Jorge Luis Ramos Huerta
Expediente 15/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 90 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 90
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jorge Luis Ramos Huerta
- JORGE LUIS RAMOS HUERTA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 90.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el cuatro de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo de este asunto al encontrarse definitivamente concluido; por tanto, resulta innecesario conservar las constancias originales remitidas por Juan Miguel Herran Fitch apoderado general para pleitos y cobranzas de la Institución de Crédito denominado HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, con sede en Sinaloa, al rendir el informe previo; de ahí que, acorde al artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse mediante oficio dichas documentales a la Institución de Crédito denominada "HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, con sede en esta ciudad, previa copia certificada que de las mismas se deje en autos, y solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada en el toca de revisión 275/2019, así como el original del juicio de amparo 15/2018, en la que se resuelve: PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma el fallo recurrido."; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales y hágase lo anterior del conocimiento oportuno de las partes. Acúsese recibo correspondiente. Ahora bien, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión fue para el siguiente efecto: "Que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que integra la carpeta de investigación número FED/SIEDO/UEIORPIFAM-SIN/000316/2017, con sede en la Ciudad de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente únicamente el aseguramiento de la cuenta de cheque número 0104192273, de la sucursal 5067, Jardines del Country de la Institución denominada BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en esta ciudad, a nombre del quejoso Jorge Luis Ramos Huerta, decretado en acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete en la carpeta de investigación FED/SIEDO/UEIORPIFAM-SIN/000316/2017. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que integra la carpeta de investigación número FED/SIEDO/UEIORPIFAM-SIN/000316/2017, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba los oficios en los que se les comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo e informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que se estén realizando para tal efecto, apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a los omisos una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la nombrada autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indique a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. En otro contexto, por lo que respecta al cuaderno de antecedentes formado con motivo del haberse remitido para resolver sobre el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida por este juzgado, desglósese únicamente las actuaciones originales a partir de su envío e intégrese al presente expediente; y recíclese las copias que lo integraban, en razón de que resulta innecesaria su conservación.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA JORGE LUIS RAMOS HUERTA EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE: Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada en el toca de revisión 275/2019, así como el original del juicio de amparo 15/2018, en la que se resuelve: PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma el fallo recurrido."; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales y hágase lo anterior del conocimiento oportuno de las partes. Acúsese recibo correspondiente. Ahora bien, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión fue para el siguiente efecto: "Que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que integra la carpeta de investigación número FED/SIEDO/UEIORPIFAM-SIN/000316/2017, con sede en la Ciudad de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente únicamente el aseguramiento de la cuenta de cheque número 0104192273, de la sucursal 5067, Jardines del Country de la Institución denominada BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en esta ciudad, a nombre del quejoso Jorge Luis Ramos Huerta, decretado en acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete en la carpeta de investigación FED/SIEDO/UEIORPIFAM-SIN/000316/2017. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que integra la carpeta de investigación número FED/SIEDO/UEIORPIFAM-SIN/000316/2017, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba los oficios en los que se les comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo e informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que se estén realizando para tal efecto, apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a los omisos una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la nombrada autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indique a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. En otro contexto, por lo que respecta al cuaderno de antecedentes formado con motivo del haberse remitido para resolver sobre el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida por este juzgado, desglósese únicamente las actuaciones originales a partir de su envío e intégrese al presente expediente; y recíclese las copias que lo integraban, en razón de que resulta innecesaria su conservación.
- Incidental
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual comunica que en atención a la solicitud de la autoridad responsable Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita y de Fiscalización o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, se aclara la sentencia dictada en el toca de revisión incidental 70/2019, esto bajo el argumento de la citada responsable de que dicha resolución contiene conceptos ambiguos y obscuros que le generan incertidumbre en cuanto a la eficacia de la medida suspensional, pues refiere que en el resolutivo tercero se indicó se concede la suspensión solicitada por el quejoso para los efectos precisados en el considerando tercero de la interlocutoria recurrida. En ese sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia, aclara que el resolutivo tercero debe decir lo siguiente: "TERCERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Jorge Luis Ramos Huerta respecto de los actos reclamados al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda (UAIORPIFAM) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; y Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos corí sede en la Ciudad de México; consistentes en el aseguramiento de las siguientes cuentas bancarias: a) Cuenta de cheques número 7570377 asociada , o relacionada con la cuenta de inversión número 1184587 del "Banco ,Actinver", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; b) Cuenta de cheque número 0104192273, de la Institución denoininada "BBVA Bancomer", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer; y, c) Cuenta de cheques número 4058377508, de la sucursal denominada "HSBC México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. En los términos precisados en el considerando tercero de la interlocutoria recurrida.".
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