Jorge Luis Santacruz Martínez

Expediente 1257/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1257/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luis Santacruz Martínez
  • Adria Paola Santa Cruz Fucuy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio, del cual deriva el presente incidente de suspensión y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negaron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y siete minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsable y autoridad tercera interesada, persona tercera interesada y representación social de la adscripción-, con la demanda de derechos y el informe justificado rendido por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del citado informe. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por el juez responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Jorge Luis Santa Cruz Martínez, contra el acto atribuido al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito depositado el trece de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, en esta ciudad, y remitido a este órgano judicial, por razón de turno, el diecinueve siguiente, Jorge Luis Santa Cruz Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto atribuido al citado juez penal y que más adelante se precisará. Se admite demanda. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Se reconocen tercero interesados. Posteriormente, mediante acuerdo de dieciocho de octubre del presente año, se reconoció el carácter de terceras interesadas a Adria Paola Santa Cruz Fucuy y a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones Especializada adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, por lo que se ordenó su emplazamiento, lo que así aconteció. Audiencia constitucional. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional en este juicio, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan un acto que se está ejecutando dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La determinación de treinta de agosto de dos mil veintidós, que declaró improcedente el sobreseimiento parcial de la causa penal 3963/2020, solicitado por el imputado Jorge Luis Santa Cruz Martínez -aquí quejoso-. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe, consistentes en copia certificada de las constancias que integran la causa penal de su índice -un tomo-, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde deriva el acto en reclamo; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Causa de improcedencia actualizada -cosa juzgada refleja- En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Para una mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes: Mediante resolución de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 3963/2020, el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, libró orden de aprehensión contra Jorge Luis Santa Cruz Martínez, por su posible participación en los hechos que la ley señala como delitos de abuso sexual reiterado agravado, previsto y sancionado en el artículo 213, párrafos primero, segundo y cuarto, en relación con el numeral 214, fracción I; violación equiparada agravada en número de dos, que prevé y pune el precepto 219, fracción II, en concordancia con el arábigo 220, fracciones I y II; y violación agravada, que alude y sanciona el numeral 218, en relación con el diverso 220, fracción II, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Adria Paola Santa Cruz Fucuy. En la misma fecha, se ejecutó la citada orden de captura y se puso al imputado a disposición de la juez de control; asimismo, el diecinueve siguiente, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en la que el referido imputado se acogió al término de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, y se decretó la medida cautelar de prisión oficiosa, acorde a lo señalado en el precepto 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después, el veintitrés diciembre siguiente, en la continuación de la audiencia inicial, se le vinculó a proceso por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de delitos de abuso sexual reiterado agravado, violación equiparada agravada en número de dos y violación agravada, señalados en el punto a. que antecede. Seguido el procedimiento de la causa penal, a petición de la defensa del imputado, por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se señaló fecha y hora para la audiencia de sobreseimiento de la causa, la cual tuvo lugar el veintinueve siguiente, en la que se declaró el sobreseimiento parcial de la causa penal, al declararse la extinción de la acción penal respecto el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada en número de dos, previsto y sancionado en el precepto 219, fracción II, en relación con el numeral 220, fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Sonora; empero, subsistió el proceso respecto los restantes hechos tipificados como delitos de abuso sexual reiterado agravado y violación agravada. Contra dicha determinación, el imputado Jorge Luis Santa Cruz