Jorge Ivan Mendez Garcia
Expediente 692/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jorge Ivan Mendez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales los telegramas a nombre del Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por la autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y Agente del Ministerio Público Integral Especializado en Violencia Contra Las Mujeres, La Familia y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, todos con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual rinden informes justificados. De conformidad con el artículos 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a las autoridades responsables antes mencionadas, Dese vista con el mismo a las partes para que se impongan de su contenido.
- Incidental
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio 373/2019 signado por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Integral, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual rinde informe previo, respecto de la ampliación de demanda. De conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo téngase por rendido el informe previo solicitado a la autoridad antes precisada. Dese vista a las partes con el mismo para que se impongan de su contenido. Por otra parte, intégrense a los autos para que surtan sus efectos legales los oficios 372/2019 y 1627/2019, firmados por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Integral y Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ambos con sede en Guasave, Sinaloa, con los cuales comunican que no recibieron los oficios 2635-6B y 2636-6B, con los que se les solicitó informe previo. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, mediante oficio dirigido al Agente del Ministerio Público de la Unidad Integral de lo Penal y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en Guasave, Sinaloa, remítase los oficios 2635-6B y 2636-6B de auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve y copia simple de la demanda de amparo.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que no existen constancias postales de acuse de recibo que acrediten que las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Integral Especializado en Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambos con residencia en Guasave, Sinaloa, recibieran los oficios 2915-6B y 2916-6B, de auto de trece de diciembre de este año, en el que se amplió la demanda de amparo y se les solicitó informe justificado. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para diez horas con diez minutos del trece de enero de dos mil veinte. Sin que en el caso haya lugar a requerir nuevamente a las autoridades responsables por el informe de que se trata, toda vez que es razonable admitir que esa comunicación se encuentra en trayecto atendiendo a la fecha en que se les solicitó el informe de referencia y el término concedido para rendirlo, además del tiempo necesario por razón de la distancia.
- Incidental
Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal con dos copias del escrito de ampliación de demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 692/2019-6B, promovido por Jorge Iván Méndez García, contra actos del Agente del Ministerio Público Integral Especializado en Violencia Contra las Mujeres, La Familia y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave, Sinaloa, ambos con sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa; con apoyo en los artículos 125, 128, 130, 131, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144 162, 164 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexando copia de la demanda, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo quienes deberán rendirlo por escrito, además de la vía ordinaria, por fax al número 01 668 8 15 32 08, o al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, respecto de los actos reclamados que se hacen consistir en la orden de detención, arresto y/o restricción de su libertad; el que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirá cierto el acto reclamado y además, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, se les impondrá una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción I, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Pues bien, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el juzgado debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la medida la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar, se requiere que los actos sean suspendibles y que concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la ley de la materia; la falta de cualquiera de los citados requisitos hace improcedente la suspensión. Además, cuando se solicita la medida cautelar provisional debe acreditar un interés legítimo, en acatamiento a lo indicado en el artículo 131, de la Ley de Amparo, que podría afectarse con la ejecución del acto reclamado, en virtud que no podrían paralizarse las consecuencias y efectos de los actos que presumiblemente causarán un daño inminente e irreparable al agraviado, si tal interés no está demostrado. Pues bien, respecto a la orden de detención, arresto y/o restricción de su libertad que se combate, se concede la suspensión provisional en favor de Jorge Iván Méndez García con fundamento en lo establecido por los artículos 162, 165 y 166, de la Ley de Amparo, conforme a lo siguiente: Cuando se trate de orden de detención, aprehensión, reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional (delitos graves así calificados en el sistema penal tradicional), la suspensión sólo producirá el efecto de que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional únicamente en lo que se refiera a su libertad en el lugar que señale para su reclusión la autoridad responsable y quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa (delitos no graves así calificados en el sistema penal tradicional), se concede la suspensión para el efecto de que la quejosa no sea detenido, pero se apercibe al justiciable a fin de