Jorge Humberto Pérez Cazarez
Expediente 1314/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/09/2018
Partes del expediente
- Jorge Humberto Pérez Cazarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
III Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de siete de septiembre de dos mil dieciocho, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es depurable, pues se concedió la suspensión de plano y de oficio (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos la constancia de notificación practicada por el actuario de la adscripción de la que se advierte que el quejoso Jorge Humberto Pérez Cazarez, manifestó lo siguiente: "ME DESISTO DEL PRESENTE AMPARO." Atento a lo anterior, se tiene por hecha tal aseveración para los efectos legales procedentes, pues en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicha diligencia tiene pleno valor probatorio, al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Por tanto, en atención a lo manifestado por el impetrante del amparo, resulta evidente la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuara el juicio." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo promovida por Jorge Humberto Pérez Cazarez, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en las páginas 286 y 287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Y, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, publicada en la página 991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2006, Tomo XXIV, Novena Época, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." Ello es así, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; sin embargo, con la sola manifestación de desistirse, válidamente el quejoso puede renunciar al trámite correspondiente, ya que el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, publicada en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, con el rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Lo anterior, pues el quejoso citado desistió de la demanda origen del presente juicio, lo cual significa que no es su voluntad continuar con la secuela procesal de este, por lo cual se actualiza, como ya quedó precisado, la causal de sobreseimiento inserto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En es orden, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, no obstante que este auto debe notificarse personalmente a la parte quejosa; sin embargo, en auto de veintiocho de agosto pasado, se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de publicación de este órgano jurisdiccional, por tanto, dicha notificación practíquese al quejoso en dichos términos, sin que para el caso pase desapercibido la autorización de diversas personas hecha por el quejoso para los mismos efectos. Por otra parte, agréguese únicamente para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias, lo anterior en virtud de que en esta fecha se tuvo por desistido al quejoso del presente juicio de amparo.
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en la cual manifiesta la imposibilidad de notificar al quejoso Jorge Humberto Pérez Cázares, el auto de veintiocho de agosto del año en curso, por las razones ahí expuestas. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. En consecuencia, se comisiona nuevamente al actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en el lugar donde se encuentra recluido dicho quejoso y de cumplimiento a lo ordenado en auto de referencia.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Enrique Priego Villanueva, autorizado de la quejosa Graciela Amaro Robles, mediante el cual manifiesta la totalidad conformidad de la quejosa con el cumplimiento que la responsable ha dado al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para los efectos legales procedentes. Por tanto, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la quejosa ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, se dictó la sentencia terminada de engrosar el seis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 148 a 159), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Graciela Amaro Robles, en términos del último considerando de esta resolución." 2. Determinación que fue recurrida por la quejosa, mediante proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho (foja 193), misma que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dentro de los autos del recurso de revisión 99/2018, el siete de junio de dos mil dieciocho, en el que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión, ampara y protege a Graciela Amaro Robles, contra las autoridades y actos reclamados, precisados en el resultando primero de esta sentencia, para los efectos precisados en su último considerando." 3. Ahora, cabe precisar que el tribunal de alzada, en el considerado sexto precisó lo siguiente: "Efectos de la Concesión del amparo En el orden de ideas expuesto, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la protección constitucional, son para que la autoridad responsable, Jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el acto de aplicación de los preceptos reclamados, consistente en el oficio PSH/MAMG/3884/2017, de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual determinó la incompatibilidad de la pensión por viudez 1586400 y ordenó su "bloqueo". 2. Hecho lo anterior, pague a la quejosa Graciela Amaro Robles, las cantidades que por pensión de viudez, conforme a derecho procedan, inclusive, aquéllas que no fueron cubiertas con motivo de la aplicación de los preceptos reclamados (incluyendo el pago de intereses sobre las cantidades indebidamente retenidas, calculados según lo precisado en los artículos impugnados). 3. Finalmente, se abstenga de aplicar en el caso y en lo futuro los preceptos reclamados, declarados inconstitucionales, en perjuicio de la quejosa, hasta en tanto no sean reformados." (foja 221 vuelta) 4. Mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, el diecisiete de julio del año en curso (fojas 237 a 241), la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, comunicó el cumplimiento al fallo protector, con el cual la parte quejosa manifestó su total su inconformidad (foja 246), por lo que mediante proveído de treinta y uno de julio del año en curso (fojas 247 a 249), este órgano jurisdiccional, determinó no tener por cumplida la ejecutoria de amparo. 5. El veintiuno del día y año que transcurren, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, la responsable remitió copia con firmas y huellas originales del acuse de recibo del cheque número 0010687, por la cantidad de $768.900.82 (setecientos sesenta y ocho mil novecientos pesos 82/100 moneda nacional), expedido a favor de Graciela Amaro Robles, del cual se aprecia que la autoridad responsable cumplió con lo determinado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Segundo Circuito, por lo siguiente: 1. Dejó sin efectos sin efectos el acto de aplicación de los preceptos reclamados, consistente en el oficio PSH/MAMG/3884/2017, de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual determinó la incompatibilidad de la pensión por viudez 1586400 y ordenó su bloqueo. 2. Pagó a la quejosa Graciela Amaro Robles, las cantidades que por pensión de viudez, proceden conforme a derecho ($768,900.82 setecientos sesenta y ocho mil novecientos pesos 82/100 m.n.), inclusive, aquéllas que no fueron cubiertas con motivo de la aplicación de los preceptos reclamados (aguinaldo, bono de despensa y previsión social múltiple e interés moratorio). Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, como lo solicita el promovente, expídase bajo su costa copia certificada del testimonio de resolución del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Y devuélvanse los documentos que solicita, hasta en tanto, se ordene enviar al archivo el expediente en que se actúa. En el entendido que quien se presente a recibirlas, deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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