Martínez, promovió el juicio de derechos 31/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que por sentencia de veinticinco de abril de la presente anualidad, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; determinación que se declaró firme mediante acuerdo de dieciocho de mayo siguiente, al no ser recurrida por las partes. Finalmente, de nueva cuenta, a petición de la defensa del imputado Jorge Luis Santa Cruz Martínez -aquí quejoso-, mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la audiencia de sobreseimiento parcial de la causa, la cual tuvo lugar el treinta de agosto siguiente, en la que se declaró improcedente dicha petición, respecto el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual reiterado agravado -señalado en la audiencia reclamada como abusos deshonestos reiterados agravados-. Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Como se adelantó, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; De acuerdo a las disposiciones antes transcritas, el juicio de amparo se torna improcedente cuando se reclamen actos o normas generales que hayan sido materia de otra ejecutoria, derivada de un juicio promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Este precepto tiene que ver con el principio de cosa juzgada, de la que resulta la inmutabilidad de una decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en sede jurisdiccional. Cuando se actualiza este principio -cosa juzgada- además de extinguirse la facultad de las partes de hacer valer las mismas pretensiones en un juicio posterior, existe ya un pronunciamiento sobre dichas pretensiones, que debe considerarse la verdad legal, y una vez que dicha sentencia causa ejecutoria, no debe haber, en principio, ningún motivo jurídico para destruir los efectos de dicha sentencia, salvo que se demuestre su nulidad o su inconstitucionalidad. En esta tesitura la actualización de la cosa juzgada impide a cualquier órgano jurisdiccional tramitar una nueva contienda en el que se intenten hacer valer las mismas pretensiones, pues ello traería la posibilidad de emitir sentencias contradictorias, lo que a su vez generaría incertidumbre jurídica. Luego, para que se considere existente esa firmeza de determinada cuestión, debe darse como condición que la pretensión o asunto a dilucidar sea la misma que motivó el pronunciamiento, por lo que para que exista cosa juzgada es necesario que entre el caso resuelto por sentencia definitiva y aquel en que se advierte, concurran identidad de las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes y en la calidad con que hubieren participado en el mismo, esto es, que se haya resuelto el mismo juicio con anterioridad. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, que reza: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." Por otra parte, la cosa juzgada refleja en materia penal -cuyo analisis nos ocupa-, se actualiza en los casos donde el acto reclamado, si bien no fue materia de resolución definitiva en un juicio de amparo anterior, sí guarda vinculación estrecha, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa, con el mismo fin jurídico y con efectos materiales iguales. En ese sentido, puede colegirse que si existe en un diverso juicio de amparo el análisis de una cuestión procesal, es inconcuso que conforme al principio de cosa juzgada refleja, el juzgador no puede realizar una diversa consideración en cuanto a idéntica materia de análisis. Ello, porque si bien el nuevo acto reclamado no es consecuencia directa de la determinación derivada de diverso amparo, cierto es que lo resuelto en otro juicio de garantías impacta y trasciende en la nueva determinación donde se controvierten similares consideraciones a las que ya han sido materia de un diverso sumario constitucional, ello porque dicha controversia ha quedado previamente definida. Precisado lo anterior, a criterio de este juzgador, concurren todos esos elementos. En efecto, de las constancias que integran este juicio de derechos, así como de la reproducción de la audiencia celebrada el treinta de agosto de la presente anualidad, en lo que interesa, se advierte: Una vez que se declaró el inicio de la audiencia y, posterior a que las partes se identificaron, la defensa del quejoso inició su participación solicitando el sobreseimiento parcial de la causa, respecto del hecho que señaló como delito de abusos deshonestos reiterado agravado, bajo el argumento de que se actualiza la prescripción de la acción penal a favor de su defendido Jorge Luis Santa Cruz Martínez, dado que desde la fecha en que ocurrieron los hechos imputados a la data de la presentación de la denuncia, había transcurrido el plazo medio aritmético de las penas que pudieren aplicarse. Lo anterior, sostuvo, pues acorde al artículo 100 del Código Penal para el Estado de Sonora, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito cometido, incluyendo sus modalidades, tratándose de los delitos de oficio, siendo dicho plazo nunca menor de tres ni mayor de quince años, en tanto que en los delitos de querella