que en el término de cinco días se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, de lo contrario, se dejará sin efecto la presente suspensión para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; Si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesados o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I; y En el supuesto de que el acto reclamado afecte la libertad personal del amparista y éste se encuentre a disposición del agente del Ministerio Público por cumplimiento de la orden de detención, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o, en un plazo de noventa y seis tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En la inteligencia de que, si el inconforme incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. La suspensión provisional de los actos reclamados concedida, surte efectos hasta en tanto se resuelva acerca de la definitiva en la interlocutoria respectiva. De conformidad con lo establecido por los artículos 138, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo y, toda vez que por el momento no se puede determinar a cuánto asciende el daño patrimonial causado por el delito que se imputa a la quejosa, así como su situación económica y la mayor o menor posibilidad de que se sustraiga a la acción de la Justicia, la quejosa deberá cumplir con las siguientes condiciones: Otorgar la garantía por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en cualesquiera de las formas permitidas por la ley, esto es $500.00 (quinientos pesos) por cada autoridad. En el entendido de que, si decide que la garantía la exhibirá mediante certificado de depósito, preferentemente deberá ser constituida ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), la cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito"; lo anterior con fundamento en los artículos 879 y 883, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estable las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, de 2 de enero de 2015, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Si opta por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. Informar por escrito a este juzgado de distrito y bajo protesta de decir verdad, su situación económica, el domicilio en el cual pueden ser localizados, si acaso se le negare el amparo y la protección de la Justicia Federal, a fin que sean devueltos al juzgado de la causa, respecto de su libertad personal; o bien, para que se le pueda hacer las citaciones respectivas. Las indicadas condiciones además de tener su fundamento en los preceptos legales antes citados, tienen apoyo en la interpretación que de dichos preceptos hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1ra/J. 16/1997, producto de la contradicción de tesis número 33/96, publicada en la hoja 226 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1997, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.". En la inteligencia de que, de no cumplir el justiciable con lo señalado en los incisos a) y b) del presente acuerdo dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del mismo, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Amparo; se mandará hacer efectiva la garantía que exhiba a favor del fisco federal y se dejarán expeditos los derechos de las responsables para proceder en su contra, de acuerdo con sus facultades legales, en términos de los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo. Esta medida dejará de surtir efectos si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa, en cumplimiento de una orden privativa de la libertad librada en su contra por autoridades distintas a las aquí señaladas o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Lo anterior en el entendido que el artículo 166 de la Ley de Amparo prevé que si la quejosa incumple las medidas de aseguramiento a las obligaciones del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Por otra parte, hágase saber a la promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Amén que debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la quejosa se encuentra obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." En diverso orden de ideas, como lo solicita la promovente, expídase copia certificada de la presente determinación, previa toma de razón que por su entrega y recibo se deje en autos. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Como lo solicita los impetrantes de garantías, y con fundamento en el artículo 3°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, expídasele copia certificada de este auto, previa toma de razón e identificación que a su recibo deje asentado en autos; se autoriza para que las reciba en su nombre y representación a su autorizado legal. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no existe constancia postal de acuse de recibo que acredite que las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Unidad Integral de lo penal y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambas con sede en Guasave, Sinaloa, recibieron los oficios 2635-6B Y 2636-6B, derivados del acuerdo de diecinueve de noviembre del presente año, con el que se les solicitó su informe previo. En consecuencia por vía telegráfica, requiérase a las autoridades antes citadas, para que por la misma vía y dentro del término de veinticuatro horas, informen a este juzgado si recibieron los citados oficios, y de ser así rindan su informe previo pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, en vía fax al número 01 668 815 32 08 o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; y de no tener inconveniente alguno, informen la fecha de recepción del mismo; con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, salvo impedimento legal justificado que para ello tuviere, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por tanto, para dar margen a lo anterior la audiencia incidental señalada para el día de hoy se difiere para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
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