Jorge Luis Santa Cruz Martínez

Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
31/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Santa Cruz Martínez
  • Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno de Hermosillo, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, suscrito por el jefa de Causas y Atención Ciudadana del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por medio del cual solicita información relativa al estado procesal del presente juicio. En atención a su contenido, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de derechos y se ordenó el archivo del mismo. Notifíquese y mediante oficio a la autoridad en mención. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que causó ejecutoria la resolución por la que se negó en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Abraham Moraga Amaya, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes concluido y provéase lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Abraham Moraga Amaya, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintiún minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por la responsable; a lo que el juez acuerda: téngase por realizada la certificación que antecede. Asimismo, se da cuenta con escrito que suscribe el quejoso, registrado bajo número de promoción 6169; a lo que el juez acuerda: téngase por recibido el ocurso de cuenta, mediante el cual el quejoso formula alegatos, mismos que serán tomados en consideración en la etapa correspondiente de la presente audiencia. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y la secretaria da cuenta con las documentales que exhibió la autoridad responsable y las exhibidas por el quejoso. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitido y desahogado por su especial naturaleza el aludido medio de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que el autorizado legal de la tercera interesada y el quejoso expresaron alegatos. El juez acuerda: ténganse por formuladas las manifestaciones de referencia y por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Por proveído de catorce de enero subsiguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de dieciocho de febrero de la presente anualidad, se reconoció el carácter de terceros interesados al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones especializada adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género y ********************, por lo que se ordenó su emplazamiento al presente sumario; lo que aconteció el veinticinco de febrero y once de marzo siguientes, respectivamente Finalmente, se celebró audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado se pretende ejecutar en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La determinación de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente el sobreseimiento de la causa penal 3963/2020, solicitado por el imputado ********************-aquí quejoso-. Su ejecución. Resulta pertinente precisar que si bien el quejoso, reclama del Director del Centro de Reinserción Social Hermosillo Uno, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo cierto es que se duele de su permanencia en dicho centro de reclusión, con motivo de la improcedencia del sobreseimiento de la causa penal origen del acto en reclamo. III. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto atribuido al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe, consistentes en copia certificada de las constancias que integran la causa penal de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde deriva el acto en reclamo; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para una mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes: a. Mediante resolución de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 3963/2020, el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, libró orden de aprehensión contra ********************, por su posible participación en los hechos que la ley señala como los delitos de abuso reiterado agravado, violación equiparada agravado en número de dos y violación agravada. b. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte se ejecutó la citada orden de captura y se puso al imputado a disposición del juez de primer grado; asimismo, el diecinueve siguiente, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en la que el referido imputado se acogió al término de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica; asimismo, se decretó la medida cautelar de prisión oficiosa, acorde a lo señalado en el precepto 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. c. Después, el veintitrés diciembre siguiente, en la continuación de la audiencia inicial, se le vinculó a proceso por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de delitos de abuso reiterado agravado, violación equiparada agravado en número de dos y violación agravada. d. Por último, a petición de la defensa del imputado, se señaló fecha y hora para la audiencia de sobreseimiento de la causa, la cual tuvo lugar el veintinueve de diciembre siguiente, en la que se declaró el sobreseimiento parcial de la causa penal, al declararse la extinción de la acción penal respecto de los hechos que la ley señala como delito de violación equiparada agravado en número de dos, previsto y sancionado en el precepto 219, fracción II, 220, fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Sonora. Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación resultan insuficientes, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En éstos la parte quejosa esencialmente reclama que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues la juez responsable realizó una valoración restrictiva y limitada de los argumentos, alegatos y datos de prueba aportados por la defensa del quejoso, con los que, afirma, resultan viables para decretar el sobreseimiento de la causa penal. Al efecto, señala que el juez de control de forma desacertada aplica en forma retroactiva la ley penal, dado que al analizar la prescripción de los hechos con apariencia de ilícito identificado como abusos deshonestos agravados, toma en consideración la redacción del artículo 100 del código punitivo estatal posterior a la reforma de dos mil seis, siendo en su criterio lo correcto la vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve. En relación con el tema del sobreseimiento de la causa, conviene precisar que ello se encuentra previsto en los artículos 327 a 330 del aludido Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley. "Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado." "Artículo 329. Sobreseimiento total o parcial El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél." "Artículo 330. Facultades del Juez respecto del sobreseimiento El Juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código. Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, el Juez de control se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Si el Juez de control admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento. De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir." Como se ve, el sobreseimiento de la causa se puede plantear por el Ministerio Público, el imputado o su defensor, en el momento en que se advierta que surgieron medios de convicción que actualizan alguna de las hipótesis o causas que establece el primero de los dispositivos aludidos. Dicho incidente de sobreseimiento de la causa, tiene una tramitación especial; su actualización puede surgir en cualquier fase del proceso penal, sin que se limite a una etapa específica para promoverlo, debiendo acudir ante el juez para que fije dentro de las veinticuatro horas siguientes una audiencia y determine su procedencia o no. Las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, versan sobre aspectos palpables, notorios o manifiestos, que llevan a concluir que es innecesario seguir adelante con el procedimiento; como por ejemplo: que el acusado falleció, que el hecho no existió, que se derogó el artículo que prevé la conducta como delito, etcétera. Tomando en consideración lo anterior, se arriba a la conclusión de que si bien existe la posibilidad de que en el incidente de sobreseimiento de la causa las partes propongan al juez algunos elementos de convicción supervinientes o argumentos enfocados a aspectos jurídicos procesales, también lo es que deben versar sobre particularidades distintas al fondo del asunto, ya que si recae sobre ello se desnaturalizaría tal figura jurídica e incluso el procedimiento penal acusatorio, en virtud de que se podría caer en el absurdo de admitir el desarrollo de audiencias cuantas veces fuera propuesto por cualquiera de las partes, con la justificación de que cuentan con nuevos argumentos jurídicos que no hicieron valer en la audiencia inicial, en donde bien se pudo haberlo realizado. Derivado de lo anterior, se concluye para resolver el sobreseimiento de la causa, la autoridad judicial se encuentra imposibilitada para revisar los datos de prueba que sirvieron de sustento para la vinculación a proceso; pues dicha figura procesal no comprende la acción de revalorar los datos de prueba que fueron ofrecidos y apreciados al resolver sobre la situación jurídica del investigado, es decir, no tiene por objeto abrir otra instancia en donde se valoren anticipadamente los medios de prueba que fueron ofrecidos para la etapa de juicio oral, ya que ésta es el momento procesal en donde se deberán desahogar y valorar los diversos medios de convicción para conocer la verdad jurídica; estimarlo de otra manera, desvirtuaría la figura procesal que nos ocupa y se deja sin razón de existir la etapa de juicio oral. El sobreseimiento puede ser total -cuando se refiere a todos los delitos y a todos los imputados-, o parcial -cuando se refiere a algún delito o a algún imputado de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso-; en este segundo supuesto, el proceso continuará respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél. El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, ya que pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta; además, la resolución respectiva inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubiesen dictado. Establecido lo anterior, y reproducida la audiencia celebrada el once de diciembre de dos mil veintiuno, en lo que interesa, se advierte: Una vez que se declaró el inicio de la audiencia y, posterior a que las partes se identificaron, la defensa del quejoso inició su participación solicitando el sobreseimiento de la causa, fundando dicha petición en el artículo 327, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los numerales 13 y 14 del Código Penal para el Estado de Sonora, bajo el argumento de que se actualiza una causa de extinción penal, al estimar que se actualiza la prescripción de la acción, dado que desde la fecha en que ocurrieron los hechos imputados a la data de la presentación de la denuncia, había transcurrido el plazo medio aritmético de las penas que pudieren aplicarse. Asimismo, en síntesis, la defensa alegó que el juez de control al resolver la audiencia de sobreseimiento de la causa, omitió tomar en consideración que los hechos con apariencia de delito se encontraban prescritos, dado