nunca será menor de dos años ni mayor de diez; por ello, acorde al citado numeral 100 vigente, el plazo de prescripción ya había fenecido. Además que los hechos que se imputan a su defendido, son reiterados desde mil novecientos noventa y cinco a mayo de dos mil ocho, fecha ésta que se toma en cuenta como el último acto reiterado; de ahí que desde la fecha en que ocurrieron los hechos imputados a la data de la presentación de la denuncia -once de diciembre de dos mil veinte-, había transcurrido el plazo medio aritmético de las penas que pudieren aplicarse. Ello, pues la pena mínima por el citado hecho que la ley señala como delito impone una pena mínima de dos años cuatro meses y una máxima de diecisiete años cinco meses, que sumados dan un total de veinte años, y cuyo término medio aritmético corresponde a diez años. Como sustento de sus argumentos, citó la jurisprudencia 1a./J. 26/2021 (10a.) y la tesis V.1o.P.A.7 P (10a.), de títulos: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS)." y "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LOS ARTÍCULOS 100, 105 Y 107 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA QUE LA REGULAN, NO VIOLAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA." Reitera que si los hechos fueron denunciados en diciembre de dos mil veinte, por un lado se sostiene el numeral 100, primer párrafo, respecto al término medio aritmético, esto es, existía todavía esa figura de prescripción, y por otro lado, el segundo párrafo de dicho artículo, no podría ser aplicado la imprescriptibilidad, por la fecha en que fue interpuesta la denuncia. Resalta que beneficia a su defendido que el artículo 100 del Código Penal para el Estado de Sonora, permanece intocado, aun cuando se dieron diversas reformas , exclusivamente en añadir un segundo párrafo y modificativas al mismo; de ahí que formalmente ha operado la figura jurídica de prescripción de la acción penal por el hecho con apariencia del delito de abusos deshonestos agravados reiterados. Cita como apoyo a dicho argumento, la tesis 1a. XXXVI/2021 (10a.), de título: "APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE A LA PERSONA INDICIADA. NO PROCEDE RESPECTO A UNA REGLA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL CUANDO LA VÍCTIMA O PERSONA OFENDIDA YA SATISFIZO, CONFORME AL MARCO JURÍDICO VIGENTE AL MOMENTO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS, LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE EL ESTADO INVESTIGUE EL DELITO." En uso de la voz, la fiscalía solicitó se resolviera con apego a la perspectiva de género; de igual manera, refirió que los delitos aún se encuentra vigentes. Por su parte, el asesor jurídico refirió que los argumentos plasmados por el defensor particular del imputado Jorge Luis Santa Cruz Martínez, ya fueron planteados por diverso defensor en la audiencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, pretendiendo la aplicación de un artículo del Código Penal para el Estado de Sonora, que no corresponde de acuerdo a la temporalidad de los eventos suscitados; incluso, fue el propio juzgador quien resolvió en aquella audiencia, que el delito de abusos deshonestos reiterados agravados, no se encontraba prescrito, para lo cual se remite a los argumentos expuestos en esa audiencia, con los cuales determinó que, contrario a la solicitud de la defensa, no se encontraba actualizada la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo de ese delito en concreto; por otra parte, dicha determinación fue analizada por un tribunal de alzada, quien consideró que no se encontraba prescrito ese ilícito, es decir, los argumentos ya fueron valorados y se pretende la apertura de una nueva instancia para reanalizar o revalorar las argumentaciones que ya se habían hecho valer; por ello, solicitó se tenga por infundada su petición. En uso de la voz, la defensa refirió que no desatiende la existencia de una diversa resolución; empero, se basó en diversa determinación acorde a un cúmulo de pruebas obrante en autos, por lo que en esta nueva petición es acorde a los plazos mínimo y máximo para la prescripción del hecho que la ley señala como delito, es decir, aspectos novedosos que no se han abordado; por su parte, el imputado se reservó el derecho de hacer manifestación alguna. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este juzgador, la existencia del juicio de amparo 31/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso, en el que mediante resolución constitucional de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto la determinación de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el propio juez responsable, en la que se declaró el sobreseimiento parcial de la causa penal, al declararse la extinción de la acción penal respecto de los hechos que la ley señala como delito de violación equiparada agravada en número de dos, previsto y sancionado en el precepto 219, fracción II, en relación con el numeral 220, fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Sonora; empero, subsistió el proceso respecto