Jorge Luis Samano Bautista
Expediente 426/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Luis Samano Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
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Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica, el acuerdo dictado en los autos del amparo en revisión 475/2023; en el que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.
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OFICIO
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Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
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Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario con quien legalmente actúa, da inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia, escrito inicial de demanda, así como los diversos escritos mediante los cuales subsana la prevención, auto de desechamiento, queja fundada, acuerdo admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. La Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en el escrito mediante el cual subsana la prevención y las que allegaron las autoridades responsables que así lo efectuaron. Al respecto la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales ofrecidas, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el presente período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló ni la agente del ministerio público presentó pedimento; por lo que se cierra el presente periodo. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto ********************; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en la misma fecha, por razón de turno, al Juzgado Segundo de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades: [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, [2] Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" y, [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", por los siguientes actos reclamados: IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la responsable ordenadora reclamo la orden dada a la primera ejecutora para retenerme ilegalmente y no concederme mi libertad, aun, cuando el suscrito ya ha compurgado la pena impuesta; al segundo de las ejecutoras se reclama el cobro de la ejecución de la multa por la cantidad de $584,320.00 (Quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional); esto dentro de la causa penal número 35/2016, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos y con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 20, inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Incompetencia, prevención, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, determinó carecer de competencia para conocer del juicio en que se actúa y estimó que este Juzgado era el competente para ello, al tener conocimiento previo del asunto en cuestión, por lo que remitió el presente expediente a este órgano jurisdiccional. Mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito aceptó la competencia del presente juicio de amparo y se avocó a su conocimiento; asimismo previno al quejoso para que en el término de cinco días informara: a) la fecha de la determinación en que la jueza responsable señaló que se le retuviera al no concederse su libertad por no haber acreditado el pago de la multa que le fue impuesta como sanción pecuniaria, misma que adquirió el carácter de crédito fiscal; b) la data de la notificación por la que se le hizo del conocimiento de la resolución señalada en el párrafo que antecede; y, c) el término -periodo de tiempo- con el que adujo, compurgó la pena de ocho años de prisión, impuesta en sentencia de procedimiento abreviado emitida el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, dentro del proceso penal 35/2016; en la inteligencia, que de no cumplir con lo anterior, se tendría por no presentada la demanda de amparo. Posteriormente, el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés el quejoso ingresó un escrito a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual subsanó la prevención señalada en el párrafo que antecede. No obstante lo anterior, este Juzgado por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, advirtió que el peticionario de amparo no cumplió debidamente con la citada prevención, por lo que le requirió de nueva cuenta para que cumpliera cabalmente con la misma, dejando subsistente el apercibimiento decretado en acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso. En atención a lo anterior, el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó escrito a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual subsanó de nueva cuenta la prevención ordenada. Luego, por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados habían sido consentidos tácitamente por el quejoso, resultando extemporánea su impugnación a través del presente juicio de amparo. Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el número 124/2023, mismo que resultó fundado, en resolución emitida en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, por auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, reservó acordar lo conducente respecto de la parte tercero interesada, hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, en el citado proveído le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el once de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional de conformidad con lo asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de un juicio constitucional en el que se reclaman actos de autoridad ejecutados dentro del ámbito territorial en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. a) La resolución dictada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente la controversia ********************dentro de la cual el quejoso realizó solicitud relativa a la duración de la pena -para acceder al beneficio preliberacional de libertad condicionada-, lo anterior en virtud de que no cumplió con todos los requisitos que impone el numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que interesa, porque no ha cubierto la multa que le fue impuesta como sanción pecunaria, misma que ya adquirió el carácter de crédito fiscal. b) La orden dada a la autoridad ejecutora, a efecto de retener al quejoso ilegalmente, no obstante que ya compurgó la pena impuesta. [2] Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1". c) La ejecución del acto b) d) La ejecución del acto a), consistente en el cobro de la multa que le fue impuesta como sanción pecuniaria en sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete relativa al procedimiento abreviado en la causa penal 35/2016, actos que fueron reclamados en vía de consecuencia y no por vicios propios. Cabe precisar que si bien el quejoso señaló como autoridad responsable a la [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", lo cierto es que los actos que le reclamó no fueron impugnados por vicios propios, dado que de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte quejosa haya formulado conceptos de violación en contra de tales actuaciones en lo particular, de allí que los reclame en vía de consecuencia. Sin que se inadvierta que al rendir su informe justificado, tal autoridad informó que mediante resoluciones de doce de noviembre de dos mil diecinueve y dos de mayo de dos mil veintidós, emitió mandamientos de ejecución (para cobro de multas judiciales) en contra del aquí quejoso, mismas que se emitieron para cobrar el crédito fiscal que se originó con motivo de que el quejoso no cubrió la multa que le fue impuesta como sanción pecuniaria en sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 35/2016, en tanto que como ya se apuntó, tales resoluciones no constituyen un acto destacado, sino que se tratan de actos que reclamó en vía de consecuencia, derivados de la resolución precisada, por lo que los actos deben quedar fijados como se asentó en el cuadro que antecede. Y aún de considerar dichas resoluciones como acto destacado, se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, relativa a la improcedencia del juicio de amparo contra actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que dichas actuaciones no se tratan de la última resolución emitidas en el procedimiento administrativo de ejecución y no afectan derechos sustantivos, conforme a la jurisprudencia 2a./J 17/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196530, del contenido siguiente: EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado marcado con el inciso b) de la [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, así como su ejecución reclamada al [2] Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna en contrario que desvirtuara dicha negativa. Además, se corrobora la inexistencia de los actos reclamados marcados con los incisos b) y c), pues de las constancias que la [1] Jueza de Ejecución responsable puso a disposición para su vinculación y consulta del expediente ********************, se advierte que obra el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual estableció el cómputo de la pena de prisión impuesta al aquí quejoso, misma que compurgará el treinta de abril de dos mil veinticuatro, por lo que se tendrá por cumplida el uno de mayo de dos mil veinticuatro, por tanto, ordenó girar oficio a la autoridad penitenciaria para que, a partir de la data referida en segundo término deje en inmediata libertad al aquí quejoso, exclusivamente respecto de la causa penal de referencia. Acuerdo que fue notificado al [2] Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", mediante oficio ********************, el veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Entonces, no existe orden alguna que haya emitido la Jueza responsable para retener ilegalmente al impetrante privado de su libertad, aunado a que como ya se indicó con antelación, el aquí quejoso compurgará su pena hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro, teniéndose por cumplida a partir del uno de mayo de ese año, data que aún no transcurre. Luego, en virtud de que la autoridad ordenadora negó el acto reclamado consistente en b) la orden dada a la ejecutora de retener al impetrante ilegalmente, no obstante que ya compurgó la pena impuesta, es inconcuso que la inexistencia del acto ordenador trae como consecuencia que no sea cierto el de ejecución marcado con el inciso c), reclamado al [2] Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", al no poderse ejecutar una orden inexistente. En consecuencia, ante la negativa de los actos reclamados marcados con los incisos b) y c), por parte de las autoridades responsables y toda vez que tal circunstancia no fue desvirtuada por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos reclamados y su ejecución precisados en párrafos que anteceden a las autoridades responsables [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, así como al [2] Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". Sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 170, visible a fojas 281 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Volumen Común al Pleno y a las Salas, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. IV. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados señalados con los incisos a) y d) de las autoridades [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", pues así lo afirmó la última de las mencionadas y, con independencia de lo manifestado por la primera autoridad señalada, de las constancias que allegó se advierte su existencia. Lo anterior se corrobora con las constancias que la Jueza responsable puso a disposición mediante la vinculación del expediente electrónico ********************, de las cuales se advierte que obra el incidente ********************relativo a la solicitud de duración de la pena, en el que obra la existencia del acto reclamado marcado con el inciso a), consistente en la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente la controversia relativa a la duración de la pena -para acceder al beneficio preliberacional de libertad condicionada-, en virtud de que la parte quejosa no cumplió con todos los requisitos que impone el numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que interesa, porque no ha cubierto la multa que le fue impuesta como sanción pecunaria, misma que adquirió el carácter de crédito fiscal. Tales actuaciones constituyen un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2º de esta última, al resultar consultables en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), tal como sustenta la jurisprudencia número XXI3° J/7, con registro 183053, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 804, del tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De igual forma, se tiene la certeza del acto reclamado señalado con el inciso c), pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", obra el oficio ********************de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dirigido a dicha autoridad, el cual se remitió en cumplimiento al acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal en el Estado de Morelos, en el que determinó que, el sentenciado -aquí quejoso- no acreditó haber pagado la multa que le fue impuesta en la sentencia de procedimiento abreviado de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, consistente en ********************dentro del plazo que le fue concedido -un año-, por lo que solicitó a la autoridad hacendaria responsable para que procediera al cobro de la referida multa. Asimismo, también obran las resoluciones de doce de noviembre de dos mil diecinueve y dos de mayo de dos mil veintidós, mediante las cuales la autoridad fiscal responsable dictó los mandamientos de ejecución para el cobro de la multa respectiva en contra del aquí quejoso, mismas que fueron ejecutadas en diligencias de trece de noviembre de dos mil diecinueve y doce de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, sin que el aquí quejoso haya pagado la multa impuesta. De ahí que, se encuentre corroborada la existencia del acto reclamado a la [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", en tanto que le corresponde la ejecución del cobro de la multa que le fue impuesta al quejoso como sanción pecuniaria en sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en el procedimiento abreviado derivado de la causa penal ******************** En consecuencia, a las referidas constancias se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dichas documentales fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y de las cuales se desprende la existencia de los actos reclamados. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, se advierte que se actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, relativa a la cosa juzgada en el amparo. Así, del citado precepto normativo se desprende que los requisitos que deben de cumplirse para que se configure la causa de improcedencia en estudio son: La ley o el acto reclamado -pretensión- se cuestione en dos o más juicios de amparo; Uno de los juicios haya causado ejecutoria, ya sea en primera instancia o en revisión; Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado. Así, los anteriores puntos se acreditan con la sentencia definitiva emitida en el juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, la cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2º de esta última, al resultar consultables en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), tal como sustenta la jurisprudencia número XXI3° J/7, con registro 183053, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 804, del tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Es así, porque de la sentencia antes mencionada en contraste con el presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: Órgano Jurisdiccional Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos Amparo Indirecto ******************** ******************** Quejosa ******************** ******************** Autoridades responsables [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. [2] Administradora del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1". [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. [2] Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1". Acto reclamado a) Los acuerdos de seis de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiuno, en los que la Jueza responsable determinó que, cualquier circunstancia que pretendiera hacer valer el aquí quejoso respecto a la multa que le fue impuesta en la sentencia definitiva en el juicio de origen, por concepto de sanción pecuniaria, que había adquirido el carácter de crédito fiscal, debería hacerla valer ante la autoridad hacendaria; así como la resolución dictada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente la controversia ********************dentro de la cual el quejoso realizó solicitud relativa a la duración de la pena, lo anterior en virtud de que no cumplió con todos los requisitos que impone el numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que interesa, porque no había cubierto la multa que le fue impuesta como sanción pecunaria, misma que había adquirido el carácter de crédito fiscal. c) La ejecución del acto a), consistente en el cobro de la multa que le fue impuesta como sanción pecuniaria en sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete relativa al procedimiento abreviado en la causa penal ******************** a) La resolución dictada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente la controversia ********************dentro de la cual el quejoso realizó solicitud relativa a la duración de la pena -para acceder al beneficio preliberacional de libertad condicionada-, lo anterior en virtud de que no cumplió con todos los requisitos que impone el numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que interesa, porque no ha cubierto la multa que le fue impuesta como sanción pecunaria, misma que ya adquirió el carácter de crédito fiscal. "b) (.)" "c) (.)" d) La ejecución del acto a), consistente en el cobro de la multa que le fue impuesta como sanción pecuniaria en sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete relativa al procedimiento abreviado en la causa penal ******************** Fecha en que causó ejecutoria. Treinta de marzo de dos mil veintitrés. No aplica Ahora bien, la causa de improcedencia se considera actualizada, toda vez que en el diverso juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado, se analizaron los mismos actos que se reclaman en este juicio, y al resolverlo se determinó que se actualizaba la causa de sobreseimiento prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, relativa a la extemporaneidad del acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la demanda de amparo no fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, pues la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós -acto que también reclama en el presente juicio-, fue notificada personalmente al quejoso el mismo día, surtiendo sus efectos el treinta de junio de dos mil veintidós, por tanto, el término para presentar la demanda constitucional transcurrió del uno al veintiuno de julio de dos mil veintidós, sin contar los días, dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio del mismo año, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y, en aquel juicio de amparo la demanda fue presentada hasta el ocho de septiembre de dos mil veintidós, un mes después de la conclusión del plazo para su presentación. Entonces, al actualizarse la causa de improcedencia antes indicada, se procedió a sobreseer en el juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado, respecto de la resolución reclamada, entre otros acuerdos, que fueron señalados como actos destacados, asimismo el sobreseimiento en mención se hizo extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", al no haberse impugnado por vicios propios. Además, la sentencia emitida en el juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado, causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil veintitrés, como se advierte de la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), que como se dijo, constituye un hecho notorio en el presente asunto. No se inadvierte que en el juicio de amparo ******************** también fueron reclamados otros actos, tales como: [1] los acuerdos de seis de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiuno, en los que la Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución determinó que, cualquier circunstancia que pretendiera hacer valer el quejoso respecto a la multa que le fue impuesta en la sentencia definitiva en el juicio de origen, por concepto de sanción pecuniaria, que había adquirido el carácter de crédito fiscal, debería hacerla valer ante la autoridad hacendaria, así como [2] la omisión de acordar los escritos presentados por el quejoso y su defensor particular, el uno de julio, dos y diecinueve de agosto, todos de dos mil veintidós. Sin embargo, ello no trasciende a la cosa juzgada, dado que, si bien se analizaron esos actos, también se realizó el estudio relativo a los actos reclamados que en este juicio la parte quejosa señala nuevamente, respecto de las mismas autoridades responsables que especificó en aquél juicio constitucional, colmándose así los elementos para que se configure la cosa juzgada. Así, toda vez que la materia de estudio propuesta por el quejoso en este juicio constitucional es la misma que ya fue resuelta en aquél diverso juicio de amparo; esto es, se trata de los actos de molestia antes precisados, los cuales se reclamaron de las mismas autoridades señaladas como responsables en este juicio, es por lo que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En ese sentido, conviene precisar que aun cuando por regla general la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, este juzgado de Distrito estima que el presente caso es una excepción, ya que la determinación tomada por este Juzgado en el diverso juicio de amparo ********************, tuvo como sustento razones y circunstancias que impiden ejercer, de modo absoluto, la acción de amparo, pues el hecho de que los actos que reclama fueron consentidos tácitamente por el quejoso, al no haber presentado su demanda dentro del plazo genérico de quince días que señalan los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional, dado que el hecho de promoverla nuevamente no cambiaría los plazos y términos a los que se debe sujetar la parte quejosa para acudir a la presente instancia de amparo. Tiene aplicación al caso concreto la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 237445, que establece: COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." En consecuencia, con apoyo en el artículo 61, fracción XI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente asunto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, respecto del acto y las autoridades responsables precisadas. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", al no impugnarse por vicios propios. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y por las razones precisadas en los considerandos II, III y IV de este fallo. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe. hoy once de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
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