que a la fecha en que acontecieron los hechos el artículo 100 del Código Penal para el Estado de Sonora, establecía que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito cometido, incluyendo sus modalidades; de ahí que el plazo de prescripción ya había fenecido. Aunado a que aduce allegó datos de prueba que consideraba acreditaban la inexistencia de los hechos imputados al aquí quejoso, entre estos, la documental consistente en la factura de Parenthoot, la tarjeta de felicitaciones y los dictámenes periciales en materia de grafoscopía. En uso de la voz, la fiscalía señaló, en lo que interesa, que no se actualizaba la causa de sobreseimiento invocada, acorde a los numerales que se mencionaron; aunado a que tal figura fue analizada por la juez de origen al emitir la determinación de vinculación a proceso; asimismo, que los datos que se allegaron no eran supervenientes, sino que resultaban datos que debía analizarse al abrirse el juicio en la audiencia de debate a juicio; por lo que concluyó que era infundada la petición, solicitando que se desestimara. Por su parte, el asesor jurídico coincidió en lo expuesto por la fiscalía, y consideró que las peticiones de la defensa podrán hacerse valer en la audiencia de juicio oral, pues para tal efecto existen diversas técnicas de litigación. Una vez concluido el debate de las partes, y previo receso, el juez de control determinó que procede el sobreseimiento parcial de la causa, dado que respecto de los hechos con apariencia de delito abusos deshonestos agravado, acontecidos de mil novecientos noventa y cinco hasta mayo de dos mil ocho, el plazo de la prescripción correspondería a diecisiete años cinco meses, al actualizar las reformas de los artículos 213 y 214 del código adjetivo, que aumentaba la penalidad aplicable; de ahí que el plazo de prescripción del delito a la fecha de interposición de la demanda no había fenecido. Respecto de los diversos hechos violación equiparada agravada, en número de dos, respecto de estos se actualizó la prescripción de la pena, en el entendido que a dichas figuras no le resultaban aplicables las reformas a los artículos en que se encontraban previstos, al encontrarse prohibida la aplicación retroactiva de dichas modificaciones en perjuicio del imputado, de ahí que la media aritmética ascendía a catorce años, por lo que en relación con los hechos violación equiparada agravada, acontecidos en septiembre y octubre de dos mil noventa y nueve, a la fecha de presentación de la querella había transcurrido dicho término medio. Por lo que respecta al delito acontecido en el año dos mil dos, vencía el plazo en dos mil dieciséis, por lo que no le eran aplicables las reformas que sufrió el precepto legal que establecía dicha figura, entre ellas la relacionada con la imprescriptibilidad de los hechos, ante la irretroactividad de la norma en perjuicio del imputado. Con apoyo en lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 107 del Código Penal para el Estado de Sonora, en relación con el numeral 485, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró prescrita la acción penal antes descrita. En relación con los hechos con apariencia de delito de violación agravada acontecidos en el año de dos mil siete, que aseveró la defensa debían analizar a fin de establecer la inexistencia del diverso ilícito imputado, el juez de control que emitió el auto de vinculación a proceso ya se pronunció respecto los datos de prueba referidos por la defensa, destacó que el sobreseimiento debe versar sobre datos supervenientes que no han sido analizados, lo cual se advierte porque, en el caso de las pruebas a que alude la defensa, ya fueron ponderadas por el juez de control. Por tanto, será el tribunal de enjuiciamiento quien, una vez desahogados los medios de prueba ofrecidos por las partes, realizará el ejercicio de valoración correspondiente y determinará lo conducente respecto a la acreditación del delito y la responsabilidad del imputado. Como se adelantó al inicio de este considerando, los argumentos expuestos por la parte quejosa son insuficientes para modificar o revocar el acto reclamado. En efecto, del análisis de la determinación combatida, se advierte que ésta fue apegada a derecho, en la medida en que se expusieron de manera fundada y motivada las razones por las cuales se decretó la improcedencia del sobreseimiento de la causa respecto de los hechos con apariencia del delito de violación agravada, acontecidos en el año de dos mil siete, así como del ilícito de abusos deshonestos agravados, acontecidos desde el año de mil novecientos noventa y nueve al mes de mayo de dos mil ocho. Además, el planteamiento del sobreseimiento de la causa se hizo en una audiencia a la que fueron previamente convocadas las partes, por lo que con la intervención de éstas, la autoridad judicial responsable emitió la determinación reclamada, lo que resulta acorde a lo dispuesto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contrario a lo señalado en los conceptos de violación, como acertadamente lo establece el juez de control, en el caso del delito de abusos deshonestos agravados se trata de un delito continuado, por lo que la prescripción empieza a computarse a partir del último evento delictuoso, esto es, el mes de mayo de dos mil ocho; de ahí que si en esa época de los hechos dicho ilícito se encontraba previsto en el segundo párrafo del artículo 213 del código punitivo estatal y tenía establecida una pena de prisión de uno a ocho años, la cual se incrementaría en caso de que la víctima fuera menor de doce años; asimismo, que el precepto 