Jorge Gonzalez Romero
Expediente 575/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jorge Gonzalez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de tres de marzo de dos mil veinte, (notificado el once de marzo siguiente por lista) en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Por tanto, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto de todos los actos reclamados, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión, son susceptibles de destrucción. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes, el oficio y anexos número 247174, del Comandante del 89/o Batallón de Infantería con residencia en San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, mediante el cual remite las documentales que le fueron solicitadas en acuerdo de cinco de diciembre del año en curso; agréguense al presente juicio de amparo, para que surtan sus efectos legales conducentes. En ese contexto, téngase por exhibidas las documentales que remite la autoridad responsable, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, sin perjuicio de poder hacer nuevamente relación de las mismas al momento de la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado de autos de los que advierte que está transcurriendo el término concedido a las parte para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Sub Jefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otra parte, de autos se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, notificado por lista el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la ampliación de demanda de garantías promovida por Jorge González Romero, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Finalmente, también se advierte que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Comandante del 89/o Batallón de Infantería con residencia en San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, no anexó los documentos relacionados con el procedimiento de baja por parte del Consejo de Honor del 89/o Batallón de infantería que se instauró contra el quejoso, el cual, concluyó con la audiencia del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve; por lo tanto requiérasele para que dentro; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la autoridad responsable nombrada con anterioridad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita a este juzgado copia certificada de las constancias solicitadas; con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108 del Tomo V del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del siguiente rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.".
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JORGE GONZALEZ ROMERO, EL AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado de autos de los que advierte que está transcurriendo el término concedido a las parte para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Sub Jefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otra parte, de autos se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, notificado por lista el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la ampliación de demanda de garantías promovida por Jorge González Romero, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Finalmente, también se advierte que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Comandante del 89/o Batallón de Infantería con residencia en San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, no anexó los documentos relacionados con el procedimiento de baja por parte del Consejo de Honor del 89/o Batallón de infantería que se instauró contra el quejoso, el cual, concluyó con la audiencia del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve; por lo tanto requiérasele para que dentro; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la autoridad responsable nombrada con anterioridad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita a este juzgado copia certificada de las constancias solicitadas; con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108 del Tomo V del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del siguiente rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.".
Quedan 18 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Jorge Fidencio Rodriguez Barrios136/2018
- JORGE FLAVIO GONZALEZ ARMENTA y Otros.641/2023
- Jorge Flavio González Armenta y Otros.651/2023
- JORGE FLAVIO GONZALEZ ARMENTA y Otros.958/2023
- Jorge Galaviz Soto705/2022
- Jorge Gonzalez Romero322/2020
- Jorge Ignacio Guzman Ibarra21/2020
- Jorge Ignacio Rodriguez Moncada17/2018
- Jorge Iván Gastelum Avila849/2023
- Jorge Ivan Mendez Garcia692/2019
- Jorge López Sol735/2021
- Jorge Luis Castro Tabares287/2020