Jorge Luis Santacruz Martínez

Expediente 240/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
240/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Santacruz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Se desecha demanda. Del estudio integral de la demanda de derechos promovida por ********************, contra el acto atribuido al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción VI, del mismo ordenamiento, se desecha la demanda promovida contra el acto consistente en la dilación de dictar resolución dentro del amparo en revisión 1041/2021, de su índice. Al respecto, resulta necesario tener presente, en primer término, lo dispuesto en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (...) VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito." Así, a lo dispuesto en el numeral referido, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, toda vez que la citada causa tiene como finalidad el proteger la estabilidad y seguridad jurídica del gobernado, ya que esta no existiría si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimiento de estas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable; por lo que, el acto reclamado en esa instancia constitucional no puede ser materia del juicio de amparo indirecto, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito funcionan como verdaderos órganos supremos del Poder Judicial de la Federación, lo que hace que sus actos, no puedan ser revisados mediante el juicio de amparo indirecto. Es aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito; de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo". Así como, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: "I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable". En efecto, un Juez de Distrito no puede conocer de un juicio de amparo indirecto, en contra de actos atribuidos a un Tribunal Colegiado de Circuito señalado como autoridad responsable, ello en razón que de conformidad a los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 34 de la Ley de Amparo, así como 1 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, al establecer la fracción VI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra resoluciones de los tribunales colegidos de circuito, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional; esto debido a que ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como si lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; de tal suerte que, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta, en contra de un Tribunal Colegiado de Circuito. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo con el numeral 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. 3. Domicilio. Téngase al promovente del amparo señalando como domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 4. Herramientas de comunicación. De igual forma, acorde a lo dispuesto en el citado numeral y Acuerdo General, se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En este apartado se hace la precisión que la parte quejosa proporciona los correos electrónicos y números telefónicos que indica en su escrito inicial de demanda para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 10. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso ********************. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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