llevó a cabo la conducta que se le reprocha, a fin de que esté en aptitud de ejercer su derecho de defensa ante la potestad de la autoridad responsable. Por tanto, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, realizó un señalamiento genérico al determinar los motivos por los cuales consideró que existía la presunción de que el aquí quejoso hubiera incumplido con las obligaciones previstas en las fracción XXXIV del artículo 25 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, y que como consecuencia, haya incurrido en responsabilidad que lo hiciera merecedor de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, página 691, cuyo rubro y contenido dicen lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL ESTUDIO DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, ASÍ COMO EL RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE SUSTANCIAR DICHO PROCEDIMIENTO, SON OBLIGATORIOS DESDE EL ACUERDO DE INICIO. Conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (abrogada), las facultades punitivas de la autoridad administrativa tienen un plazo de prescripción genérico de 3 años y otro de 5 años para el caso de que la infracción se considere grave. En ese sentido, en atención al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los agentes del Ministerio Público Federal pueden ser removidos de su cargo en caso de que la Visitaduría General considere que se actualiza alguna de las conductas consideradas como graves, por lo que es obligatorio que desde el acuerdo de inicio del procedimiento, se analice lo atinente a la gravedad de la conducta o infracción atribuida al servidor público, así como la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad encargada de sustanciarlo, toda vez que la gravedad de la infracción complementa la protección a los principios de seguridad y certeza jurídicas, en la medida en que el servidor público sujeto a investigación tiene conocimiento pleno de los hechos u omisiones que se le imputan, con la finalidad de que pueda trazar la estrategia jurídica necesaria para desvirtuarlos, aspectos que impactan en la figura de la prescripción, la cual también es de estudio preferente y obligatorio, ya que ningún fin práctico tendría sustanciar el procedimiento administrativo en todas sus etapas, si en realidad las facultades para imponer las sanciones correspondientes ya prescribieron, con lo cual también se garantiza el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita del servidor público sujeto a un procedimiento de esta índole, evitando con ello que la autoridad pueda actuar arbitrariamente". La determinación que ahora se adopta en modo alguno prejuzga sobre la conducta desplegada por el miembro policial, ahora quejoso, en los hechos motivo de la investigación de origen, pues esa es una cuestión que con plenitud de jurisdicción debe dilucidar la autoridad responsable, con base en los elementos probatorios que obren en dicha indagatoria, cumpliendo con las exigencias constitucionales plasmadas en esta sentencia. Apoya lo razonado, la jurisprudencia 96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 63, tomo IV, Séptima Época del Apéndice de 1995, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica". Así, al no haber expuesto la autoridad responsable en el acuerdo de inicio de procedimiento reclamado, las razones particulares o causas inmediatas de por qué la conducta activa u omisión atribuida al quejoso, según los resultados obtenidos de las pruebas de la investigación de origen, es considerada como grave y merecedora del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, es que se concluye que dicho acto carece de una debida motivación. Por consiguiente, es patente la trasgresión del derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la debida fundamentación y motivación de todo acto de autoridad. Por tanto, procede conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. Séptimo. Efectos. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo son para que la Comisión responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el que se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa, así como las subsecuentes actuaciones, únicamente en relación con el aquí quejoso ********************; y, 2. En su lugar, dicte otro en el que, con libertad de jurisdicción, ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, pero de manera fundada y motivada, exponga si de acuerdo con los datos obtenidos de la investigación realizada por la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, considera si el elemento de seguridad pública, aquí quejoso, incumplió con alguna obligación o cometió alguna falta establecida en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, suficiente para iniciar algún tipo de procedimiento o establecer una sanción en su contra; y de considerar que sí lo es, entonces, precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar de tales hechos, la conducta que se le reprocha a éste y con qué pruebas se acredita, a fin de que el solicitante del amparo esté en aptitud de ejercer su derecho de defensa. Octavo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las razones apuntadas en el considerando sexto, y para los efectos precisados en el séptimo considerando de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que feneció el término de quince días otorgado a la parte quejosa mediante auto de trece de julio del año en curso, a efecto de que ampliara su demanda, toda vez que fue notificada personalmente el catorce de julio de dos mil veintitrés, surtiendo efectos al día siguiente, transcurriendo dicho plazo del dieciocho de julio al siete de agosto de la presente anualidad, con la exclusión de los correspondientes días inhábiles. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, aplicado a contrario sensu y 114 ambos de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo, por lo que se continuará con la tramitación del juicio en que se actúa, en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que se señaló para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se encuentra transcurriendo la vista otorgada a la parte quejosa en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, ello de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo; por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

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