214, fracción II, del citado código, establecía el aumento de dicha sanción hasta por dos terceras partes, al haberse cometido por un ascendiente de la víctima; y, se suma a ello que el numeral 100 de la citada legislación, establecía que en el caso del delito en estudio, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término máximo de la pena privativa de la libertad que corresponda al delito cometido; por todo lo anterior el término medio aritmético de la pena aplicable al delito en análisis, aseveró el juzgador ascendía a diecisiete años cinco meses. Consecuentemente, resulta acertado lo establecido por el juez de control, en el sentido de que el plazo para que opere la prescripción, incluso a la fecha de celebración de la audiencia impugnada, aún no había fenecido. Por lo anterior, resulta infundado lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación, en el sentido de que la prescripción operó en el caso, dado que parte de una premisa errónea, dado que realiza el cómputo del plazo para la prescripción respecto de los hechos acontecidos en el año de mil novecientos noventa y nueve; empero, inadvierte que el caso nos encontramos ante la comisión de un delito continuado, cuya última ejecución tuvo lugar en el mes de mayo de dos mil ocho, fecha esta última a partir de la cual comienza el plazo para la prescripción de la acción penal. Encuentra apoyo lo anterior, por las consideraciones que la informan, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 205-216, Segunda Parte, página 47, registro digital 234072, de rubro y texto: "VIOLACIÓN. DELITO CONTINUADO. Estando probado que el acusado sostuvo relaciones sexuales con sus dos hijas desde que éstas tenían aproximadamente once años de edad, relaciones que se prolongaron por varios años, durante los cuales las amenazaba con causar daño a sus familiares para lograr su propósito, constriñendo así su ánimo al haber lesionado reiteradamente el mismo bien jurídico tutelado a ambas pasivos, mediante conductas similares desplegadas con el mismo propósito delictivo, es obvio que en la especie el acusado incurrió en la comisión de dos delitos continuados que si prácticamente cesaron unos días antes de formulada la denuncia, por ende, no operó la prescripción." Ahora bien, resulta acertada la improcedencia decretada debido a que el planteamiento hecho por la defensa esencialmente radica en el análisis de los datos de investigación relacionados con la documental consistente en el recibo proporcionado por la persona moral con residencia en el extranjero denominada Parenthood y el informe de autoridad de ésta, no le restan valor a los elementos de prueba allegados con antelación, dado que no desvirtúan el establecimiento del hecho y la probable responsabilidad del imputado. Las documentales consistentes en boleta de calificaciones, tarjeta de felicitación dirigida por la madre de la víctima a favor del imputado, no pueden analizarse a fin de establecer la procedencia del sobreseimiento de la causa, dado que no han sido allegados a la causa, sino que pueden ser vertidos en la audiencia de juicio. En relación con el dictamen de personalidad elaborado respecto del imputado, no puede realizarse su análisis, dado que éste no fue allegado como un dato de prueba a fin de emitir el auto de vinculación a proceso. Aunado a que, como acertadamente lo establece el juez responsable, la audiencia de sobreseimiento de la causa, no resulta el momento oportuno para revaloración de los medios de prueba enunciados para la emisión del auto de vinculación. Por ende, es correcto que la autoridad judicial responsable haya determinado la improcedencia del sobreseimiento de la causa, ya que dicha figura no implica el análisis o revaloración de los medios de prueba que sirvieron de base para la emisión del auto de vinculación a proceso, ni es una nueva oportunidad procesal para argumentar sobre los mismos; pues, se insiste, lo expuesto por la defensa versa sobre un aspecto jurídico del fondo del asunto, que en su caso se debió hacer valer en la audiencia inicial o continuación de ésta; estimar lo contrario y justificar que se tome en consideración el nuevo planteamiento, desnaturalizaría tal figura jurídica e incluso el procedimiento penal acusatorio, pues conllevaría abrir otra instancia en donde se valoren anticipadamente los medios de prueba que fueron ofrecidos para la etapa de juicio oral. En otras palabras, la causa de sobreseimiento invocada por la defensa de la parte quejosa no demuestra de manera manifiesta o indudable que se encuentra completamente destruida o aniquilada la acusación del fiscal, de ahí que el juez responsable, escuchando previamente a las partes, expuso porque no se actualiza dicha causa en relación con el hecho con apariencia de delito de violación agravada acontecido en el año de dos mil siete, además de que la autoridad se encuentra imposibilitada para reexaminar esos datos de prueba en ese momento procesal. Por ende, no se justifica la culminación del procedimiento en una etapa previa al juicio oral, ya que, en el caso, ciertamente hasta esa etapa procesal será donde se deberán desahogar y valorar los medios de convicción allegados y los demás que hayan ofrecido las partes, para conocer la verdad jurídica. Lo anterior, es importante pues se reitera que por los alcances que reviste una resolución de sobreseimiento debe comprobarse a cabalidad la inocencia del imputado; empero, en el caso los elementos aportados por la defensa para tener fuerza absoluta resulta menester que se sometan a contradictorio, lo cual, se insiste, sólo puede tener lugar en el juicio