Jorge Luis Samano Bautista
Expediente 1380/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Luis Samano Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de junio de dos mil veintitrés. ...Vistos los autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo de los autos; en ese contexto, privilegiando el ahorro y racionalización de los recursos; y toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, resulta innecesario conservar las constancias que ******************** a su informe justificado la autoridad responsable Jueza de Distrito asignada para fungir como jueza de ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, por tanto, remítanse las referidas constancias a la autoridad en mención, debiendo dejar glosada en los presentes autos, la carátula que se formó con motivo de las mismas; sin que resulte necesario acusar recibo de dicho anexo, ya que el sello de recibido por la autoridad hace las veces de acuse. Cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. ...Vista la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte QUEJOSA la presente sentencia, la cual dice: Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1380/2022; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el ocho de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades: [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución y [2] Administradora, ambas del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, así como a la [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", por los siguientes actos reclamados: EN LA DEMANDA DE AMPARO "IV.- ACTO RECLAMADO: A).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA CONSISTENTE EN OTORGAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA MULTA ORDENADA POR ÉSTA MEDIANTE OFICIO 10301/2019 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019, GIRADA EN CONTRA DEL SUSCRITO PARA EL PAGO DE LA MULTA CONSISTENTE EN OCHO MIL UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN EQUIVALENTE A QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($584,320.00), TODA VEZ QUE HA PASADO MÁS DE UN AÑO Y NO SE HA PAGADO, ASÍ COMO EL HECHO QUE A SOLICITUD EXPRESA DEL SUSCRITO HA NEGADO MI LIBERTAD ANTICIPADA POR NO HABER PAGADO EL CRÉDITO FISCAL ORDENADO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA Y NO QUERER CANCELARLO, PUES FUE ESTA QUIEN LA DETERMINÓ Y ORDENÓ A LA EJECUTORA EL COBRO, EL JUEZ DE CONTROL, JUICIO ORAL Y DE EJECUCIÓN EMANAN DEL MISMO PODER, POR LO CUAL NO PUEDEN CONSIDERARSE ENTES DISASOCIADOS. DE LA MISMA FORMA, LE RECLAMO A LA AUTORIDAD ORDENADORA LA DILACIÓN O NEGACIÓN PARA QUE EL C. JOSÉ MAURICIO ARCE QUINTANA SEA RECONOCIDO COMO MI DEFENSOR PARTICULAR, Y SE LE PERMITA EL ACCESO AL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO, PUESTO QUE YA SON MÁS DE TRES LAS OCACIONES (SIC) QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL ESCRITO DE CUENTA PARA ELLO. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO, EL CUMPLIMIENTO Y LA INMINENTE EJECUCIÓN QUE SE PRETENDE DAR A DICHA MULTA, AÚN A PESAR DE QUE CONOCE MI ESTADO DE INSOLVENCIA, Y POR ENDE LA POSIBILIDAD DE UNA SALIDA ANTICIPADA POR BUENA CONDUCTA, LO CUAL SE TRADUCE EN UN ACTO EN CONTRA DE MI LIBERTAD PERSONAL." EN EL ESCRITO EN EL QUE SUBSANA LA PREVENCIÓN. "a) El auto por el que la autoridad que señala como responsable le niega la prescripción de la multa ordenada mediante oficio 10301/2019, de treinta de agosto de dos mil diecinueve. B).- La omisión de acordar los escritos por medio de los cuales solicita a la referida jueza que se señala como responsable para reconozca como mi defensor particular a José Mauricio Arce Quintana. Las fechas en que se han presentado dichas promociones lo son los días 1 de julio y 5 de agosto y 14 de agosto. Incluso está (sic) última con el escrito de aceptación y protesta del cargo anexando copia fotostática de mi cédula profesional. La solicitud lo fue también para solicitar el ingreso al expediente físico y digital y poder fungir como abogado defensor particular. C).- Asimismo, en virtud de que señala que se le condenó al pago de una multa de ocho mil unidades de medida y actualización equivalente a $584.320.00 (quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional); respecto de la cual, dice, existe crédito fiscal ante la autoridad hacendaria con motivo de la sanción impuesta, deberá informar si ha solicitado a la autoridad hacendaria la prescripción de dicho crédito fiscal, y en su caso, la respuesta que se le haya dado y la fecha de la misma. Se hace de su conocimiento que efectivamente se metió recurso ******** y la juez de la cusa (sic) lo declaro (sic) improcedente por no haber cubierto el monto de la multa convertida en crédito fiscal. Sin otra razón que mi insolvencia. (sic) Para esa fecha el C. ************* ya había notificado que me encuentro en estado de insolvencia y que no cuento con los recursos en monetario o en propiedades ya para garantizar o para pagar dicho adeudo." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Prevención, admisión de la demanda, ampliación de la misma y trámite del juicio. