Jorge Ivan Castelum Avila
Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/05/2023
Partes del expediente
- Jorge Ivan Castelum Avila
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. La certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés (fojas 56 a 62), a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Registro de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción con base en el artículo 21 del Acuerdo General aludido. ...Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por ********************quien se ostenta como representante legal de ********************asociación civil, mediante el cual aduce desahogar la prevención que se le formuló. Sin que haya lugar a dictar mayor proveído toda vez que de las constancias que obran autos no se advierte que se haya prevenido el escrito inicial de demanda, por lo que deberá estarse a lo acordado en auto del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés (fojas 56 a 62), en el cual se desechó de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por ********************asociación civil en representación de ******************** Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido 12966/2023 firmado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, al que se anexa la demanda de amparo promovida por General Services Defensores de los Derechos Humanos & Above A.C., en representación de Jorge Iván Gastelum Ávila. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Electrónicos, bajo el número 726/2023-III. Improcedencia. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Del mismo modo en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la posible extradición de la que pueda ser objeto Jorge Iván Gastelum Ávila. Ahora, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, este órgano de control constitucional advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 15 interpretados a contrario sensu, así como el 113, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Ahora bien, los artículos 6° y 15, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas lo siguiente: a) El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado. b) El juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal. c) El juicio de amparo puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en este numeral tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso; esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Lo anterior, así lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimatio ad procesum, sí es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de una acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al abogado cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal y en cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la aplicación a contrario sensu del numeral en comento, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, podrá promover el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda no se advierte que se pretenda reclamar algún acto de los previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 constitucional, ya que los hechos que el promovente reseña y pretende señalar, como actos reclamados no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco constituyen penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales. Lo anterior evidencia, que no se acredita el primer requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, en virtud de que no se reclama ningún acto de los citados en el párrafo que antecede. Además, en el caso a estudio, el promovente comparece a instar el presente juicio de amparo en favor del quejoso; sin embargo, se insiste, no se actualizan los extremos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como ya se dijo, dos exigencias, la primera, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o de los previsto en el citado precepto legal y, la segunda, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente; y que alguno de los actos reclamados encuadren en las hipótesis previstas por el precepto constitucional y en el caso concreto, de la lectura de la demanda no se advierte que éste se encuentre impedido para promoverla y que se trate de actos reclamados que encuadren en las hipótesis previstas por el precepto constitucional. Lo anterior, se asevera pues no obstante de que sea señalado como acto reclamado la posible extradición de la que pueda ser objeto Jorge Iván Gastelum Ávila, dicho acto no puede ser considerado de aquellos que, en principio, son inconstitucionales en sí mismos, porque se trata de un acto que implica la restricción de la libertad personal para que cierta persona sea entregada a otro Estado que la reclama y que fue introducida así en dicho numeral, por considerar que es un acto privativo de libertad y podría existir la IMPOSIBILIDAD de pedir el juicio de amparo personalmente, pudiendo hacerlo un tercero, tal como lo establece el artículo 15 de la Ley de la materia. Por eso únicamente en los casos en que se mencionen actos que puedan ser inconstitucionales en sí mismos, procedería encuadrarlos en el supuesto del numeral 22 constitucional. Por cuanto a la figura de extradición como acto reclamado se cita, solo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia PC.I.P. J/11 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "EXTRADICIÓN. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE ABRIR DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando se señale la extradición como acto reclamado, debe entenderse que se trata de cualquier acto del procedimiento de extradición y deberá tramitarla conforme al artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, el juzgador debe abrir de oficio y tramitando el incidente de suspensión respectivo, pues la extradición no es un acto inconstitucional en sí mismo, sino un procedimiento formal reglado en la ley y así, con base en los informes previos rendidos por las autoridades responsables, las pruebas ofrecidas por las partes y la ponderación del interés social y el orden público, resuelva si procede conceder o negar la suspensión definitiva de ese acto. Esto, con el propósito de evitar el abuso de la medida suspensional que trascienda en la prosecución del procedimiento de extradición, ya que de los informes allegados pudiera resultar que en el caso respectivo el acto reclamado no exista; que se trate de algún acto relativo a cierta etapa del procedimiento de extradición, o bien, que el acto sea diverso a esa figura jurídica, por citar algunos ejemplos que permitan al juzgador decidir que la suspensión de oficio no debe subsistir indefinidamente". En efecto, no es dable reconocer al ocursante legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor del quejoso, ya que de su lectura no se evidencia, por un lado, que reclame algún acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y, por otro lado, que esté imposibilitado para ejercer la acción constitucional, porque ninguna razón se expone en ese sentido. En las asentadas condiciones, procede desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo." Sin que al caso sea necesario ordenar la ratificación de la demanda promovida por Asociación Civil denominada como General Services Defensores de los Derechos Humanos & Above A.C., en representación de Jorge Iván Gastelum Ávila, dadas las consideraciones expuestas con anterioridad, pues los actos reclamados no encuadran en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII, Diciembre de 1993, página 943, con número de registro 214159, la cual se encuentra vigente y que dice: "RATIFICACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SOLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, la demanda debe ser presentada por quien no sea el quejoso cuando se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; en ese orden de ideas, fuera de esos casos, el ordenamiento legal aludido no permite ordenar la ratificación de la demanda presentada por persona distinta del quejoso." En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 113 y 217, de la Ley de Amparo, lo que permite desechar de plano la demanda de amparo. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61°, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113° del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por la Asociación Civil denominada como General Services Defensores de los Derechos Humanos & Above A.C., en representación de Jorge Iván Gastelum Ávila. Máxime que se tiene como hecho notorio que en el juicio de amparo 265/2021, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales se proveyó sobre la extradición del quejoso Jorge Iván Gastelum Ávila. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de este Juzgado. ... Notifíquese.
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