JORGE LUIS LULE RAYA y Otros.
Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- JORGE LUIS LULE RAYA y Otros.
- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
- Jorge Luis Lule Raya
Actuaciones
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de mayo dos mil veintitrés.********************Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************y********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.********************Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente como asunto concluido. ********************En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto.********************Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.********************En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficios suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, a través de cual solicita se informe si este órgano jurisdiccional aceptó o no la competencia declinada en el juicio de amparo 394/2023-III de su índice. En sentido, se hace de su conocimiento que en auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, se aceptó la competencia planteada, y se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, ********************, ******************** y ********************.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 149/2023-3B y de orden E-84/2023-3B, por los motivos que expone, Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Y en virtud de que de la constancia de la actuaria comisionada para notificar a los quejosos del auto emitido por este juzgado en el presente expediente el catorce de abril de esta anualidad, en el domicilio que señalaron para el efecto no habitan ni trabajan, lo que se traduce en la falta de señalamiento del mismo. Por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a los quejosos ********************,********************,********************y********************el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito. _______________Visto el oficio de cuenta 11208/2023, firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, al que acompaña los autos del juicio de amparo 394/2023, promovido por Jorge Luis Lule Raya, Carlos Albero Sauceda Millán, Arturo Urías Mejía y Eva Yolanda Flores Arias, contra actos de la Cámara de Diputados, con recinto oficial en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 258/2023. Con apoyo en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada, teniendo en consideración que el acto reclamado requiere de ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad oficiante para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosay así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido.........De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio.......En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ....este juzgador estima que en el caso se materializa de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; [.]". Ahora, para tener presente lo que ha de entenderse por resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, con objeto de evidenciar la causa de improcedencia invocada, se trae a cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.LX/2008, interpretó el entonces artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada que establecía la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral de la forma siguiente: ? Que la improcedencia del juicio de amparo no surge solo porque la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, el acto o resolución provengan de una autoridad formalmente electoral, ni de lo argumentado en los conceptos de violación, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución. ? Que para que se actualice el supuesto mencionado, es necesario que el contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos casos estarán sujetos a las acciones de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o a los medios de impugnación de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ? Que la materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). ? Que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. 1? ? Que con independencia del contenido material sobre el que versen, se sigue que no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o que una resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que es necesario que atañan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido verse sobre procesos electorales o sobre el ejercicio de los derechos político electorales, o bien, se relacionen directa o indirectamente con tales procesos o puedan influir en ellos. ? Que el juicio de amparo excepcionalmente procede contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra resoluciones provenientes de autoridades electorales cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen a realizar se limite a esta cuestión y, por tanto, no implique el análisis de los temas electorales, los involucre o pueda influir en ellos.Destacado lo anterior, se considera que, la normatividad reclamada, se refiere desde luego a un tópico de orden meramente electoral, ajeno a la competencia de los juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, porque los temas que -en el decreto- fueron objeto de reforma y adición son: ? De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los temas tratados fueron: los cargos de elección popular en las entidades federativas, de la participación de la ciudadanía en las elecciones y consultas, de la integración de los poderes legislativo y ejecutivo de la unión y de las entidades federativas, así como de los ayuntamientos y alcaldías, disposiciones generales para la elección de cargos de elección popular, de los cargos de elección popular en las entidades federativas, entre otros. De la Ley General de Partidos Políticos los temas tratados fueron: de la distribución de competencias en materia de partidos políticos de la constitución y registro de los partidos políticos, de los derechos y obligaciones de los partidos políticos, entre otros. ? De la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral los temas tratados fueron: de los medios de impugnación, de los plazos y de los términos, de los requisitos del medio de impugnación, del recuento de votos y de las nulidades, de la nulidad de las elecciones federales, de la nulidad de la votación recibida en casilla, entre otros. Ciertamente, lo destacado, como se dijo, pone de manifiesto que los actos reclamados se vinculan con la materia político-electoral, los que están excluidos del control efectuado a través del juicio de amparo, cualquier acto vinculado con derechos político electorales establecidos en la Constitución Federal, resulta inconcuso la inviabilidad del presente juicio en contra de las disposiciones reclamadas, pues, para controvertir tales actos existe el órgano especializado, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad para decidir sobre la constitucionalidad y legalidad en la materia. .....Además de que el juicio de amparo indirecto sería improcedente al advertir que los efectos de una eventual sentencia protectora provocarían transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias en materia de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza misma del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. ...En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia.
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SE ACEPTA COMPERENCIA Y SE ORDENA NOTIFICAR A LOS QUEJOSOS POR MEDIO DE EXHORTO
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