los restantes hechos tipificados como delitos de abuso sexual reiterado agravado y violación agravada. En la citada sentencia de amparo, este órgano jurisdiccional, en lo que aquí interesa, determinó: ".26. Establecido lo anterior, y reproducida la audiencia celebrada el once de diciembre de dos mil veintiuno (sic), en lo que interesa, se advierte: 27. Una vez que se declaró el inicio de la audiencia y, posterior a que las partes se identificaron, la defensa del quejoso inició su participación solicitando el sobreseimiento de la causa, fundando dicha petición en el artículo 327, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los numerales 13 y 14 del Código Penal para el Estado de Sonora, bajo el argumento de que se actualiza una causa de extinción penal, al estimar que se actualiza la prescripción de la acción, dado que desde la fecha en que ocurrieron los hechos imputados a la data de la presentación de la denuncia, había transcurrido el plazo medio aritmético de las penas que pudieren aplicarse. 28. Asimismo, en síntesis, la defensa alegó que el juez de control al resolver la audiencia de sobreseimiento de la causa, omitió tomar en consideración que los hechos con apariencia de delito se encontraban prescritos, dado que a la fecha en que acontecieron los hechos el artículo 100 del Código Penal para el Estado de Sonora, establecía que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito cometido, incluyendo sus modalidades; de ahí que el plazo de prescripción ya había fenecido. [.] 32. Una vez concluido el debate de las partes, y previo receso, el juez de control determinó que procede el sobreseimiento parcial de la causa, dado que respecto de los hechos con apariencia de delito abusos deshonestos agravado, acontecidos de mil novecientos noventa y cinco hasta mayo de dos mil ocho, el plazo de la prescripción correspondería a diecisiete años cinco meses, al actualizar las reformas de los artículos 213 y 214 del código adjetivo, que aumentaba la penalidad aplicable; de ahí que el plazo de prescripción del delito a la fecha de interposición de la demanda no había fenecido. 33. Respecto de los diversos hechos violación equiparada agravada, en número de dos, respecto de estos se actualizó la prescripción de la pena, en el entendido que a dichas figuras no le resultaban aplicables las reformas a los artículos en que se encontraban previstos, al encontrarse prohibida la aplicación retroactiva de dichas modificaciones en perjuicio del imputado, de ahí que la media aritmética ascendía a catorce años, por lo que en relación con los hechos violación equiparada agravada, acontecidos en septiembre y octubre de dos mil noventa y nueve, a la fecha de presentación de la querella había transcurrido dicho término medio. 34. Por lo que respecta al delito acontecido en el año dos mil dos, vencía el plazo en dos mil dieciséis, por lo que no le eran aplicables las reformas que sufrió el precepto legal que establecía dicha figura, entre ellas la relacionada con la imprescriptibilidad de los hechos, ante la irretroactividad de la norma en perjuicio del imputado. 35. Con apoyo en lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 107 del Código Penal para el Estado de Sonora, en relación con el numeral 485, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró prescrita la acción penal antes descrita. 36. En relación con los hechos con apariencia de delito de violación agravada acontecidos en el año de dos mil siete, que aseveró la defensa debían analizar a fin de establecer la inexistencia del diverso ilícito imputado, el juez de control que emitió el auto de vinculación a proceso ya se pronunció respecto los datos de prueba referidos por la defensa, destacó que el sobreseimiento debe versar sobre datos supervenientes que no han sido analizados, lo cual se advierte porque, en el caso de las pruebas a que alude la defensa, ya fueron ponderadas por el juez de control. 37. Por tanto, será el tribunal de enjuiciamiento quien, una vez desahogados los medios de prueba ofrecidos por las partes, realizará el ejercicio de valoración correspondiente y determinará lo conducente respecto a la acreditación del delito y la responsabilidad del imputado. 38. Como se adelantó al inicio de este considerando, los argumentos expuestos por la parte quejosa son insuficientes para modificar o revocar el acto reclamado. 