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado previno al quejoso para que en el término de cinco días especificara con claridad el acto reclamado, esto es, a) si lo era el auto por el que la autoridad que señaló como responsable le negó la prescripción de la multa ordenada mediante oficio 10301/2019 de treinta de agosto de dos mil diecinueve; b) el proveído en el que la Jueza de Distrito en cuestión, le negó la libertad anticipada o, c) la omisión de acordar los escritos por medio de los cuales solicitó a la referida Jueza, reconociera como su defensor particular a ************, -de ser este el acto, debía señalar las fechas en que presentó dichas solicitudes ante la mencionada autoridad- y, d) en virtud de que señaló que se le condenó al pago de una multa, respecto de la cual, dijo, existía un crédito fiscal ante la autoridad hacendaria con motivo de la sanción impuesta, debía informar si había solicitado a la autoridad hacendaria la prescripción de dicho crédito fiscal y, en su caso, la respuesta que se le dio y la fecha de la misma. Lo anterior se precisó, en razón de que dichos actos eran de naturaleza jurídica distinta y, por ende, no podían ser reclamados todos en un solo juicio de amparo. Posteriormente, mediante escrito presentado por el quejoso ante la oficialía de este Juzgado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, subsanó la prevención precisando sus actos reclamados. Luego, una vez subsanada la referida prevención, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no advirtió que le asistiera el carácter de tercero interesado a alguna persona, sin perjuicio de que con posterioridad surgiera alguien con dicho carácter, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, toda vez que del informe justificado de una de las responsables se desprendió la participación de diversa autoridad respecto de uno de los actos reclamados por el quejoso, consecuentemente, se requirió al impetrante para que en el término de quince días, manifestara si era su deseo atribuirle el carácter de responsable a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, apercibiéndole que en caso de no cumplir con lo ordenado, no sería llamada a juicio y se continuaría con la prosecución del presente juicio. Enseguida, en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda en cuanto a la autoridad responsable mencionada en el párrafo que precede, respecto del acto reclamado consistente en la dilación o negación para que ************, fuera reconocido como defensor particular y se le permitiera el acceso al expediente físico y electrónico, por lo que este Juzgado requirió el informe justificado respectivo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional de conformidad con lo asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de un juicio constitucional en el que se reclaman actos de autoridad ejecutados dentro del ámbito territorial en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución y; [2] Administradora. Ambas del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, a) Los acuerdos de seis de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiuno, en los que la Jueza responsable determinó que, cualquier circunstancia que pretendiera hacer valer el aquí quejoso respecto a la multa que le fue impuesta en la sentencia definitiva en el juicio de origen, por concepto de sanción pecuniaria, que había adquirido el carácter de crédito fiscal, debería hacerla valer ante la autoridad hacendaria; así como la resolución dictada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente la controversia ******, dentro de la cual el quejoso realizó solicitud relativa a la duración de la pena, lo anterior en virtud de que no cumplió con todos los requisitos que impone el numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que interesa, porque no había cubierto la multa que le fue impuesta como sanción pecunaria, misma que había adquirido el carácter de crédito fiscal. b) La omisión de acordar los escritos presentados por el quejoso y su defensor particular, el uno de julio, dos y diecinueve de agosto, todos de dos mil veintidós, precisando que en los dos primeros líbelos mencionados, el impetrante nombró como sus defensores particulares a ********* y otros, además solicitó la autorización al expediente electrónico, revocó a los abogados que anteriormente designó y señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y, el último de los escritos referidos, signado por el citado defensor, en el que aceptó el cargo que le fue conferido. [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1". c) La ejecución del acto a), consistente en el cobro de la multa que le fue impuesta como sanción pecuniaria en sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete relativa al procedimiento abreviado en la causa penal *******. Sin que pase desapercibido, que el quejoso señaló como acto reclamado de manera genérica, el auto por el que la autoridad que señala como responsable -[1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución- le niega la prescripción de la multa ordenada mediante oficio 10301/2019, de treinta de agosto de dos mil diecinueve, así como el hecho de que dicha responsable ha negado su libertad anticipada por no haber pagado el crédito fiscal, sin embargo, lo que le causa una afectación real y directa son los acuerdos y resolución antes precisados, acuerdos en los que se determinó que es la instancia administrativa la que actualmente conoce del crédito fiscal originado con motivo de la multa impuesta al ahora quejoso, y, que por ende es, la autoridad hacendaria quien debe proseguir o decidir la culminación del procedimiento administrativo correspondiente, y de ser procedente, la que debe declarar la extinción de la sanción pecuniaria impuesta al aquí quejoso, por lo que cualquier circunstancia que pretendiera hacer valer el impetrante respecto a la multa que le fue impuesta por concepto de sanción pecuniaria que ha adquirido el carácter de crédito fiscal, debería hacerla valer ante la autoridad hacendaria. Y, por cuanto a la resolución mencionada en el párrafo que antecede, ésta determinó la improcedencia de la controversia y solicitud relativa a la duración de la pena, en virtud de que el sentenciado -aquí quejoso- no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 137 de la Ley de Ejecución Penal, entre los que destaca que, no ha cubierto la multa que le fue impuesta como sanción pecuniaria, respecto de la cual se advierte que existe crédito fiscal ante la autoridad hacendaria. Finalmente no se pasa por alto que, el quejoso al subsanar la prevención que se le hizo, refirió que solicitó a la autoridad administrativa (Servicio de Administración Tributaria, Delegación Morelos) la condonación de la multa y tal autoridad le negó su solicitud mediante resolución que emitió el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, sin embargo, tales manifestaciones las formuló como antecedentes contextuales de su acto reclamado, sin concretarlas como destacado, puesto que la prevención se le hizo para efecto de que precisara lo siguiente: "d). en virtud de que señala que se le condenó al pago de una multa de ocho mil unidades de medida y actualización equivalente a $584.320.00 (quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional); respecto de la cual, existe crédito fiscal ante la autoridad hacendaria con motivo de la sanción impuesta, deberá informar si ha solicitado a la autoridad hacendaria la prescripción de dicho crédito fiscal, y en su caso, la respuesta que se le haya dado y la fecha de la misma", en consecuencia, como de sus declaraciones no se advierte que haya solicitado la prescripción del crédito fiscal ante la autoridad hacendaria, es que el mismo no constituye un acto reclamado. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados señalados con los incisos a) y b) de las autoridades [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución y [2] Administradora, ambas del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, así como el acto marcado con el inciso c) de la [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", pues independientemente de que las dos primeras autoridades mencionadas, hayan negado los actos que se les atribuyen, de las constancias que allegaron se advierte su existencia y, respecto de la tercera autoridad, así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable del expediente SIPE 43/2017, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado marcado con el inciso a) consistente en los acuerdos de seis de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiuno, en los que la Jueza responsable esencialmente determinó que, cualquier circunstancia que pretendiera hacer valer el aquí quejoso respecto a la multa que le fue impuesta por concepto de sanción pecuniaria que había adquirido el carácter crédito fiscal, debía hacerla valer ante la autoridad hacendaria, además obra la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente la controversia *******, dentro de la cual el quejoso realizó solicitud relativa a la duración de la pena, lo anterior en virtud de que no cumplió con todos los requisitos que impone el numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que interesa, porque no ha cubierto la multa que le fue impuesta como sanción pecunaria, misma que adquirió el carácter de crédito fiscal. De igual forma, se tiene la certeza del acto reclamado señalado con el inciso b), pues de las constancias remitidas del procedimiento de ejecución mencionado, obran los escritos presentados por el quejoso y su defensor particular, el uno de julio, dos y diecinueve de agosto, todas de dos mil veintidós, precisando que en los dos primeros escritos mencionados, el impetrante nombró como sus defensores particulares a José Mauricio Arce Quintana y otros, además solicitó la autorización de acceso al expediente electrónico, revocó a los abogados que anteriormente designó y señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y, el último de los escritos indicados fue presentado por el citado defensor particular, en el que aceptó el cargo que le fue conferido. Además, por cuanto al acto reclamado marcado con el inciso c), se advierte la existencia del mismo, ya que, de las constancias remitidas del expediente SIPE 43/2017, se observa que obra el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictado por la Jueza Responsable, en el que determinó que, el sentenciado -aquí quejoso- no acreditó haber pagado la multa que le fue impuesta en la sentencia de procedimiento abreviado de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, consistente en $584,320.00 (quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), dentro del plazo que le fue concedido -un año-, por lo que giró oficio a la autoridad exactora a efecto de que procediera a hacer efectivo el cobro de la multa mencionada. En atención a lo anterior, obra el oficio 10301/2019 de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1" del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Cuernavaca, Morelos, el cual se remitió en cumplimiento al acuerdo indicado en párrafos que anteceden. De ahí que, se advierta la existencia del acto reclamado a la [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", en tanto que le corresponde la ejecución del cobro de la multa que le fue impuesta al quejoso como sanción pecuniaria en sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en el procedimiento abreviado en mención. En consecuencia, a las referidas constancias se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dichas documentales fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y de las cuales se desprende la existencia de los actos reclamados. IV. Improcedencia del juicio de amparo. El análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto reclamado a la [1] Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, consistente en a) los acuerdos de seis de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiuno, así como la resolución dictada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que establece el numeral 17 citado; pues la demanda no se presentó oportunamente. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción señalados en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en el que el plazo para la presentación de la demanda será de treinta días, se reclame una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en el que será de hasta ocho años, se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto la privación de propiedad, posesión o disfrute de bienes agrarios, en el que será de siete años y se trate de actos que impliquen la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, respecto a los acuerdos reclamados de seis de mayo y uno de junio de dos mil veintiuno, así como la resolución reclamada de veintinueve de junio de dos mil veintidós, no se encuentran en los supuestos de excepción, pues si bien afectan la libertad indirectamente en su conjunto, no obstante fueron emitidos dentro de procedimiento, por lo que, el juicio de amparo que se promueva en contra de éstos, deberá presentarse en el plazo de quince días. En efecto, como se indicó, se advierte que dichos acuerdos y resolución reclamados, condicionan la libertad del quejoso al pago de la sanción pecuniaria que le fue impuesta como multa en la resolución definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento abreviado de donde emana el procedimiento de ejecución de origen, pues del contenido de los acuerdos y resolución reclamada, se aprecia lo siguiente: a) En cuanto al acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, la Juzgadora responsable acordó lo siguiente: Advirtió que, del escrito presentado por la defensa particular del sentenciado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, comprendía una petición de controversia planteada por el mismo, en tanto que solicitó fuera debatido el tema de la extinción de la sanción pecuniaria por haber operado la figura de la prescripción, por lo que, ordenó remitir el original del escrito de referencia, al administrador adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos para que lo turnara a dicha Jueza bajo el número de expediente correspondiente a efecto de aperturarlo y realizar el pronunciamiento correspondiente. Mencionó que era viable realizar el requerimiento a la autoridad exactora que solicitó la fiscalía, para que dilucidara aspectos concretos respecto del procedimiento económico coactivo aperturado para llevar a cabo el cobro del crédito fiscal, originado con motivo de la sanción pecuniaria impuesta al sentenciado de que se trata. Sustentando lo anterior, en los artículos 158. 159, 160 y 161 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como de los preceptos 103 y 113 del Código Penal Federal, además de los artículos 4, 146 y 146-A del Código Fiscal de la Federación, numerales que prevén el plazo para el pago de las multas impuestas como sanción en una sentencia y, en caso de que no sean pagadas en los plazos fijados la adquisición del carácter de crédito fiscal líquido el cual será exigible para su cobro, siguiéndose para tal fin, el procedimiento administrativo de ejecución de las multas a cargo de la autoridad fiscal conforme al Código Fiscal de la Federación. Señaló que, una vez que el cobro de la multa se encuentra en instancia administrativa, es competencia de la autoridad exactora que se rige por la ley tributaria en cita: i) lograr el pago del adeudo mediante el procedimiento correspondiente; ii) cancelar el crédito fiscal en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios; y iii) emitir la declaratoria de la prescripción del crédito fiscal una vez fenecido el término para exigir su cobro-cinco años-. Por tanto, con base en tales razonamientos, concluyó que, en tal caso, la instancia administrativa es quien conoce del crédito fiscal originado con motivo de la multa impuesta al sentenciado de referencia que no fue solventada previamente en sede judicial y, por ende, la autoridad hacendaria debía proseguir o decidir la culminación del procedimiento administrativo correspondiente en términos de lo que precisó en párrafos que anteceden, siendo que lo que decidiera serviría de base a ese órgano jurisdiccional para que, de ser procedente, fuera declarada la extinción de la sanción pecuniaria impuesta al sentenciado. Sin que, por tanto, dicha Juzgadora pudiera realizar el pronunciamiento respecto a la prescripción de la multa, en tanto que la fase judicial en donde era viable hacerlo quedó superada y, ahora, correspondía a la autoridad hacendaria determinar lo conducente sobre la conclusión o prosecución del cobro respectivo, en tanto que dicha juzgadora mencionó ser incompetente para pronunciarse respecto de un crédito fiscal seguido dentro de un procedimiento administrativo. Por lo que indicó que, la autoridad fiscal debería resolver lo propio. En consecuencia, requirió al Administrador Desconcentrado de Recaudación Morelos "1" del Servicio de Administración Tributaria para que en el término de tres días informara con claridad que determinación o estado procesal guardaba el crédito fiscal, esto es, definiera si seguiría con el procedimiento administrativo de cobro, si decidió cancelar el crédito fiscal ante la insolvencia del deudor, si prescribió el crédito fiscal o cualquier otra determinación en la que evidenciara que ya no hay actuación más que realizar por haber agotado todo el procedimiento coactivo; cuya respuesta de la autoridad exactora pudiera conllevar a que dicha Juzgadora en sede judicial decidiera, en su caso, sobre la extinción de la sanción pecuniaria o adoptar la determinación procedente que, por supuesto, en ese momento procesal no podría ser el pronunciamiento de prescripción de la sanción pecuniaria, por las razones asentadas. b) Respecto al segundo acuerdo reclamado de uno de junio de dos mil veintiuno, proveyó lo siguiente: Se pronunció sobre la vista otorgada por el Administrador adscrito a dicho Centro de Justicia Penal, en torno a los señalamientos vertidos por la autoridad hacendaria -Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1" del Sistema de Administración Tributaria- mediante oficio con terminación 2021-02415, en cuanto a la multa impuesta por concepto de sanción pecuniaria al sentenciado Jorge Luis Sámano Bautista- aquí quejoso-, en virtud de que informó lo siguiente: -Que el crédito fiscal con número de resolución determinante 10301/2019 a cargo del sentenciado -parte quejosa en la presente instancia- se encuentra activo, sin que de la investigación realizada se hayan obtenido resultados positivos en la localización de bienes susceptibles de embargo o bienes de la propiedad del sentenciado, por lo que existe imposibilidad material y legal para su cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución. -Que esa administración desconcentrada no estaba facultada para cancelar el crédito fiscal por insolvencia del deudor ni por prescripción, en virtud de que no se había computado el plazo legal para que opere la prescripción del crédito fiscal contemplada en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, la Juzgadora responsable ordenó hacer del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes. Además indicó que, cualquier circunstancia que pretendieran hacer valer respecto al crédito fiscal de referencia debían promoverla ante la autoridad hacendaria, en atención a los argumentos vertidos por dicho Centro de Justicia mediante proveído emitido el seis de mayo de dos mil veintiuno y con base en lo informado por la autoridad exactora. c) En lo que toca a la resolución reclamada de veintinueve de junio de dos mil veintidós, la Jueza responsable resolvió: Declaró improcedente la controversia ******, mediante la cual, el quejoso realizó solicitud relativa a la duración de la pena, resultando improcedente porque la parte aquí quejosa no cumplió con todos los requisitos que impone el numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que interesa, porque no ha cubierto la multa que le fue impuesta como sanción pecuniaria, misma que ha adquirido el carácter de crédito fiscal. Como se advierte, de la lectura integral de los acuerdos y resolución reclamados, se colige que, los tres afectan la libertad personal del quejoso, pues condicionan la obtención de la misma a que pague la sanción pecuniaria que le fue impuesta en sentencia definitiva, la cual ha adquirido el carácter de crédito fiscal. Sin embargo, si bien el quejoso reclama tales acuerdos y resolución, los cuales como ya se indicó, constituyen actos que afectan la libertad personal, los mismos fueron dictados dentro de procedimiento, ya que, los autos reclamados constituyen determinaciones en los que la Jueza responsable determinó que, no podría pronunciarse respecto a la prescripción de la multa, en tanto que ésta última había adquirido el carácter de crédito fiscal, por lo que, cualquier circunstancia que pretendieran hacer valer respecto al crédito fiscal de referencia debían promoverla ante la autoridad hacendaria y, por otro lado, la resolución reclamada declaró improcedente la solicitud relativa a la duración de la pena, teniendo como consecuencia, que, el quejoso no pueda obtener su libertad condicionada, precisamente