Jorge Luis Samano Bautista

Expediente 691/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
691/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luis Samano Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de los autos de los que se desprende que el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, agréguese únicamente para que obre como corresponda el cuaderno de antecedentes que se formó el veintinueve de abril del año en curso, con el escrito registrado con el folio 7745, en razón de que en la fecha indicada se dictó el acuerdo correspondiente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la razón de la Actuaria adscrita en la que hace constar que al constituirse en la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Morelos, a fin de notificar el oficio 1517 dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, que interviene en la causa penal 35/2016, fue informada que no se le podía recibir en razón de que el agente como tal no existe, que en todo caso se debe dirigir al Agente del Ministerio Público Federal de la Célula 2, del equipo de investigación y litigación II; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y en atención a la razón se ordena reexpedir el citado oficio a la autoridad que corresponda para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado de Distrito, en el cual se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós; ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 691/2021, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnado el dieciséis siguiente a este juzgado, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad y acto siguientes: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: a).- Jueza de Distrito LIC GUILLERMINA MATIAS GARDUÑO, asignada para fungir como jueza de ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos (.) IV. - ACTO RECLAMADO: a).- De la autoridad ordenadora reclamo: La resolución de fecha jueves veinte de mayo de 2021 dictada por la autoridad responsable dentro de la controversia planteada por el suscrito en ejecución de sentencia registrada por el órgano jurisdiccional responsable con el número 193/2021: resolución que ahora se impugna y mediante la juzgadora responsable determinó desechar la citada controversia interpuesta por el suscrito a su decir por ser notoriamente improcedente. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Previa prevención, mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda al considerar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo en relación con el 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, dada la extemporaneidad en la presentación de la demanda, en virtud de que en la boleta remitida por la Oficina de Correspondencia Común, se advertía que la misma había sido presentada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, y para ello anexó el acuse de recibo del escrito de demanda, generado por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, del que se advertía que su demanda fue presentada el quince de junio de dos mil veintiuno, en tales términos dicho medio de defensa fue sustanciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el cual lo resolvió el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de declararlo fundado, al considerar que la demanda fue presentada en tiempo. En tales términos, por auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda referida y pidió a las autoridades responsables sus informes justificados. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto, asimismo, se les hizo saber que mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó, la adscripción de la Jueza Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. También, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós se le reconoció el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, quien fue emplazado el nueve de marzo de dos mil veintidós, sin que se apersonara a juicio o formulara alegatos. Finalmente, una vez sustanciado el juicio, se celebró la audiencia constitucional el uno de abril de dos mil veintidós; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra una determinación emitida por un órgano jurisdiccional en el Estado, la cual tiene ejecución material en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridad responsable Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca Acto reclamado La resolución dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en la que se desechó de plano la controversia 193/2021, respecto a la prescripción de la multa impuesta en la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 35/2016, para efecto de conceder el beneficio preliberacional de libertad condicionada, al considerar que dicha cuestión ya había sido analizada en la diversa resolución emitida el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la solicitud respecto a la duración de la pena SD 362/2020. III. Certeza del acuerdo reclamado. Resulta cierto el acto atribuido a la Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, pues además de que lo aceptó en su informe justificado, su afirmación se encuentra corroborada con las constancias relativas a la controversia 193/2021, respecto de las cuales vinculó y autorizó la consulta del expediente electrónico. Por lo cual tales actuaciones constituyen un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2º de esta última, al resultar consultables en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), tal como sustenta la jurisprudencia número XXI3° J/7, con registro 183053, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 804, del tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. IV. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, sostiene que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque en contra de la determinación reclamada el aquí quejoso no agotó el recurso de apelación previsto en el ordinal 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Resulta infundado tal planteamiento, ya que en el caso, la resolución reclamada por el quejoso, es aquella que desechó la controversia que promovió sobre la prescripción de la multa que le fue impuesta en la sentencia condenatoria dictada en su contra en la causa penal 35/2016, y como consecuencia jurídica la extinción de la misma para efecto de que se le concediera el beneficio preliberacional de libertad condicionada, por lo cual tal determinación afecta indirectamente la libertad personal del quejoso, al impedir que goce del beneficio que pretende. Por tanto, es que se actualiza el supuesto de excepción establecido en la fracción b), de la fracción XVIII, del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el quejoso no está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios, cuando, como en el caso, se trate de actos que afecten su libertad personal; resultando orientadora sobre el tema la jurisprudencia PC.I.P. J/59 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, con registro 2020657, del contenido siguiente: BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA DE PLANO O NIEGA LA SOLICITUD RELATIVA, CON INDEPENDENCIA DE CUÁL SE TRATE O EN QUÉ LEY ESTÉ PREVISTO. Conforme al artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto indique para tal efecto, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que éste constituye un medio de defensa extraordinario (principio de definitividad). Sin embargo, el precepto legal invocado prevé excepciones al referido postulado, en atención a la naturaleza jurídica del reclamo del quejoso en el escrito de demanda. Entre ellas encontramos los actos tendentes a afectar la libertad personal del agraviado, la cual puede darse tanto de manera directa como indirecta. En ese orden de ideas, se actualiza la excepción de referencia cuando en el juicio de amparo biinstancial el quejoso controvierte la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales (con independencia de cuál se trate o en qué ley esté previsto), ya que conforme a su naturaleza jurídica, constituye un acto que afecta indirectamente su libertad personal y su esfera de derechos, pues aun cuando tal privación es a causa de la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal, continuará restringido de la misma como consecuencia de dicha determinación que posee esas características, pues al margen de que se le haya desechado de plano su solicitud o bien, negado (al momento de dirimirse el fondo del asunto), lo cierto es que invariablemente, en cualquiera de dichas hipótesis, el impetrante no consigue satisfacer su pretensión, que es la de que se le otorgue el beneficio preliberacional requerido. De ahí que la resolución que dirime lo conducente respecto a la solicitud de beneficios preliberacionales determina -de alguna manera- la permanencia del sentenciado en su situación de privación de libertad personal, pudiendo afectar su reinserción social, ya que lo que éste pretende a través de la petición de tales características, es que pueda compurgar su pena de prisión en menor tiempo o realizarlo en condiciones distintas al internamiento como incentivo para lograr satisfactoriamente dicha reinserción; pero al desestimarse, desecharse o negarse la solicitud, se fija la estadía del sentenciado en su situación de privación de la libertad personal, pues ocasiona que continúe compurgando la pena de prisión impuesta en las condiciones y por el quántum decretado en la sentencia condenatoria. Por lo que al afectarse indirectamente la libertad personal del quejoso, es innecesario que agote el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo cuando se trata de resoluciones como las indicadas. En consecuencia, toda vez que las partes no hacen valer diversa causa de improcedencia y este juzgado no advierte de oficio que se actualice una de ellas, se procede al estudio del fondo del asunto. V. Estudio de la constitucionalidad de la resolución impugnada. Son infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso respecto a la determinación reclamada, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que debe negarse la protección constitucional solicitada. Precisamente, para contextualizar el asunto debe tenerse en cuenta que dentro de la causa penal 35/2016, mediante procedimiento abreviado, se dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso Jorge Luis Sámano Bautista, por el delito de posesión de petrolífero (GASOLINA PEMEX MAGNA), previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, inciso d), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la que se le condenó a una pena de ocho años de prisión, y en lo que interesa, a una multa de ocho mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinte pesos, moneda nacional. Asimismo, que al quedar firme dicha determinación se inició el procedimiento de ejecución de sanción, en el expediente S.I.P.E 43/2017, dentro del cual el quejoso solicitó el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, el cual se registró como controversia sobre la duración de la pena SD 362/2020, la cual fue resuelta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en el sentido de declararla improcedente, determinación que causó ejecutoria al no haber sido controvertida. Posteriormente, mediante nuevo escrito presentado por el quejoso, inició una nueva controversia respecto a la prescripción de la multa impuesta mediante sentencia ejecutoriada y como consecuencia jurídica su extinción, para el efecto de que se le concediera el beneficio preliberacional de libertad condicionada, sustentado en que tal cuestión no fue abordada en la referida resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente SD 362/2020. Dicho medio de defensa que fue radicado con el número de controversia 193/2021, y desechado por notoriamente improcedente en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, al considerar que el asunto planteado sí fue materia de análisis en la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente SD 362/2020. Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En su contra, el quejoso en una parte de sus conceptos de violación en sustancia sostiene que fue incorrecto que la juez responsable desechara de plano su solicitud, ya que no se podían estudiar exhaustivamente los planteamientos del promovente para sostener tal desechamiento, lo que violenta sus derechos fundamentales de legalidad y acceso a la justicia contenidos en los artículo 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque debió haberse estudiado de fondo el asunto. Resulta infundada tal cuestión, pues si bien de conformidad con el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las acciones establecidas en dicha normativa se sustancian conforme a un sistema adversarial y oral, el cual se rige, entre otros, por el principio de contradicción, ello no implica que todas las determinaciones adoptadas durante dicho procedimiento deban de ser realizadas en audiencia pública y oral, así como en cuanto al fondo, ya que las determinaciones de trámite, son emitidas en acuerdos realizados de forma escrita por el juzgador. Lo cual clarifica el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al facultar al juez de ejecución para que una vez que reciba la solicitud del promovente, emita un auto en el que deseche la petición del interesado, cuando advierta que resulte notoriamente improcedente. De allí que, el juzgador cuenta con la potestad de emitir un auto de desechamiento de forma escrita, pues el mismo dispositivo establece que tal determinación se emite mediante un auto, sin precisar que deba llevarse a cabo en audiencia, tal como sí señala posteriormente en el caso en que sea admitida la petición en cuestión. Lo anterior aunado a que en caso de considerarse agraviado el peticionario, cuenta con el recurso de apelación previsto en el numeral 131 y 132 de la misma normatividad, para impugnar tal determinación, lo cual salvaguarda su derecho de audiencia. De allí que, no se le afecta su derecho de acceso a la justicia al promovente del juicio constitucional, con el hecho de que se le haya desechado su petición al considerar notoria su improcedencia. En otra parte de sus argumentos, sostiene que no existía una notoria y manifiesta improcedencia, ya que sostiene que la juzgadora en cuestión no se pronunció respecto a la procedencia de la extinción de la multa que le fue impuesta por prescripción en la resolución del expediente SD 362/2020. Es infundado tal planteamiento, ya que en el asunto SD 362/2020, se analizó la solicitud del quejoso respecto a que se le concediera el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, por lo que en el mismo se analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos el de haber cubierto la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en dicha ley. Además de la lectura de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente SD 362/2020, se advierte que como sostuvo la juez responsable, sí realizó un pronunciamiento respecto a la prescripción de la multa en cuestión, de la forma siguiente: V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley. En virtud de la naturaleza del delito se le condenó al pago de una multa de ocho mil unidades de medida y actualización equivalente a quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinte pesos moneda nacional ($584.320.00); respecto de la cual se advierte que existe crédito fiscal ante la autoridad hacendaria con motivo de esa sanción y está pendiente su pago. De ahí que aunque la defensa ofrece las testimoniales de dos personas para intentar acreditar la insolvencia económica de su defenso; es evidente que no deben admitirse por impertinentes en virtud de que es ante la autoridad exactora ante quien deben hacerlo porque ya tiene la naturaleza de crédito fiscal y el cobro de la sanción pecuniaria dejó de ser competencia de esta instancia judicial; por lo que, en este asunto debe acreditar que se colman los requisitos para acceder al beneficio solicitado. Para sustentarlo, se parte del contexto de los artículos 160 y 161 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como de los preceptos 4º y 146 del Código Fiscal de la Federación, del que se desprende que: 1) Todas las multas impuestas por autoridad judicial en sentencia definitiva ejecutoriada que no sean pagadas en los plazos fijados adquirirán el carácter de crédito fiscal líquido y será exigible para su cobro. 2) Se seguirá para tal fin, el procedimiento administrativo de ejecución de las multas a cargo de la autoridad fiscal conforme al Código Fiscal de la Federación. 3) Tienen el carácter de créditos fiscales, en lo que interesa, los que deriven de responsabilidades que el Estado tiene derecho a exigir de los particulares. 4) El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años que inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido; esto último es congruente con los criterios pronunciados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 15/20005 del rubro: "PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE EXIGIBLE" y en la tesis 2a. LXXII/20076 del epígrafe: PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LOS ARTÍCULOS 22 Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ANTE LA LEY. Entonces, una vez que adquiere esa figura (crédito fiscal), ya es competencia de la autoridad hacendaria que se rige por la ley tributaria en cita, ante quien, de considerarse, debe instarse la condonación, prescripción o hasta la caducidad de la instancia y lo que se resuelva en el procedimiento administrativo servirá como base a este órgano jurisdiccional para tener conocimiento de la suerte jurídica que tuvo la citada sanción (que adquirió el carácter de crédito fiscal para su cobro) y, en su caso, proveer lo conducente únicamente para efectos estadísticos. De la anterior transcripción, se obtiene que efectivamente la responsable se pronunció respecto a la prescripción en cuestión en la determinación reclamada, ya que se le indicó que en términos de los artículos 160 y 161 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como de los preceptos 4º y 146 del Código Fiscal de la Federación, ya existía un crédito fiscal ante la autoridad hacendaria con motivo de esa sanción y estaba pendiente su pago, por lo que el mismo debía extinguirse por prescripción en el término de cinco años que inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido; de conformidad con los criterios pronunciados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 15/20005 del rubro: "PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE EXIGIBLE" y en la tesis 2a. LXXII/20076 del epígrafe: PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LOS ARTÍCULOS 22 Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ANTE LA LEY", y con base en ello concluyó que ya era competencia de la autoridad hacendaria que se rige por la ley tributaria en cita, ante quien, debía instarse la prescripción de la misma. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la controversia que dio origen a la resolución de desechamiento reclamada, por el aquí quejoso fue sustentada en el hecho de que la prescripción de la multa no fue abordada en la referida resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente SD 362/2020, de allí que promovió tal medio de impugnación con el argumento de modificar esa resolución, al agregar el tema de la prescripción, luego es que, contrario a lo sostenido por el promovente, y como adujo la responsable, dicha controversia no era procedente, porque en la determinación que pretendió modificar sí hubo un pronunciamiento al respecto. Lo anterior aunado, a que la determinación primigenia no fue controvertida, por lo que causó ejecutoria, y en esos términos es que adquirió firmeza respecto de lo ahí decidido, de tal modo que no le asiste la razón al promovente en cuanto a que debía variar lo determinado respecto a su solicitud de concesión sobre el beneficio de libertad condicionada. Finalmente, en otros conceptos de violación sostiene el amparista que la juez responsable debió declarar prescrita la multa, al tener facultades al respecto conforme a los artículos 100, 101, 113 y 115 del Código Penal Federal, y en virtud de que de acuerdo al cómputo realizado por el quejoso, ya había transcurrido el término de un año, por lo que hizo valer una causa diversa de extinción. Resultan infundados tales planteamientos, pues los mismos se refieren al fondo del asunto, el cual no fue estudiado en virtud de que fue declarado improcedente dicho medio de defensa, el cual como ya se clarificó tenía como objeto modificar la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente SD 362/2020, al señalar que en la misma no se había abordado el tema de la prescripción el cual como sostuvo la responsable sí fue analizado. Además, debe de tenerse en cuenta que el beneficio de libertad condicionada se encuentra previsto en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece como requisito únicamente el haber cubierto la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas únicamente en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, de allí que debe ser de dicha forma en que debe de ser analizado el cumplimiento de tal requisito, ya que los beneficios establecidos por el legislador a favor de los sentenciados no constituyen un derecho fundamental a favor de los mismos, sino que atienden a la política criminal que moldea el arquitecto de la norma conforme a su facultad de libre configuración legislativa, enfocándola para disuadir aquellos delitos que considera de mayor impacto en la sociedad, razones por las cuales únicamente deben concederse en aquellos casos en que las normas al respecto lo permitan, tal como ilustra la tesis 1a. CLI/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con registro 2009078, que establece: BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS. NO CONSTITUYEN UN DERECHO FUNDAMENTAL. De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Federal, se aprecia que el sistema penal mexicano se finca en el ideal de que los sentenciados por la comisión de algún delito sean reinsertados socialmente sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y educación. Por otro lado, tratándose de beneficios para los reos, se obtiene que dicho precepto constitucional establece una facultad de libre configuración legislativa, mediante la que el legislador previó una serie de mecanismos a favor del reo, a efecto de que la pena de prisión pueda ser sustituida o cambiada por otra que refleje un grado menor de severidad. Sin embargo, esta circunstancia no significa que el otorgamiento de esos beneficios se erija como derecho fundamental, puesto que del segundo párrafo del dispositivo 18 constitucional, se desprende que lo que tiene ese carácter es la prevención por parte del Estado de las medidas instrumentales necesarias para lograr la reinserción social, así como que en la ley secundaria se establezcan los beneficios que le son sincrónicos, los cuales deberán concederse en la medida en que se cumplan los parámetros que condicionen su otorgamiento. De ahí que al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por el promovente del juicio constitucional, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a ******, respecto del acto y autoridad precisado en el considerando II de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el último de ellos. Notifíquese personalmente, así como también al quejoso en el centro de su reclusión; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

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