oral. En ese tenor, aun cuando pudiera existir cierta información de la cual se infiera que el imputado ********************, ahora quejoso, no participó en la comisión del hecho enunciado con inmediata antelación, lo cierto es que hasta el momento no hay prueba plena de ello, pues resulta sumamente relevante que al dictar auto de vinculación a proceso se determinó que existe la probabilidad de que aquél haya cometido el evento delictuoso dado el cúmulo probatorio expuesto por la fiscalía. Es orientador a lo resuelto, la tesis aislada VI.2o.P.63 P (10a.), de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA DECRETARLO EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO, NO LE ES EXIGIBLE AL JUEZ DE CONTROL TENER A LA VISTA MEDIOS DE PRUEBA, PROVEER SU DESAHOGO NI REALIZAR UN EJERCICIO DE VALORACIÓN EXHAUSTIVO. Partiendo de la premisa de que el sistema penal acusatorio se rige por etapas conclusivas y secuenciales (investigación -en sus fases inicial y complementaria-, intermedia y juicio), puede afirmarse que el concepto de prueba transcurre durante el proceso y se verifica en función del objetivo concreto de cada audiencia, acorde con la desformalización concretada por el Código Nacional de Procedimientos Penales en la distinción entre dato de prueba, medio de prueba y prueba; de ahí que la propia legislación adjetiva establece cuáles pruebas, de manera excepcional, pueden llegar a desahogarse en etapas previas al juicio (por ejemplo, en audiencia inicial o su continuación, en revisión de medidas cautelares, o la prueba anticipada, ésta bajo su propia reglamentación). Por su parte, el sobreseimiento, entendido a la luz del sistema penal acusatorio como la resolución judicial por virtud de la cual se decide la terminación -total o parcial- del proceso, por ciertas causas legales que impiden su continuidad y su posterior apertura respecto de los mismos hechos, generando el cese de las medidas cautelares y la autoridad de cosa juzgada, se encuentra armonizado para que, sea cual fuere la causal propuesta (por las partes o advertida por el juzgador) deberá ser sujeta al ejercicio de contradicción, tan es así, que el órgano jurisdiccional, para resolver su procedencia o desechamiento, debe analizar mesuradamente las alegaciones de las partes, a fin de que no exista duda razonable sobre su actualización, pues en caso contrario -sin certeza o con base en probabilidades-, atendiendo a sus efectos, generaría un desequilibrio procesal ante la ventaja indebida de una de las partes. Ahora bien, lo anterior no implica que en etapas procesales previas al juicio, le sea exigible al Juez de Control tener a la vista medios de prueba, proveer su desahogo ni realizar un ejercicio de valoración exhaustivo -fuera de las excepciones previstas por la ley- para estar en posibilidad de resolver lo conducente, pues ello deformaría la naturaleza jurídica y la esencia del sistema procesal penal acusatorio, así como los principios jurídicos en los que se sustenta; antes bien, aquél puede estimar el dato de prueba existente de manera indiciaria y exclusivamente a partir de las alegaciones de las partes vertidas en audiencia, donde lo aluden a modo de referencia y no en vía de desahogo. Por tanto, si los elementos aportados para acreditar el sobreseimiento no son suficientes para producir convicción en el juzgador y, por el contrario, generan controversia, y ésta, a su vez, no se encuentra superada con algún otro medio, no puede resultar favorable la solicitud formulada. En ese sentido, la resolución nugatoria conlleva la continuación del procedimiento, pero no trastoca la situación jurídica del imputado, en la medida en que ésta se rige por el auto de vinculación a proceso decretado en su contra; luego, no vulnera el principio de presunción de inocencia." Por otra parte, resultan inatendibles los alegatos formulados por el quejoso en la audiencia constitucional respectiva, dado que los mismos resultan una reiteración de los conceptos de violación esgrimidos en su escrito inicial de demanda, dado que en ellos de nueva cuenta aborda el tema relacionado con la prescripción de los hechos con apariencia de ilícito descrito como abusos deshonestos agravados; de igual forma, refiere que el juez de control omitió analizar los datos de prueba allegados en la audiencia que ahora se combate, para efecto de tener por acreditada una excluyente de responsabilidad. Argumentos que, se itera, forman parte de los conceptos de violación formulados por el quejoso, en su escrito de demanda de amparo biinstancial, los cuales fueron motivo de análisis en párrafos que anteceden. Finalmente, respecto a los alegatos formulados por la tercera interesada, indíquesele que la Ley de Amparo no exige su análisis, ya que no forman parte de la litis constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Decisión En esa virtud, en atención a las anteriores consideraciones, y al resultar insuficientes los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva, al acto reclamado al director del Centro de Reinserción Social Hermosillo Uno, con sede en esta ciudad, toda vez que no es violatorio de garantías, ni fue reclamado por vicios propios. En apoyo a la presente consideración se invoca la tesis de jurisprudencia V.2o. J/6, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propias". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: VI. Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto de los actos precisados en el apartado II del presente fallo, por las razones expuestas en el considerando IV. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano