Jorge Luis Rojas Felix

Expediente 157/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 26 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
157/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luis Rojas Felix

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales que correspondan, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 16211/2022.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el quince de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Ahora, por lo que respecta al incidente de suspensión derivado del presente asunto, de conformidad con de conformidad con el Capítulo 7, Apartado 7.1.1, Punto 2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión a la quejosa, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, la resolución interlocutoria, así como diversas determinaciones que se consideren necesarias y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a su depuración y solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que resulta innecesario seguir conservando la documental que la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, como justificación de su informe justificado; por tanto, remítanse las copias certificadas del expediente 1138/2017 que forma el tomo I de documentales y remítase a la autoridad de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales que correspondan, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 14792/2022.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el Toca número 262/2021. b) Emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el tema analizado y que fuera motivo de esta concesión de amparo.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante oficio sin número recibido en este juzgado el veintitrés de septiembre del año en curso, remitió testimonio de la sentencia dictada con fecha de catorce de septiembre de dos mil veintidós, en el que declara improcedente del Incidente de Resolución de Litigio, bajo el argumento toral que al haber quedado sub judice en los autos del diverso expediente número 674/2013, radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo familiar de Ahome, Sinaloa, lo relativo a la situación de los hijos y los bienes, sobre alimentos, uso de domicilio y liquidación de sociedad conyugal, debería ser en dicha causa en la vía incidental donde se promueva para la cumplimentación de la sentencia que declaró disuelta la sociedad conyugal o bien la pretensión intentada por el actor (ahora quejoso), es decir, que debería promoverse lo conducente en los autos del juicio de divorcio 674/2013, o bien en la vía y forma que estimara pertinente el accionante incidental ahora quejoso. En consecuencia, lo resuelto por la autoridad responsable que nos ocupa, es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, pues se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno.

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