porque no ha pagado la sanción pecuniaria que le fue impuesta y, a su vez, los mismos fueron dictados en un proceso penal, dentro de la etapa de ejecución. Precisamente, la Primera Sala de nuestro tribunal constitucional al resolver la contradicción de tesis 137/2015, al analizar respecto a la temporalidad en la que se tenía que promover juicio de amparo contra una orden de traslado, precisó que "la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, en el contexto de un procedimiento, en cualquiera de sus fases, incluyendo la de instrucción o la de ejecución de la pena impuesta, conforme al conglomerado de normas vigentes a partir de la reforma constitucional de dos mil ocho, debe considerarse un acto dictado dentro del mismo, siempre y cuando haya sido emitida o validad por el juzgador rector en cualquiera de sus etapas" de allí, concluyó en ese fallo que la orden de traslado que fuera revisada y decidida por el poder judicial, se trataba de un acto dentro de procedimiento, aún en la etapa de ejecución, y, por ende, regía en ese caso la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo. De lo expuesto se tiene que de la misma forma, al tratarse los actos reclamados en este juicio constitucional de unos que fueron emitidos por el rector del proceso penal, dentro de la etapa de ejecución, se trata de actos que afectan la libertad personal emitidos dentro de procedimiento, por lo que, el amparo en su contra debe ser promovido dentro de los quince días. Además, constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, las similares consideraciones que fueron tomadas por este Juzgado de Distrito para resolver el amparo indirecto 1445/2018, resolución que fue confirmada en el amparo en revisión 47/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Por tanto, en cuanto a los acuerdos reclamados de seis de mayo y uno de junio de dos mil veintiuno, así como resolución reclamada de veintinueve de junio de dos mil veintidós, debe puntualizarse que la Ley de Amparo en vigor, contiene dentro de ese plazo genérico la impugnación de actos que afecten la libertad personal dictados dentro de procedimiento, pues sólo contempla como excepción en su artículo 17, fracción IV, aquellos actos de esta naturaleza que se dicten fuera de procedimiento. Así lo puntualizó en la Jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), sostenida por el Pleno de nuestro máximo tribunal, durante la Décima Época Judicial, con registro 2009174, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, del texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Bajo ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia en análisis respecto de los acuerdos de seis de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiuno, así como de la resolución dictada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, toda vez que la demanda de amparo no fue presentada dentro de dicho plazo y, para evidenciar lo anterior se presenta el siguiente cuadro, en el que se precisan los acuerdos y resolución reclamados, la fecha de su notificación y el plazo que tuvo el quejoso para presentar la demanda de amparo: Acuerdo y/o resolución. Fecha de notificación. Surte efectos Plazo de quince días. Acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno. Fue notificado personalmente al aquí quejoso el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el Centro de Reinserción donde se encuentra recluido, tal como se advierte de la constancia de notificación personal que obra en las constancias remitidas por la responsable (foja 311 del anexo 1). Conforme a la fracción I, inciso d) último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha notificación surtió efectos el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Transcurre del diecinueve de mayo al ocho de junio de dos mil veintiuno, sin contar los días, veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta, todos de mayo y cinco y seis de junio, todos de dos mil veintiuno, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno. Fue notificado personalmente al anterior defensor particular del quejoso -***********- mediante correo electrónico el dos de junio de dos mil veintiuno. (Foja 342 del Anexo 1) De conformidad a lo dispuesto por la fracción I, inciso b), último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha notificación surtió efectos el tres de junio de dos mil veintiuno. Transcurrió del cuatro al veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, sin contar los días, cinco, seis, doce, trece diecinueve y veinte de junio de dos mil veintiuno, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós Fue notificado personalmente en audiencia el mismo día veintinueve de junio de dos mil veintidós. (Foja 355 del Anexo 1) De acuerdo con lo establecido por la fracción I, inciso a), último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha notificación surtió efectos el treinta de junio de dos mil veintidós. Transcurrió del uno al veintiuno de julio de dos mil veintidós, sin contar los días, dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio del mismo año, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que el plazo para la presentación de la demanda de amparo respecto de cada acuerdo reclamado feneció el ocho y veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, respectivamente y, en cuanto a la resolución reclamada concluyó el veintiuno de julio de dos mil veintidós, precisando que la demanda de amparo fue presentada hasta el ocho de septiembre de dos mil veintidós, es decir, en lo que toca de los acuerdos reclamados transcurrió más de un año y por cuanto a la resolución que reclama más de un mes después de la conclusión del plazo para su presentación, como se advierte del sello de recibo de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; en consecuencia, es incuestionable que la presentación de la demanda de amparo se realizó en forma extemporánea. Ahora bien, conforme a la causa de improcedencia en estudio, el gobernado consiente el acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que feneció el plazo reconocido por la ley para intentarlo; por ende, al dejar transcurrir tal plazo, dicha conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de los derechos alegados por el quejoso. En el caso, como se señaló la demanda de amparo se presentó con evidente posterioridad a la fecha en que venció el plazo para impugnar en amparo los actos reclamados, a partir de que el quejoso fue notificado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable [3] Administradora Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", al no impugnarse por vicios propios. Por otro lado, respecto al acto reclamado a la [2] Administradora del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, consistente en b) la omisión de acordar los escritos presentados por el quejoso y su defensor particular, el uno de julio, dos y diecinueve de agosto, todas de dos mil veintidós, ha sobrevenido la causal de improcedencia por cesación de efectos de los actos reclamados, contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede han quedado sin efectos, por lo siguiente: La autoridad responsable, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, emitió un acuerdo el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dentro del procedimiento de ejecución SIPE *******, en el cual acordó los escritos registrados con folios 12459, 14148 y 15735 que corresponden a los presentados por el aquí impetrante y su defensor particular, de los que proveyó lo siguiente: "Se reciben por duplicado, el escrito signado por *******, mediante el cual: 1. Designa como defensa particular a los licenciados ***********; asimismo, revoca a los defensores anteriormente designados. 2. Autoriza para oír y recibir notificaciones a los pasantes en derecho que refiere. 3. Proporciona medio especial de notificación. 4. Solicita se autorice a los profesionistas designados el acceso al expediente electrónico con el usuario "mauricioarce" para dicho fin. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene a los profesionistas que menciona, como sus defensores y por señalado el medio especial que indica, para ser notificados. Por otro lado, no ha lugar a autorizar a los pasantes que menciona en su escrito, para oír y recibir notificaciones, pues dicha figura no se encuentra contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, con fundamento en el artículo 82, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, se instruye a la persona encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente, dar de alta el usuario antes descrito, así como habilitar los permisos correspondientes, para que esté en condiciones de consultar el expediente electrónico. En diverso orden, se tiene por recibido el escrito signado por el licenciado ***********, en el que acepta y protesta el cargo de defensor del sentenciado Jorge Luis Sámano Bautista; sin embargo, omitió presentar copia de la cédula profesional registrada ante la Secretaría de Educación Pública, no obstante, se le exhorta para que en diligencias posteriores presente en original la misma." Por lo que, en dicho acuerdo se proveyó lo conducente respecto de las solicitudes que realizó el quejoso y su defensor particular, de las cuales reclamó la omisión de acordarlas, aunado a lo anterior, de constancias se advierte que dicho acuerdo fue notificado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por medio de correo electrónico al defensor particular de la parte quejosa. (Foja 384 del Anexo 1). En consecuencia, el estado de las cosas ha quedado como si los actos reclamados en cita nunca hubieran existido; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En apoyo a lo anterior, es ilustrativo el criterio contenido en la tesis VI.1o.T.6 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con registro 2012413, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente" En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y por las razones precisadas en los considerandos II y IV de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con Sede en Xochitepec, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de las que deriva el acto reclamado; en virtud de que ya obran en los autos del juicio principal del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Por tanto, una vez que sea dictada la sentencia correspondiente sin mayor acuerdo glósese el presente cuaderno junto con la promoción de mérito al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
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