39. En efecto, del análisis de la determinación combatida, se advierte que ésta fue apegada a derecho, en la medida en que se expusieron de manera fundada y motivada las razones por las cuales se decretó la improcedencia del sobreseimiento de la causa respecto de los hechos con apariencia del delito de violación agravada, acontecidos en el año de dos mil siete, así como del ilícito de abusos deshonestos agravados, acontecidos desde el año de mil novecientos noventa y nueve al mes de mayo de dos mil ocho. 40. Además, el planteamiento del sobreseimiento de la causa se hizo en una audiencia a la que fueron previamente convocadas las partes, por lo que con la intervención de éstas, la autoridad judicial responsable emitió la determinación reclamada, lo que resulta acorde a lo dispuesto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 41. Contrario a lo señalado en los conceptos de violación, como acertadamente lo establece el juez de control, en el caso del delito de abusos deshonestos agravados se trata de un delito continuado, por lo que la prescripción empieza a computarse a partir del último evento delictuoso, esto es, el mes de mayo de dos mil ocho; de ahí que si en esa época de los hechos dicho ilícito se encontraba previsto en el segundo párrafo del artículo 213 del código punitivo estatal y tenía establecida una pena de prisión de uno a ocho años, la cual se incrementaría en caso de que la víctima fuera menor de doce años; asimismo, que el precepto 214, fracción II, del citado código, establecía el aumento de dicha sanción hasta por dos terceras partes, al haberse cometido por un ascendiente de la víctima; y, se suma a ello que el numeral 100 de la citada legislación, establecía que en el caso del delito en estudio, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término máximo de la pena privativa de la libertad que corresponda al delito cometido; por todo lo anterior el término medio aritmético de la pena aplicable al delito en análisis, aseveró el juzgador ascendía a diecisiete años cinco meses. 42. Consecuentemente, resulta acertado lo establecido por el juez de control, en el sentido de que el plazo para que opere la prescripción, incluso a la fecha de celebración de la audiencia impugnada, aún no había fenecido. 43. Por lo anterior, resulta infundado lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación, en el sentido de que la prescripción operó en el caso, dado que parte de una premisa errónea, dado que realiza el cómputo del plazo para la prescripción respecto de los hechos acontecidos en el año de mil novecientos noventa y nueve; empero, inadvierte que el caso nos encontramos ante la comisión de un delito continuado, cuya última ejecución tuvo lugar en el mes de mayo de dos mil ocho, fecha esta última a partir de la cual comienza el plazo para la prescripción de la acción penal. 44. Encuentra apoyo lo anterior, por las consideraciones que la informan, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 205-216, Segunda Parte, página 47, registro digital 234072, de rubro y texto: "VIOLACIÓN. DELITO CONTINUADO. Estando probado que el acusado sostuvo relaciones sexuales con sus dos hijas desde que éstas tenían aproximadamente once años de edad, relaciones que se prolongaron por varios años, durante los cuales las amenazaba con causar daño a sus familiares para lograr su propósito, constriñendo así su ánimo al haber lesionado reiteradamente el mismo bien jurídico tutelado a ambas pasivos, mediante conductas similares desplegadas con el mismo propósito delictivo, es obvio que en la especie el acusado incurrió en la comisión de dos delitos continuados que si prácticamente cesaron unos días antes de formulada la denuncia, por ende, no operó la prescripción." [.]" Como se ve, el solicitante del amparo a través de este juicio de derechos, reclama del juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se declara improcedente el sobreseimiento parcial de la causa, respecto al hecho que la ley señala como delito de abuso sexual reiterado agravado -señalado en la audiencia reclamada como abusos deshonestos reiterados agravados-. Sin embargo, este juzgador concluye que el peticionario de amparo nuevamente reclama en este juicio, la declaratoria de sobreseimiento de la causa respecto el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual reiterado agravado, pues con independencia de que la determinación reclamada en el diverso juicio de amparo 31/2022 del índice de este juzgado, fue emitida el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 3963/2020, del índice del juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y la reclamada en este juicio sea la diversa de treinta de agosto del presente año, dentro del mismo proceso, en la que nuevamente se declara la improcedencia del sobreseimiento de la citada causa respecto al señalado injusto, lo cierto es que se surte la actualización de la hipótesis de cosa juzgada refleja en materia penal, pues ésta se presenta en los casos donde el acto reclamado, si bien no fue materia de resolución definitiva en un juicio de amparo anterior, sí guarda vinculación estrecha, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa, con el mismo fin jurídico y con efectos materiales iguales. Además, la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Lo anterior debido a que obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes. Sirve de apoyo a las consideraciones que preceden, la tesis II.3o.P.2 P (10a.), que dice: "EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA EN MATERIA PENAL. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA. Acorde con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene que la cosa juzgada en el juicio de garantías implica que lo resuelto por la autoridad federal ya no puede ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, pues se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en detrimento de la seguridad jurídica. Por su parte, la eficacia refleja de la cosa juzgada en materia penal se actualiza en los casos donde el acto reclamado, si bien no fue materia de resolución definitiva en un juicio de garantías anterior, sí guarda vinculación estrecha, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa, con el mismo fin jurídico y con efectos materiales iguales. Atento a lo anterior, cuando en un diverso juicio de amparo, el Juez de Distrito examina la orden de aprehensión por el delito de cohecho y concluye que la conducta no se surte, porque inadvierte que el accionante haya realizado un acto u omisión relativo a sus funciones, con motivo de los hechos narrados, es inconcuso que conforme al principio de cosa juzgada refleja, la autoridad de primera instancia no estaba en posibilidad (con base en los mismos hechos y pruebas), de examinar el perfeccionamiento de la pretensión punitiva y dictar nueva orden de aprehensión contra el quejoso por el mismo delito, porque si bien es cierto que el acto aquí reclamado no es consecuencia directa del cumplimiento derivado de diverso amparo, también lo es que lo resuelto en otro juicio de garantías impacta y trasciende en la nueva determinación, en la medida de que previamente quedó definido que la conducta delictuosa -la cual deriva de los mismos hechos y pruebas-, no es parte de las funciones que tenía encomendadas el quejoso como agente policiaco." Así como la diversa VII.3o.P.T.9 P, que dice: "COSA JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA POR TRATARSE DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA MISMA CAUSA PENAL E IMPLICA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La figura de la cosa juzgada refleja se actualiza en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de garantías, sí guarda vinculación estrecha con el nuevo, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa, con el mismo fin jurídico y con efectos materiales iguales, por ejemplo, cuando en un primer juicio la materia de estudio que rige la resolución definitiva consiste en el fondo sustancial de una orden de reaprehensión y en un segundo juicio el acto reclamado lo conforma la sola reiteración de dicha orden de captura en los mismos términos; así, aquél influye o se refleja en el segundo juicio de amparo al existir tal vinculación en la resolución de ambos juicios, lo cual hace improcedente este último, en términos del artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no existir posibilidad de resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución determinante, porque sobre el fondo ya existe un pronunciamiento." Y la jurisprudencia 1a./J. 30/2018 (10a.), de título: "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES." Por último, debe destacarse que no pasa inadvertido para este juzgador que a través de la presente vía constitucional se alega como violación la prescripción de la acción penal, pues acorde a lo establecido en el numeral 189, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. Sin embargo, es incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto -aunque ya sea cosa juzgada-, otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 40/2008, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea." Decisión En esa virtud, al actualizarse la hipótesis de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Jorge Luis Santa Cruz Martínez, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, y por lista a las demás partes Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito que firma el asesor jurídico de la parte tercera interesada Adria Paola Santa Cruz Fucuy, por medio del cual se apersona al presente juicio de derechos; en atención a su contenido, se le tiene por apersonado al presente juicio con el carácter que se ostenta. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito, y como autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Correo electrónico. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene señalando como correo electrónico para cuestiones no procesales el indicado en el escrito que firma. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con nombre de usuario "HectorContreras", para los efectos solicitados. Solicitud de copias. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias certificadas a su costa de las constancias que refiere. En la inteligencia de que previa consulta con el actuario judicial adscrito, que realiza el seguimiento del expediente en que se actúa, se fijará día y hora para acudir a fotocopiar dichas constancias, las cuales en su oportunidad se certificarán, y se asignará un código QR para que acuda a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para la entrega de las mismas, previa razón de recibo que se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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